Tras varios intentos frustrados, el gobierno enviará un nuevo proyecto de alquileres al Congreso
Durante el 2018 la comisión de Legislación General, al mando del diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO-Buenos Aires), trabajó intensamente un proyecto de ley que quedó trabado a fines de año y nunca pudo ingresar al temario de las sesiones extraordinarias de diciembre. Desde allí, su sanción ha sido imposible, el gobierno nacional analiza ahora enviar un nuevo proyecto y empezar de cero.
El Gobierno Nacional presentará un nuevo proyecto de Ley de Alquileres que, entre otros puntos, elimina la prohibición de indexar contratos, establece ajustar el pago mensual con un índice oficial que combine inflación y salarios y mantiene la vigencia de dos años, con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más si hay acuerdo entre el inquilino y el propietario.
La administración de Mauricio Macri volverá a la carga con un proyecto que «promueve la sustentabilidad del mercado de alquileres de vivienda, apoyado en sus reglas fundamentales, incorporando adecuaciones en las condiciones contractuales que resulten en equilibrio para las partes».
Luego de varios meses de debate interno, el Gobierno enviará el proyecto de ley de alquileres al Congreso de la Nación para reacomodar las pautas de contratos de alquiler de viviendas. Estas son las claves de la iniciativa:
-No podrán quedar a cargo del inquilino en las propiedades con destino habitacional.
-Se elimina la prohibición de indexar contratos para alquileres que superen el equivalente a 650 UVAs. A precio de este martes, unos 26.676 pesos.
-Para alquileres inferiores a esa cifra, deberán aplicarse índices de actualización oficiales. Se determina uno conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), que será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.
-Se le cobrará al inquilino y “no podrá ser mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler”.
-Se mantiene la vigencia de dos años, pero con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más si hay acuerdo entre el inquilino y el propietario.
-El proyecto fija que puede ser una garantía de otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se podrá documentar con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
-El proyecto establece que los contratos deberán ser declarados ante la AFIP, en un plazo máximo que dispondrá el organismo.
-El proyecto también avanza con la creación del Programa Nacional de «Alquiler Social», focalizado en darles solución a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de violencia de género.