Diputados

En reunión de Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, se dio dictamen favorable al proyecto de declaración de autoría de la diputada nacional Soledad Carrizo, a través del cuál se dirige al Poder Ejecutivo Nacional solicitando que lleve adelante las acciones necesarias para modificar el decreto 432/97 por el que se establecen los requisitos para el otorgamiento de las pensiones por invalidez y vejez en nuestro país.

Al respecto la diputada nacional consideró que su pedido, “esta ligado a la convicción de que el asistencialismo estatal no debe estar guiado por criterios de indigencia y extrema desprotección para su concesión, sino por la lógica de acompañamiento y solidaridad para que todos los habitantes del país puedan alcanzar un proyecto de vida y una integración social plena”.

En este sentido, la legisladora cordobesa sostuvo que el proyecto, esta motivado por la preocupación de alcanzar una protección integral de las personas con discapacidad y vejez. La iniciativa, “se encamina a lograr la readecuación de los criterios de otorgamiento de estas pensiones en conformidad con la Convención de los Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores”, agregó.

“Lo que busco es lograr una mayor accesibilidad para el universo de sujetos afectados y en este sentido, la reforma que el proyecto propone responde a un proceso de extensión de derechos para un universo vulnerable que los distintos tratados internacionales suscritos por nuestro país obligan a proteger. Hoy, el decreto 432/97 de 1997 que define los requisitos para el acceso a pensiones por vejez e invalidez resulta deficiente y restrictivo, manifestando una contraposición con los compromisos internacionales para la protección de las personas con discapacidad y vejez, en tanto dispone de condiciones gravosas y exorbitantes que terminan por restringir el acceso de un alto número de potenciales beneficiarios, provocando con ello el desamparo y desatención sobre su estado de vulnerabilidad”, finalizó Carrizo.

Firma de Convenios con municipios cordobeses y aportes al proyecto de Ley de financiamiento de partidos políticos

Acompañada de Ariel Grich, Intendente de Monte los Gauchos, la diputada nacional participó junto a las Intendentes de Caminiaga, Edilma Navarro y de Washington, Salomé Daruich, en la firma de Convenios de colaboración con la Subsecretaria de Relaciones Municipales de la Nación que dirige Lucas Delfino. A través de los mismos, los municipios cordobeses recibirán colaboración por porte del gobierno nacional para encarar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de su gente.

También, tomó parte en el Comité Nacional de la UCR, de una reunión junto al Diputado Nacional Gustavo Menna y Mariano Genovesi apoderado del partido, en la que trabajaron sobre el proyecto de reforma del financiamiento de partidos políticos que envío el Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo del encuentro fue analizar el proyecto y luego realizar los aportes necesarios para que el mismo sea tratado en ambas cámaras nacionales.

El diputado nacional José Ignacio de Mendiguren dialogó con el periodista parlamentario Félix Alvarez acerca de la situación actual de las pymes.

“Los tiempos de las pymes no son los tiempos electorales, es necesario que todos los bloques conozcan la situación”, manifestó el diputado. “Creo que este modelo tocó fondo”, agregó.

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José Ignacio de Mendiguren

Presidida por la diputada Gabriela Burgos, la comisión de Legislación Penal emitió dictamen de mayoría al proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el Código Procesal Penal de la Nación, que cuenta con media sanción del Senado. Legisladores del bloque FPV-PJ cuestionaron “la celeridad” del tratamiento y plantearon preocupación por la situación de los pueblos originarios a partir de la modificación de ese instrumento normativo.

El diputado radical Luis Petri expresó que es “un proyecto trascendente y beneficioso para luchar contra las mafias, la corrupción y el crimen organizado”, que le brindará -según el legislador- “herramientas a la justicia para que proceda de manera más ágil ante los nuevos desafíos”.

El diputado Rodolfo Tailhade, desde el FpV, sostuvo que “no son sustanciales las modificaciones para implementar un sistema acusatorio”. “El Código Procesal Penal está sancionado hace tres años y el Presidente de la Nación lo primero que hizo fue suspender su vigencia y el proceso de implementación”, afirmó el legislador.

Tailhade sostuvo que “la prioridad del Gobierno fue remover a Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación, ya que si ella seguía, el Código no se iba a poner en marcha, porque supuestamente le daba poder a ella”.

“Hoy no hay garantías en el país para las personas que están siendo procesadas”, opinó el diputado Horacio Pietragalla (FpV). “Se podría haber debatido un tema tan importante con más tiempo, pero el Gobierno está tratando de reglamentar algo que ya están llevando a la práctica”, afirmó.

También desde el FpV, el diputado Hugo Yasky dijo que “cada vez que en la Argentina se sufre hambre y miseria, hay represión; y cuando hubo represión, el Estado de derecho desapareció”. Consideró que “hoy existe un espíritu de revanchismo en el país”.

Para finalizar, la titular de Legislación Penal, Gabriela Burgos, sostuvo que “la media sanción del Senado da respuestas a ciertos cuestionamientos”. “Al momento de la aplicación por parte del Poder Judicial, el Congreso deberá trabajar conjuntamente y en sintonía, para que se respeten cada una de las garantías de todos los ciudadanos argentinos”.

Previamente expuso Ángela Marcela Jaramillo, abogada especialista en derechos indígenas, quien aportó argumentos “para que no sean eliminados dichos pueblos de la lista de víctimas del derecho procesal penal, ya que hacerlo –opinó- sería un gran retroceso”. “El Congreso está intentando cercenar los derechos, sin permitir la participación de las organizaciones originarias”, sostuvo un trabajador en representación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Luego, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especialista en derechos humanos, criticó que “con la excusa de actualizar normas e incorporar otras que ya fueron dictadas mediante otras leyes, se hacen modificaciones sustanciales que vulneran las garantías de los ciudadanos”.

