Proyecto para crear un Índice de Pobreza energética y corregir las distorsiones sociales, económicas y regionales
El senador nacional Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo la creación de la Comisión Bicameral Especial “Índices de Pobreza y de Sustentabilidad Energética”, la que tendrá por objeto determinar y publicar el Índice de Pobreza Energética a través del análisis y evaluación que surja de la incidencia del pago de las facturas de la energía eléctrica, del gas natural y del uso del gas licuado de petróleo en los ingresos de la población, comercios minoristas y MiPyMEs, tomando en cuenta los costos generales de cada región.
Luenzo se refirió al objetivo del mismo como “una instancia institucional para generar parámetros objetivos que sirvan como referencia y control del costo de la energía y su incidencia en los hogares y en la estructura de costos de las Pymes. De esta manera, se contará con una herramienta para garantizar el acceso a la energía de los hogares y la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas”.
“La Bicameral deberá publicar semestralmente los índices de pobreza y sustentabilidad energética que surjan del análisis realizado y el informe que los fundamente y formular acciones desde los cuerpos legislativos, que permitan atenuar el impacto de las tarifas en la población”, explicó Luenzo.
Luenzo aseguró que “la razón principal de la divergencia tarifaria entre las distintas regiones del país ha sido, básicamente, la falta de revisión de los márgenes de ganancia de las empresas privadas que operan en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires respecto de las que operan en el resto de las provincias dado que durante el año 2015 en el Gran Buenos Aires y La Plata, el subsidio llegó a representar el 64% y en el resto del país oscilaba entre el 52% y el 38%”.
Para reducir el impacto en las cuentas fiscales el gobierno ha decidido recortar los subsidios económicos a las empresas pero a la vez habilitó el aumento de los precios regulados, “lo que significó un fuerte incremento y representó una importante transferencia de recursos de los sectores sociales medios que no acceden a la tarifa social a las empresas proveedoras del servicio”, continuó el senador.
En ese sentido, Luenzo remarcó que “el criterio para considerar el aumento de las tarifas fue el de tomar como referencia el valor del m3 de gas importado, sin realizar un estudio de los costos de la producción nacional, a pesar que gran parte de la energía consumida es de origen nacional. Consecuentemente, las tarifas aumentaron según valor dólar, con el agravante que los impuestos aplicados se calculan en porcentaje a ese valor”.
Al referirse al concepto de “pobreza energética”, el senador Luenzo manifestó que “surge de la proporción de los ingresos que los usuarios deben destinar al abastecimiento de energía. Cuando el costo de utilizar los electrodomésticos y calefactores supera el 10% de esa cifra, se considera que los habitantes de esa vivienda están bajo la línea de pobreza energética o cuando no pueden pagar la cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas. El aumento del precio de las tarifas incrementa la dificultad de los hogares para hacer frente a las mismas y en ocasiones la acumulación de deudas o impagos lleva a la desconexión total del suministro lo que produce un sentimiento de pobreza extrema y exclusión social”.
La pobreza energética, concepto que surgió en Europa en los 90 y cobró fuerza a partir de la crisis de 2008, es una nueva forma de pobreza asociada a una serie de consecuencias adversas para la salud y el bienestar de las personas, con enfermedades respiratorias y cardíacas, y que también impactan en la salud mental, debido al estrés asociado con facturas de energía inasequibles. Hoy, para Naciones Unidas el acceso a la energía forma parte del canon del desarrollo económico y sugiere a los gobiernos que implementen políticas específicas para garantizar este derecho.
Por otra parte, agregó, “el aumento referenciado no sólo afectó a muchos hogares, sino que además representó una gran carga en los costos de producción de muchas MiPymes, que sumado a las altas tasas del sistema financiero retrajeron a la industria provocando la reducción de empleos o directamente el cierre de las mismas. Similar situación debieron enfrentar los comercios sumándole a esto una reducción significativa del consumo”.
“A fin de evaluar el impacto real del aumento tarifario, en los distintos actores sociales en las diferentes regiones del país, considero de mucha importancia crear un Índice de Pobreza y Sustentabilidad Energética que permita al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional corregir distorsiones sociales, económicas y regionales”, concluyó Luenzo.