Se trató el proyecto sobre seguridad , salud y prevención de riesgos del trabajo

La comisión trabajó – Legislación del Trabajo- en base a cinco proyectos existentes, haciendo incapié sobre el presentado por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado. La reunión de este jueves fue la tercera para tratar el tema.

La primera en exponer en la reunión presidida por la diputada Vanesa Siley del Frente de Todos por Buenos Aires fue la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec. La funcionaria relató su experiencia donde existe una ley que regula los comités mixtos. Al respecto, la funcionaria recordó que la norma rige en la Pcia de Buenos Aires desde fines de 2012 y recién se reglamentó en diciembre de 2014.

“Cuando llegamos a la gestión, no estaba muy difundida ni aplicada”, planteó a la vez que detalló que durante su administración se intentó fomentar la presencia de comités mixtos pero se vieron con la dificultad de la pandemia. En este sentido manifestó: “Fue un momento muy complejo: nos encontramos haciendo cosas que no eran las que esperábamos hacer y para las que estábamos preparados”.

Pero destacó: “En ese marco fue donde había comités mixtos o donde se generaron, los lugares en los que se funcionó mejor. Donde se propició desde las propias empresas una instancia de diálogo social para poder articular las acciones en pandemia, los conflictos eran más acotados y fáciles de resolver”.

Asimismo señaló que “en la Provincia es obligatorio para empresas donde hay 50 o más trabajadores; su composición refleja la representatividad de la Ley de Asociaciones Sindicales. En caso de empresas de 10 a 50 trabajadores, hay un solo delegado por trabajador y un representante por empresa, que no son comités, pero es obligatorio».

En este marco subrayó que en su gestión “se busca que los comités tengan una lógica de prevención, en lugar de después multar a una empresa o indemnizar al trabajador. Con las empresas hacemos un trabajo de concientización de la importancia de la prevención, pero también con los trabajadores”. Y enfatizó: “la constitución de comités mixtos no exime a la empresa, ni al Estado de sus responsabilidades. Sino estamos derivando una responsabilidad en quien no la tiene”.

En la provincia los representantes son los propios delegados, que a veces no tienen formación en salud del trabajo, y este es un tema que hay que trabajar. Estamos creando capacitaciones, orientando a los futuros integrantes de comités mixtos” concluyó.

Tras ella, el abogado laboralista Omar Yasín, mencionó tres críticas hacia la norma. La primera fue “que establece funciones y potestades que actualmente ejercen los sindicatos. El delegado gremial actúa en la planta y hace planteos respecto de seguridad e higiene. Los convenios colectivos también establecen cláusulas pactadas que tienen que ver con eso”.

Asimismo destacó que encuentra una superposición de funciones que actualmente ejercen la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las ART. El tercer punto se basó en que: “Todos sabemos que el Estado nacional no puede ejercer las funciones que no delegaron las provincias. La Provincia ya tiene una ley, si sancionamos una ley nacional, tenemos un problema jurídico, se va a judicializar

Para finalizar consideró que “el vehículo ideal para este tipo de cuestiones es el Convenio Colectivo de Trabajo. Si existe un deseo de generar empleo en blanco, esto no ayuda. Si tenés 9 empleados y con 10 se genera esto, no se contrata a un décimo empleado”.

Luego, el Ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe entre 2007 y 2011, Carlos Rodríguez, uno de los defensores del comité mixto manifestó: “es el derecho a controlar el propio destino” antes de mencionar que anualmente mueren 3 millones de personas en accidentes laborales alrededor del mundo, mencionando este flagelo como “una verdadera pandemia ocultada”.

Tras esta introducción señaló que “si uno mira la legislación argentina, no hay una ley de Prevención y Salud del Trabajo, pese a haberse mandado muchos proyectos al Congreso, el primero en tiempos de Illia. Estamos regidos por un decreto ley de una dictadura”.

«Este es el único país de América Latina donde los trabajadores tienen negada la participación en comités, salvo estas dos provincias( en referencia a Santa Fe y Buenos Aires, donde existen por leyes provinciales). Estamos en la prehistoria de la legislación en esta materia. Participar es hacer prevención, el riesgo laboral es inadmisible porque es un riesgo impuesto contra la voluntad del trabajador” enfatizó.

