Senadores

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca impulsar el cupo femenino y el acceso de artistas mujeres a eventos musicales.

La iniciativa propone que “los eventos de música en vivo así como cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique lucro comercial o no y que para su desarrollo convoquen un mínimo de tres artistas o agrupaciones musicales en una o más jornadas, ciclos o programaciones anuales, deben contar en su grilla con la presencia de artistas femeninas”.

Respecto de los alcances, el proyecto de Fernández Sagasti, estipula que “el cupo femenino se encuentra cumplido cuando se componga por artistas solistas y/o agrupación musical compuesta por integrantes femeninas y/o agrupaciones musicales nacionales mixtas entendiéndose por estas a aquellas donde la presencia femenina implique un mínimo del treinta por ciento sobre el total de sus integrantes”.

Fernández Sagasti destacó que el proyecto de ley ya cuenta con el acompañamiento de 15 senadoras de diferentes bloques ya que “el tema no es de competencia partidaria”.

La Senadora nacional Silvina García Larraburu se refirió al tratamiento del proyecto de ley de alquileres, expediente S-894/16 de su autoría, que actualmente está en revisión en la Cámara de Diputados y consideró: “Es urgente que la normativa, consensuada con los inquilinos de todo el país, sea sancionada tal y como fue aprobada en el Senado por unanimidad”.

Recordó: “Han pasado casi dos años de la media sanción obtenida el 23 de noviembre de 2016, sin que en la Cámara Baja se trabaje en el tema. Sin embargo, cuando está por caerse el Presidente quiere introducir otra norma”.

Señaló que el texto en revisión plantea una actualización acorde a parámetros reales, que se basan en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales. El sector propietario no recibirá ningún tipo de menoscabo a la renta real de sus inmuebles, donde el precio es establecido por la oferta y la demanda.

Reiteró: “Nuestra norma busca que tanto propietarios como inquilinos dejen de estar en una situación jurídicamente ambigua, tanto con los aumentos escalonados como con la utopía de la no actualización”.

“Es fundamental que Diputados dé prioridad al tratamiento de nuestro proyecto que fue consensuado por todos los bloques en el Senado. Aprobar esta ley antes de diciembre significa avanzar y poner sobre la mesa la realidad económica, que por sobre todas las cosas pretende asentar un entorno de legalidad y seguridad jurídica para propietarios e inquilinos”, finalizó.

El expediente 902/16 con origen en el Senado de la Nación propone que se incorpore un inciso a la ley 26.529 de “Derechos del paciente” y pide que se atienda a la necesidad de “la visita de animales domésticos” durante la internación cuando ésta sea prolongada. Pero está cerca de perder estado parlamentario, ya que aún no llegó a ser votado en la Cámara Baja.

Fue la senadora por Río Negro Magdalena Odarda quien promovió, en 2016, el proyecto para que el paciente, durante estadías prolongadas, tenga “el derecho a recibir la visita periódica de sus animales domésticos, en los términos que establezca la reglamentación”, tal reza el inciso H que quiere implementarse.

Actualmente el proyecto está detenido porque el debate del Presupuesto ocupa la agenda de los diputados, pero aún hay esperanzas de que salga de las comisiones camino al recinto. Es un proyecto tan lindo y tan novedoso con la aprobación del Senado que si llega a caerse por una cuestión administrativa que obligue a empezar todo devuelta sería muy triste”, reflexionó la senadora Odarda en diálogo con el portal Infobae.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes la condena de 4 años y medio de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de 3 años y medio para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por el pago de sobresueldos en la década del ’90.

El fallo se conoce luego de que Menem resultara absuelto recientemente en otra causa en su contra, en este caso por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

El ex Presidente Menem no quedará detenido por sus fueros parlamentarios, ya que es senador nacional por La Rioja. Cavallo, por su parte, no quedará detenido porque aún tiene como instancia presentar un recurso extraordinario para intentar ir a la Corte Suprema.

Los senadores nacionales Miguel Angel Pichetto y Cristina Kirchner tuvieron un desencuentro luego de que el gobierno nacional diera marcha atrás con la suba de la tarifa del gas.

Cristina Kirchner señaló que no se puede derogar una resolución del Ejecutivo con un proyecto de comunicación y que la solución que propuso el Gobierno no era tal: “Hay que pensar en la legalidad y los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas”.

Visiblemente molesto por ese discurso, Pichetto señaló que el proyecto es “un mensaje vigoroso” y pidió “valorar” que “el Senado logró parar esta medida”, tras lo cual agregó: “En la política, lo que importa es el mensaje, la señora expresidenta debería saberlo”.