En representación del ministerio de Justicia de la Nación, Sebastián Garat subrayó la “necesidad de contar con un Código actualizado y poder implementarlo lo antes posible para beneficio de las personas que se someten ante la justicia”.

El equipo económico del Frente Renovador, encabezado por el diputado Marco Lavagna, analizó el informe de inflación publicado por INDEC para el mes de julio. Con un 3,1% de inflación mensual, la anual ya alcanza el 31,2%, y supera el 114% desde diciembre 2015.

Según datos del INDEC, la inflación a nivel nacional en julio fue de 3,1%, lo que en términos anualizados representa un alza de 44,2%. En tanto que en Cuyo fue aún superior (3,6%) y en GBA, 2,8%.

En esta línea, el informe IPC Congreso sostiene que en los últimos doce meses los precios acumularon un incremento de 31,2% en la medición nacional, acelerándose por tercer mes consecutivo.

Producto de la fuerte suba del dólar, tanto durante agosto como en los meses anteriores, los aumentos ya anunciados por el Gobierno para medicina prepaga, transporte público (en forma escalonada hasta octubre), luz y gas (en septiembre y octubre), se estima que la inflación continuará con valores elevados.

De esta manera, el Informe IPC Congreso concluye que “pese a las recetas del gobierno actual, la lucha contra la inflación está lejos de ganarse y sigue siendo es el principal problema de la economía argentina”.

La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa en la causa por la tragedia de Once, solicitó que se condene a Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) a la pena de 10 años de prisión por resultar partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789.

Además pidió la inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas. También solicitó que se condene a Jorge Gustavo Simeonoff (ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) a la pena de 3 años y 3 meses, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

La OA incorporó documentación que prueba que Julio De Vido estaba al tanto de las graves irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de la línea Sarmiento. Así, se agregaron a la causa informes de la SIGEN que dan cuenta de cómo De Vido tuvo conocimiento acerca del estado deplorable del tren operado por TBA. El informe también detalla la política de desmantelamiento que adoptara la empresa concesionaria. Los informes señalan irregularidades que se repiten a los largo de los años, al menos desde 2006.

Durante su alegato, la Oficina recordó las circunstancias en las que perdieron la vida 52 personas el 22 de febrero de 2012, cuando un tren impactó contra la estación de Once. Para la OA la tragedia “tiene su base en la nefasta la política adoptada por la empresa, que abandonó el mantenimiento y la seguridad de los pasajeros como así también en la política permisiva por parte de los funcionarios cuya inacción fue determinante para la producción del estrago que se imputa en este juicio.”

Destacó la OA “hoy estamos en condiciones de afirmar que no podemos entender el resultado del estrago que ocurrió en la estación de Once sino mediante, y a través de la administración fraudulenta en la que incurrieron los funcionarios públicos. La muerte y las lesiones no son sino la consecuencia de un fraude monumental en perjuicio del estado nacional”.

“El deplorable estado de mantenimiento y conservación de los bienes concesionados y en particular del material rodante, ha sido, además de implicar un grave perjuicio al erario público, el elemento que contribuyó a la notable disminución de las condiciones de seguridad en que se prestaba el servicio público en la Línea de Ferrocarril Sarmiento y en virtud de las cuales se produjo un resultado de tamañas dimensiones”, sostuvieron los abogados de la Oficina durante el alegato de hoy.

La política implementada por la empresa estaba orientada a provocar el decaimiento temprano del material rodante para de ese modo poder solicitar su reconstrucción integral, inversión que estaba a cargo del Estado y que se llevaba adelante por una empresa del mismo grupo económico.

La falta del debido mantenimiento de los bienes otorgados en concesión era evidente y se desprende de los diversos elementos probatorios que fueron reunidos en este juicio, que vienen a sumarse a aquellos que también fueron valorados en las sentencias anteriores. Entre ellos los informes de la Auditoría General de la Nación, los distintos expedientes y resoluciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y los numerosos testimonios recibidos.

La Oficina Anticorrupción resaltó que “la responsabilidad penal que le atribuimos a De Vido consiste en haber sido Autoridad de Aplicación del contrato de concesión” y recordó que el ex funcionario “contaba con elementos suficientes para ordenar la intervención y normalizar las condiciones en la prestación del servicio público del cual él en persona era garante”, por lo que “bajo su rol violó sus obligaciones contribuyendo a los factores que determinaron la fatal tragedia en la estación de Once”.

El Diputado Nacional del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, encabezó en el Congreso un encuentro multitudinario con representantes Pymes de toda la Argentina para abordar la situación de los diferentes sectores y regiones del país. “Está claro que la Argentina productiva tiene serios problemas”, afirmó De Mendiguren.

Durante el encuentro, compartido con la Comisión de Economía y al que asistieron los distintos bloques parlamentarios, se abordaron los problemas que están castigando al sector Pyme e Industrial, clave en el potencial productivo de la Argentina. “Hoy queda claro que el Gobierno no está haciendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes”, consideró el integrante del equipo económico e industrial de Sergio Massa.

“Los argentinos tenemos todo para producir. Contamos con la tierra para generar la materia prima y la capacidad para terminar el producto. Pero hoy somos un país distraído a nivel productivo. Si la macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la situación de las Pymes y la industria seguirá en estado crítico. Las Pymes enfrentan una situación muy comprometida y están pidiendo ayuda”, afirmó De Mendiguren.

