Política subsidios, corrupción y desnutridos

Por Fernando Solanas, senador nacional Proyecto Sur – CABA. El relato kirchneritas y los desposeídos en los tiempos del fin de ciclo.

La lamentable muerte por un severo cuadro de desnutrición de Oscar Sánchez en el Chaco, con apenas 14 años, y la reunión que los gobernadores de las provincias petroleras tuvieron en Neuquén con Daniel Scioli y los presidentes de las grandes petroleras, parecerían ser dos hechos que nada tienen que ver entre sí. Sin embargo, demuestran el costado de dos Argentinas contrapuestas: una, la del relato kirchnerista, otra, la profunda y marginal de los desposeídos.

El proyecto y las prioridades del Gobierno surgen de su presupuesto nacional y de la asignación de sus partidas. El análisis de ese presupuesto revela la hipocresía del discurso oficial: El fondo para la nutrición del Programa Alimentario Nacional fue apenas de 3152 millones de pesos —335 millones de dólares—, frente al festín de alrededor de setenta mil millones de pesos —7300 millones de dólares— de subsidios petroleros. En el 2014 la producción argentina de crudo fue de 194 millones de barriles y el subsidio, de 32 dólares por barril, lo que representó 6200 millones de dólares anuales, que salieron del bolsillo de los consumidores de combustibles, automovilistas, camioneros, tractoristas. A esto deben sumarse los 1100 millones de dólares de los subsidios al gas. En total, 7300 millones de dólares al año, equivalentes a 70 mil millones de pesos.

Esto nos demuestra las millonarias e injustificables transferencias de recursos que el Gobierno de Cristina Kirchner le otorga a las petroleras. Somos el único país del mundo que las subsidia mediante el pago por barril de un 70 % más del precio del mercado internacional. En vez de pagar 45 dólares, les pagamos 77. Las empresas y el Gobierno sostienen que esta masiva transferencia de recursos que abona el público a las petroleras cuando carga combustibles es necesaria para recuperar el autoabastecimiento energético. Es decir, la inversión productiva no es de las petroleras, sino de los consumidores y se oculta que la utilidad es grande, porque el costo promedio de producción del barril es de 15 dólares. Estos subsidios son uno de los mayores actos de corrupción del Gobierno. Esconden negocios o aportes para campañas, mientras sustraen dineros públicos que deberían destinarse a los hijos de la pobreza que luchan por salvar su vida.

A pesar de que los voceros del Gobierno afirman que el país tiene la misma cantidad de pobres que Alemania —un 5 %—, según la Universidad Católica Argentina hay en nuestro país 28,7 % de pobreza urbana y 11 millones de pobres. Son una parte del ejército de los descartados que plantea el papa Francisco, quienes no están amparados por los derechos humanos básicos que asegura la Constitución Nacional. ¿Y el millón de indocumentados cuyos hijos no han conocido un maestro o un médico y viven en condiciones infrahumanas? ¿Hasta cuándo la dirigencia política seguirá ignorando los derechos constitucionales de los pueblos originarios asentados en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución?

Las estadísticas, sin compararlas, dicen poco: Con una parte de la millonaria suma de 70 mil millones de pesos se puede acabar con la desnutrición, multiplicar 22 veces el plan alimentario, financiar seis asignaciones universales por hijo, repartir leche y fruta en las escuelas y los hospitales, dotar de bombas de agua potable y filtros a las poblaciones, instalar unidades de salud, generar planes de capacitación y primer empleo para los cientos de miles de jóvenes nini, mejorar la situación de los jubilados. Es tanto dinero que se podrían instalar cada año 6200 MW en energía eólica, equivalentes al 20 % del parque eléctrico argentino, o más de ocho veces la capacidad de la central nuclear Atucha II. ¿Cuántas YPF podríamos tener con una inversión anual de 7300 millones?

Es natural sentir indignación y vergüenza cuando la jefa del Gobierno, que está obligada a dar ejemplaridad, no recibe a las comunidades qom, wichí, pilagá, que hace seis meses esperan que ella los atienda. Se olvida que debe ser la presidenta de todos los argentinos. ¿Cuándo tendrá un gesto humano y sincero hacia los familiares de las víctimas mortales que su Gobierno puede y debe evitar?

No puede haber prioridad mayor que salvar a miles de chicos que están condenados al subdesarrollo neurológico y físico de la desnutrición, a las enfermedades endémicas y a la muerte silenciosa. Por razones éticas y sociales, la eliminación de la pobreza debe ser una prioridad nacional que debemos enfrentar con una gran movilización social y cultural hasta transformarla en una política de Estado.

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