Susana Rinaldi preocupada por la precarización laboral
En un proyecto de pedido de informes al Gobierno porteño, la legisladora del Frente Progresista Popular, Susana Rinaldi, exigió, ante la Legislatura, que se expidan sobre el vaciamiento del Parque de la Memoria y el cierre del Programa a las Víctimas de Delitos Sexuales.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (CMyMLH) aprobó el jueves 9 de enero la Declaratoria como Monumento Histórico Nacional del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, como Lugar Histórico Nacional.
El 2 de enero de 2014 el Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Avruj, informó que hará una actualización salarial para los trabajadores del Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
También les dijo a los trabajadores que no estén conformes con la propuesta, que “estaban en libertad de renunciar y conseguirse otro trabajo”. Lejos de reconocer la capacidad profesional y técnica, experiencia y compromiso con el espacio, el Gobierno de la Ciudad amenaza con aceptar su propuesta o quedarse sin trabajo.
El 98 por ciento de los trabajadores son contratados hace años como monotributistas –sin estabilidad ni derechos laborales.
Allí, en el Parque de la Memoria, se puede firmar la solicitud en papel (con más valor que las adhesiones vía internet) en favor de los trabajadores. Doble motivo para visitar el Parque de la Memoria.
El proyecto de Susana Rinaldi pide notificar modalidades de los contratos de empleados del Parque de la Memoria y su retribución correspondiente. Nora Nochbaum, directora de ese espacio, denunció la precarización laboral y el no incremento del sueldo para este año a distintos sectores de la planta.
Por otra parte, María Elena Leuzzi, la coordinadora del programa, denunció que fue echada a la calle junto a su equipo. Las víctimas de los abusos sexuales en la ciudad ya no contarán con asistencia estatal de parte de la gestión macrista, y recurrirán al programa que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, contando con una instancia menos para ser contenidas y asesoradas.