Formaron parte del encuentro miembros de la UIA, CAME, CGERA-CIMA, AAPP, APYME, ITALCORE, CIC, CIAI, CAIP, CADIEEL, CAPYME, UIA-MORENO, BIODIESEL, ADIMRA, ENAC, GAEGA, CAPIN, INDUSTRIA SOFTWARE, CAEM, PRO TEJER, entre otros. “Todos los representantes de los sectores nos trasladaron la caída de la demanda que sufren, así como la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de fábricas y se quejaron de los grandes aumentos de las tarifas. Hablan de un riesgo concreto de desaparición. Es imperante que el Gobierno se dé cuenta de que este modelo tocó fondo”, agregó.

“También nos manifestaron que necesitan una nueva ley Pyme y que se suspendan los embargos fiscales. Pero queda claro que el Gobierno no está teniendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes, básicamente porque no las escucha. Una muestra de eso es que la semana pasada no quisieron tratar la Emergencia Pyme que propuso el Frente Renovador en Diputados, que intenta frenar por 180 días los embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales”, expresó.

“Cuestiones tributarias, importaciones, caída de la demanda interna y tratados de libre comercio son parte de los problemas que el Gobierno no soluciona sino que, además, profundiza, sin darse realmente cuenta que las Pymes son sin duda alguna el sector por el que viene la recuperación de la economía. Son el sector que genera más empleo genuino. Son la célula constitutiva del tejido productivo nacional, por eso las necesitamos fuertes”, concluyó el ex presidente de la UIA.

Un acto multipartidario, del que participaron legisladores del oficialismo y de la oposición, fue el marco para la presentación, en la Cámara de Diputados, del libro titulado “La Argentina del siglo XXI”, que propone una radiografía de fondo sobre la situación socio-económica del país.

La introducción estuvo a cargo del diputado Mario Negri, quien lo definió como “un trabajo científico sobre la Argentina real, en el que están representadas todas las voces. Es la Argentina que tenemos que reconstruir, enfrentando la crudeza de la desigualdad”.

El diputado Daniel Filmus definió al libro como “un aporte fundamental para definir políticas públicas” y detalló que el estudio tiene “hallazgos en educación, ya que muestra, por ejemplo, que el 70% de la población termina sus estudios secundarios. Estos datos hay que convertirlos en propuestas políticas”, enfatizó.

Los autores del libro, Juan Ignacio Piovani y Agustín Salvia, realizaron un repaso sobre los alcances y aportes de la investigación colaborativa con el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Presidencia de la Nación, el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) y el ministerio de Educación de la Nación.

Piovani explicó que el estudio configura “un marco institucional federal; da a conocer a la sociedad los aportes que hacen las ciencias sociales desde múltiples puntos de vista y visibiliza las desigualdades de localidades remotas”.

Salvia sostuvo que “el trabajo recoge resultados de una Argentina en transición, que expresa una falta de horizonte aunque se haya avanzado en algunos derechos”. A su vez, reflexionó sobre el capitalismo moderno y dijo “parece que hay una población sobrante para este sistema”.

Desde el ámbito académico universitario, Franco Bertolacci remarcó que este trabajo conjunto “es un punto de partida, ha convocado a infinidad de actores y es de un perfil colaborativo inédito”. Además, afirmó, “interpela a funcionarios, a universitarios, a constituir una herramienta de política de Estado”.

Según la presentación, el libro “es el resultado de un trabajo colectivo y de vasto alcance, que se propuso retratar con rigor científico la estructura social argentina, las condiciones de vida de sus habitantes y las experiencias de sus grupos sociales, en especial los más vulnerables”.

Más de treinta investigadores analizaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) -que alcanzó a 8.265 hogares y 27.610 personas-, realizada entre 2014 y 2015 mediante el trabajo coordinado de facultades de ciencias sociales de todo el país.

El libro muestra de manera concluyente cómo, independientemente de las orientaciones de los gobiernos de las últimas décadas, persisten profundas desigualdades estructurales.

Los trabajos traducen a números algunas nociones de sentido común: la brecha entre trabajadores formales e informales, las dificultades de la educación para asegurar la movilidad social ascendente, el peso de la clase social de origen en las trayectorias de vida, la feminización de las tareas de cuidado, los obstáculos que enfrentan los jóvenes para la inserción laboral. Y subrayan una constante: la región del país en que se nace determina casi inexorablemente condiciones más o menos ventajosas de vida y de trabajo. Por alcance, solidez y multiplicidad de aspectos estudiados, la encuesta -que se sitúa en la tradición histórica de los grandes estudios sociales argentinos- y el análisis de los datos en este libro están destinados a convertirse en un insumo valiosísimo para investigadores de las ciencias sociales y encargados del diseño y aplicación de políticas públicas.

También participaron de la presentación los diputados, Daniela Castro, José Luis Riccardo, Karina Banfi, Pablo Tonelli y Miguel Bazze, entre otros.

La comisión de Discapacidad, presidida por el diputado neuquino Alberto Ciampini (FPV-PJ), acordó convocar al nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, para que brinde un informe sobre el estado de situación actual del organismo y de las pensiones que brinda.

En ese sentido, los legisladores acordaron que los diversos pedidos de informes al Poder Ejecutivo, como el referido a la baja de pensiones, que iban a ser pasados a la firma, se los harán llegar al flamante titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, para que al asistir a la Comisión lo haga con la información y las respuestas pertinentes.

La comisión, por otra parte, aprobó varios proyectos de ley y de resolución, entre los que se destaca la iniciativa de la diputada Graciela Camaño (FUNA) que dispone instituir el 26 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Bastón Verde”, un instrumento de orientación y movilidad para personas que tienen baja visión, en homenaje al natalicio de Esther Merchan de Mayo, madre de la creadora del bastón verde, Perla Catherine Mayo.

