Vecinos con mayores responsabilidades en arreglos de veredas

Aumentarán controles, a cargo de «guardianes de veredas». Bajan multas a empresas de servicios.

El debate sobre frentistas y sus responsabilidades con veredas transformó una sesión tranquila en un hervidero. Con mayoría propia, el oficialismo aprobó modificar normativa que baja multas a empresas y aumenta obligaciones de propietarios.

«Veredas son del Estado, no del frentista», decía un cartel colocado en gradas. La responsabilidad de arreglos en veredas capitalinas actualmente recae sobre vecinos y será así con una pequeña diferencia: la Ciudad aumentará controles que se traducirán en mayor cantidad multas.

Sanciones para empresas de servicios por dejar un arreglo mal terminado comienzan en 723 mil pesos, por ello compañías las judicializan y no pagan. A partir de ahora costarán desde 110 mil pesos. Para evitar varios arreglos en las mismas zonas todas las obras deberán ser aprobadas por el Gobierno.

El macrista Maximiliano Sahonero defendió el proyecto por el oficialismo. «Veredas son una de las mayores problemas sobre todo para discapacidados», dijo. «La idea es ordenar y mejorar recursos del Estado», agregó el joven PRO.

Según expuso el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli en una de sus visitas a la Legislatura, 64% de roturas de veredas corresponden a empresas de servicios, 12 a rotura por raíces de árboles. «Si el frentista paga por la vereda, entonces ¿puede poner un cerco y tomar sol? Esta medida es capricho del Ejecutivo», chicaneó Silvia Gottero del bloque peronista.

La legisladora cuestionó además que la Subsecretaría de Vías Peatonales con 6300 millones de pesos de presupuesto y no fuera este organismo quien coordine arreglos de veredas. La repartición, a cargo de Clara Muzzio, controlará mediante guardianes de veredas el estado de aceras.

Marcelo Ramal, del FIT, recordó su proyecto para declarar emergencia de veredas y señaló que en varias de las más importantes ciudades del mundo el Estado las cuida. El legislador consideró que constituía doble imposición cobrarle ABL a vecinos y además que paguen arreglos de veredas. Ramal utilizó la palabra «extremista» para calificar la iniciativa oficialista y provocó fuerte respuesta del macrista Emilio Rasposo Varela.

Marcelo Despierro consideró que con la normativa se rompía «un principio básico de solidaridad. El costo de reparar una vereda en zona residencial que en una de edificios». Para Gabriel Fuks la nueva ley «pone a frentistas en una misma línea que a empresas».

«Tienen concepción disparatada de propiedad privada de la vereda», acusó Gustavo Vera, de Bien Común. «6100 millones de pesos es más que el presupuesto de un municipio del Conurbano. Es un problema más para vecinos en una Ciudad multimillonaria», apuntó.

Igualmente, y a pesar que Horacio Rodríguez Larreta prefiere el consenso al leyes, la normativa salió con 32 votos a favor y 22 en contra. 32 es el número de legisladores del interbloque oficialista, aunque ahora Graciela Ocaña no estuvo. El massista Javier Gentilini, que en diciembre próximo termina mandato, fue el único opositor que apoyó la iniciativa.