La diputada nacional María Emilia Soria participó del plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se debatió el proyecto de ley de Ética Pública propuesto por el Gobierno nacional.Asistieron al encuentro la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez.

En su carácter de Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María Emilia Soria interpeló a la titular de la Oficina Anticorrupción, planteando que “Para hablar en forma sensata de una proyecto de Ética Pública, primero deberíamos discutir el paupérrimo rol de Laura Alonso como titular del organismo encargado de la lucha contra la corrupción. Es prioritario contar con un organismo verdaderamente independiente”.

En el mismo sentido, Soria agregó que “La independencia se logra con una designación democrática y apartidaria de los titulares de la Oficina Anticorrupción y dotando a la legislación de herramientas eficaces y severas ante el incumplimiento de sus postulados. Nada de esto se vislumbra en el proyecto oficialista. Las sanciones por incumplimiento son laxas y propone q la autoridad de aplicación sea designada por la máxima autoridad de cada poder. Siguen sin resolver el problema de la autonomía del encargado de hacer cumplir la ley”.

En relación al proyecto en discusión, la diputada rionegrina planteó que “No alcanza como sanción un “repudio ético” o la “formulación recomendaciones de comportamiento”. No alcanza un proyecto en el que el Poder Ejecutivo de turno sea el encargado de controlarse a sí mismo. Queremos una Oficina Anticorrupción transparente y autónoma. Que los funcionarios públicos no puedan tener cuentas o participación en sociedades off shore, q tengan su patrimonio en el país, q informen sus relaciones patrimoniales y vinculaciones en conflicto de interés”.

Soria recordó, entre otros funcionarios, los casos de Mauricio Macri, Iguacel, Aranguren, Nicolás Caputo, Claudio Avruj, Díaz Gilligan, Dujovne, Santiago Baulisi, Miguel Ángel Gutiérrez, Luis Caputo, Arribas y Cuccioli, que tienen participaciones en sociedades off shore, pero que sin embargo el proyecto del Poder Ejecutivo ni siquiera exige explícitamente que se declaren. “Nos hemos aburrido de escuchar que “constituir una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo” pero tampoco hemos visto de su parte investigaciones para determinar si ello fue vehículo para blanquear activos, o evadir impuestos”, inquirió Soria a la titular de la Oficina Anticorrupción.

Finalmente, Soria citó los casos de lo ex ministro de Finanzas y el Banco Central, Luis Caputo, el ex Ministro de Energía, Juan José Aranguren, entre otros, de quienes ningunas de sus maniobras delictuales fueron denunciadas por la Oficina Anticorrupción con la legislación vigente, y evaluó que tampoco se percibe como van a ser consideradas ese tipo de situaciones en el proyecto de ley en cuestión.

 

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