Por otra parte, el diputado Daniel Filmus (FPV-PJ) sugirió realizar una reunión conjunta entre las comisiones de Discapacidad y Cultura para tratar el proyecto de accesibilidad cultural que garantice que todas las personas puedan acceder a los lugares que se desarrollan los distintos eventos culturales, modificando y adecuando arquitectónicamente dichos sitios.

Los diputados nacionales del bloque Justicialista que preside Pablo Kosiner recibieron a trabajadores del Ministerio de Agroindustria y les brindaron su apoyo por la difícil situación que están atravesando tras la decisión del titular de la cartera, Luis Miguel Etchevere, de reducir la planta de trabajadores.

“Nos preocupa una vez más la falta de sensibilidad del gobierno nacional que hace pagar el costo del ajuste a los sectores más débiles”, afirmaron los diputados justicialistas.

Cabe señalar que en abril 330 trabajadores fueron despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar y ya se les comunicó a los delegados que habrá más despidos.

Por este motivo, los diputados avanzarán en distintas iniciativas con los representantes de los trabajadores con el objetivo de evitar nuevos despidos. “Vamos a comenzar a analizar en la comisión de Legislación de Trabajo cada uno de los casos y pediremos también que el Ministro explique en el Congreso los motivos de la reducción de personal”, sostuvieron.

“El Estado cumple un rol clave al servicio de la producción primaria brindando asistencia técnica en distintas zonas del país para ayudar a su desarrollo. Con los despidos en Agricultura Familiar hay muchos proyectos en ejecución que quedarán suspendidos”, advirtieron.

La diputada nacional María Emilia Soria presentó un proyecto de Ley para crear un Fondo Federal Solidario contrarrestando el decreto del presidente Macri que elimina el Fondo existente desde 2009. Además, este proyecto profundiza el sentido federal del Fondo pasando de una participación del 30% al 50% de lo recaudado.
La iniciativa de Soria es acompañada por Darío Martínez (Neuquén); Silvia Horne (Río Negro); Sergio Ziliotto (Inter-bloque Argentina Federal por La Pampa), Andres Vallone (Bloque Unidad Justicialista por San Luis) y otros diputados del FpV-PJ.
Haciendo referencia al resultado de un plan económico “a todas luces desacertado, anacrónico y sumamente devastador para el pueblo argentino”, el proyecto cita en sus fundamentos al acuerdo firmado a espaldas del pueblo con el Fondo Monetario Internacional, donde el Ministro de Hacienda y el ex Presidente del Banco Central, comprometieron a las provincias a solventar la mitad del ajuste necesario como consecuencia del despilfarro económico realizado por el Presidente Macri y su equipo.
“Les aseguraron a los acreedores externos el cumplimiento de los compromisos asumidos con recursos que, paradójicamente, no eran de ellos sino de las provincias. Prometieron eliminar el Fondo Federal Solidario, el Fondo Nacional para la Vivienda, el Incentivo Docente, entre otros recursos” denuncia el texto y agrega: “Como representantes del pueblo Argentino, no podemos permitir semejante atropello. No podemos comprometer el funcionamiento de nuestras provincias y municipios, base de nuestra estructura federal de gobierno. Que destruyan los recursos genuinos de las provincias, que las sumerjan en un desfinanciamiento sepulcral, tiene por finalidad negar al mundo a estas instituciones de gobierno que son incluso preexistentes a la Nación, y es, sin dudas, negar nuestras bases fundacionales del federalismo”.
El DNU del presidente Macri por el cual se elimina el Fondo Federal Solidario a menos de un mes de discutir en el Congreso el Presupuesto General del Ejercicio, “no solo implica una negación de las autonomías provinciales, sino que además avanza sobre el Poder Legislativo”.
Este Fondo es un mecanismo redistributivo por excelencia, ya que se financia con los recursos que se obtiene de una de las economías más desarrolladas y maduras del país, como es la agrícola pampeana.
Su distribución permite llegar a todas las provincias y, por intermedio de estas, a todos los municipios del país. Sus recursos tienen el carácter de ser un fondo específico, destinado a la inversión en infraestructura, lo que permite el seguro desarrollo de todos los argentinos.
Tiene su origen en el decreto N° 206/2009, por el cual Poder Ejecutivo de ese entonces se hizo eco de los reclamos del pueblo argentino sobre la necesidad de que todas las provincias sean beneficiarias de los recursos obtenido por el Estado Nacional, como consecuencia de la recaudación de los tributos al comercio exterior de los productos de la pampa húmeda.
“No estamos de acuerdo que sean las provincias las que paguen las malas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, es por eso que rechazamos enfáticamente la eliminación del Fondo Federal Solidario, y muy por el contrario, planteamos la ampliación del mismo pasando de una participación del 30% al 50% de lo recaudado”, concluyen los firmantes.

La diputada nacional por Chubut, Ana Llanos Massa, presentó este martes un proyecto de Ley para promover e incentivar el uso de paneles solares fotovoltaicos a los efectos de obtener la reducción de consumos energéticos y la generación de energías no contaminantes.

“El objetivo que tenemos con este proyecto es que el Gobierno Nacional promueva el uso de este energía alternativa, ya que es una forma de preservar el medio ambiente y además, resulta ser una alternativa barata y útil, sobre todo para aquellas personas que viven en zonas en las cuales todavía no hay energía eléctrica”, explicó la legisladora.

“Es un recurso económico, a través del cual pretendemos incrementar el uso de energía limpia, que prácticamente no necesita mantenimiento, y a la vez potenciar nuevas inversiones en la producción, investigación y desarrollo tecnológico”, dijo Llanos.

“Además de ésto, en el proyecto proponemos que a las personas que deseen adquirir estos paneles solares fotovoltaicos, se les genere un reintegro del 10,5 % del IVA por la compra, así como también solicitamos que en aquellas zonas no interconectadas y en zonas rurales, que carezcan del servicio de energía, no estén gravadas por este impuesto, lo cual lo haría accesible para todas las personas”, aseguró la diputada.

