Tres diputados nacionales de JxC fueron denunciados penalmente: Quiénes son y de qué se les acusa

Tres legisladores nacionales de Juntos por el Cambio fueron denunciados en las últimas horas por posible Asociación Ilícita Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, tipificados en los artículos 210, 174 inc. 5, 248, 249 y 265 del Código Penal.

Los diputados acusados pertenecen todos a la coalición opositora Juntos por el Cambio, y son: Alberto Asseff, Estela Regidor e Ingrid Jetter.

La denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py por asociación ilícita es por ahora contra tres diputados, aunque no se descartan nuevos imputados.

  • Alberto Asseff es diputado del PRO por Buenos Aires y tiene mandato hasta el 2023.
  • Por su parte, Estela Regidor (UCR) es diputada por Corrientes, su mandato se vence este año, y en los últimos meses fue noticia por unos audios que se viralizaron en los que se le escuchaba pedir a sus empleados y asesores una parte de sus salarios.
  • Ingrid Jetter, también diputada nacional por Corrientes, es otra de las denunciadas y tiene mandato hasta el 2023.

El escándalo más reciente es el del diputado Aseff, y según consta en la denuncia, «Alberto Asseff, habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional, para propiciarse un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de puestos para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación», dice el texto.

«En este sentido, según las mencionadas notas periodísticas, Daniel Vico quien ostentaba el cargo de Jefe de Despacho de Asseff, habría renunciado a su cargo denunciando presión para que los empleados parlamentarios le den parte del salario al diputado», agrega la denuncia contra el legislador.

«Asimismo, Vico habría renunciado a su cargo por negarse a pagarle al Diputado –en negro- el 20% de sus haberes como asesor, a cambio de preservar su trabajo», añade el texto.

En esa misma denuncia entró el escándalo de la diputada por Corrientes, Estela Regidor, quien quedó en el ojo de la tormenta cuando se viralizó un audio en la que exigía que fueran devueltos parte de los sueldos de sus empleados.

«Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro», sostuvo en los mensajes la diputada nacional de Juntos por el Cambio.

«Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro. Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedas», manifestó la diputada en la conversación con sus asesores.

En esa oportunidad, la diputada emitió un comunicado y se defendió, explicando, tal como se escucha en un fragmento de los audios, que ella pedía ese «reintegro» para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la diputada nacional Ingrid Jetter también fue denunciada por el mismo motivo: pedir parte del salario a sus empleados.

María Andrea Cappa, es la supuesta víctima de Jetter, quien explicó que habría sido empleada de Ingrid Jetter, por lo que la denunció en público por obligarla a entregarle a personas que ella le iba indicando parte de su salario todos los meses.

Durante 2020, las sumas mensuales que se acreditaron en la cuenta sueldo de Cappa oscilaron entre los 70 y 85 mil pesos, pero la diputada le dijo a su asesora que debía dirigir una parte de su salario a distintas personas que ella le ordenara. Así Cappa debía resignar unos 25 mil pesos por mes (de un sueldo entre 70 y 85 mil) que era obligada a «devolver» a distintas personas.

En ese sentido, el abogado denuncia «la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito, pues para llevarlo adelante se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo (posiblemente hasta inscriptos como partido político)».

A su vez, el denunciante pidió que se realicen medidas en la Cámara de Diputados.

Consideró que «toda vez que en los audios que se conocieron cuando la denunciada fue Estela Regidor, se advertía que «muchos diputados» sostenían la misma práctica, sería conducente que proceda al allanamiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los fines de secuestrar todos los expedientes de las contrataciones correspondientes a empleados de los Diputados denunciados y de su bloque, así como las casillas de emails de los funcionarios en busca de información que aporte claridad a la investigación».