Se presentó un proyecto de ley de concesión automotriz

La Comisión de Industria y Comercio del Senado presidida por el senador sanjuanino Roberto Basualdo, recibió a representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El encuentro se hizo para tratar la necesidad de una normativa específica que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores. El fin de la iniciativa es lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica del sector.

Fue en este contexto que Ricardo Salomé, presidente de ACARA, expuso los detalles del proyecto de ley de concesión automotriz. Al respecto manifestó: “para nosotros es sustancial por lo que significa para nuestro sector y la economía del país. La cadena de valor automotriz, de la cual los concesionarios de Acara son parte, constituye el equivalente del 2,5% del PBI. Esto es, el décimo lugar entre las 63 cadenas identificadas en todo el país”. Y destacó: “su importancia en la vida cotidiana se manifiesta en las actividades que surgen alrededor de un parque automotor de 15.608.000 vehículos, con un promedio de antigüedad de 14,8 años. Nuestro rol resulta insustituible entre productores y consumidores”.

Asimismo resaltó “que la de un vehículo es la segunda compra de un bien para los argentinos en importancia; exige un fuerte vínculo de confianza.  Por eso hay que garantizar los equilibrios y la justa distribución de las responsabilidades, lo cual es el propósito de la ley de concesión que presentamos hoy”.

En tal sentido destacó: “hay que darle un marco jurídico y actualizado a las partes que adapte en nuestro país los procesos vigentes en los mercados más exigentes y competitivos, como son la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil donde rige la ley Renato Ferrari (en alusión al senador que presentó el proyecto)”.

El empresario puso énfasis en que “se busca dictar una ley para garantizar el equilibrio entre el concesionario y su fábrica automotriz, la cual tendrá impacto en el empleo y la producción.”

Y remarcó: “No solo somos autos; conformamos 2.485 concesionarios a lo largo y ancho del país; 778 concesionarios de autos; 1.321 concesionarios de motos; 250 de maquinaria agrícola y 129 de camiones y acoplados. Todas PyMEs de capitales nacionales, que brindan empleo a 75 mil personas de modo directo y 275.000 de modo indirecto”.

Para ello presentó un estudio que puso a consideración de los senadores. Allí destaca (en su primera parte) el proyecto de ley, con sus antecedentes correspondientes a 2015 y 2016. En la otra parte se expresa lo presentado cuando se modificó el Código Civil y Comercial con contratos de concesión, el debate parlamentario en el Código Civil, el anteproyecto de ley de comercialización de 1984 y el proyecto de ley de comercialización de automotores nuevos del año 75 que fue tomado por Brasil, donde se convirtió en ley.

Señaló también que con respecto a las leyes vigentes en Estados Unidos, España y México “no pretendemos tener un régimen especial que no esté en otras partes del mundo. Queremos en Argentina poder tener el mismo tratamiento que tienen las terminales automotrices con sus concesionarios en sus  países de origen. Pretendemos un trato equilibrado que haga las relaciones jurídicas estables entre las partes”.

En aras de “poder llegar mejor a los consumidores” subrayó que “es por eso que necesitamos una ley especial para nuestro sector para cubrir la inseguridad jurídica para terminar con una continua situación de incertidumbre, mitigada en parte con el nuevo Código Civil de 2015”.

“El proyecto se enmarca en el objetivo de fortalecer la relación de forma equitativa, fijando parámetros claros en el contenido de los contratos, propendiendo no solo a una mayor simetría en la relación, sino también mejorando la relación de la concesionaria con el consumidor final. Para proteger la industria hay que proteger la cadena que va de la producción a la comercialización y así dotar a las concesionarias de capacidades de hecho y de derecho” promulgó.

Además reiteró que “no queremos tener ningún trato preferencial como sector diferente al que tienen todos los países productores con sus concesionarios. Darle seguridad jurídica a los concesionarios es dársela al consumidor final, que es el que trata directamente con el concesionario, es amigo del concesionario, le compra por la confianza, por sus servicio de posventa y el consumidor final deja en manos del concesionario el segundo bien más preciado de su vida”.

Más adelante, el senador de la UCR Eduardo Vischi, observó que un artículo del proyecto deja sin efecto la Ley de Defensa del Consumidor, como así también planteó una observación respecto del artículo que habla de la obligatoriedad de que solo se venda dentro de la concesionaria. Al respecto, el titular de ACARA respondió la interpretación se debió a “un yerro importante en el tipeo, que sería corregido al día siguiente con un texto convenientemente corregido”. Y señaló que “todas las ventas deben ser realizadas dentro del concesionario. Invertimos a lo largo y ancho del país, tenemos estructuras muy importantes y necesitamos que esa estructura esté al servicio de los consumidores finales de las empresas de todo el país. La gran mayoría de las ventas se producen dentro de concesionarios; no vemos por qué las fábricas tienen que ver en forma directa. Para eso nombraron una red de concesionarios. Las terminales tienen que producir y las concesionarias vender. Para eso estamos, para comercializar los productos que realizan las marcas”.

A su turno, la senadora de Juntos por el Cambio, Carmen Alvarez Rivero señaló “el proyecto me hace ruido” mencionando irónicamente sobre los errores de tipeo referidos “¡Qué error!”. En este marco, la legisladora planteó que “el mejor negocio para una concesionaria va a ser cobrar las indemnizaciones”.

Y criticó: “No creo que sean la voz de todos los concesionarios”. En este punto señaló el tema de los planes de ahorro: “Ahí sí hay miles y miles de juicios o demandas, porque hay muchísimos consumidores que no están siendo por lo menos informados correctamente y se meten en planes que no pueden pagar y resultan una forma de sacarles ahorros y nunca jamás llegan al auto que quieren comprar”.

La respuesta de Salomé a estos planteos fue: “a los amigos de las terminales no los vamos a perder; lo único que solicitamos es tener el mismo tratamiento igualitario que tienen las fábricas en sus casas matrices con los concesionarios”.

“Hay serios problemas este año con la entrega de vehículos de planes de ahorro, porque no están los dólares para importar los autos. Todos entendieron que la demora se da por temas que no son inherentes al concesionario y fabricante. En Córdoba hay concesionarios excelentes Nosotros representamos la voz de la gran mayoría de los concesionarios del país” concluyó.