Finalmente este miércoles 29/07 el Presidente de la nación presentará y enviará al Congreso nacional el proyecto de reforma judicial, que entre otras cosas, propone la ampliación de la Corte Suprema. Aunque el oficialismo en el Senado ya tiene todo listo para recibir la propuesta, la oposición ya adelantó que no dará los dos tercios necesarios en la cámara alta para una eventual sesión sobre la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema. La decisión de Alberto Fernández es cuestionada por la dirigencia opositora y apoyada por el oficialismo, aunque algunos expertos en la materia aseguran que la decisión, podría repercutir en la imagen presidencial, que por ahora, sigue siendo alta.

  • El presidente Alberto Fernández presentará este miércoles el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados hoy, a las 16 horas, en la Casa Rosada por el jefe de Estado, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota. Posteriormente y de inmediato, será enviado al Congreso nacional e ingresará por la Cámara alta.

Aunque el oficialismo en el Senado tiene todo listo para el ingreso del proyecto, desde la oposición ya se mostraron en contra, y advirtieron que no dará los dos tercios necesarios en la cámara alta para una eventual sesión sobre la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema. Juntos por el Cambio considera que no es una prioridad este proyecto, y mucho menos en un contexto de confinamiento obligatorio a causa de una pandemia mundial como lo es el coronavirus.

Sobre la presentación de Alberto Fernández y su reforma judicial, trascendió que explicará las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, tiene por principal objetivo, según indican desde el Ejecutivo, mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

  • Además, Fernández señalará, según fuentes oficiales, la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

A su vez, el Presidente señalará como uno de los pilares de la propuesta oficial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.

Cuestionado por unos, aplaudido por otros:

Sobre si la decisión del Presidente fue acertada o no hay opiniones encontradas. Desde la oposición aseguran que en principio, no es una prioridad, y además, muchos miembros de la dirigencia opositora temen que sea una «maniobra» para favorecer a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta varias causas en la Justicia por corrupción.

En esa línea, uno de los diputados nacionales que salió a expresar su preocupación por la reforma judicial fue Jorge Enríquez, legislador que aseguró que este proyecto tenía un solo fin: «lograr la impunidad de la familia kirchner y sus cómplices».

También hay analistas políticos que cuestionan la decisión de Alberto Fernández, ya que aseguran que puede incidir negativamente en la imagen presidencial, que por ahora, se ha mantenido estable y positiva -con un 52% aproximadamente- a lo largo de la cuarentena. En cuestión, los expertos consideran que un proyecto de ese calibre puede irritar el mal humor social que se vive por estas horas en el país, generado por la crisis económica y social que agravó la pandemia del coronavirus.

Del otro lado están quienes aplauden la iniciativa, por ejemplo, el senador Oscar Parrilli apoyó el proyecto del Presidente y aseguró que esto servirá para «acabar con los sótanos de la democracia».

Además, la iniciativa del Gobierno cuenta con un «amplio consenso en la sociedad», según una encuesta de la consultora «Analogías», que midió el grado de aprobación a la reforma judicial y difundió que un 77 por ciento de los encuestados la considera «necesaria» y que solo un 16 por ciento la rechaza.