29 de marzo de 2024

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Presupuesto 2019: ¿Herramienta de política económica o estrategia comunicacional?

Por Centro CEPA – Centro de Economía Política Argentina

El Presupuesto no sólo es una ley que se discute y aprueba anualmente en el Congreso
de la Nación y permite otorgar un marco institucional a las decisiones económicas del
poder ejecutivo, sino que constituye una herramienta de política económica central para
la gestión gubernamental en la medida en que proyecta la evolución de las principales
variables macroeconómicas del país, de un año a otro, otorgando previsibilidad a los
ingresos y gastos públicos, para la planificación del conjunto de los actores económicos
tanto locales como extranjeros. En este sentido es una herramienta significativa –sino la
más importante— para generar expectativas sobre la trayectoria futura de una serie de
indicadores de los cuales depende el funcionamiento global de la economía.
Esta funcionalidad está ausente en el presupuesto 2019, mostrando una preocupante
continuidad con el pobre cumplimiento de las proyecciones de los presupuestos 2017 y
2018, los tres bajo la gestión de Cambiemos. En el presupuesto 2017, la inflación se
estimó en 17% pero cerró en 24,8%. En el presupuesto 2018 se estimó una inflación
“consistente con las metas del BCRA” de 10%, con una variación en más o en menos del
orden de 2%. A pocos días de su presentación, el gobierno decidió modificar las metas de
inflación al 15%, aunque a pesar de eso, hoy la inflación se estima en no menos de 42%.
También en la presentación del Presupuesto 2018 se proyectó un crecimiento anual
de 3,5% del PBI, un déficit comercial cercano a los 7.000 millones de dólares y un tipo de
cambio entre los $19 y $20,50 por dólar. Un año más tarde, se prevé caída estimada de
al menos 2,4%, el déficit comercial de U$S 5.867 millones (solamente a julio de 2018) y
el dólar mayorista cerrando en torno a los 38 pesos en la tercera semana de septiembre.
En el presupuesto 2019, los valores del tipo de cambio, la inflación, el PBI y las
exportaciones generan serias dudas sobre su consistencia. El optimismo que supone un
dólar a $40 promedio en todo 2019, una inflación a diciembre 2019 de 23% acumulativa,
exportaciones creciendo a más del 20,9% anual en términos reales (llegando a ¡95 mil
millones de dólares! ¡récord en la historia argentina!) y el PBI sólo cayendo 0,5% (cuando
3 de sus 4 componentes caen, como el consumo privado, público y las inversiones), hacen
pensar que se trata de una gran estrategia comunicacional. Esta suposición se revela en
la propia exposición de las causas de la crisis económica actual que realiza el mensaje del
Presupuesto, que menciona la suba de tasas de Estados Unidos, la incertidumbre en Brasil
y la crisis en Turquía como las causas exógenas que nos han colocado donde estamos y
sólo considera como elementos locales a la sequía del agro y el impacto de la causa
“cuadernos”.
A continuación, se listan los principales problemas de consistencia macroeconómica que
presenta el presupuesto 2019:
• La estimación del tipo de cambio a $40,1 implica que la cotización del dólar
deberá mantenerse en promedio a ese valor, durante lo que resta de este año y
hasta diciembre de 2019. Dada la enorme variabilidad e imprevisibilidad de la
política del Banco Central, parece difícil imaginar ese escenario.
• El Ministerio de Hacienda proyecta una caída del 0,5% del PBI motorizada por la
baja en el consumo público (-3,4%), la inversión (-9,7%), y el consumo privado
(1,6%), amort
consumo) y en los salarios y resto de gastos de la administración pública (¿se
mantendrían estables?), además de afectar el pago de intereses de deuda,
mayoritariamente en dólares.
• Finalmente, la evolución del IVA pareciera muy auspiciosa (31,6%, superando la
inflación 23% punta a punta). Lo cierto es que con caída de consumo de 3,4%, no
parece razonable que el IVA crezca más que la inflación.
¿Cuál es el sentido de escribir un Presupuesto que nadie cree que pueda cumplirse? ¿Cuál
es el rol del Congreso en la planificación estatal promoviendo un Presupuesto que nada
tiene que ver con la realidad?
Hecho en Washington
Si el presupuesto está lejos de oficiar de guía orientadora de las expectativas de los
actores, lo que sin dudas cumple es lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Para esos puntos no hay estrategia comunicacional, hay decisiones a medida. Aquí nos
