La iniciativa la presentó el Bloque Cambiemos. El decreto nunca pasó por la Legislatura. La misma iniciativa se presentó en el 2008 y también se derogó ante la clara evidencia de un negociado. El trámite sale $1700 por auto, mientras que la Policía, organismo encargado de realizarlo, lo cobra $45. La planta verificadora de Puerto Madryn está en un inmueble propiedad de Ricardo Sastre.

Se abrogó el decreto 781/2018 donde el Poder Ejecutivo Provincial avalaba el convenio celebrado entre el ministro de Gobierno, Federico Massoni, y la Cámara de Grabadores de Autopartes y Vehículos y Motovehículos. La ley fue sancionada porque se trató sobre tablas.

En el año 2008 se sancionó una ley similar impulsada por el Bloque del Provech que tenía como diputado al actual intendente de Madryn y candidato a Vicegobernador de la fórmula Chubut Al Frente, Ricardo Sastre. “Se trataba de una norma que establecía un procedimiento para la realización de la tarea de verificación de automotores como así también el grabado de autopartes de los vehículos de manera tercerizada. Los fundamentos daban cuenta de la necesidad imperiosa del combate del delito vinculado a la venta de estos autopartes y sustracción de automotores”, explicó el presidente de Cambiemos, Eduardo Conde, quien fundamentó la iniciativa ante la atenta mirada de sus pares en la sesión.

Añadió que en esa época, “a poco de entrar en vigencia la norma, comenzaron a objetarla y terminaron derogándola porque si bien la policía realizaba los trabajos, la rentabilidad era para la Cámara, la misma entidad que el Gobierno aprobó ahora”.

La Cámara de Grabadores de Autopartes y Vehículos y Motovehículos “dice ser una cámara empresarial cuando la legislación vigente establece que la agrupación de empresas, en el marco de la Ley Empresarial, implica como punto de partida la registración; en este caso en particular buscamos pero no encontramos su registro en alguna organización de naturaleza comercial que la habilite”, comentó el abogado.

“En el 2008 Roberto Risso, Carlos Lorenzo, Miguel Montoya, Javier Touriñan empiezan a levantar las voces en lo que se denomina vulgarmente como un curro, es decir, un negocio para beneficiar a esta organización pseudo empresarial a cambio de un importante beneficio económico, porque la participación de la organización empresarial es del 84%, mientras que la tasa o canon que se le abona al Estado es del 14%. Finalmente, el ministro Miguel Castro tuvo que venir a la Legislatura a dar explicaciones pero no satisfizo lo más mínimo su exposición y quedó en evidencia la grosería del acuerdo celebrado, por lo que se derogó la Ley”, recordó.

10 años después el mismo convenio

Afirmó Conde al respecto: “Han pasado 10 años y este Gobierno vuelve a hacer lo mismo. Con una diferencia. Primero hizo el convenio, luego el decreto por el cual ratifica el convenio, y manifiesta la normativa que será analizado por la Legislatura para su aprobación. Esto lo expresa el 18 de septiembre, pero acá –por el Poder Legislativo- no llegó nada. Además, el convenio en cuestión está vigente porque en uno de sus artículos señala que a los 30 días de su creación comienza su vigencia. En esta pseudo organización empresarial se delega la administración, la comercialización y todas las tareas atinentes al proceso de verificación de automotores y grabado de cristales”.

Informó el Presidente del Bloque Cambiemos que el trámite sale $1700 por auto mientras que la Policía cobraba el trámite $45. “La ley establece cuáles son los módulos que determinan el costo del proceso de verificación y el grabado de cristales en cabeza de la Policía del Chubut: 11 módulos, hasta el año pasado eran $45. Un claro negocio”, indicó.

“Hay muchos hechos paradójicos. El mentor de aquella norma del 2008 fue el actual intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre. La planta verificadora de Puerto Madryn está en un inmueble propiedad de Sastre. Coincidencia llamativa”, ironizó el legislador.

La Cámara es una organización a nivel nacional que tiene su origen en la ciudad de Mendoza pero no está registrada en la Inspección General de Justicia. “En otras provincias se han concertado acuerdos con esta organización por la misma tarea. Buscando los antecedentes, reparamos que se trata de una organización que se encubre a través de la figura de Cámara Empresarial, pero que en definitiva es una organización que pertenece a dos o tres personas físicas. En la provincia de Córdoba, los creadores de la Cámara, han estado presos por evasión tributaria. Yo no sé cómo el Poder Ejecutivo Provincial, en cabeza del escribano Mariano Arcioni y la participación activa del ministro Massoni, han autorizado este compromiso absolutamente nefasto para los intereses de la provincia, restándole competencia a la Policía cuando expresamente está normado. Por otro lado, establece un costo que nos hace pensar nuevamente que las razones que llevaron a la derogación de la norma, allá por el 2011, se repiten hoy: El curro, el negocio que hay detrás de estas cosas. Preocupa sobremanera las acciones del Gobierno Provincial”, remarcó.

Añadió Conde que el tema “no pasa exclusivamente por un tema de oposición. Hace al interés de todos. No podemos consentir de ninguna manera que el Poder Ejecutivo dicte un decreto, que diga que se ratifica el convenio, y a su vez exprese que se lo va a enviar a la Legislatura, y acá no llegue nada. Es obvio que no lo van a remitir porque saben que esta Casa no lo va a aprobar. Debemos abrogar el decreto, cayéndose el convenio por añadidura”, manifestó el legislador de Cambiemos. Finalmente, se votó la iniciativa sobre tablas y fue aprobada su derogación.

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