28 de marzo de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Pedido de informe sobre intervención en los mercados granarios

Un grupo de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) preparó un proyecto de resolución de reclamo con un pedido de informe sobre si se está llevando a cabo una intervención gubernamental en los mercados de trigo y maíz.

La iniciativa que reúne a los legisladores Claudia Najul, Gabriela Lena, Gustavo Menna Alicia Fregonese, Pablo Torello, Alberto Asseff, Ingrid Jetter, Mónica Frade, Gerardo Cipolini, Hernán Berisso, Jorge Vara, Martin Grande, Soher El Sukaria y Virgina Cornejo, pretende saber también si existen funcionarios ligados directamente a los actores de la cadena.

En el proyecto reclaman conocer “si existe o ha existido durante el año en curso alguna restricción, limitación, cupo, cuota o el establecimiento de volúmenes predeterminados para el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de Trigo Pan y/o Maíz tanto de la campaña 2020/21, como de la 2021/22″.

En el mismo sentido buscan saber si hubo comunicaciones «formales o informales» en las que funcionarios del Ministerio de Agricultura “sugieran, informen, coordinen o acuerden con exportadores privados de dichos productos o con la Cámara de Exportadores de Cereales que representa a los principales, los volúmenes de DJVE de Trigo y/o Maíz a ser registrados durante períodos de tiempo determinados”.

Asimismo, los legisladores buscan conocer los motivos acerca de un freno que hubo en las declaraciones juradas. A tal fin, exigen que se informe “que vinculación existe entre esas conversaciones, comunicaciones y/o acuerdos y la presentación y registro de DJVE de maíz por parte de algunos exportadores por aproximadamente 38,6 millones de toneladas de la campaña 2020/21 hasta el 1/10/2021, la no presentación de DJVE para su registro por parte de ellos hasta el día 15/11/2021 y la presentación y registro de DJVE de maíz de la campaña 2020/21 por 1.032.955 toneladas entre los días 15/11 y 17/11/2021 por parte de dichos exportadores”.

Ayer, 1 de diciembre,  la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunció en un comunicado la existencia de “una preocupante intervención indirecta en los mercados granarios”. “Este accionar, sumado a la distorsión cambiaria, promueve que los productores estén recibiendo unos 4263 millones de dólares menos en trigo y unos  9000 millones de dólares menos en maíz, los cuales no siempre quedan en su totalidad en manos del Estado”, señaló Carbap y añadió: “Desde Carbap instamos a rever el accionar político de espaldas al productor, que solo conlleva a perder la credibilidad,  retraer la confianza y, por consiguiente, la inversión y la producción… El campo esta para aportar a las soluciones de los problemas de nuestro país, siempre y cuando le dejen expresar su potencial libremente”.

En este clima, los legisladores se enfocaron sobre lo que el ministro de Agricultura Julián Domínguez denominó «administrar con responsabilidad e inteligencia los saldos exportables” para reclamarle acerca de cuáles son los mecanismos y cuáles las normas en las que se basan para llevar a la práctica tal gestión.