En determinado punto de la intervención de Pichetto la expresidenta cuestionó sus palabras fuera de micrófono, hablando con sus compañeros de bancada, lo que hizo que el rionegrino reaccionara, señalandole que lo escuchara, porque él siempre “la escucha con mucha atención”. Como esas palabras de CFK junto a los suyos continuaban, señalando en un punto que ella no se arrodillaba, Pichetto contestó “claro, usted no se arrodilla, su orgullo es infinito”.

La Senadora nacional Silvina García Larraburu se refirió al anuncio del Gobierno Nacional de dar marcha atrás con la Resolución número 20/2018 que autorizaba los aumentos de las distribuidoras de gas y pretendía que los usuarios paguen, a partir de enero, un importe adicional en 24 cuotas mensuales para compensar a las empresas gasíferas por la devaluación.

“Esto demuestra, una vez más, el repetitivo ensayo de prueba y error de este Gobierno. Con la nueva disposición los ciudadanos no afrontarán de forma directa las consecuencias, pero sí de manera indirecta dado que es el Estado Nacional quien financiará la compensación a las empresas. La resolución dejada sin efecto era un grave error y la nueva decisión, donde el Estado se hace cargo, también lo es”, indicó.

La parlamentaria advirtió: “En el país hubo más de 26 incrementos tarifarios desde diciembre de 2015, que provocaron un aumento promedio del 700% en las tarifas. Esto impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. En el marco de una devaluación proyectada del 40%, esta medida del Poder Ejecutivo Nacional sólo favorece a los intereses concentrados minoritarios, en detrimento de los sectores más vulnerables. Esto resulta inadmisible”.

“El precedente que se sienta es gravísimo, todas las empresas que se han visto perjudicadas por la devaluación, tienen la posibilidad entonces de demandar al Estado por la misma compensación. Es sumamente injusto que se beneficie a los monopolios de los servicios, cuando se le están quitando recursos fundamentales a la Salud, a la Ciencia y la Tecnología, a la Educación y al Trabajo, entre otros”, agregó.

“Estamos en un contexto de inflación descontrolada, de salarios insuficientes, en Argentina el litro de leche supera los 40 pesos, el kilo de pan llega a los 100 pesos y los combustibles aumentan cada semana, por solo mencionar algunos items. El rol del Poder Ejecutivo es el de gobernar para las mayorías y proteger nuestros recursos nacionales”, finalizó.

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, expuso ante la Comisión Bicameral de seguimiento de los contratos de Participación Público-Privada (PPP) y brindó un informe sobre el estado de ejecución y cumplimiento de las obras de PPP en curso.

En el Salón de las Provincias del Senado, Dietrich aseguró que “la herramienta de PPP es un instrumento fundamental para el desarrollo de la Argentina, a partir de la ley que votó este Congreso”.

El ministro se refirió al “plan más ambicioso de los últimos años” en materia de transporte. “Sabemos lo importante que es la conectividad y la falta de inversión que ha habido en nuestras rutas con una visión federal y de logística”, añadió.

En materia de obras, Dietrich dijo que “en este proceso de tres años hemos puesto en funcionamiento una máquina equivalente a todo lo hecho en 65 años, tenemos 16.600 kilómetros sobre los que hemos intervenido”.

Sobre el régimen de PPP, el titular de la cartera de Transporte dijo que “su implementación ha sido exitosa en muchos países del mundo”, porque las obras “se cumplen con mejor plazo y mayor eficacia”.

Con respecto a la primera etapa, mencionó que contempla una inversión que supera los 8 mil millones de dólares y “más de 3.300 kilómetros construidos en red de autopistas y rutas seguras”. A su vez, destacó que los contratos de PPP generaron “más de 23 mil puestos de trabajo, sumado a la actividad económica de los trabajos viales”.

Asimismo destacó que, durante las obras, “hubo participación ciudadana, con receptividad de las localidades y todo el proceso fue transparente”. “Es la más exitosa licitación de primer PPP en Latinoamérica”, resumió Dietrich, quien también mencionó que ya comenzaron las obras en seis corredores adjudicados y la renovación integral de las líneas de pasajeros Urquiza y Belgrano Norte.

Por su parte José Luis Morea, secretario de Participación Público-Privada del Ministerio de Hacienda, resaltó que el proceso de PPP se hizo “en un marco de competencia y transparencia inédita en Argentina, con participación de entidades locales y abiertos al mundo, además se hizo en tiempo record”.

