El diputado porteño y vicepresidente del Bloque Frente de Todos, Javier Andrade, presentó un proyecto de ley para implementar un régimen de tributación para viviendas ociosas.

La iniciativa, que venía siendo trabajada por diferentes legisladores del bloque pero no firmada por todos, tiene como objetivo abonar a la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna.

La trascendencia de la medida que se propicia, está dada para garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar y contribuir a la financiación del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) para la construcción exclusiva de viviendas sociales.

El proyecto de Ley busca promover el arrendamiento de inmuebles con destino familiar y permanente que no se ofrecen para la venta y para ello propone un régimen de contribución especial para esas viviendas ociosas.

Considerando que las viviendas que permanezcan por más de 6 meses consecutivos deshabitadas sin mediar causa justificada.

Según los fundamentos de la iniciativa, los inmuebles que permanezcan deshabitados por el plazo de seis meses consecutivos (sujeto imponible), deberán abonar un impuesto calculado en relación al evaluó fiscal del inmueble (base imponible). Dicho impuesto será del 20% de la base imponible y se irá incrementando a razón de un 5% por cada año adicional en que el inmueble se encuentre bajo la condición de deshabitado.

El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Sin embargo, no todas y todos las/os ciudadanas/os son dueñas/os de su vivienda.
Según datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2003 el 23,9% de las/os porteñas/os alquilaba. El problema se fue profundizando, en 2018, el porcentaje de inquilinos trepó al 34,4% y en algunas comunas representa el 48,4%. Los datos muestran que la problemática habitacional empeora en el Sur de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires pasó de ser, apenas hace 15 años, en una Ciudad donde más del 60% de los vecinos y vecinas eran propietarios/as a una donde la mayoría son inquilinos e inquilinas.

Dentro de los fundamentos, se considera que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas.

A diferencia de Berlín o Barcelona, en C.A.B.A no se regula el mercado inmobiliario, ni se fomenta el acceso a la vivienda. Se privilegian los negocios que son un resguardo financiero para los sectores privilegiados de mayor poder adquisitivo. El precio abusivo de los alquileres y la dificultad para el acceso a los créditos expulsa a las porteñas y los porteños.

No es aceptable que el distrito más rico del país, sin problemas de financiación y con disponibilidad de tierras, no contemple el interés e impacto social del acceso a la vivienda para sus ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que el acceso a la vivienda es un derecho universal.

Acompañaron el proyecto de Ley las/os diputadas/os: Lucía Campora, María Bielli, Lorena Pokoik, Ofelia Fernández, Leandro Santoro y Claudio Morresi.

 

 

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