Diputados del Frente Para la Victoria (FPV) solicitaron ayer 21/03 que se excluya de la Cámara de Diputados de Elisa Carrió (y Paula Oliveto) por “inhabilidad moral sobreviniente en el ejercicio de sus funciones”, ya que acusan a Carrió de tener vínculos con “organización paraestatal de inteligencia ilegal”. En ese contexto, parece que Carrió terminó dándoles la razón, cuando en una entrevista televisiva admitió que realiza tareas de contrainteligencia.
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Las polémicas declaraciones que caracterizan a la mediática diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), ya se han naturalizado para quienes la siguen, que incluso muchos la tildan de chistosa al momento de disparar insólitas frases en entrevistas televisivas o sus expresiones públicas. Sin embargo, sus últimos dichos parecen desafortunados cuando se encuentra envuelta en uno de los escándalos judiciales más importante del último año: caso Marcelo D´Alessio.
Y es que luego de que se conociera su supuesto vínculo con el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio, ahora hay quienes acusan a la diputada oficialista de tener vínculos con una “organización paraestatal de inteligencia ilegal”. Esto surge en base a los dichos del juez federal Alejo Ramos Padilla en la comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados donde mostró chats y mensajes entre Carrió y D´Alessio.
En ese contexto, el bloque de diputados del Frente para la Victoria pidió ayer 21/03 la exclusión de la Cámara de Diputados de Elisa Carrió (y Paula Oliveto) por “inhabilidad moral sobreviniente en el ejercicio de sus funciones”,
La solicitud del FPV para que Carrió sea excluida de Diputados dice que “las conductas atribuidas a las diputadas Carrió y Oliveto en el ejercicio de sus funciones atentan contra reglas y derechos elementales de nuestra democracia como la libertad de expresión, de prensa, de protección de la privacidad ante actividades de inteligencia ilegal”.
Y agregan: “Surge en el expediente que ambas diputadas habrían estado, al menos, en conocimiento de las actividades de inteligencia ilegal realizadas por una organización paraestatal”.
Ante el pedido del bloque kirchnerista, Elisa Carrió respondió: “Es un honor que la pida el Frente para la Victoria, que la mitad está preso por nuestras denuncias. Rossi está en investigación por la malversación de subsidios del transporte por parte de su hermano”, ironizó. Sin embargo, en una entrevista televisiva parece que terminó dándole la razón a los del FPV, cuando admitió (consciente o inconscientemente) que ella realizaba tareas de contrainteligencia.
“Yo hago contrainteligencia también”, dijo la diputada y líder de la Coalición Cívica, “después de tantas operaciones que se han hecho en mi contra”. “Adelanté la operación para obligarlo a Verbitsky a salir y ahí comete errores. Ahora se demostró que Etchebest y D’Alessio son socios”, explicó en el programa televisivo de canal 13 El Diario de Mariana.
Además, deslizó que hay parte del oficialismo involucrado en la “operación” para sacar a Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos. “Esto es una injusticia brutal, yo no estoy defendiendo a Stornelli pero defiendo la causa cuadernos”, agregó. Sobre los miembros del Gobierno que estarían buscando apartar al fiscal de la causa dijo: “Hay que investigar, porque no me cierra que nadie defienda a Stornelli”.
Los dichos de Carrió por supuesto, generaron malestar, y uno de los que salió al cruce fue el ex ministro Aníbal Fernández, que a través de su cuenta en Twitter hizo un descargo contra la diputada.
“La señora Carrio se jacta de hacer contrainteligencia. Lo afirma muy suelta de cuerpo sin darse cuenta que su confesión, revela la comisión de un delito. Por de pronto, la actividad de “contrainteligencia” está reservada a los órganos administrativos competentes“, escribió en un primer tuit el ex jefe de Gabinete y ministro de Justicia durante el kirchnerismo, Aníbal Fernández.
Y siguió: “La diputada se jacta de entorpecer la labor de un magistrado federal. La conducta de Carrio, Oliveto y Zuvic encuadra en la figura penal del Artículo 230 del Código Penal en la medida que se alzaron públicamente para impedir la ejecución de resoluciones de un magistrado federal”, escribió.
