Tomada expone en el Senado el proyecto para promocionar el trabajo formal

En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto y Hacienda del Senado, el ministro de la cartera laboral Carlos Tomada presentó el proyecto de ley para fomentar el empleo formal.

El titular de Trabajo estimó que el objetivo de la normativa, que ingresó a la cámara alta la semana pasada, es la «protección de los trabajadores» y «extender la posibilidad de ampliar los derechos».

A su vez, indicó que la propuesta del Poder Ejecutivo surge «después de una larga experiencia en la tarea de fiscalización del trabajo». Resaltó que desde su ministerio han «comprobado que hay un porcentaje cercano al 40 por ciento del trabajo no registrado» y agregó que el 58 por ciento de las empresas inspeccionadas, una vez penadas, vuelven a reincidir en el trabajo precario.

Respecto al articulado en cuestión, Tomada detalló que el proyecto denominado Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral estipula la creación de dos mecanismos: por un lado un registro de sanciones para las empresas que tengan trabajadores no registrados y no cumplan la normativa y una serie de estímulos previsionales a las compañías.

La intención del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) será, relató Tomada, lograr la «visibilización social de las empresas que no cumplen la ley». Y además implicará la posibilidad de perder beneficios y estipula una serie de limitaciones para estas organizaciones.

Por otra parte, el proyecto promueve el «fortalecimiento» del Ministerio de Trabajo para inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de la legislación por parte de las empresas. La intención es influir en la metodología laboral mediante una inspección más fuerte.

A su vez, se prevé la creación de una unidad específica de «gran avance tecnológico» que se especializará en el fraude laboral.

Asimismo, de prosperar el articulado, establecerá un nuevo régimen de seguridad social para las empresas de hasta cinco trabajadores de carácter permanente que establece que las cargas sociales van a ser reducidas en un cincuenta por ciento como «otra más de la serie de acciones, políticas y estímulos que tienen las micro empresas». 

La segunda medida consiste en que las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajos.

 

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