El pasado próximo martes 28 de mayo, a un mes de su sanción en primera lectura y tras la intervención de la Justicia, la Legislatura Porteña realizó una nueva audiencia pública en la que se analizó una serie de modificaciones al nuevo Código Urbanístico -sancionado a fines de 2018-, a fin de regularizar la instalación de rejas permanentes en Plaza de Mayo.


La normativa prevé asegurar la instalación de un cerco de seguridad emplazado de modo transversal desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. Ya fue aprobada en primera lectura sólo con los votos de los legisladores de Vamos Juntos y se espera que en esta nueva instancia ocurra lo mismo.

En el marco de la audiencia, desde dirección general de espacios verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño explicaron que “es un sistema de rejas de las mismas características a las de Casa Rosada. La intención es que estén siempre abiertas al paso peatonal salvo que organismos de seguridad dispongan lo contrario” y resaltaron que “se busca cuidar el espacio público, el patrimonio y a las personas”.

Además los funcionarios informaron sobre el plan que incluyó la puesta en valor de la Plaza de Mayo “con una ampliación de veredas y casi 800 metros cuadrados de nuevo espacio verde”. El proyecto también contempló la restauración de la Pirámide de Mayo e informaron que se tuvo en cuanta el uso cotidiano del lugar y a las grandes movilizaciones.

Por su parte, los ciudadanos inscriptos para expresarse en la audiencia se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa; fundamentaron –centralmente- sus opiniones positivas relacionadas a la seguridad mientras que cuestionaron la restricción del uso del espacio público.

El proyecto llegó al recintos de sesiones acompañado por los informes técnicos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; una nota del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, “que presta conformidad con el proyecto, entendiendo las circunstancias de coyuntura que propician su necesidad”, y sendos dictámenes del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.

Finalmente, la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos objetó la instalación de la reja expresando que “implica una división física permanente que fragmenta la lectura integral de este espacio público” y la colocación de “elementos permanentes es contrario a la preservación patrimonial, cultural y social de este ámbito urbano tan significativo”. Por su parte, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el 30 de octubre de 2018, basó sus argumentos en cuestiones de seguridad y no se expidió en términos patrimoniales.

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