Sagasti presentó una denuncia en el caso Bonarrico que compromete al Gobierno de Mendoza

La presidenta del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, presentó hoy una denuncia judicial en el llamado «caso Bonarrico», el pastor y exsenador provincial que sostuvo públicamente que el Gobierno provincial le entregó a su fundación 18 millones de pesos para que se bajara de una candidatura.

La senadora nacional se presentó hoy en el Polo Judicial con un escrito que radicó ante la Fiscalía de Instrucción N°7 de Delitos Económicos, que se hará cargo de la causa.

En el documento, pidió a la Justicia que averigüe la posible comisión de varios delitos, como negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

La presentación gira en relación al convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la Fundación Acción Social, por la suma de al menos 18 millones de pesos.

También se incorporaron las declaraciones periodísticas del exsenador Héctor Bonarrico, en las que reconoce que la donación que iba a efectuar la provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MásFe) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones.

En esos comicios MásFe no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el Senado. Bonarrico manifestó en la entrevista: «Esto fue parte del acuerdo que MásFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas».

En el escrito, Fernández Sagasti apunta a que el Gobierno provincial busca desviar la investigación y culpar solamente a Bonarrico con la presentación que hizo el ministro Víctor Ibáñez por «tentativa de fraude al Estado».

«Este ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibáñez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado», argumenta la denuncia de la senadora.

Otro punto que destaca la presentación judicial es que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio no exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho.

También se indicó que se adjuntaron pruebas y se solicitó que la Justicia pida informes sobre distintos puntos para avanzar en la investigación.

Tras presentar la denuncia, Fernández Sagasti dijo a los medios de prensa en el Polo Judicial: «Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para saber si es un hecho aislado la posible compra de la voluntad de Bonarrico para que vote leyes y se baje de la candidatura o es un modus operandi del Gobierno provincial».

Fernández Sagasti explicó que la presentación judicial es «para averiguar si hubo delitos», que pueden concatenarse con una «multiplicidad» de otros delitos «en la cual el fiscal deberá corroborar si es cierta o no».

En relación a la denuncia del ministro Ibáñez, que adelantó que el Estado provincial va a demandar al pastor, la legisladora nacional la tildó como una «jugada distractiva para que los mendocinos se confundan y se distraigan del real hecho».