Sociedad del trabajo y cultura de derechos (Para el fin del desempleo, la desfinanciación del Estado y la ofensa de la limosna)|Por Ariel Magirena

«Para el capitalismo la renta nacional es producto del capital y pertenece ineludiblemente a los capitalistas. El colectivismo cree que la renta nacional es producto del trabajo común y pertenece al Estado, porque el Estado es propietario total y absoluto del capital y del trabajo. La doctrina peronista sostiene que la renta del país es producto del trabajo y pertenece por lo tanto a los trabajadores que la producen.»   

(Presidente Juan Perón 2 de mayo de 1950. Inauguración del período de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional)  

El empleo informal en nuestro país es uno de los flagelos que consiguen profundizar la pobreza y desfinanciar al sistema jubilatorio, de salud y de seguridad de los trabajadores. Para eliminarlo y promover la creación de empleo genuino se hace necesaria la creación -integrada al esquema del Ministerio de Trabajo- de una Agencia Única Nacional de Empleo que establezca con el DNI el registro de la situación laboral y social aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles.

Cada emprendimiento que demande mano de obra o servicio lo hará obligatoriamente a mediante la AÚNE a través de las filiales locales; y en caso de oferta directa dará inscripción formal, aun en los casos de período de prueba o de empleo estacional o eventual.

El registro permitirá que cunda la alarma digital en los casos de situación irregular -como la falta de movimientos de su cuenta sueldo- y envíe automáticamente un llamado a regularización al CUIT del empleador o CUIL del trabajador cuya falta de respuesta llevará de oficio a una inspección en la empresa y el domicilio particular del empleado para esclarecerla, resolverla, mediar o interponer una medida cautelar en caso de conflicto que afecte el derecho al trabajo y al sustento.

Siendo el horizonte alcanzar el desempleo cero y considerando al trabajo como derecho inalienable y articulador social, la AÚNE ponderará las capacidades y restricciones para tareas en todos los casos y propenderá a ubicar y dar formación a cada trabajador en el sentido de que “en la Argentina cada quien debe producir por lo menos lo que consume” como aporte al desarrollo productivo y la justicia social.

Cada ciudadano que llegue a la mayoría de edad y no acredite incapacidad para toda tarea estará automáticamente inscripto para gozar de los derechos que la Constitución garantiza a todos los trabajadores. Desde el momento de su creación, la AÚNE recibirá del Registro Nacional de las Personas los mismos datos que provee a la autoridad electoral para revisar la situación laboral o social actualizada de los empadronados. Esta política terminará con toda discriminación naturalizada en los “cupos” que estigmatizan a los trabajadores según sus condiciones con la arbitrariedad de un modelo hegemónico fragmentador que clasifica en lugar de resolver. Del mismo modo liquidará el negocio detrás de la desocupación y la pobreza que contamina y distrae la función legítima y estratégica de las Organizaciones Libres del Pueblo hoy convertidas en virtuales clubes de mendigos.

En modo paralelo se promoverá una Ley de responsabilidad social empresaria y se consolidarán convenios entre los sindicatos por rama y el Ministerio de Trabajo para vigilar el cumplimiento de los convenios colectivos como de las normas de seguridad, salud e higiene en el ámbito laboral. La realidad argentina, desde la última dictadura oligárquica y antinacional, llevó a una inaceptable naturalización del desempleo basada en la crisis del empleo en el mundo capitalista, lo que colisiona frontalmente con el modelo justicialista.

Aceptar como categoría el desempleo equivale a aceptar el hambre, la pobreza o la discriminación. Por eso en la administración del Estado el Justicialismo tiene históricamente la temática del trabajo abordada con rango de Ministerio como la temática social asociada al bienestar y en otra cartera de la misma jerarquía.

Un desocupado es un trabajador desperdiciado al que el egoísmo del sistema roba su condición y con ella su dignidad. “Cómo puede ser que en nuestro país, donde todo está por hacerse, haya desocupación?”, se preguntaba Juan Perón en 1972 ante la cámara de Octavio Gettino y Fernando Solanas consultado durante su exilio y proscripción.

El justicialismo aborda el desempleo como un fenómeno de la voracidad de las sociedades de consumo (que Perón calificaba como “del despilfarro”) por la extremación de ganancias que pretende el capitalismo salvaje que denuncia el Papa Francisco y se ejecuta mediante la explotación de los trabajadores. En ese sentido el Estado se ofrece como promotor del empleo, del desarrollo productivo y del bienestar social como el demandante mayor de productos y servicios. La decisión política de compra local, compra nacional y compra a cooperativas activa la creación de empresas privadas y de economía social.

La asunción de la responsabilidad del Estado en la generación del empleo es más importante que cualquier medida paliativa que se intentó, incluyendo las que permanecen vigentes. Crédito fiscal, préstamos subsidiados, aportes para el pago de haberes, planes de fomento y asistencia dejarán de ser parches para crisis de coyuntura que nunca terminan y se convertirán en políticas activas para el desarrollo productivo en base a estrategias que atiendan al consumo básico de la población y la capacidad adquisitiva del salario con miras a equipararlo con el valor mundial del trabajo. Medidas que son clave al momento de recuperar la cultura de derechos que alguna vez inauguró el peronismo y de la que apenas sobreviven sus jirones.

Ningún gobierno puede verse ni considerarse hoy sorprendido por los ataques del mercado. Formación abusiva de precios, acaparamiento, desabastecimiento, monopolio, cartelización, especulación, evasión y otras maniobras terroristas que pretenden poner al mercado por encima de los derechos humanos son inocultables a los ojos de los trabajadores. Somos los trabajadores los que sabemos dónde está la mercadería escondida, cuánto cuesta producirla y si hay maniobras de vaciamiento o algún mecanismo de fraude cometido por su patronal. Por eso la sociedad entre el gobierno, la fuerza de trabajo y la producción debe ser virtuosa, justa y transparente entendiendo por fin que no es la riqueza la que genera trabajo sino el trabajo el que genera riqueza.