“Es uno de los incentivos más fuertes para que las empresas privadas, aún ante variaciones de contexto macroeconómico, mantengan su compromiso de iniciar las obras y de hacerlo en tiempo y forma”, destacó Morea.

En tanto, el ministro respondió inquietudes de legisladores integrantes de la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Diego Bossio (Justicialista), y remarcó el carácter federal del plan de obras de infraestructura y el consenso alcanzado con los gobernadores.

Como parte de la comitiva de la cartera de Transportes, también estuvo presente Agustina Morán, directora legal de la secretaria de Participación Público-Privada, quien destacó los “procesos de transparencia de las contrataciones, que se encuentran online para todos los interesados”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo consideró “inadmisible” que “se utilice al Congreso de la Nación para promover la grieta e incentivar la división”, tras conocerse que el Palacio Legislativo fue utilizado de sede por organizaciones que rechazan la Interrupción Voluntaria del Embarazo para entregar “distinciones” a los 38 legisladores que votaron en contra de la media sanción de Diputados.

“Es inadmisible que se utilice al Congreso nacional; que desde el Senado algunos aprovechen para promover la grieta e incentivar la división en el seno de una sociedad argentina que en los últimos meses ha dado un intenso debate y ha visibilizado una problemática que estaba en el oscurantismo”, afirmó.

El legislador remarcó, además, que “acá no hay nada que festejar u homenajear, esto se hizo a escondidas, a espaldas de los senadores que hemos votado a favor de sacar a las mujeres de la amenaza de la cárcel y de la clandestinidad” y afirmó que “el Congreso debe ser un lugar de debate y reflexión, no de chicanas que provocan un profundo dolor a quienes son víctimas de esta dolorosa realidad”.

Asimismo, Luenzo recordó que durante el debate legislativo se “visibilizó el inicio de una transformación cultural, de gran cantidad de argentinos que están pidiendo sacar este tema del código penal, que dejemos el concepto de criminalización de la mujer, de la estigmatización, de seguir manteniendo un debate en el oscurantismo para poder resolver en el ámbito de la salud pública y la educación”.

Subrayó que “por más premios que quieran darles al NO, esto es imparable”. “No tengo duda que en la República Argentina vamos a tener una ley y creo también que este año hemos dado un gran paso desde el punto de vista cultural para lograrlo”, agregó.

En ese marco, Luenzo dijo que seguirá “militando en el Senado por una nueva iniciativa para retomar el camino a la despenalización y legalización del aborto”.

El acto organizado por diversas agrupaciones contra el IVE se realizó en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación. Se trató del segundo intento de los organizadores, que tres semanas atrás debieron suspender su actividad ante las fuertes críticas vertidas por amplios sectores de la sociedad, que rechazaron los polémicas “distinciones” a los legisladores de la cámara alta que rechazaron la media sanción de Diputados.

Consultado acerca de la nueva actualización de tarifas como compensación a las empresas energéticas por la escalada del dólar, el senador por La Pampa Juan Carlos Marino se diferenció del secretario de Energía, Javier Iguacel y se mostró totalmente en contra: “Me parece una medida desafortunada, los argentinos entienden que atravesamos una situación difícil y ya han hecho un gran esfuerzo teniendo en cuenta de dónde veníamos, pero la carga no puede recaer siempre en el eslabón más débil, el sacrificio debe ser más parejo”.

En relación a las declaraciones del secretario, Marino sostuvo que “es un error mezclar los colores políticos en esta discusión. Envía un mensaje errado. La única forma de atravesar esta crisis es trabajando juntos. Hacer cargo a los consumidores por una situación que les es ajena es la salida más fácil y los más perjudicados son los argentinos de menores recursos. No se los puede asfixiar de esta manera”.

En cuanto a la situación particular de La Pampa, Marino reflexionó: “Hay que atender particularmente la situación del interior, acá nunca se pagó 40 pesos por la luz como sucedía en Capital Federal, las tarifas siempre fueron hasta 10 veces superiores en comparación, incluso antes de que asuma Macri. Particularmente en nuestra zona las condiciones son distintas, el clima es mucho más adverso, sopesar estas cuestiones también es hacer un país más federal. Más allá de pertenecer al interbloque Cambiemos, en primer lugar represento a los pampeanos y es por ello que insto a que se revea la medida”.

La Justicia absolvió a Carlos Menem de la condena a siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, al considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para arribar a una condena firme.

La jueza Catucci entendió que el contrabando no existió y que los plazos estaban vencidos, mientras que -sin analizar la existencia o no del delito- Riggi hizo hincapié en que se habían extralimitado todos los tiempos lógicos para dar respuesta a una investigación penal.

