18 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Por la privatización de Vialidad Nacional, Ziliotto amplió demanda contra el DNU 794/17

El diputado nacional Sergio Ziliotto (Justicialista – La Pampa) presentó una ampliación de la Demanda por Inconstitucionalidad –realizada en noviembre pasado – contra el Decreto del Gobierno Nacional nº 794/17 por el cual se pretende privatizar y vaciar Vialidad Nacional.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal de Santa Rosa establece distintos objetivos: en primer lugar, como nueva prueba documental se incorpora la Publicación del Boletín Oficial de la Nación la Inscripción Registral de la Sociedad Anónima “Corredores Viales S.A.” y la transferencia de fondos públicos a dicha empresa privada, lo que demuestra que el Poder Ejecutivo Nacional ha avanzado sustancialmente hacia la privatización de Vialidad Nacional.

Además, se adjunta el Dictamen de Comisión referido rechazo al Decreto 794/2017 emitido por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo .

En segundo lugar, se adecua –a pedido del propio Juzgado- enmarcándola como demanda dentro de los procesos colectivos. En tal sentido incorpora aportes que certifican la legitimación que tiene el Diputado Ziliotto para peticionar dentro de los “procesos colectivos” ya que se involucran derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos.

Por último, el legislador pampeano solicita se dé tramite urgente a la medida cautelar de no innovar solicitada en el escrito de iniciación ordenando al Poder Ejecutivo Nacional suspenda los efectos del Decreto 794/2017, hasta tanto se dicte sentencia definitiva y disponiendo ordenar a los organismos correspondientes se abstengan de continuar transfiriendo fondos a la empresa.

En octubre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial  un decreto por el que se  establece la constitución de la sociedad «Corredores Viales SA», integrada por el Ministerio de Transporte encabezado por Guillermo Dietrich, con un 51 % del capital accionario y por la Dirección Nacional de Vialidad, con el 49 % restante. Desde la oposición lo rechazaron por inconstitucional e ilegitimo.