“Es importante que consideremos esta alternativa, ya que con esto podemos reducir ampliamente el uso de energía no renovable, y en paralelo las personas van a poder utilizar un recurso económico, que resulta ser muy necesario para nuestra vida cotidiana”, finalizó Llanos.

La Comisión de Comunicaciones e Informática que preside Juan Brugge, recibió a especialistas en comunicación que expusieron acerca del proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado, “fomenta el despliegue de infraestructura y competencia de las TIC y modifica las leyes 27.078 y 27.208”.

Martín Becerra, investigador del CONICET y especialista en Medios de Comunicación, se mostró crítico con el proyecto al decir que “sólo matiza las condiciones reales y expresa una mirada fragmentaria” y defendió lograr ir hacia una comunicación integral.

Asimismo, el investigador resumió que “parcialmente las tres leyes vigentes son un caos regulatorio, no es defendida por ningún actor social concreto, procura equilibrar posiciones de fuerza y delega discrecionalidad alta al Ejecutivo en el que solo algunos pocos van a estar en condiciones de dar servicios”.

En tanto, José Crettaz periodista de La Nación y miembro de CONVERCON (una organización que analiza las comunicaciones de todo el país) también tuvo una mirada crítica y expresó que “hace falta una ley que unifique los saldos regulatorios, que hagan más comprensiva la regulación, hace falta una ley q no sea corta y cortoplazista”. También, realizó un repaso histórico por las leyes de comunicaciones que dejaron “muchos pendientes y propuso resolver el problema mediante la paquetización de cualquier red sin distinción”.

En la misma línea, Tomás Mihura Gradin representante de la empresa de telefonía CLARO, consideró que “hay una jungla normativa que hacen de esto una complejidad en su origen”. Antes pensamos que nos resolvía comenzar a prestar servicios en competencia y convergencia en 2018 pero no sirve irnos al 2022”, detalló sobre los tiempos.

Además, dijo que hace falta “mejorar el espectro que tiene reservado Arsat, estamos hablando de intercambio de datos que cada año se duplica” y recalcó “que la empresa está comprometida con la inversión y con los servicios que presta en el país”.

La ley denominada como ley corta permitirá que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play y se establece que estas empresas podrán dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario a partir de 2020; mientras que en el interior del país será en 2021 y en las localidades con menos de 100 mil habitantes en 2022.

La comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena se reunió para definir las autoridades para este período legislativo y establecer ejes de trabajo para el año.

Será presidida por el diputado José Luis Gioja y por la senadora Pamela Verasay, la vicepresidencia 1° titular la ocupará el diputado Guillermo Carmona y la alterna el senador Roberto Gustavo Basualdo; el vicepresidente 2° titular será el diputado José Alberto Ciampini y el alterno la senadora Miriam Boyadjian; en la secretaría titular ocupará el cargo la diputada Rosa Muñoz y en la secretaría alterna el senador José Anatolio Ojeda.

“Trabajaremos como lo hemos hecho siempre en la integración entre ambos Estados y a nivel subregional”, destacó el presidente electo.

Los miembros establecieron un primer encuentro con la embajada chilena que se realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente en la ciudad de Santiago de Chile.

La comisión, además, estará conformada por los senadores Oscar Aníbal Castillo, Julio César Cleto Cobos, Eduardo Raúl Costa, José Rubén Uñac, Inés Imelda Blas, Alfredo Héctor Luenzo, Guillermo Eugenio Mario Snopek, Silvina Marcela García Larraburu, Anabel Fernández Sagasti, Ana María Ianni, Juan Carlos Romero y Carmen Lucila Crexell. Y por los diputados Eduardo Segundo Brizuela Del Moral, Elisa Maria Adelina Carrió, Stella Maris Huczak, Sergio Leavy, Leandro Gastón López Koenig, Darío Martínez, Karina Alejandra Molina, Claudia Najul, Roxana Nahir Reyes, Gustavo Arturo Saadi, Pedro Rubén Miranda y Miguel Andrés Costas Zottos.

El Diputado Nacional Darío Martinez (FpV-PJ) rechazó categóricamente la eliminación del Fondo Federal Solidario decidida por el gobierno de Mauricio Macri, lo que impactará directamente en un recorte de los recursos coparticipables que Neuquén recibe automáticamente de la Nación.

“De nuevo el ajuste voraz de Macri y el FMI le pega a las provincias y municipios. Ahora por un DNU le sacan de un plumazo a nuestra provincia y a municipios neuquinos 52 millones de pesos. Fueron por la zona de las asignaciones, van a ir por la zona de trabajadores y jubilados, ahora nos quitan el reparto del Fondo Sojero para pagar la timba financiera de Caputo y sus amigos. Este gobierno no toma ni una medida para el pueblo argentino”, afirmó el legislador neuquino.

El presidente del PJ neuquino también afirmó que “Macri tiene que dejar de pisotear el federalismo de este país. Y no podemos aceptar que el costo del ajuste lo tengan que pagar siempre los del interior. El Fondo Sojero era una buena herramienta para redistribuir la riqueza y su único objetivo era financiar obras públicas que venían a atender necesidades de la gente, además de generar trabajo. Estaba puntualmente prohibido usar esos recursos para pagar gastos corrientes. Ahora, Macri se queda con esa plata para pagar los desmanejos de su pésima política económica. Hay que terminar con este saqueo”.

El Fondo Federal Solidario fue creado en 2009 con el propósito de distribuir entre todas las provincias y sus municipios el 30% los fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados con el único propósito de financiar obras que mejoren “la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”, según establece el Decreto 206/2009 que hoy Macri elimina.

