Por el derecho al Aborto no Punible
La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, María Rachid, presentó hoy junto a otros diputados, una iniciativa que se suma a otras para que finalmente se respete en todo el país, de manera efectiva, el derecho al aborto no punible establecido claramente en la legislación y jurisprudencia nacional.
La semana pasada tomó notoriedad el caso de una nena de 13 años abusada sexualmente, a quien se le negó la práctica de un aborto no punible en un hospital público de Moreno. Finalmente, la intervención se realizó respetándose así la legislación vigente y su derecho a disponer sobre su propio cuerpo.
La semana pasada tomó notoriedad el caso de una nena de 13 años abusada sexualmente, a quien se le negó la práctica de un aborto no punible en un hospital público de Moreno. Finalmente, la intervención se realizó respetándose así la legislación vigente y su derecho a disponer sobre su propio cuerpo.
Considerando este antecedente, mediante el proyecto se busca que «todas las provincias de la República Argentina procedan rápidamente a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles para remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos», como lo indica la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L.
La iniciativa responde al cumplimiento real del derecho al Aborto No Punible ya que, a pesar de estar contemplado en la legislación, no sólo no se realiza adecuadamente en la práctica médica cotidiana, sino que en la mayoría de los casos los médicos solicitan autorización al Poder Judicial para impedir el ejercicio. Así, en noviembre último se presentó en la Ciudad otros proyectos vinculados a los protocolos de actuación respecto al secreto médico en el marco de la atención a pacientes que se presentaran con un cuadro que, presunta o evidentemente, indicara que se trata de un aborto legal en curso.
Al respecto, María Rachid expresó: «es necesaria la intervención de la Legislatura para (apoyar/convalidar) la implementación de un derecho humano de las mujeres establecido no sólo por la legislación penal, sino también por la Corte Suprema al sostener que la judicialización de un aborto legal constituye una práctica discriminatoria». Y finalizó: «A la fecha aún hay ocho provincias (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) que no establecieron ningún protocolo para abortos no punibles, mientras que otras como Salta, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires dictaron protocolos restrictivos que desobedecen los lineamientos marcados por la Corte Suprema».