Presentaron proyecto de ley para crear un registro nacional de los índices de criminalidad

Esta tarde, los referentes de UNEN de la cámara baja presentaron un proyecto de ley que prevé la creación de un Sistema de Estadística Criminal y el compromiso de publicar sus relevamientos. Se trata de una iniciativa del diputado socialista Roy Cortina (CABA). Desde el espacio de centro izquierda lograron un aval de la propuesta de 36 mil firmas, pretenden llegar a los 100 mil avales, esperan reunir 100 mil.

La intención de la medida es, detalla el articulado, «brindar un diagnóstico situacional delictivo de nuestro país, con referencias geográficas que se ajusten a su división territorial y administrativa, a la de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». También destacó el legislador socialista que el objetivo de la propuesta es avanzar en la recopilación y sistematización de la información criminológica y delictiva de todo el territorio nacional con el fin de lograr un diagnóstico de la inseguridad.

Cortina, en la presentación del proyecto, resaltó que en el 2000 fue creada la dirección de Estadística Criminal bajo la órbita del Ministerio de Justicia, de carácter «laxo», pero que no tenía la obligación de publicar los índices. A su vez, detalló que en el año 2009, el entonces jefe de Gabinete, el actual senador nacional Aníbal Fernández (FPV – Buenos Aires) discontinuó la difusión de ese tipo de información.

A su vez, subrayó que la importancia de estos índices radica en que «no se puede abordar ningún problema serio sin estadísticas» y que «si se falsean esas estadísticas es porque no se quiere reconocer el problema». Finalmente, aseveró que no se trata de una «sensación», sino que es «un problema real».

Confección de la estadística

De prosperar la iniciativa, el Sistema Nacional de Estadística Criminal recurrirá a una base de dato mixta conformada por doce organismos del Estado: el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Corte Suprema de la Nación, el INDEC, los poderes judiciales de cada provincia,  la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, la policía aeroportuaria, el Registro Nacional de la Reincidencia, los servicios penitenciarios nacionales y locales, la Agencia de Seguridad Vial y las áreas gubernamentales y las fuerzas de seguridad de los 24 distritos del país.

Esas dependencias estatales deberán remitir al SNEC la documentación para actualizar la base de datos en el plazo de «30 días corridos» luego de haber recibido la solicitud de información por parte de la autoridad de aplicación. El articulado especifica que toda la información requerida para la confección del índice no podrá estar individualizada, es decir que no se discriminarán a las personas que aporten información para el índice.

Además de esos organismos, el Sistema de Estadística realizará una encuesta de victimización anual para complementar su base de datos. Este apartado apunta a visibilizar situaciones delictivas que no fueron denunciadas. Por último se nutrirá de la implementación de mecanismos participativos para la elaboración de mapas del delito.

A su vez, la propuesta contempla penar con una multa que va de uno a cinco meses de sus sueldos a los funcionarios que no cumplan con la obligación de informar al Servicio en tiempo y forma.

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