El exmandatario llegó a estar en prisión preventiva domiciliaria en 2001 durante seis meses, y luego quedó en libertad por tener fuero parlamentario al ocupar desde 2005 un escaño en el Senado, posición que renovó en las elecciones legislativas de 2017 por seis años.

El ex presidente había sido condenado en junio de 2013 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, por ser coautor del delito de contrabando agravado. Cuatro años después, en 2017, la Sala I de Casación, integrada por Juan Carlos Gemignani, Ana María Figueroa y Angela Ledesma, confirmó la pena al ex mandatario y el resto de los condenados.

La Senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para que los servicios de transporte urbano de pasajeros estén exentos del Impuesto al Valor Agregado. La iniciativa fue impulsada a raíz de una comunicación del Concejo Deliberante de Bariloche y en particular del Concejal e integrante de la Comisión de Transporte, Gerardo Ávila.

“El transporte urbano es un servicio esencial para las trabajadoras y los trabajadores, lamentablemente estamos frente a un contexto de escalada generalizada de precios que día a día castigan más a las familias argentinas”, advirtió la Senadora.

Agregó que “en situaciones de crisis agravadas por un proceso inflacionario creciente que afecta y erosiona los salarios, como también las prestaciones que reciben los jubilados y pensionados, es menester contemplar los costos y generar herramientas para preservar el empleo”.

“El gravamen del I.V.A. tiene una alta incidencia en el valor del transporte urbano de pasajeros, sobre todo en un contexto en el que el Estado Nacional se retira de los aportes al sistema. Se plantea una ficticia autonomía de provincias y municipios, pero se continúa sosteniendo una estructura impositiva regresiva que actúa en detrimento de las familias que deben elegir entre adquirir alimentos o tomar el transporte para ir a sus trabajos”, finalizó.

“Es imprescindible avanzar con una regulación que proteja a los usuarios de las redes sociales ante la suplantación de identidad, pero sin afectar la libertad de expresión”, sostuvo el senador nacional Alfredo Luenzo. Defendió su postura en la reunión plenaria de las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión –que preside– y de Justicia y Asuntos penales –encabezada por Pedro Guastavino–.

“Muchas veces las plataformas digitales constituyen espacios de desinformación sin ninguna consecuencia para quienes las utilizan violando las reglas establecidas que protegen la privacidad y seguridad de las personas. La falta de responsabilidad por parte de las mismas y la incapacidad de los Estados para enfrentar el tema y marcar los límites a las transgresiones que se dan en el mundo virtual, hacen necesario una norma jurídica clara”, afirmó Luenzo.

“Cuando no hay pautas claras, en procesos políticos la usurpación de identidad adquiere una dimensión enorme ya que las redes sociales pasan a ser, muchas veces, medios de desinformación y generadoras de opinión falsa”, agregó.

“Un equilibrio difícil”

Luenzo expresó que “así como en los medios tradicionales existen editores responsables, los medios digitales tienen que tener quien se haga cargo por el daño que se provoca cuando se dan casos de suplantación de identidad. Navegar entre la libertad de expresión y las normas de seguridad y privacidad es un equilibrio difícil. Las herramientas en sí mismas no son malas, pero todos nosotros tenemos que hacernos responsables y saber que cuando publicamos algo, si hacemos daño, tenemos una sanción. Y hay que trabajar para tener una ley que así lo establezca”.

Asistieron a la reunión: el Director de Políticas Públicas para América Latina de Facebook, Juan De Dios Batiz García; el responsable de Política Pública de Twitter Latinoamérica; el Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni; el Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Del Carril; el abogado especialista en delitos informáticos, Daniel Monastersky; el Secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Goncalvez Figueiredo y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Horacio Azzolín.

Consultas y debates

Se debatió acerca de cuáles son las herramientas a disposición del usuario para detectar la suplantación de identidad, en cuál situación se trata de usurpación y en cuál no lo es, cuáles son los requisitos para bloquear las cuentas, la falta de regulación por parte de las redes sociales para evitar difamación, extorsión, noticias falsas, entre otros temas.

Desde la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Azzolín explicó los distintos delitos que se cometen con falsa identidad digital, ya sea económicos, fraudes de reclutamiento laboral, hoy muy utilizado para traficar información, compra de bienes y extorsiones. Algunos delitos contemplados en el Código Penal, y muchos no. “Los proyectos de ley que están en estudio nos ponen a discutir los delitos de identidad digital que aún no están contemplados. El perfil falso debe ser tutelado y los delitos tienen que tener una sanción”.

