Por Cynthia Hotton – Diputada (MC)

Pre-candidata a Diputada Nacional por «Valores para mi país» en el Frente Renovador


 

Hace ya tres años, hemos organizado junto a los Doctores Alejandro Fargosi, Jorge Albertsen, Eduardo Di Marco y Daniel Arroyo un foro para proponer iniciativas concretas contra la corrupción, generando un debate multidimensional que abarque tanto al tema de la impunidad como la ausencia de transparencia en la gestión de gobierno.

La corrupción pública afecta a todas las naciones del mundo, pero con desmesurada intensidad a la Argentina y a su gente.

Una de las causas de la corrupción es la falta de transparencia, que por un lado no permite conocer lo que ocurre dentro del Estado y por el otro facilita y promueve la misma corrupción.

La transparencia se debe mejorar por tres vías, por la participación reformatelamdel ciudadano en las decisiones del gobierno,  por la exigencia de una real motivación de los actos administrativos y  por el fácil acceso a la información o documentación que usa el Estado para tomar sus decisiones de gasto e inversión.

Si la Argentina mantiene la impunidad actual y no actúa eficazmente para bajar su nivel de corrupción, no tendremos ninguna posibilidad de ser un país mejor ni de avanzar en seguridad, en salud pública, en administración de justicia ni en atracción de inversiones. Todos los países, desde Italia a Estados Unidos y desde Finlandia a Uruguay, asumen que la corrupción es un flagelo que debe combatirse con firmeza.

 

La historia reciente de la Argentina es mala en ese aspecto, si pensamos en los numerosos ejemplos de corrupción escandalosamente notoria y conocida por todos menos por las sentencias judiciales, que por la impunidad reinante, tarde, mal o nunca han llegado a castigar a los delincuentes de robar el dinero de todos, dinero que deja de dedicarse a las funciones básicas del Estado y termina en los bolsillos de ciertas bandas de funcionarios y empresarios que actúan asociados.

Pero esa misma historia es aleccionadora si, sufridos los males, aprovechamos nuestro conocimiento del problema para encontrarle soluciones, dejando de lado paradigmas que aunque han sido atractivos, han demostrado que entre nosotros solo sirvieron para permitir, fomentar o proteger la corrupción.

Entendemos que la búsqueda de Transparencia requiere de un enfoque pluridimensional que abarca nuevos conceptos legislativos, reforma judicial, cambios culturales e instalación de nuevos patrones éticos, fortalecimiento de la educación en valores, entre otros.

En51786b9d1b1b2_800x520 relación a la propuesta legislativa, en el año 2011 he presentado siendo Diputada Nacional un proyecto de Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, elaborado por el Dr. Jorge Albertsen, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Se presentaron varios proyectos de leyes anti-corrupción en el Congreso, con y sin estado parlamentario. Todos tienen aspectos positivos y es hora de consensuar un texto único en el que además de las sanciones concretas a los culpables y al reconocimiento de igualdad absoluta entre quien entrega y quien recibe una coima, se incluyan otros aspectos que deben ser corregidos para terminar con las razones estructurales que generan corrupción

 

En cuanto a la mirada sobre la reforma judicial, proponemos:

  • Modificar el sistema de derecho público para que el silencio y la inacción de la Administración deje de considerarse denegatoria del pedido del particular y se convierta en aprobatoria. De esa manera se terminará con la corruptela de crear peajes donde, con el fácil artilugio del no-hacer, se cobran coimas multimillonarias.
  • Extender la figura del arrepentido a todo el sistema penal, permitiendo que el fiscal negocie sanciones contra confesiones que permitan apresar a delincuentes mayores. Sin fomentar confesiones a través de arrepentidos, es utópico creer que avanzarán las investigaciones de la mayoría de los delitos y sobre todo, de los más complejos.
  • Reconocer recompensas a quienes permitan recuperar dinero público, aunque hubiesen participado en la maniobra delictiva. Aunque parezca un premio al delincuente, es una alternativa mejor fomentar el arrepentimiento si con él se captura a los mayores responsables y se recupera al menos parte de lo robado.
  • Eliminar trabas burocráticas y simplificar procedimientos administrativos kafkianos, porque bajo su sombra es que se cometen los latrocinios más usuales.
  • Perfeccionar la legislación de acceso a la información, haciendo penalmente responsable a los funcionarios que por acción u omisión, retaceen los datos que deben ser públicos.
  • Reorganizar el cuerpo de investigadores judiciales, enriqueciéndolo en calidad, cantidad y remuneración de sus miembros e incluso permitiendo su complementación con auditores privados, para acelerar y profundizar las investigaciones de delitos que en general, son confusos y complejos: si los particulares pueden acceder a los mejores asesores, el Estado también debe poder hacerlo.
  • Eliminar del tratamiento penal de los delitos de corrupción las restricciones del principio de la tipicidad, para que los vericuetos de la interpretación formalista dejen de ser la salvación de los corruptos.
  • Terminar con el sistema de plazos procesales elásticos, que terminan provocando prescripciones y liberaciones que esconden corrupción o ineficacia investigativa.
  • Aumentar las penas para los culpables del delito de corrupción, eliminando además la alternativa de cumplimiento condicional.
    Incluir en la escuela primaria una enseñanza concreta sobre los efectos negativos que tiene el violar las leyes y el ser corrupto.

Todo puede hacerse y hay muchos ejemplos en el mundo y en Latinoamérica que pueden servirnos de guía.


 

Lo único que no podemos hacer es seguir como hasta ahora.

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