El Grupo Parlamentario de Amistad con Azerbaiyán, presidido por el diputado Héctor Olivares (UCR), recibió la visita del embajador de esa República en Argentina, Rashad Aslanov, con el objetivo de fortalecer la complementariedad productiva entre ambos países y la posibilidad de acceder a los respectivos mercados.

En ese sentido, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, Cornelia Schmidt Liermann, manifestó: “Queremos conquistar nuevos mercados tanto para exportar como para importar”.

El embajador Aslanov señaló: “Mi país tiene gran interés en desarrollar sus relaciones bilaterales con Argentina, tanto en el espacio de agricultura como en el sector de los medicamentos”.

El diplomático, quien también cumple funciones como embajador de Azerbaiyán en Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, mencionó el intercambio turístico entre ambos países y sostuvo que “nuestro país es un punto turístico atractivo, con sus distintos climas y belleza natural”.

Además, el funcionario explicó: “Nosotros podemos ofrecer colaboración en energía, industria química, y ser la puerta para Asia”.

Cabe mencionar que este año se celebrará el 25° aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ya que el 8 de noviembre de 1993 se establecieron por primera vez las relaciones diplomáticas entre Argentina y Azerbaiyán.

MÉXICO Y URUGUAY

El Grupo de Amistad con los Estados Unidos Mexicanos, presidido por el diputado Alejandro Echegaray recibió a la Embajadora de ese país en Argentina, Mabel Gómez Oliver, quien expresó que “la agenda bilateral que venimos trabajando está floreciendo”.

Además, señaló en referencia al gobierno recientemente electo que “en un momento donde la democracia es cuestionada, México demostró la fortaleza de sus instituciones”. Y, destacó que “América Latina es prioridad en la agenda de política exterior del Presidente”.

Por último, Oliver alentó el ingreso de Argentina a la OCDE: “Estamos apoyando su ingreso, porque juntos podremos desarrollar muchas áreas en común”.

Acompañaron la recepción a la Embajadora, en representación de la Cancillería Argentina, el Ministro Samuel Ortiz Basualdo, Director de América Central, Caribe y México, y el director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Públicas y Culto, Carlos Cherniak.

Además, los diputados Alejandro Ramos, Verónica Derna, Carlos Selva, Julio Sahad; y, Juan de Dios Cincunegui, Director General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Cámara de Diputados.

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República Oriental del Uruguay, tras su constitución, presidido por la diputada María Lucila Lehmann, recibió al Embajador Argentino en Uruguay, Mario Barletta.

“Es fundamental fortalecer estos ámbitos de diplomacia parlamentaria porque facilitan la construcción de una agenda sustentable, con objetivos comunes y a largo plazo”, ponderó Lehmann.

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados se expresó sobre los anuncios del poder Ejecutivo que incluyen una suspensión de la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja, la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) y la reducción de los pagos en concepto de reintegros a la exportación.

“El Presidente insiste en gobernar por decreto sin escuchar nuestras advertencias sobre las medidas que afectan seriamente a las provincias y a las economías regionales”, afirmaron los diputados justicialistas.

“Evidentemente la prioridad del Gobierno de Mauricio Macri es el ajuste, sin evaluar el impacto negativo de sus decisiones para los argentinos. Lo que llaman ahorro fiscal en realidad es perjuicio para los sectores más vulnerables”, agregaron.

A su vez, los diputados nacionales explicaron que “el FFS fue creado en 2009 y se utiliza para infraestructura educativa, sanitaria, hospitalaria y vial, entre otros destinos sociales, que además colaboran en la generación de empleo”.

“Esta ley recibió la adhesión de las cámaras legislativas provinciales, por lo cual requeriría del diálogo para cualquier modificación”, analizaron.

“Los recortes no pueden seguir afectando a quienes más necesitan del apoyo del Estado, reclamamos al Gobierno un cambio de rumbo para que no se profundice el desempleo y la crisis económica”, remarcaron desde el bloque Justicialista.

El diputado nacional por Jujuy, Alejandro Snopek, presentó en la Congreso de la Nación un proyecto de resolución para que el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Energía, fije un precio único final, igual en todo el territorio nacional, para los combustibles líquidos. “No es posible que en Capital Federal y el Gran Buenos Aires el precio de la nafta y el gasoil sea entre un 10% y un 15% más barato que en el NOA y el NEA, siendo que en esa región no hay producción de hidrocarburos y en el Norte del país, sí”, subrayó el legislador jujeño.

Al respecto, el ingeniero Snopek señaló que desde hace tiempo se observan notorias diferencias en el precio de los combustibles líquidos, tanto gasoil como nafta en sus distintas versiones, entre una región y otras del país, para lo cual no hay fundamentos técnicos económicos que justifiquen tal variación. “Salvo para la región Patagónica, donde sí veo necesario que se mantengan diferenciales impositivos, la otras regiones podrían ser equiparadas en sus precios a través de una política regulatoria del Estado por medio de YPF, la cual es mayoritariamente estatal y cubre más del 50% del mercado de combustibles”, agregó.

Más adelante, el representante jujeño en Diputados manifestó que esa diferenciación en el precio de los combustibles -para las regiones más alejadas de los centros de producción y de consumo masivo- no sólo se ve reflejada en los surtidores y en el precio final que pagan los consumidores al adquirir cualquier bien o servicio, sino que también impacta en el costo de los fletes de los productores que tienen enviar sus producciones a los principales centros de comercialización.

