Polémico proyecto para regular la prostitución

El senador nacional Osvaldo Lopez (Nuevo Encuentro) elevó al Congreso un proyecto de ley que plantea una regulación el trabajo sexual autónomo, ante la inquietud de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). Estimó que su propuesta “representa una importante herramienta para la lucha contra la trata de personas”, sin determinar de qué modo se llevará a cabo.

El legislador por Tierra del Fuego manifestó, en los fundamentos del proyecto, que uno de los objetivos de esta iniciativa es “el reconocimiento de derechos para un sector de la población que ha sido desde antaño injustamente estigmatizado, perseguido y discriminado, como es el de aquellas personas mayores de edad, que de manera voluntaria y autónoma ejercen el trabajo sexual”.

De este modo, Lopez presentó un proyecto que plantea que para habilitar el trabajo sexual se lleve a cabo un curso con contenidos básicos de derecho y salud. Asimismo la propuesta estipula, en lo que se refiere a la representación sindical de lo que considera una trabajadora sexual y no una víctima de situaciones sociales desfavorables, goce de los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador autónomo, como pueden ser el beneficio de obra social, jubilación y pago de impuestos.

El texto define al intercambio genital como “actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de un pago para beneficio propio”. Y reconoce “a toda persona mayor de edad legalmente autorizada para trabajar en el país” como potenciales trabajadores del rubro para “prestar el servicio en locales o casas, administrando su organización en forma individual o colectiva”.

Lopez, además, sugiere la creación, dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, una dependencia a la que denomina “Oficina Nacional de Protección al Trabajo Sexual (ONPTS)”. La misma estará conformada por una junta de “hasta tres representantes de organizaciones vinculadas al sector”.

La clave del representante fueguino es que “mejores condiciones para el sector contribuyen a disminuir los índices de incidencia de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”. Sin embargo no plantea la erradicación de la prostitución, sino sólo su reglamentación.

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