Por José Castillo
Economista. Dirigente de Izquierda Socialista. Docente de la UBA

Con la brumosa excusa de que “generarán nuevas inversiones y mayor empleo” (cosa que desde ya anticipamos que no sucederá), el gobierno nacional ha anunciado una batería de medidas que apuntan a incrementar los beneficios para los empresarios a costa de mayores impuestos y menores ingresos para la clase trabajadora, los jubilados y los perceptores de planes sociales.
Ya teníamos la saga de tarifazos, comenzados con la nafta y continuados con los aumentos en los próximos meses del gas, electricidad y transporte. El discurso presidencial deslizó también una velada amenaza (materializada en sus dichos sobre la Biblioteca Nacional, las universidades y la Justicia) de que “por exceso de personal” se avance en el futuro con el despido de más trabajadores estatales y el cierre de organismos. Pero vamos a concentrarnos acá en los tres paquetes explícitamente anunciados.

Jubilados más baratos

El gobierno quiere, explícitamente, pagarles menos a los jubilados. Hasta puso un número: ahorrar arriba de 100.000 millones de pesos anuales, modificando la fórmula de actualización de haberes. Recordemos que hoy el 80% cobra la mínima de 7.246 pesos. La cuestión se agrava si tenemos en cuenta que este reajuste también afectará a las Asignaciones Universales por Hijo (que también se achicarán) y todo tipo de pensiones. A esto se le agrega el intento de aumentar la edad jubilatoria, empezando por aquellos trabajadores que tienen regímenes especiales, como los docentes y otros con tareas insalubres.

Más impuestos para los consumidores, menos para los empresarios

Así se puede resumir la tan mentada “reforma fiscal”. Se trata de toda una batería de medidas para reducir la carga impositiva sobre las empresas: así estas sólo pagarán 25% de impuesto a las ganancias (en lugar del 35% actual) si “reinvierten” sus utilidades; podrán descontar de ganancias el impuesto al cheque y otros tributos y se reducen sustancialmente los aportes patronales.
La contrapartida es el aumento de los impuestos al consumo, en particular una larga serie de impuestos internos, como los ya conocidos casos de bebidas azucaradas y alcohólicas. El IVA, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta el bolsillo popular, continuará intocado. Si a todo esto le sumamos los aumentos en tasas de impuesto inmobiliario urbano (ABL en Ciudad de Buenos Aires e impuesto inmobiliario en la provincia) tenemos un auténtico mazazo al ingreso de los trabajadores.
El caso del nuevo impuesto a la renta financiera merece una aclaración: se trata de una vulgar jugada “para la tribuna” para edulcorar políticamente el paquete de medidas antipopulares. Como varios banqueros y consultores de la City se han encargado de aclarar, no afecta de fondo a ninguno de los grandes negocios del sector. En concreto se plantea un impuesto del 5% sobre las ganancias (intereses o rentas) de los bonos, letras o plazos fijos si son en moneda local o del 10% si es en moneda extranjera. La trampa: no se aplica el impuesto sobre todo el monto del capital que se invierte, sino apenas sobre los intereses que se obtengan. Además, no se aplican las alícuotas normales del impuesto a las ganancias (35%) sino apenas del 5 o 10%. Por si todo eso fuera poco, las operaciones en acciones o fondos comunes de inversión, o las ganancias que se obtienen por diferencias con tipos de cambio (compra y venta de moneda extranjera) siguen exentas. Los especuladores lo único que tendrán que hacer para evadir este impuesto es “pasarse” a este tipo de operaciones.

El paquete ómnibus de reforma laboral

Mientras el gobierno, en complicad con la burocracia sindical, busca avanzar sector por sector liquidando el conjunto de las conquistas de los convenios colectivos, avanza al mismo tiempo con una ley ómnibus peligrosísima que incluye el llamado “blanqueo laboral”, por el que se le perdonan a las patronales que tenían trabajadores en negro todos los aportes no hechos (y a los trabajadores en consecuencia no se les reconoce nada de esos aportes para su jubilación futura); se reducen las indemnizaciones por despido (ya no se tendrá en cuenta ni el aguinaldo ni las horas extras ni ningún pago “extraordinario” para el cálculo); y se habilitan regímenes de pasantías o “trabajador independiente”. Todas medidas que apuntan a “abaratar” el costo laboral a costa del trabajador.

Poca veces se ha visto un plan tan explícitamente “clasista”: tal vez tengamos que retrotraernos a los anuncios de Martínez de Hoz en abril de 1976 (donde el también utilizó como excusa que así “se procedía a la liberación de las fuerzas productivas), o a los anuncios de Menem en 1989 acerca de las privatizaciones. Como toda “declaración de guerra” obligará a los trabajadores y otros sectores populares afectados a salir a dar la pelea para defender lo propio. Estaremos claramente en esa trinchera.

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