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La fiscal Gabriela Boquin denunció este miercoles ante la comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público del Congreso que una empleada judicial le pasaba información sobre la causa del Correo Argentino que involucraba a la familia del ex presidente Mauricio Macri a miembros de Juntos por el Cambio.

El disparador es la Causa Correo que comenzó luego de que la fiscal Gabriela Boquin cuestionará el acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. El procurador interino Eduardo Casal elevó un sumario con denuncias de empleados de la fiscalia que la acusan de «malos tratos». En contrapartida, el oficialismo habia adelantado intimidaciones contra la magistrada por parte de Casal.

En un informe en el que ratificó denuncias de persecución por la que responsabilizó al Procurador interino Eduardo Casal y respondió acusaciones por maltrato laboral, la funcionaria judicial afirmó que una de sus empleadas «le daba información de la causa del Correo al diputado Pablo Tonelli», de PRO.

La empleada en cuestión «le iba comunicando los pasos con la propia vinculación del doctor Tonelli en la causa», sostuvo la fiscal en una videoconferencia antes legisladores en lo que calificó a esa situación como «insostenible». Boguin señaló que no se le permitió el derecho a defensa en las denuncias de empleadas a su cargo y responsabilizó por esa situación al procurador Casal.

La fiscal amplió esta tarde sobre las supuestas presiones que recibió desde que se opuso, en el marco del concurso del Correo Argentino, a la suscripción de un acuerdo entre la firma y el gobierno de Macri, tras denunciar que se trataba de un intento de beneficiar a la empresa vinculada a la familia del expresidente en detrimento de los intereses del Estado.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fue convocada para que se exprese sobre las denuncias que fue realizando desde que advirtió que el Gobierno de Cambiemos planeaba perdonarle una millonaria deuda a la empresa que fue del Grupo Macri.

Fuente: Telam

Patiño Mayer estará al frente de la embajada ante Hungría, Croacia y Bosnia-Herzegovina; Alfonsín será el embajador argentino ante el Reino de España y Capitanich tendrá a su cargo la representación diplomática en Nicaragua, luego de que el Senado apruebe sus respectivos pliegos.

Los tres candidatos a embajadores recibieron el aval de los senadores integrantes de la Comisión.

Por el Frente de Todos se manifestaron, los senadores por Buenos Aires, Jorge Taiana, por Jujuy, Guillermo Snopek y por Formosa, José Mayans del oficialista Frente de Todos. En representación de Juntos por el Cambio se pronunciaron los senadores: por Misiones, Humberto Schiavoni, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martìn Lousteau, por Catamarca, Oscar Castillo, por Córdoba, Ernesto Martìnez, por La Rioja, Julio Martìnez y por Mendoza, Julio Cobos.

El primero en exponer sus antecedentes, a través del encuentro que se desarrolló en forma remota, fue Patiño Mayer, quien precisó que la de hoy fue la quinta vez que se presentaba ante la Comisión de Acuerdos para lograr el aval de ocupar un cargo en una dependencia argentina en el exterior.

Patiño Mayer consignó que tuvo «el honor de ser embajador de todos los gobiernos de mi partido» (Justicialista), recordando que tras ser delegado de la Secretaría de Inteligencia de Estado en Ginebra en 1989 fue «17 años embajador» primero ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y en dos ocasiones en Uruguay , la última de ellas por 8 años durante las gestiones presidenciales de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Consignó que con Hungría, Croacia y Bosnia-Herzegovina «tenemos una relación ligh, poco estrecha» y destacó que al frente de la sede diplomática con sede en Budapest contará con sólo dos colaboradores y que su principal misión será «poder vender los productos argentinos y mejorar el intercambio comercial existente» con esas naciones.

A continuación Ricardo Alfonsín agradeció «la confianza y la amplitud del presidente» Alberto Fernández quien con su designación «tuvo un gesto muy importante» que vinculó a «civilizar la política» y también hizo extensivo su agradecimiento al canciller Felipe Solá.

«Espero estar a la altura de las circunstancias y no defraudar a los argentinos, ni a la confianza y la amplitud del presidente de designar a un hombre que no es del oficialismo» a frente de la embajada argentina ante España, enfatizó Alfonsín.

Asimismo contó que el jefe de Estado y el canciller le pidieron que «profundicemos las relaciones que tenemos con el Reino de España y potenciemos todas las actividades que puedan beneficiar a ambos países en materia económica», destacando el hecho de que «España es la cuarta economía europea, es el 10 por ciento del PBI de la Unión Europea y es el segundo país en inversión externa en la región y en la Argentina».

«Mi principal preocupación, en estos momentos tan difíciles, es poder hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar a acuerdos que beneficien a la Argentina y sirvan para la solución de los problemas de los argentinos», subrayó.

Finalmente, el chaqueño Mateo Daniel Capitanich destacó que «es un enorme orgullo y placer» representar a la Argentina ante Nicaragua, país centroamericano con el que «tenemos una balanza comercial altamente positiva» y anticipó que su tarea allí apuntará especialmente a «poder generar ingresos de divisas para la Argentina» a través de la exportación de productos.

En reunión de Bicameral de Ministerio Público Fiscal, el oficialismo avanzó en los pedidos de juicio politico y los giró a la comisión encargada de evaluarlos en Diputados. El procurador interino Eduardo Casal se excusó por la pandemia y no respondió los requerimientos de información elevados por los legisladores.

