Se aprobó la «Ley Micaela», contra la violencia de género

La Cámara de Diputados aprobó por 171 votos afirmativos contra un voto negativo, un proyecto de ley que aportará una nueva herramienta legal contra la violencia de género. Se trata de la llamada “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado nacional. Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.

La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Los padres de Micaela estuvieron presentes durante la sesión (ver fotos). El proyecto fue incluido en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, publicado el pasado lunes en el boletín oficial mediante el decreto 1135/18.

La iniciativa, impulsada por las diputadas Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Analía Rach Quiroga (FPV-PJ), entre otros legisladores, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Como miembro informante del proyecto, Alejandra Martínez (UCR), presidenta de la Comisión de Familia, mujer, niñez y adolescencia, recordó a víctimas de femicidios: «No queremos tener que llorar dos veces a Micaela García, a Lucía Pérez, a Paulina Lebbos”.

“Estamos atravesando una verdadera revolución cultural en Argentina, impulsada por mujeres de todos los ámbitos que han decidido no callarse más y luchar en contra de un sistema de valores y un sistema de distribución del poder”, dijo durante su discurso.

En el recinto, Rach Quiroga reivindicó al movimiento de mujeres, que impulsó la iniciativa: “Sin la hermandad y la sororidad, esto no sería posible”. “Es urgente la capacitación en el Poder Judicial, sentenciar sin perspectiva de género está mal”, añadió y recordó el fallo sobre el caso de Lucía Pérez.

“Pero no sólo es la justicia el problema, son los tres poderes del Estado los obligados a capacitarse. La dinámica de trabajo en esta Cámara también debe ser interpelada y revisada desde la obligada perspectiva de género”, manifestó Rach Quiroga.

En tanto, De Ponti dijo que la ´Ley Micaela´ es “un primer paso; esta ley forma parte de un paquete de prevención de la violencia machista, trabajemos para que el resto de los proyectos también se conviertan en políticas públicas”.

“Este tiempo nos está pidiendo una sociedad más igualitaria, el Estado tiene que estar al frente de ese cambio”, añadió. “Micaela era mi compañera del Movimiento Evita. Se lo prometemos a Micaela: vamos a construir el mundo que vos soñaste”, cerró De Ponti.

Desde el oficialismo, la diputada Silvia Lospennato, del PRO, remarcó que capacitar con perspectiva de género a los empleados públicos “es un mandato constitucional” y destacó que la ley tuvo el acuerdo político de todos los bloques.

El proyecto se presentó el 30 de mayo de 2017, cuando la Fundación Micaela García, con la presencia de sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, presentó un paquete de 13 proyectos de ley que apuntaban a establecer un marco normativo que fortalezca la instancia preventiva en casos de violencia de género y femicidio.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, en el plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó un dictamen de consenso a la iniciativa que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”.

El proyecto busca capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, entendido no como una mera elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nues¬tro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que tiene como objetivo elaborar políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia.

Micaela García tenía 21 años y era estudiante de educación física, además de una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Fue reportada como desaparecida el 1 de abril de 2017, y su cuerpo fue hallado sin vida una semana más tarde.

Por el hecho fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua por «abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género». También sentenciaron a cinco años por «encubrimiento» a su ex patrón, Néstor Pavón.

Wagner es un ex convicto por delitos de violación que había sido condenado a 9 años de prisión, pero gozaba del beneficio de libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban taxativamente.