detendremos en dos de ellas: ajuste y condiciones de futuros canjes de deuda.
Primero, el déficit primario en 0% supone acatar todo lo acordado y firmado con Christine
Lagarde y más (ya que el pasaje de 1,3% a 0% lo decidió el superministro Dujovne para
ser muy claro ante el Fondo en su decisión de ajuste). Y si esto no es suficiente para la
aprobación del nuevo acuerdo –sobre el cual aún no hay noticias—, ¿habrá exigencias de
reformas estructurales del tipo privatización (AFJP, Vaca Muerta, Banco Nación)?
Incluso más allá de estas especulaciones, lo que se observa en el Presupuesto es una
enorme decisión de recortar partidas sensibles para el bienestar de la población.
• Las jubilaciones crecerían a 37,6%. Esto parece muy lógico con una estimación de
la movilidad, entre 33 y 37%. Considerando la evolución del REM del Banco
Central la inflación entre julio de 2018 y junio de 2019 podría alcanzar de 37,65%,
y es el periodo de inflación que se aplica para la actualización jubilatoria de enero
a diciembre de 2019 (dato al cual le faltaría incorporar el 30% de variación
salarial). Sin embargo, llama la atención la evolución de la Asignación Universal
para Protección Social, que se incrementa en sólo 20,4%, es decir por debajo de
la inflación, pero además lo hace de manera diferente respecto de las
jubilaciones, cuando todo debería crecer según la misma fórmula de movilidad.
¿Están pensando en eliminar la movilidad para la AUH? Esto además contradice
la “garantía social” que mencionaba el Memorándum con el FMI.
• A ello se agrega que tanto para jubilada/os, beneficiaria/os de AUH y de salario
familiar se modifican a la baja los adicionales por zona para los nuevos
beneficiarios.
• Los salarios de la administración pública, por pedido del FMI, debían aumentar el
8%. Con inflación prevista en 23%, implica una pérdida de poder adquisitivo
superior al 10%.
• Hay recortes principalmente en subsidios, que hacen prever aumento de tarifas.
En energía el recorte será de 1,6% en términos nominales y en transporte
alcanzará 18,1% (también nominal).
• Hay también recortes en educación. En las transferencias de gastos corrientes a
las provincias la reducción es del 13,5%. Esto implica que las propuestas a los
docentes de cada provincia serían inferiores incluso que las de 2018, y sólo
considerando en términos nominales. En lo referido a gastos de capital, la
variación interanual será de -0,5%, es decir, habrá significativamente menos obra
de infraestructura escolar que la magra ejecución de este año.
• En lo referido a gastos de capital, el recorte nominal es sensible en energía
(59,9%) y en vivienda (8,9%).
• Los gastos para planes como Argentina Trabaja, Progresar y otros solo crecen
14,6%, es decir, muy por debajo de la inflación.
• Llama la atención que el presupuesto “cierra” con el aumento de dos rubros del
ingreso que habían sido los primeros de achicarse en la gestión de Cambiemos:
las retenciones estarán aumentando 201,2% y bienes personales lo hará en
69,4%.
Como segundo eje que revela la convergencia con intereses del capital financiero,
sobresale la modificación propuesta sobre la regulación de las reestructuraciones de
deuda pública, eliminando los requisitos impuestos actualmente al Poder Ejecutivo que
figuran en el Artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se reemplaza la condición
de que los nuevos acuerdos impliquen un “mejoramiento de los montos, plazos y/o
intereses de las operaciones originales” por un eventual canje según “las condiciones
imperantes del mercado financiero”. Esta modificación denota que el gobierno está
pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda y, en segundo lugar, el nuevo
articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán
a la Argentina.
La norma posibilita saltear al Congreso en cualquier propuesta de reestructuración y
acordar condiciones que no favorezcan a nuestro país con absoluta arbitrariedad (¿nuevo
megacanje?). Pareciera que la intención —más del FMI en su rol de último garante del
capital financiero, que del Gobierno—, es precisamente garantizarse una
reestructuración de deuda antes de las próximas elecciones, evitando con ello la
posibilidad de una renegociación en manos de un próximo gobierno, que suponga algún
tipo de reivindicación de mejores condiciones para la Argentina.