Y arremetió duramente contra las ART: “encima tenemos un sistema de cobertura del trabajo con sentido de lucro… No se nos ocurrió mejor manera”.“La salud es la reserva más importante que tienen los trabajadores; no es una mercancía para vender, sino un bien a defender, mediante la prevención” concluyó.

Tras esa exposición se llevó a cabo la primer tanda de preguntas. Fue entonces cuando el vicepresidente de la comisión, Fabio Quetglas de la UCR, le preguntó al ex ministro sobre la existencia de datos que demostraran que la salud laboral post 2008 (año de entrada en vigencia de esa ley en Santa Fe) era mejor, o que tenían en la provincia mejores indicadores de salud.

Rodriguez respondió que las primeras comparaciones las había hecho a los dos años de vigencia de la norma, y que entonces había ya 400 comités y miles de delegados, comprobándose un descenso en el ausentismo. Sin embargo acotó: “Lamentablemente no he podido hacer un seguimiento” y sugirió hablar con las universidades para hacerlo. Así y todo afirmó que los comités mixtos: “mejoran las condiciones de trabajo, evita a futuro problemas más serios y es rentable para las empresas. Así sucede en todo el mundo”.

Luego el diputado opositor Martín Tetaz,  recomendó también que la comisión pida a la Universidad de Buenos Aires, la de Santa Fe y la del Litoral un estudio que tome de referencia dos fuentes de variación: a lo largo del tiempo, que pasó en los 5 años previos y los 5 posteriores a la implementación de la ley. Por otro lado: qué pasó en provincias gemelas en referencia a Santa Fe y  Córdoba en tanto mismas ramas industriales. Fundamentó su propuesta en que “sino podemos tener un problema metodológico”.

Asimismo, Tetaz pidió impulsar una investigación con universidades para la realización de esta comparación y exclamó: “Yo me convenzo muy rápido cuando veo evidencia” anteponiendo como ejemplo lo que le sucedió con el etiquetado frontal.

Después la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade le preguntó a la ministra Ruiz Malec cuantos inspectores tiene la Provincia de Buenos Aires para controlar a los comités. La funcionaria le respondió que son 117 inspectores. Con gesto de indiganxión la legisladora denunció: “Claramente es un número bajo para los casi 170 mil establecimientos que hay registrados”

El proyecto sigue los lineamientos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). La iniciativa prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias que permita elaboral planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Se pretende que la creación de ese comité sea obligatoria en los lugares de trabajo donde se desempeñen 100 o más trabajadores. La idea es que esté formado por 2 representantes (mínimo) de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes y en aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

Luego de una amplia exposición de otros representantes de entidades y especialistas en legislación laboral llamados a participar del análisis de los proyectos de ley sobre Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, la diputada Vanesa Valey dio inicio a la ronda de participación de los diputados.

La primera en tomar la palabra fue la diputada Pamela Varasay de la UCR por Mendoza quien se presentó como: “hoy estoy aquí de vocera”. En tal sentido manifestó que el tema de riesgo  y seguridad del trabajo “tiene múltiples enfoques para tratarlo sin necesidad de que las palabras costo productividad sea mal entendida en pos de la prevención del trabajo”. Y destacó “me tomé el trabajo de hablar con las cámaras que argumentan el rechazo a como está redactado hoy el proyecto con algunos puntos en común; algunos se han mencionado aquí como el convenio 190 que habla sobre la materia del acoso laboral y si bien nosotros tenemos leyes que empiezan a instalar protocolos hay una falta de reflejo en el articulado que proteja el derecho profesional y de la intimidad de la persona”. En este sentido destacó: “falta detalle en la norma. Hay muchas cuestiones muy amplias, muy abiertas a una reglamentación que generarían más problemas que soluciones”. En este marco mencionó que “hay una superposición de funciones  con la ley 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, con la ley 24557 de Riesgos de Trabajo, con la ley 23551 de Asociaciones sindicales”. Para fundamentar esto pasó a leer donde estaría el conflicto a resolver: “el primer punto es la competencia laboral de las provincias se ve contrapuesta en este parámetro de ley nacional”. Aquí es donde mencionó que tal observación está fundamentada por gran parte de las múltiples Cámaras industriales, de servicios petroleros y mineros, de construcción, vitivinícolas, comercio, agricultura, turismo y tecnología entre otros. En tal sentido señaló que luego de reunirse con ellos durante las vacaciones de invierno trajo a  la comisión algunas sugerencias así como el apoyo del sector de médicos que cómo tratar el secreto profesional “cuando hablamos de patologías o de que tipo de denuncias recibe este comité. Porque no solamente hablamos de la seguridad física (que por ahí mencionaban los técnicos) sino también la historia clínica del paciente, del trabajados, en caso de que el comité tenga que intevenir”. Y para concluir destacó que la ley “deja muchos vacios legales”.

A su turno el diputado Quetglas se enfocó en los incentivos. Al respecto consideró que “la seguridad tiene que ver con la inversión en seguridad”. En este marco le realizó una pregunta a una de las exponentes especialistas en la materia, la doctora Lozano, acerca de su opinión en cuanto a su experiencia en torno a los incentivos en consonancia con la existencia de un comité mixto.  Una vez terminada la ronda de opiniones, preguntas e inquietudes de los legisladores, la Vicepresidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) respondió que “sin dudas el comité mixto redunda en beneficios para todas las partes y tiene que ver con la posibilidad de transformar la acción sindical también en lo que tiene que ver en la materia salud”. Al respecto enfatizó: “esta herramienta colectiva no excluye la posibilidad de los empleadores fundamentalmente y tampoco de las ART. Es decir, todo lo que tiene que ver con la inspección frente a un siniestro o enfermedad, el deber es del empleador y es de la ART también en el sistema que tenemos vigente. Esto no quita que el comité tenga sus obligaciones como instancia colectiva. Tienen naturalezas diferentes”.

Luego, el diputado oficialista Germán Martínez habló en su disertación sobre algunas precisiones en la evolución de la cantidad de comités y delegados en prevención en forma comparativa entre el año 2017 y la nueva gestión gubernamental ofreciendo algunos datos que reconoció deben ser mejor evaluados.

La diputada Romina de Pla del PO/FIT-Unidad se enfocó sobre los mecanismos de precarización y tercerización laboral. El planteo lo trajo a colación de que se ha generado una organización de familiares de víctimas de la precarización laboral. En este sentido mencionó el caso del joven Matías Di Muro que murió electrocutado por llevar botines con punta de metal para trabajar entre cables eléctricos en una empresa tercerizada con convenio UOCRA para Telefónica. En este sentido la legisladora de izquierda habló de que “debe haber un control y verdadera campaña por el blanqueo de los trabajadores que están en negro y precarizados y un combate a la tercerización laboral que termina siendo un elemento esencial de la accidentología y la precarización del empleo generando gravísimas consecuencias”. En respuesta a esto, la abogada Lozano enfatizó: “La tercerización es sin dudas uno de los grandes flagelos en donde se constatan empíricamente la mayoría de los accidentes y enfermedades y que muchas veces generan un doble estándar entre trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en un mismo ámbito”. En este sentido remarcó: “por eso es importante que en sus funciones los comités mixtos sin duda amplíen su ámbito de intervención en todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con lo que es el cumplimiento del mandato constitucional del 14 bis de poder bregar por condiciones dignas y equitativas en la labor”.

Por último, el ex ministro de Trabajo santafecino Rodriguez, antes de retirarse expresó: “yo siempre que cierro los cursos suelo decir estas palabras: en este momento estamos tratando de que los trabajadores no se enfermen, no se mutilen, no mueran a consecuencia de sus trabajos pero la victoria final solamente será obtenida el día que los trabajadores vuelvan a cantar cuando trabajan”.

En la siguiente parte con algunas chicanas entre la presidente de la Comisión y la legisladora mendocina  Varasay que se enfocaron en el cumplimiento del reglamento de la comisión y las diversas actitudes sobre la orgánica y funcionamiento de las reuniones, expusieron los diputados del FdT Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Maria Rosa Martinez, Maria Eugenia Allianelo y Sabrina Ginocchio; la diputada del PRO Laura Rodriguez Machado, y el diputado socialista secretario de la comisión, Enrique Estevez.