Se analizó la tipificación como delito de las adopciones ilegales

Se proponen penas de 2 a 8 años de prisión al que entregare, recibiere, detentare o retuviere a una persona menor de edad con fines adoptivos o de vinculación permanente, sin haber cumplido el proceso legal vigente.

La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que preside la diputada Gabriela Burgos (UCR) debatió sobre tres proyectos que analizan la tipificación penal en el caso de las adopciones ilegales.

La diputada Burgos explicó que la idea de este debate es “comenzar a tipificar esta conducta que se mantuvo ausente en nuestra legislación penal” y se comprometió a “trabajar para lograr un amplio consenso con un dictamen unificado”.

Por su parte, la diputada Emilia Soria (FpV) afirmó que su proyecto surge por la “urgencia de dar una respuesta a la apremiante necesidad de tipificar las adopciones ilegales”. Y sostuvo que “este fenómeno ha ido creciendo considerablemente, generando un complejo entramado de actores y situaciones, y forjando un negocio altamente rentable, cuyas principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en situación de vulnerabilidad y pobreza”.

Otra de las autoras del proyecto, la diputada Ana Copes (Démocrata Progresista), confirmó la intención de que se unifiquen los tres proyectos en un dictamen «porque es una deuda del Estado con los niños, niñas y adolescentes», al tiempo que expresó: “Nosotros buscaremos el mayor nivel de severidad posible con los intermediadores de este proceso, ya que ese es el corazón del delito, que ataca el derecho a la identidad de niños y niñas”.

Por su parte, el diputado Néstor David (Justicialista) hizo foco en el “vacío legal” sobre esta problemática que «cada día se profundiza más” y enfatizó que “hay que buscar una fórmula común en esta discusión en la que hay más coincidencias que diferencias. Poder debatir esto -afirmó- es un gran avance».

Entre las propuestas se destacan la pena de prisión de 2 a 8 años al que entregare, recibiere, detentare o retuviere a una persona menor de edad con fines adoptivos o de vinculación permanente, sin haber cumplido el proceso legal vigente, la intermediación, la figura del funcionario público y la figura del progenitor.