El abogado del diputado suspendido Julio De Vido expuso en el Senado nacional y arremetió en contra de la propuesta del Gobierno sobre el nuevo Código penal. Junto a él, también expuso la diputada con mandato cumplido (FPV) Diana Conti, que también criticó las políticas que pretende implementar el macrismo.

Maximiliano Rusconi y Diana Conti animaron una nueva jornada de debates sobre el proyecto de Código Penal, presentado en el Senado en marzo y sin ninguna chance de obtener dictamen antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Ambos invitados lograron encender la Sala Eva Perón de la Cámara alta con fuertes críticas al proyecto escrito por una comisión especial, creada por el ministro de Justicia Germán Garavano y dirigida por el camarista Mariano Borinsky.

Rusconi, abogado de Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, fue invitado como doctor en Derecho Penal y docente de la UBA y calificó el proyecto como «un guiño muy peligroso a las fuerzas de seguridad», que «en muchos casos cometen excesos».

«Estamos frente a un derecho penal que sin dudas está en crisis porque ha perdido o nunca ha tenido, su capacidad investigativa», consideró y calificó de «gran problema» la «vinculación entre los jueces y el estándar probatorio, porque a veces reclamamos una pericia o que venga un testigo y no tenemos ni eso».

Consideró peligroso el abuso de la definición de la coautoría en los jueces en sus fallos para establecer condenas que no tienen probadas y sostuvo que el proyecto lejos está de solucionar ese problema.

Conti se presentó como miembro del Comité de la Tortura, junto al ex senador del PJ Juan Irrazabal, y trazó un diagnóstico severo de las cárceles federales.

«Son lugares sin ley, lugares de miseria, de hacinamiento, donde a pesar de que los fondos están para que haya salud y comida, hay nichos de corrupción en la distribución de los ingresos». «Rige la ley de la selva, hay inanición, y con el frío la tuberculosis hizo estragos, sumó más muertes a las muertes silenciadas que existen. El sistema es paupérrimo», la calificó.

Y fue todavía más dura al criticar el Código de Garavano, no sin antes acusar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de «vulnerar todas las garantías penales» con la «doctrina Chocobar», el policía que mató por la espalda a un ladrón y fue condecorado por el Gobierno.

«Levantó la bandera de la vulneración de todas las garantías penales, tanto en su rol como legisladora como en su rol de ministra».

«Los parches permanentes al Código Penal y a sus leyes; las reformas procesales; las modificaciones al régimen de flagrancia; las restricciones a las excarcelaciones; el achicamiento de las condenas condicionales por subir los mínimos de las escalas penales; las modificaciones a la Ley de Ejecución Penal que impiden la salida progresiva de los internos; e interpretaciones doctrinarias lamentables como la doctrina Irurzun, han ayudado a incrementar la violación sistemática de los derechos humanos de nuestros internos carcelarios».

«Hay una miseria instalada en los lugares de encierro, con superpoblación de personas que no se conocen entre sí y tienen que convivir». Exigió «que el Código Penal atienda la delincuencia grave. Los delitos pequeños e insignificantes no deben estar conminamos con penas en nuestro Código», opinó.

Y propuso generar «escalas penales flexibles» para que «quienes violaron la ley penal puedan arrepentirse, reconocer su error y encontrar un proyecto de vida en libertad».

Con Rusconi escuchándola propuso incorporar al Código Penal «una cláusula expresa que diga que la prisión preventiva como pena anticipada es una prohibición que debe estar vigente de modo permanente». 

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