Termina una semana de fracasos para el oficialismo en el Congreso de la nación. Y es que 2 proyectos que son prioridad para Cambiemos fueron postergados y hasta ahora sus sanciones son inciertas. El primer fracaso, la Ley Anti-barras, el otro, la Ley de financiamiento político. Ambas se trabaron por que el oficialismo y la oposición no pudieron ponerse de acuerdo, y ahora el futuro de estos proyectos es incierto.

_______________________________

El oficialismo tuvo una semana negra dentro del Congreso de la nación, cuando los 2 proyectos que aspiraban a convertir en Ley fracasaron por falta de acuerdo.

Uno de los proyectos que el oficialismo priorizó es el del financiamiento a los partidos políticos, que busca bancarizar los aportes de campaña y permitir a las personas jurídicas realizar contribuciones a los partidos.

El fallido tratamiento del proyecto de financiamiento de partidos políticos en el Senado se debió a falta de acuerdo entre los legisladores de las distintas fuerzas políticas.

Tal como ya lo informó NCN, las diferencias giraron en torno a la publicidad electoral: hubo diferencias por el límite a los aportes privados y la protección de los medios locales frente a Google y Facebook. En el Senado no lograron acordar sobre el límite de aportes de privados y la posibilidad de establecer un cupo para que el 50% de la pauta publicitaria destinada a plataformas de Internet sea destinada a sitios periodísticos digitales de producción nacional, en lugar que las multinacionales Google y Facebook sean las grandes beneficiadas.

“Es una ley densa, que necesita mayoría especial. Tiene que haber un porcentaje importante para aquellos medios de contenido nacional“, aseguró en diálogo con la prensa el senador Dalmacio Mera, del PJ.

El senador por Chubut Alfredo Luenzo impulsó esta idea, pero un grupo de legisladores no avalaba que se estableciera un porcentaje obligatorio sino que les parecía más adecuado que los candidatos elijan dónde poner su propaganda.

El proyecto de financiamiento está en el Congreso desde mediados de julio del año pasado (2018) y fue enviado por el Gobierno en medio del escándalo por los aportes irregulares, conocido como “aportes truchos” a la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017 y puso en duda las contabilidades de campaña del PRO, afectando directamente a la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Por falta de acuerdo, el oficialismo y la oposición resolvieron postergar la discusión y pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 9hs.

El segundo proyecto es el de la Ley Anti-barras, que también quedó frenada en diputados. En una primera reunión la discusión por la ley estuvo fuera de control, donde incluso, los diputados de diversos bloques protagonizaron bochornosos momentos al cruzarse con chicanas e insultos que incluso, se viralizaron a través de audios donde se escuchó desde “cabeza de mono, tonta” y hasta “forro”.

Posteriormente, desde la Comisión de Legislación Penal y Deportes, presidida por la radical Gabriela Burgos, decidió finalmente este jueves 21/03 que La ley para aumentar las penas por violencia en el fútbol se debatiera con la invitación en el recinto de dirigentes de la AFA, la Asociación de Árbitros y de Futbolistas Agremiados.

El primer invitado será Rubén “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que ayer 21/03 no estaba ni enterado del proyecto de ley que aumenta las penas por delitos ocasionados en espectáculos de fútbol, presentado por primera vez en el Senado 2016 y reflotado en diciembre en Diputados, tras la suspensión de la final de River-Boca en el monumental.

Los puntos que evitan un acuerdo tienen que ver con las penas a los dirigentes, que van hasta 3 años de prisión para aquellos que financien a los barras o que le entreguen entradas. En este punto hubo planteos para que la normativa deje en claro a quiénes no pueden darle tickets.

Otro artículo de la discordia, y que más polémica genera, tiene que ver con la prohibición para que funcionarios públicos puedan ocupar cargos en las comisiones directivas de los clubes de Superliga y Nacional B. En este caso, muchos dirigentes plantean que esa restricción es inconstitucional y adelantan que irán a la Justicia en caso que se apruebe. En principio quienes ocupen cargos públicos (nacionales, provinciales o municipales) no podrán integrar las comisiones directivas, aunque sí podrían ser representantes de socios.

Inicialmente, cuando se planteó esta ley, nadie quería quedar en el ojo del huracán y la condena social si votaba en contra de combatir a las mafias del fútbol, por eso los diputados en esa oportunidad fueron unánimes, pero ahora es notorio como costará a Cambiemos sacar adelante este proyecto para poder llevarlo al recinto el próximo miércoles 27/03.

Compartinos: