Por las jubilaciones de privilegio, el Congreso sesionará en enero y febrero

Tal y como lo había anunciado a través de las redes sociales el presidente de la nación, Alberto Fernández, ahora se confirmó que durante el verano habrán sesiones extraordinarias en el Congreso de la nación. Ahora, solo resta definir la fechas de inicio. El objetivo, dijeron desde el Poder Ejecutivo, es avanzar hacia un sistema jubilatorio «más ecuánime». Además, trascendió que el Gobierno fijará el 21% de contribución para las jubilaciones de privilegio y alcanzará a los jueces y a los embajadores. Aquellos que perciban un haber superior a los $100 mil estarían sometidos a un aporte adicional del 7%. Los detalles en la nota:

El debate y aprobación de la Ley de Solidaridad Económica trajo consigo varias polémicas, entre ellas, los beneficios de algunos sectores, que a pesar de los ajustes anunciados por el Gobierno no se les tocaron sus privilegios. Entre las quejas, sobresalieron, el poco esfuerzo que ejerce la clase política y el tema de las jubilaciones de privilegio, razón por la cual, el Poder Ejecutivo pidió se extiendan las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y tratar otros proyectos para seguir con las modificaciones en materia económica.

En ese contexto, el Congreso fijará en los próximos días la fecha de las sesiones extraordinarias que realizará en enero y febrero para debatir el proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio.

Quien confirmó la noticia fue el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que declaró que la propuesta que está siendo analizada por expertos del Ministerio de Trabajo «estará lista en breve».

Según Cafiero, el objetivo es encontrar la manera de «modificar los regímenes especiales» y establecer «un mecanismo más justo» al considerar que los actuales «están muy por encima del promedio de las jubilaciones en la Argentina».

En redes sociales, el jefe del Estado había confirmado su decisión de ampliar el temario que deberán discutir los legisladores tras la polémica que se originó durante el debate de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluyó la eliminación de la movilidad de las jubilaciones.

«Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)«, anunció el Presidente desde las redes sociales.

En el decreto 56/2019 emitido el viernes último, el presidente Fernández amplió el temario que deberán tratar los legisladores al incluir el proyecto para modificar la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

También buscará introducir cambios a la ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del Servicio Exterior de la Nación.

Además, trascendió que el Poder Ejecutivo Nacional establecería una contribución del 21%, además de un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los magistrados del Poder Judicial y embajadores que cobren un haber jubilatorio superior a $100.000. Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2 mil 700 millones de pesos extra.

• Qué son las jubilaciones de privilegio y cuánto le cuestan al Estado:

Según un trabajo de investigación periodística realizado en 2018, actualmente en Argentina hay unos 49 régimen, es jubilatorios especiales, que permiten a exfuncionarios, diplomáticos y empleados del Poder Judicial cobrar haberes muy por encima de la media de los adultos mayores en la actualidad.

• En el caso de los empleados judiciales, su jubilación se calcula a partir del 82% del salario del último cargo que ejercieron. Para los regímenes generales, en cambio, se promedia el ingreso de los últimos 10 años de trabajo. Los diplomáticos, en tanto, tienen un sistema incluso más beneficioso: cobran como haber el equivalente al 85% del mejor cargo que hayan tenido.

Luego hay una serie de asignaciones vitalicias para expresidentes, exvicepresidente y jueces de la Corte Suprema. Para estos casos particulares, la pensión asegurada es la equivalente al sueldo actual de un ministro del máximo tribunal.

Este esquema de jubilaciones diferenciales le cuesta al Estado (cuentas del 2018) nada menos que $13.000 millones.