El derrotero de las mujeres argentinas en la búsqueda de la igualdad de derechos políticos viene de larga data. El reclamo por el reconocimiento del derecho al voto empezó a comienzos del siglo pasado con las primeras mujeres sufragistas. Casi medio siglo después, vinieron las leyes que lo consagraron y las mujeres pudieron votar. Para entonces, se dijeron cosas en el recinto como que era una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesaba menos que el del hombre o que sería inaudito que una mujer esté sentada presidiendo el debate en la Cámara. Nos parece otro mundo, pero de esto hace apenas 70 años.

Frente a la evidencia de que la política no cambiaba por sí misma, hacía fines del siglo pasado nacieron las primeras leyes -pioneras en el mundo- de cupo femenino (1991) para garantizar que además del derecho a votar, tengamos el derecho a sentarnos en las bancas.

En el año 2017 dimos un paso más en el camino hacia la igualdad: la ley de paridad en los cargos electivos y partidarios (Ley 27.412). No basta ya con mecanismos de discriminación positiva -convertidos en piso y techo de los derechos-, sino somos capaces de cambiar de raíz la noción e ir hacia una verdadera democracia paritaria: mismos derechos, misma representación.

En ese contexto, se inscribe la iniciativa de paridad en la conformación de la fórmula presidencial. Los números no mienten: así como sin ley de cupo las mujeres eran apenas el 6% del parlamento, sin paridad en las fórmulas presidenciales las mujeres representan apenas el 10% de todas las candidaturas a presidente/a desde el retorno de la democracia. Si sumamos a ambos integrantes (presidente/a y vice), las mujeres que estuvieron en alguna boleta desde 1983 fueron 33, contra 177 varones: es decir un 15%. En el año 2019 habrá 3 mujeres candidatas, la misma cantidad que en 1983 y ninguna a presidenta ¿Estamos avanzando? Claramente no al ritmo que esperábamos.

Claro, quisiéramos que no fuesen necesarios los mecanismos de discriminación positiva. Quisiéramos que Argentina sea como alguno de los países nórdicos, donde un gabinete que no está integrado por hombres y mujeres es rechazado por la población: tiene costo político y electoral no incluirlas en la mesa de toma de decisiones. Argentina está aún lejos de eso.

Es cierto que transitamos un cambio generacional y que las personas más jóvenes tienen, en general, otra visión de las cosas. Sin embargo, creo que las leyes tienen la virtud de poder ser herramientas que estimulen, aceleren, acompañen los procesos de cambios culturales profundos. Y en eso estamos. No queremos esperar otro siglo.

La Constitución Nacional en su art. 37 habla de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la Mujer, ratificada por nuestro país, también. Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el objetivo 5° titulado: «Igualdad de Género», orientan las acciones en orden de garantizar la participación de mujeres en los espacios decisorios.

No faltará quien diga «no me importa el sexo, sino la capacidad». Y lo cierto es que si se tratase de una cuestión de capacidad debería haber muchas más mujeres en los espacios de representación. Sin embargo, es el género el limitante. Aunque parezca raro, el mismo argumento que usan algunos para intentar boicotear las iniciativas, es el que le da fuerza para avanzar. Razones culturales, machismo en los partidos, tareas de cuidado, son algunas de las tantas razones que dejan fuera de carrera a las mujeres. No es su capacidad, sino el hecho de ser mujer el limitante.

Queremos que Argentina avance hacia una verdadera democracia paritaria y representativa. Queremos que quienes representen sean reflejo de la sociedad. Queremos que las mujeres también integren las fórmulas presidenciales. Queremos, en fin, los mismos derechos, la misma representación.

 

(*) Diputada nacional por Córdoba (UCR). Autora de la iniciativa.

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