Precios Cuidados

Antes de concluir, el legislador massista comentó que el texto del proyecto incluye un segundo artículo, donde le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que ejecute las acciones que sean necesarias para controlar que los precios de los productos incluidos en el programa “Precios Cuidados” sean iguales en todo el país. “Cuando observamos los valores de los Precios Cuidados, vemos que los precios son menores, o “más cuidados”, en el área Metropolitana del Gran Buenos Aires que en aquellas regiones donde se registran mayores indicadores de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas como el NOA y NEA”, acotó.

Finalmente, el referente de “Unión Por Jujuy” instó a que el Gobierno nacional no le dé la espalda al pueblo y contribuya a instrumentar las medidas que sean necesarias para ayudar a que el bolsillo de los argentinos no se siga deteriorando, aún más, en estos momentos difíciles que atraviesa el país.

Este martes a las 16 en el Salón Delia Parodi, la comisión Bicameral que hace un seguimiento de la restauración de la Confitería El Molino  firmará un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación para iniciar el camino final hacia la re-apertura del espacio que ahora pertenece al Congreso Nacional. Lo primero será la refacción de la fachada y estará a cargo de la Ciudad.

Lo que se firmará mañana es la concreción de un convenio de colaboración entre las tres partes, Congreso, Ciudad y Nación. De esta manera, quedará expresa la voluntad de los sectores actuantes en el trabajo conjunto que comenzará la próxima semana. Una vez que se firma este convenio, el gobierno de la Ciudad comenzará con la parte que le toca: La fachada.

Uno de los arquitectos que conforma el equipo de trabajo adelantó a NCN que la semana entrante se avanzará en los primeros movimientos de obra. Esto es, remover la estructura de andamios que se encuentra al frente del edificio, tarea que demandará cerca de 20 días. La restauración de la fachada correrá por cuenta del gobierno de la Ciudad, mientras que las otras dos partes no se ha determinado intervención ya que dependerá del avance de los planes que se elaboran.

El seguimiento seguirá en manos de la Bicameral que preside el diputado Daniel Filmus (FpV-CABA) y que, entre otros integrantes, tiene al presidente del cuerpo Emilio Monzó en su caracter de diputado nacional.

Por dentro del Edificio ya se viene trabajando hace tiempo con especialistas en restauración, e incluso, hay salones que tienen su renovación avanzada. “La estructura esta bien”, comentó a NCN el arquitecto Ricardo Angelucci. Sin embargo, aún no se sabe si la restauración implica la recuperación de algunas paredes actuales o si hay que hacerlas nuevas. Eso dependerá de los primeros estudios luego de retirada la estructura.

Con respecto a los plazos de finalización de obra no se tienen estimaciones precisas. La obra demandará tiempo. Si bien podría abrir al público con visitas guiadas antes de que se complete lo estipulado en cuanto a recuperación, lo cierto es que el trabajo arquitectónico completo podría trascender a la gestión actual.

Para que se usará el edificio

Aunque el trabajo del equipo de Arquitectura a cargo puede variar según lo que se releve, la ley ya definió en que se deberá usar el edificio, la norma aprobada a fines del 2014 para la expropiación de la Confitería del Molino establece cuáles serán los usos de cada ambiente del edificio:

– La planta baja y el subsuelo deberá funcionar como una confitería, un restaurante o un local de elaboración de productos de panadería o pastelería. El formato del comercio es bajo concesión y de ese dinero se dispondrá el presupuesto para el mantenimiento y la gestión del histórico edificio.

-Otra parte del inmueble será destinado a un museo dedicado a la historia de la confitería y un centro cultural, el nombre lo define la ley: “De las Aspas”, en homenaje al ornamento que dio nombre al local, donde se expondrán obras de jóvenes artistas argentinos.

-En tanto que, los pisos superiores, “deberán consagrarse a actividades culturales, legislativas y de difusión de los valores del pluralismo y de la democracia”.

El Plan lo presentó la Coordinadora del Comité Ejecutivo y diputada nacional MC, Ana Copes, y fue aprobado por unanimidad por todos los miembros en el VIII Encuentro del Consejo Federal contra la Trata, realizado el 9 y 10 de agosto en Puerto Iguazú.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Coordinadora Nacional del Consejo Federal, María Fernanda Rodríguez, acompañada por el vicegobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, entre otras autoridades provinciales. También participaron representantes de organismos provinciales de todo el país que forman parte del Consejo.

La construcción del Plan Nacional 2018-2020 de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas estuvo a cargo del Comité Ejecutivo nacional. Esta iniciativa prevé 35 medidas y 111 acciones, que serán impulsadas por más de 50 organismos para profundizar la lucha contra este delito.

En este sentido, Copes destacó que “es la primera vez que el Estado nacional presenta un plan de estas características, saldando una deuda con la ley, las víctimas y la sociedad en su conjunto”. Asimismo destacó que la elaboración del Plan “es el resultado de un trabajo coordinado con muchos organismos de todo el país”.

La Coordinadora también reconoció el enorme esfuerzo de las autoridades del Comité en la construcción del Plan: Arnoldo Scherrer Vivas, del Ministerio de Desarrollo Social; Carolina Barone, del Ministerio de Seguridad; María Fernanda Rodríguez, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Patricia Guzmán, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Durante el desarrollo del Consejo Federal, también se llevaron a cabo las Comisiones Permanentes, donde referentes de las provincias y de organismos nacionales debatieron políticas públicas para profundizar la lucha contra la trata y explotación de personas.

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas es un ámbito permanente de coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la lucha contra la trata. Realiza reuniones rotativas y periódicas con el objetivo de definir líneas de acción y articular dispositivos territoriales para prevenir y combatir el delito de trata y abordar la protección y asistencia a las víctimas.

Los Diputados de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau y Roberto Tailhade insistieron ante el titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, senador Juan Carlos Marino, en reclamar la urgente presencia del Escr. Gustavo Arribas, Director general de la Agencia Federal de Inteligencia, para que brinde explicaciones verbales a los senadores y diputados acerca de una maniobra de espionaje sobre la persona de la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria.