En un tenso debate de comisión, donde el oficialismo pidió mayor tiempo para quel jefe de fiscales pueda defendeser, el Frente de Todos apuntó contra el procurador interino y elevó los pedidos de juicio politico a la comisión correspondiente. «El procurador Casal nos habla de un exiguo plazo para poder requerir con las solicitudes de esta comisión», dijo el oficialista Rodolfo Tailhade en la primera de las intervenciones de legisladores.

«No hay razón por la cual desde julio del 2019 a la fecha, el procurador general interino Eduardo Casal no haya presentado un expediente tan sensible como lo es la decisión de desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni», agregó Tailhade.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley afirmó que «la fiscal Boquin viene recibiendo un claro hostigamiento que data desde abril de 2018. Inconsistencias en su custodia, llamadas, robos en su auto. Y este hostigamiento termina con un sumario», dijo.

En este sentido, amplió: «El Congreso no puede permitir esa persecución y le manifestamos a la víctima nuestra preocupación. Debemos citar a la fiscal Boquin de manera urgente. Nuestro sistema de normas para la protección a las mujeres se ha robustecido en estos años: apliquémoslas».

Por su parte, desde la oposición el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, afirmó que «en el procedimiento disciplinario contra Boquin, de los siete denunciantes seis son mujeres. Está denunciada por maltrato y mobbing laboral y tenemos que tener mucho cuidado con estos temas», apuntó el bonaerense.

Por último, la senadora radical Silvia Elias de Pérez señaló que «acá veo una persecución y eso me preocupa. El tiempo que nos está pidiendo el procurador es razonable, no entiendo el motivo por el cual no deberíamos otorgarlo», sentenció.

El Senado convirtión en ley el proyecto de Teletrabajo con 40 votos a favor del Frente de Todos y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro. Este último, del senador Alberto Weretilneck, supo ser un habitual aliado del oficialismo en las votaciones.

En segundo termino, los senadores dieron media sannción por unanimidad al proyecto de Restauración de la Deuda Local aceptando un cambio propuesto por el senaor Martín Lousteau. Ahora deberá seguir el tramite en la Cámara de Diputados.

En representación del oficialismo, Mariano Recalde defendió el proyecto al señalar que «no surge a las apuradas», destacó que tuvo «amplio consenso en la Cámara de Diputados» y afirmó que la ley «garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años».

«Es muy sano que la ley prohíba al empleador, por ejemplo, efectuar llamados fuera del horario laboral», sostuvo, y remarcó que la cuestión de la reversibilidad del formato de teletrabajo -uno de los puntos cuestionados por la oposición- alcanza con un preaviso de 15 días.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que «hay una mirada sesgada con esta idea de no aceptar cambios» y señaló «falta de sentido común», ya que la ley «pone un freno a las fuentes de trabajo» y demuestra «una enorme torpeza desde lo político».

Naidenoff cuestionó el punto de la reversibilidad al señalar que «para contratar trabajadores del interior, por ejemplo, se pueden considerar despedidos si el empleador no alquila un local para oficina» y cuestionó que el Frente de Todos «busque arremeter y avanzar», pese a que el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a ello.

DEUDA LOCAL

El miembro informante de este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue el senador por Córdoba, Carlos Caserio (Frente de Todos). El senador destacó que su bloque está convencido de que «la única forma de pagar esta deuda es creciendo económicamente». Afirmó que se estaba hablando «del 34% del total de la deuda. Que otro 30% de la deuda se encuentra en dólares bajo jurisdicción extranjera y que otro 30% de la deuda estaba en pesos con organismos internacionales».

Caserio subrayó que al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la deuda externa representaba «el 52,6% del Producto Bruto Interno mientras que a diciembre de 2019, fin del mandato del gobierno anterior, la deuda llegaba al 90% del PBI». Dijo que «el gobierno anterior no sólo duplicó el volumen de la deuda sino que también acortó los plazos de los vencimientos».

En el discurso de cierre, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) adelantó, tal como lo había enunciado antes de su intervención, el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Losteau (JxC), que su bancada «iba a acompañar» la iniciativa. Dijo que este tema «trasciende a un gobierno» y que ésto no implica no advertir «la demora del gobierno en estos siete meses para resolver el tema». Consideró que «dar previsibilidad es muy importante para despejar dudas sobre la renegociación de la deuda». Criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, «por no estar presente en ninguna de las reuniones que, para analizar el tema, se realizaron en la Comisión de Economía».

Naidenoff criticó al gobierno nacional por la dilación «en resolver el tema de la deuda» y que «desde la pandemia a hoy el déficit se cubrió con emisión monetaria». Así fue que señaló que «el Banco Central cedió al Tesoro 1.115 billones de pesos. Lo que representa el 78% del dinero circulante en manos del público. Ese circulante se disimula con letras. Por eso dicen que el circulante aumentó en un 37 por ciento».

El jefe de la bancada oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT) afirmó que en la materia de la deuda, «es imprescindible que se informe del momento que estamos pasando». Así fue que subrayó que «el gobierno asumió prácticamente en default y con una gran injusticia social». Mayans destacó que «se está hablando de un monto de 100 mil millones de dólares» y que «la gestión económica está promoviendo un ahorro, en la negociación de la deuda externa, de unos 40 mil millones de dólares». Recordó que a 2015, «el PBI llegó a unos 620 mil millones de dólares».

Mayans señaló que cuando asumió el nuevo gobierno «la relación deuda-PBI está en una relación cercana al 90 %. Algo insostenible». Dijo que con las Letras «Lebac, el gobierno anterior duplicó la base monetaria» y que luego de ello «los resultados están a la vista. Millones de argentinos en pobreza extrema».