Tras el informe de Peña, el FIT propone derogar los privilegios de la Iglesia

Esta semana comenzó la actividad en el recinto con el informe  de gestión del Jefe de gabinete Marcos Peña. Allí el ministro respondió más de 1.000 preguntas. Además de temas vinculados a la marcha de la economía la emisión de deuda y la interpelación al Ministro de Finanzas Luis Caputo, también se preguntó el financiamiento de la Iglesia.

El interrogante fue formulado por el bloque liderado por Martín Lousteau. En ese sentido, Peña indicó que el monto de presupuesto asignado al sostenimiento del culto católico a nivel nacional asciende a $130.421.300 para este año. Los ingresos mensuales percibidos por los Obispos Diocesanos, Auxiliares, Eméritos y los Administradores Apostólicos y Diocesanos oscilan entre los $40.000 y $46.800-.

Tras las cifras reveladoras, los diputados del FIT exigieron mediante un proyecto de Ley que se deroguen aquellas normas que garantizan el financiamiento de la institución.

La iniciativa, presentada en la Cámara Baja propone que se dejen sin efecto una decena de normas que garantizan ese financiamiento. “La mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar y todavía están vigentes, gobierno tras gobierno”, afirmó el diputado nacional Nicolás Del Caño, y destacó que “estas normas garantizan no sólo el pago de las dietas sino también de subsidios, pasajes, jubilaciones y otros aportes directos de los que no habló Marcos Peña”

Por medio del Proyecto de Ley propone derogar la Ley Nº17.032 mediante la cual se homologa el acuerdo entre el Vaticano y la República Argentina, suscrito el 10 de Octubre de 1966.

«Las prerrogativas que establecen estos privilegios con los que cuenta la jerarquía
de la Iglesia Católica, varias de ellas provenientes de decretos impuestos por la última
dictadura cívico-militar, son también una base legal para aplicar el modus operandi de la
impunidad a través del derecho canónico» señalan los fundamentos de la iniciativa.