Reelecciones municipales y calidad democrática
Por Lic. Gustavo Damián Gonzalez
Durante los procesos de recuperación de la democracia en América Latina el debate en torno a su calidad resultaba secundario, en un marco en donde la ciencia política, el derecho y la elite gobernante, pusieron su eje en la consolidación del sistema. En particular, en nuestro país, en 1983 se llevaron a cabo las elecciones luego de muchos años de inestabilidad política adonde el último Presidente que culminó su mandato constitucional fue Juan Domingo Perón en 1952. Era lógico que el llamado “Consejo para la Consolidación de la Democracia” pusiera énfasis en la necesidad de la instalación de una normalidad democrática, por tanto el sistema electoral, el funcionamiento de sus instituciones y la calidad de esa democracia pasó a un segundo plano de la agenda política que tenía otras prioridades.
Pasada tres décadas de aquellas primeras elecciones, la consolidación pareciera ser un hecho y nuevos temas centralizan el debate político ante la crisis de los partidos políticos.
La reforma política, en el último ciclo democrático tuvo su primer antecedente en el “Consejo para la consolidación democrática”, en la etapa radical, pero claramente ingresó en la agenda pública en los 90´, pero ésta ha sido frustrada en varias oportunidades, y los integrantes del Congreso Nacional han esquivado este convite. En los años 1997 y 1998, bajo la presidencia de Carlos Menem, el debate se limitó a la implementación de dos normas que pusieron eje en el dinero que debían recibir los partidos políticos por cada voto recibido . Quedó anulado el debate abierto por la Subsecretaría de la Reforma Política del Ministerio del Interior, que buscaba modificar la manera de elección de los Diputados Nacionales.
Luego, a fines de 2000, el Ministro del Interior del gobierno de la Alianza (Federico Storani) hizo pública la presentación del primer tramo de la reforma política. Ésta ponía el eje sobre el financiamiento de los partidos políticos, pautas de duración y gastos de campaña, incorporación del régimen de internas abiertas para el Presidente de la Nación, nombramiento de un cuerpo especial de fiscales ante la Cámara Electoral y la transparencia, equidad y austeridad en la función pública. El proyecto fue aprobado por el Senado con algunas modificaciones y buscó sin éxito realizar una consulta popular para legitimar la medida. Esto se desarrollaba en un contexto donde las elecciones legislativas nacionales indicaban un 42% de voto negativo. Así, la crisis político-institucional del 2001, desestabilizó al gobierno de Fernando de la Rúa y con él a la iniciativa de la reforma.
En el año 2009, el Poder Ejecutivo Nacional tomó la iniciativa y reavivó el debate en torno a la Reforma Política, allí durante meses se abrieron canales de diálogo entre los referentes de todos los partidos políticos con representación legislativa, también participaron organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales y demás actores sociales, con el fin de regular el sistema de partidos políticos, la designación de candidaturas a cargos electivos, modificar la metodología de las campañas electorales, transformar diversos aspectos de la legislación electoral y transparentar los comicios. Este “Diálogo Político” culminó en la presentación oficial de un proyecto de ley sobre la “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, sancionada el 2 de diciembre de 2009 bajo el número 26.571.
La modificación de la legislación electoral respondió así a la necesidad explicitada por gran parte de la sociedad politizada e intenta responder a una demanda de la sociedad civil a la dirigencia política.
La provincia de Buenos Aires tuvo su correlato en la ley la ley 14.086, sancionada el 7 de diciembre de 2009, que incluyó las PASO para el proceso de selección de los candidatos a Gobernador y vice, Senadores y Diputados provinciales, Intendente, concejales y consejeros escolares.
Más allá de esto, el debate sobre la calidad democrática tiene algunos espacios no saldados. La democracia supone entre otras cosas, alternancia de poder. La normativa de la provincia de Buenos Aires posibilita la reelección permanente de los intendentes municipales. En la última elección del 2011 en la provincia de Buenos Aires 85 de los 135 intendentes fueron reelectos en sus municipios.
Así los caudillos locales, una vez que llegan a la intendencia reproducen su poder de manera sistémica. La estructura municipal y el respaldo financiero lo colocan en desigualdad de condiciones del resto. Los casos de Lanús (Quindimil), San Isidro (Posse), Tigre (Ubieto), Ituzaingó (Descalzo), Vicente López (“japonés” García), Mercedes (Gioscio), General Paz (Veramendi), Coronel Suárez (Moccero), Olavarría (Eseverri), Saladillo (Gorosito), Las Heras (Calo), que son intendentes con veinte años en el poder local parecen ser un exceso en una Nación que debe pensar en la calidad democrática.
Claro que el límite de reelecciones no aseguran de por sí la alternancia de poder. Hay una decena de ejemplos en donde el intendente elige como sucesor a su hijo u otro familiar como en el viejo esquema oligárquico. Pero el límite de la reelección de los intendentes municipales es una medida necesaria si se busca mejorar nuestro sistema democrático.