La medida fue anunciada por Mauricio Macri desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en el marco de una rueda de prensa convocada por Presidencia.

El proyecto establece que el Estado pueda recuperar los fondos y bienes que fueron obtenidos por terceros a través de delitos complejos. A diferencia de la figura del “decomiso”, que ya existe en el Código Penal, la extinción de dominio permitirá la recuperación incluso antes de que exista una condena.

La acción de decomiso de bienes obtenidos a partir de delitos como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la trata de personas o la pornografía infantil, será llevada a cabo íntegramente en el fuero civil, a partir de un proceso penal abierto, pero por un carril separado. Podrá ser aplicado en forma retroactiva, a partir de delitos cometidos desde 15 años atrás.

Consultado acerca de posibles impugnaciones al proyecto, Garavano descartó la posibilidad: “Es una reglamentación que avanza sólo en el fuero civil, por eso no creemos posible una objeción. La impugnación solo podría hacerse si se cree que se avanza sobre la naturaleza penal”.

“La impugnación que se podría plantear sería si uno entiende que esto avanza sobre la materia penal. Pero esto avanza solo sobre la materia civil, algo sobre lo que el Poder Ejecutivo está habilitado para avanzar“, explicó Garavano.

El ministro de Justicia detalló que el decreto “prevé una nueva Procuraduría para garantizar el actuar independiente y son los fiscales que van a iniciar este proceso ante la Justicia civil y comercial”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que “los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos”. “A la gente honesta se la va a respetar”, añadió. Consultada sobre la posibilidad de que el Congreso rechace el DNU presidencial, aseguró que no cree que “vaya a haber un sólo diputado o senador que vaya a estar en contra de sacarle los bienes a los que les roban a la gente”.

En 2016, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de extinción de dominio impulsado por el oficialismo, con el apoyo del Frente Renovador. Este proyecto proponía que la acción de extinción debía iniciarla un fiscal del fuero Civil y Comercial Federal cuando en una investigación preliminar del fuero penal hubiera fundamentos para sospechar de la existencia de bienes ilícitos. Esto quiere decir que el Estado podía quitarle bienes a los imputados sin que el proceso penal llegara a una instancia avanzada.

Luego, la Cámara alta aprobó otro texto de autoría del salteño Rodolfo Urtubey, pero con algunas modificaciones que no cumplían con las intenciones de Cambiemos. Finalmente, los proyecto naufragaron en el Congreso, donde el oficialismo no contaba con los votos suficientes para sacar la norma como pretendía.

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