Desde ahora, el Estado nacional está obligado a intervenir en las denuncias de abuso sexual de niñas y niños. Esto es porque el Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto para hacer que los delitos sexuales contra menores sean de acción pública y dejen de ser de acción privada.
Con esta norma se modifica el artículo 72 del Código Penal que establecía que la investigación en torno a estos delitos solo se iniciaba -por ser un delito de acción privada- ante el pedido de la víctima o sus representantes -que, en muchos casos, son también sus padres y victimarios-. El proyecto pertenece a la diputada por la Ciudad, Carla Carrizo (Evolución radical).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. Se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.