Tanto Tailhade como Moreau ya habían solicitado la presencia de Arribas apenas fueron conocidos los hechos que vincularon a la AFI con tareas de vigilancia y seguimiento sobre la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.

En lugar de acudir a la Comisión, Arribas envió una nota en la que pretende desligarse de esa maniobra, pero que a juicio de los legisladores “no responde en lo más mínimo al requerimiento solicitado y, por el contrario, agrega aún más interrogantes a nuestra suposición”.

También le señalan al Titular de la Comisión, el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino, que: “Nuestra labor no es simplemente recibir por escrito explicaciones insuficientes que mantengan protegidos a los funcionarios sino proteger a los ciudadanos de lo que pueden ser graves violaciones a sus derechos y garantías”.

De esta forma resumió el diputado nacional por Salta, Andrés Zottos, el encuentro con el gobernador, Juan Manuel Urtubey y otros legisladores nacionales, mantenido este lunes en Casa de Gobierno.

En su transcurso, se analizaron los avances respecto del proyecto de Presupuesto nacional para 2019 y en ese marco, los recortes que pretende efectuar el gobierno nacional para cumplir con las metas que le impone el FMI y su posible impacto en las administraciones provinciales.

Según se adelanta, el ajuste nacional abarcaría unos 300.000 millones de pesos, de los cuales en Salta impactarían 3.600 millones de pesos.

“No queremos que el ajuste nacional impacte en la parte humana”, reafirmó Zottos y explicó que la postura de los legisladores nacionales será en defensa de los fondos del IPV, los fondos sociales y especialmente los mil millones de pesos que representa el incentivo docente; más allá del recorte que pretenden hacer con las obras públicas.

Además, Zottos adelantó que el gobierno de Macri lamentablemente quiere ajustar al PAMI y se dio cuenta que con el actual nivel de inflación, que es el doble de lo estimado, no puede cumplir con la Ley de actualizaciones salariales que se votó tiempo atrás.

Del encuentro participaron también el Jefe de gabinete, Fernando Yarade; los ministros; de gobierno y de economía, Marcelo López Arias y Emiliano Estrada y los diputados nacionales Pablo Kosiner, Javier David, Sergio Leavy, Alfredo Olmedo y Martín Grande.

La diputada nacional por Santa Fe (FPV-PJ) Silvina Frana comentó que hace meses presentó un pedido de informes para que el gobierno nacional detalle y aclare qué obras se realizarán en relación a la Ruta 11 y cuándo comenzarán las mismas.

“La ruta 11 tiene que ser un camino que nos conecte al país y promueva el desarrollo de grandes y pequeñas localidades. Hace tiempo que estamos preocupados por las idas y vueltas del gobierno nacional respecto de esta ruta que está en muy mal estado y ya se ha cobrado muchas vidas”, señaló Frana.

La legisladora justicialista recordó que en 2016, el gobierno nacional anunció la construcción de una autopista en el tramo de Ruta 11 entre San Justo y Santa Fe, que dejaron sin efecto al poco tiempo y reemplazaron por un proyecto de “ruta segura”. De este proyecto no se vieron las obras, sólo la eliminación de los peajes que dejó sin trabajo a más de 120 familias.

“Los santafesinos necesitamos certezas, queremos saber si se va a realizar la obra, contar con esos puestos de trabajo y tener la certidumbre que cuando salimos a la ruta vamos a ir y volver seguros”, manifestó Silvina Frana.

Preocupación por los ajustes

“Estamos preocupados porque cada día vemos más consecuencias del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Primero padecimos el aumento de las tarifas y vemos a muchos santafesinos que se les hace imposible pagar las boletas de luz, gas y agua. También es notable el ajuste que están afrontando las universidades nacionales y ahora vemos además que se paralizan las obras que nos corresponden a los santafesinos y estaban en el presupuesto”, detalló Silvina Frana.

“Los estudios revelan que el gobierno nacional planea recortar 3 de cada 10 pesos que había presupuestado en obras en nuestra provincia, lo que incluye que paralicen la construcción de jardines de infantes, rutas y autopistas que estaba prevista para este año y el próximo”.

“Por eso le pedí al Gobierno Nacional que nos informe cuáles serán las obras que se paralizarán en Santa Fe o que se les reducirá el presupuesto como consecuencia del ajuste y del acuerdo del gobierno con el FMI”.

Fue lo que manifestó el diputado nacional por Salta, Javier David, quien presentó un proyecto de ley que tiene por objeto establecer las condiciones de igualdad de precio en los consumidores de combustibles líquidos de todo el país.

“Las diferencias de precios de los combustibles atentan contra el desarrollo de las economías regionales de las provincias y son un peso más, en este momento crítico, para el costo de vida de los habitantes de las localidades del interior del país”, afirmó David quien en los fundamentos expresa que (…) los sistemas productivos de las economías regionales están ahogados económicamente. No caben dudas que la reducción de costos del combustible importaría un mayor desarrollo regional al generar una mayor sinergia de los factores de producción, además de trabajo genuino (…).

El legislador salteño resaltó que, “en las últimas semanas, la nafta aumentó en todo el país, pero las desigualdades entre Buenos Aires y el interior son un tema recurrente” y recordó el caso del GNC por el que, oportunamente, presentó un proyecto y participó de las gestiones ante el gobierno nacional.

“Este proyecto de ley insiste en evitar asimetrías regionales desmedidas e injustificadas. No es posible que el litro de nafta en la Ciudad de Buenos Aires sea más barato que en provincias productoras de hidrocarburos como es el caso de Salta”, informó Javier David.