Tercera jornada de debate por el Régimen Penal Juvenil con foco en la edad de imputabilidad

En la tercera audiencia pública que debate el nuevo sistema de Responsabilidad Penal Juvenil expusieron alrededor de 50 oradores, entre los que se destacaron fiscales, abogados, especialistas, representantes de organizaciones, referentes de Madres del Dolor y jueces de menores de distintas provincias.

En el marco del plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda los testimonios de la jornada giraron en torno a la edad mínima de responsabilidad penal, los plazos y aspectos vinculados a la duración del proceso.

Al comienzo de la reunión, la titular de Legislación Penal, Gabriela Burgos, volvió a aclarar que no está permitido que expongan niños menores de edad. “No es una cuestión de cercenar la palabra sino de cuidarlos”, explicó. También afirmó que se realizarán todas las exposiciones necesarias para tener un “Congreso abierto y escuchar a todas las voces”.

El doctor Carlos Parma, juez en lo Penal de Menores de la provincia de Mendoza, se refirió a que la problemática de los menores es multicausal y multidimensional. “Todos conocemos cuáles son las soluciones: más vivienda, educación, trabajo, salud pública y amor en la familia”, aseveró. Sobre el proyecto sentenció que cuenta con “incongruencias e inestabilidades”.

En nombre de UNICEF, Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos, aseguró que el nuevo sistema penal juvenil debe dar respuestas específicas a los adolescentes infractores de la ley, pero no puede ser concebido en forma independiente del Sistema de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que –a su criterio- “debe ser el andamiaje institucional, programático y presupuestario para también trabajar en la prevención del delito”.

Por su parte, la titular de la Asociación Civil Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, calificó el proyecto como “una normativa finlandesa para un país saqueado y sin fondos”. Si bien celebró que la iniciativa viene a llenar un vacío legal que ponía las decisiones en manos de los jueces, criticó la baja de la edad de imputabilidad a 15 años por considerar que no disminuirá el delito y que se usarán como “soldaditos” a niños menores de la edad que fije el legislativo.

Además, afirmó que no se puede devolver menores para que se sigan contaminando con su entorno nocivo. “Comparando con el tratamiento de adicciones, todos sabemos que lo primero que se recomienda para un niño que se ha sanado de su adicción es que no vuelva a su entorno. ¿Cómo los vamos a devolver a un entorno que solo quiso criminalizarlos?”, justificó.

Marcelo Brocca, fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, sostuvo que “la edad mínima de responsabilidad penal es un diseño de política criminal que le corresponde a cada Estado fijarla”. “Me parece acertado que el proyecto baje por un lado la edad, pero limitándolo a delitos graves”, aseveró.

Desde la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, calificó erróneo el hecho de querer “intentar saldar una deuda de la democracia sancionando esta ley acorde a los estándares internacionales, pero generando una nueva responsabilidad internacional”.

Luego, Gabriel Lerner, ex Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, criticó a la iniciativa por “regresiva, excluyente y ser una amenaza para los derechos de la adolescencia, que impactará en empujarlos a los consumos problemáticos, a dejar la escuela y al delito”. “Es inaceptable que el Congreso acepte con cierta mansedad que la agenda represiva se ponga rápidamente por encima de la protección e inclusión de los niños”, sentenció Lerner.

A su turno, el comisionado del Comité de Derechos del Niño de la ONU, el uruguayo Luis Pedernera, afirmó que la nueva norma genera preocupación en el comité de Naciones Unidas por no seguir los estándares recomendados que implican no bajar la edad de imputabilidad, no aumentar penas, utilizar la prisión solo como pena de excepción y en el menor tiempo posible, y desarrollar instancias no judiciales de composición del conflicto, así como sanciones no privativas de la libertad.

Además, destacó que el proyecto en discusión “es una continuación del derecho penal adulto y no atiende a las particularidades de la persona en desarrollo”.

Nelly Minyersky, especialista en derechos del niño, se preguntó “qué leyes son centrales para debatir la infancia, si las civiles o las penales”. Con una perspectiva crítica hacia el proyecto, Minyersky consideró que “tenemos que estar estudiando políticas públicas, son millones de niños que viven en condiciones de pobreza”.

“Cuando hablamos de que a los 16 los niños tienen los mismos derechos que un adulto, estamos hablando de derechos personalísimos, de otorgar derechos. No utilicen argumentos que desvirtúan el Código Civil”, consideró. “Si un menor comete un delito, nos está mostrando lo que hemos fallado como sociedad”, agregó.