Parece una guerra de nunca acabar, una lucha de poderes e incluso de egos. La política frente a la justicia y viceversa, guerra que ya parece cotidiana y que se naturaliza cada vez más. Cataratas de denuncias por parte de diputados a miembros de la justicia, que la catalogan de ineficiente o corrupta, resultan ser en estos tiempos algo cotidiano. Mientras tanto, en la vorágine de denuncia tras denuncia y acusaciones de lado y lado, queda rezagado el rol de legislar para y por el bien de la gente. La cara visible de esta guerra: la diputada Elisa Carrió de la Coalición Cívica, que tiene un largo historial en su haber, sin embargo no es la única. Del otro lado tenemos al diputado del Frente para la Victoria (FPV) Darío Martínez,o el diputado del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, que ambos han ganado protagonismo en la política argentina no precisamente por el ejercicio de sus funciones, sino por ser denunciadores (sobre todo del macrismo) que han apuntado incluso hasta al Presidente de la república.

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Ya resultan cotidianas las denuncias de diputados a personajes de la justicia. Con Elisa Carrió al frente de una guerra que “pica y se extiende”, se conocen diariamente acusaciones y cuestionamientos al Poder Judicial. La última denuncia: una denuncia contra dos fiscales de los tribunales de Lomas de Zamora que, según ella, garantizaron impunidad a empresarios del transporte.

La última acusación de la diputada de Coalición Cívica es concretamente contra los fiscales Jorge Rieco y Pablo Rossi. Pero en los últimos días también ha arremetido contra el juez Ramos Padilla. Carrió sostiene que Ramos Padilla formó parte de una operación para obstruir la Justicia y que ahora deberá ir preso. Sin embargo, no todo es oscuro entre el Poder Judicial y la polémica Lilita Carrió, ya que, a pesar de su descontento, defiende y tilda de “valiente” a Carlos Stornelli. 

A fines del año pasado, la Coalición Cívica presentó duro un documento en el que se descargó contra la Justicia y detalló al menos 110 denuncias que presentó durante el Gobierno K.

Carrió sostiene, hasta ahora, que dentro de la justicia, a su juicio muy corrupta, es funcional a la amistad, intereses políticos, empresariales y más, y dejan así “cajoneadas” cientos de denuncias que realizan algunos políticos del país con el fin de “destapar ollas”, comunmente, de corrupción.

Carrió no es la única legisladora que se ha convertido en una “denunciadora serial”, pues del lado de la oposición, y específicamente del kirchnerismo, hay quienes denuncian que la justicia es funcional a la política macrista, que hace “oídos sordos” a las acusaciones que han hecho, incluso, cuestionando al presidente de la nación Mauricio Macri.

El diputado y abogado del partido Unidad Ciudadana (UC) Rodolfo Tailhade (48), ha sido, del lado de la oposición al Gobierno, un denunciador clave. Lejos de legislar, Tailhade ha forjado su carrera política en base a denuncias.

Desde que asumió el presidente Macri, el legislador se ha convertido en una especie de espada judicial para el FPV haciendo denuncias contra Cambiemos. La más importante involucró al primer mandatario nacional, en donde denunció que Macri otorgó concesiones de rutas aéreas a la empresa Avianca, empresa que estaría presuntamente vinculada con familiares del Jefe de Estado.

Tailhade, diputado por la Provincia de Buenos Aires, también ha ido directo a la justicia para cuestionar a alguno de sus miembros, y en el 2016 arremetió penalmente al fiscal federal Guillermo Marijuan luego de que se filtrara el audio de una conversación privada en el que afirma que con su último pedido de indagatoria dejó a la expresidente Cristina de Kirchner “al borde de la detención”. La lista de diputados que utilizan la denuncia como mecanismo político es extensa, entre otras figuras destacadas se encuentran el diputado del FPV por la provincia de Neuquén Darío Martínez, o el senador nacional del partido Alianza Unen, Pino Solanas (83).

La justicia en Argentina sin duda está politizada, es lenta y parece estar ahogada en un montón de papeles que guardan millones de denuncias que quedaron en la nada. Por ejemplo, Carrió renegaba a fines del 2018, ya que de 100 denuncias que presentó, solo 4 fueron elevadas a juicio.

Referente a lo que la gente opina, la justicia argentina tampoco está bien parada, y es que la sensación de desprotección por parte de la sociedad supera el 78%. Entre 8 y 9 de cada 10 argentinos desconfían de la Justicia, se sienten poco o nada amparados por ella, sostienen que no es igualitaria y que favorece más a los ricos y poderosos. Un panorama nada alentador y que muestra la lejanía de recuperar una “buena imagen” dentro del colectivo.

Sin embargo, la política no está para nada alejada de la realidad de la justicia, y aunque sus principales figuras (jueces y políticos) desgastan todo su energía en demostrar el poder de cada uno, la imagen de los políticos está cada vez peor.

Una encuesta que publicó la Universidad Siglo 21 en 2018, detalló que el 80% de los argentinos no cree en los políticos y piensa que de cada cuatro, tres son corruptos o están involucrados en un acto de enriquecimiento ilícito. Además, el 65% de los argentinos no cree en sus promesas.

En tanto, solo 1 de cada 10 personas le dan credibilidad a las instituciones gubernamentales (Congreso de la Nación, Dirección Nacional Electoral, Militares, Partidos Políticos, Presidencia y Policía), agrega el informe.

Y los números no mienten, esa desprotección que siente la sociedad referente a la política es totalmente aceptable, y se muestra además en la inactividad en el Congreso de la Nación que parece cada vez mayor en cuanto a legislar temas importantes para el crecimiento del país.

El año 2018 fue uno de los de menor productividad para el Congreso argentino desde 1983, en cuanto al número de leyes sancionadas sólo se aprobaron en el período ordinario 36 normas, frente a 75 en 2017 y 96 en 2016. Además, fueron 25 menos que el piso de 57 registrado en 1987, según datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso.

La escasez de actividad parlamentaria se profundizó en la segunda mitad del 2018, tras el debate por la legalización del aborto, y ahora, en un 2019 netamente electoral, la actividad legislativa suele sufrir una merma por las campañas proselitistas, lo que por supuesto, empeorará el récord negativo que ya viene arrastrando el Congreso Nacional. Mientras tanto, algunos diputados siguen dedicados a denunciar y legislar… ya veremos.

 

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