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El diputado nacional Gustavo Menna volvió a llamar la atención sobre el accionar del ministro Federico Massoni, cuestionado desde diversos ámbitos en las últimas horas por el proceder propio y de quienes de él dependen.

“El gobernador dictó el 13 de marzo el DNU 232 (publicado el 16/3) declarando la emergencia sanitaria y le otorgó facultades orientadas a prevenir la propagación del virus a los Ministros de Salud y de Economía y Crédito Público, lo cual es correcto”, sostiene como introducción en un artículo de opinión el diputado nacional Gustavo Menna.

Además señala que “sin embargo, y pese a no ser considerado en ese decreto, el Ministerio de Seguridad comenzó a dictar un fárrago de resoluciones para las cuales no tiene competencia y constituyen una suerte de ‘resoluciones ministeriales de necesidad y urgencia’ que la Constitución no contempla y a través de las que ‘legisla’ sobre derechos de las personas, vulnerando además en muchos casos la autonomía de los municipios (por ej. cuando pretende fijar horarios y días de apertura de comercios)”.

Menna –que fue constituyente en 1994- recuerda que el artículo 159 de la Constitución del Chubut dice que los ministros solo pueden dictar resoluciones “referentes al régimen interno de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite”

“Por ello, esta situación de encontrarnos virtualmente gobernados por el Ministro de Seguridad es absolutamente anómala e ilegal”, afirma.

“La consecuencia más grave de esta situación de facto -por la cual prácticamente todos los días nos encontramos con un ‘bando’ imponiendo deberes volcados en resoluciones deficientemente redactadas-, se da en el marco de ciertas actuaciones ordenadas por el Ministro Massoni, por las cuales se detienen personas, se las conduce esposadas a centros de detención e incluso se ingresa a domicilios particulares, sin que medie una orden judicial y ni siquiera una causa judicial”, agrega.

“Todos hemos visto los videos que circulan en las redes sociales, en los que el Ministro actúa como un juez, exponiéndole a las personas que como alguien dijo que lo vio entrar en un supermercado entonces lo lleva ‘compulsivamente’ a un centro de aislamiento, reta a los ciudadanos con malos modos, e incluso incursiona en el interior de domicilios sin ningún tipo de orden judicial. ¿Cómo podrían sortear tales casos el control judicial de detención que exige el Código Procesal Penal si emanan de un funcionario incompetente en un procedimiento irregular?”.

Luego el diputado nacional se pregunta si “¿está el Ministerio Fiscal siendo anoticiado de estos casos? ¿Tienen los fiscales una nómina de las personas que han sido recluidas como consecuencia de este proceder? ¿Se han llevado a cabo las correspondientes audiencias de control de detención -o las indagatorias si fueran casos federales-? ¿Alguna autoridad ha verificado el estado sanitario de estos centros de detención a los que son llevados personas que son sacadas sanas y por la fuerza de sus domicilios?”.

Luego de detallar este sombrío panorama, Menna insiste en que “no ha sido declarado el Estado de Sitio, único supuesto en que por su excepcionalidad y gravedad la Constitución permite que el Presidente ordene arrestos y traslados de las personas de un punto a otro de la Nación”.

Por las dudas, aclara que “hay que hacer cumplir la cuarentena, no cabe duda al respecto. Pero no existe ninguna razón para hacerlo quebrantando el Estado de Derecho. Fue muy claro el Presidente de la Nación al dictar el DNU 297, salvo que la intención del gobierno provincial sea montar una sobreactuación para desviar la atención de los graves problemas financieros de la provincia y el incumplimiento en el pago de sueldos”.

Fuente El Patagonico