20 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Silvia Elías de Pérez «La ley de ética pública es sana para la democracia»

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Cambiemos – Tucumán) participó de la mesa de trabajo por la reforma de la «Ley de ética pública»

“Queremos un mayor control de los dineros que manda la Nación a las provincias; es una forma de evitar que la plata, que es de todos, se diluya por la alcantarilla de la corrupción”, aseguró la legisladora luego de participar en la mesa de trabajo que debate sobre los principales ejes de la modificación.

Elías de Pérez hizo alusión a los familiares de funcionarios en el Estado: «esta nueva ley pretende poner límite al nepotismo y al conflicto de intereses, entre otros aspectos. Es necesario que los funcionarios rindan cuentas de sus actos, tanto públicos como privados«. La ley de Ética Pública es sana para la democracia” y  además explicó que buscará que en la nueva iniciativa se incorporen dos proyectos de su autoría que se encuentran en el Senado como la creación de Oficinas Anticorrupción en donde existan Cámaras Federales de Apelaciones, y la instalación de delegaciones de la SIGEN en todas las provincias.

“Los órganos de control del Estado deben federalizarse para que de verdad sepamos qué se hace con la plata de los argentinos. La experiencia nos demuestra que las redes de complicidades judiciales y políticas hacen que la impunidad sean moneda corriente en las provincias” afirmó la senadora.

La reforma a la ley de Ética Pública está en etapa de borrador y estará disponible para recibir aportes y sugerencias antes de ser tratada en el Congreso Nacional. El anteproyecto impulsa una reforma integral que alcanzará no solo a funcionarios públicos y legisladores, sino también a gremios y sectores de la Justicia.

Entre las principales características están: la prohibición del ingreso de familiares de funcionarios para trabajar en algún sector de la administración pública, la detección de potenciales casos de conflicto de intereses y la ampliación y obligación de presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales y de interés, entre otros.