Por su parte, el abogado especialista en delitos informáticos Daniel Monastersky expresó que “el honor no es lo único que se ve afectado, es también lo que se construye a partir de ahí. Una mala reputación online genera un sin número de daños y hay que encontrar una solución. Los daños son permanentes e irrecuperables. Una reputación online negativa es como una primera mala imagen”

“Vamos a seguir trabajando en una norma que proteja la identidad de las personas, que responsabilice a quienes utilizan de manera engañosa los medios digitales, provocando daños muchas veces irreparables, pero vamos a proteger la libertad de expresión, principio de todo sistema democrático y participativo”, sintetizó Luenzo.

La Comisión Bicameral Investigadora sobre la “Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del ARA San Juan”, presidida por el senador José Ojeda, recibió al vicealmirante José Luis Villán, Jefe del Estado Mayor General de la Armada.

En su presentación, José Luis Villán hizo una descripción sobre los temas prioritarios desde el 19 de diciembre de 2017 (fecha en la que asumió su cargo interinamente, ya que el Poder Ejecutivo concretó su nombramiento en septiembre pasado). En su relato, destacó la asistencia a familiares, la continua búsqueda del submarino y la transparencia respecto a las actuaciones judiciales y reglamentarias.

El jefe del Estado Mayor General de la Armada explicó que “la Fuerza buscó al submarino ARA San Juan desde el momento en que conocieron su desaparición”. Sin embargo, sostuvo que la pesquisa “se interrumpió por periodos largos porque no teníamos buques con capacidad para buscarlo”.

Además, dijo que “una comisión técnica” integrada por tripulantes de experiencia –uno de ellos padre de una de las víctimas- y con el apoyo de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada, “ha realizado simulaciones para intentar conocer lo sucedido desde un punto de vista técnico”.

El 15 de noviembre de 2017 cuando se registra la desaparición del ARA San Juan, José Luis Villán desempeñaba funciones como subjefe del Estado Mayor General de la Armada.

Según señaló, “desde el primer momento de su gestión como Jefe, tomó contacto con los familiares” y, también, decidió crear un Centro de atención para familiares, destinado a solucionar todos los temas administrativos.

De ese modo, Villán explicó: “Se asignó a cada familia una persona de contacto como nexo entre la Armada y los familiares” y, además, “se aseguró la continuidad del pago de haberes, y se los asesoró sobre temas de obras sociales, seguros y acciones legales”, entre otros.

Por otro lado, el referente de la Armada indicó que se extendieron “becas educativas para los hijos de los tripulantes” y, del mismo modo, se prorrogaron “los plazos reglamentarios normales para la desocupación de la vivienda fiscal (barrios militares)”.

En otro sentido, también se implementaron desde su gestión “acciones de apoyo social a los familiares que lo requerían, según las necesidades de cada caso”.

Fuente: Prensa HCDN

“El desafío de la Agenda 2030 nos exige interpelar los Objetivos de Desarrollo Sostenible e ir por la concentración financiera del mundo que atrasa el logro de los mismos y mantiene a la población en la pobreza”, expresó el senador Alfredo Luenzo durante su presentación en la reunión de la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( Parlatino) que se desarrolla en Panamá, y en el marco del Segundo Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

“La concentración de la riqueza financiera en el 1% de la población mundial, nos obliga a debatir profundamente de qué manera vamos a combatir la pobreza y lograr una educación inclusiva y de calidad. Esta concentración en tan pocas manos es un genocidio de baja intensidad que arroja a las personas a la pobreza y a la miseria cuya consecuencia es que cada vez hay más excluidos”, aseguró.

Y agregó que “solo podemos alcanzar el desarrollo con educación inclusiva y de calidad en todos los niveles de aprendizaje, ya que solo de ese modo cada persona podrá insertarse en la sociedad y obtener un trabajo decente. Nuestra región tiene que poner especial énfasis en la educación, que sigue siendo la mayor deuda en América Latina”.

En el mismo encuentro del Parlatino, Luenzo -miembro de la Comisión de Educación de ese organismo regional- presentó un Informe del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, donde se evalúa el rol de Congreso y su aporte a la consecución de las metas establecidas por los ODS.

Del mismo se desprende que entre 2016 y 2017 se presentaron 2.612 proyectos de los cuales el 59% tienen vinculación plena con los ODS, el 30% difusa, y el 11% ninguna vinculación. De los que tienen relación directa, solo el 4% se refieren al ODS 4 que es el que tiene como meta garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en cuanto al resto de los proyectos, aquellos vinculados de manera difusa, solo entre el 6% y el -1% refieren a educación.

“Pero lo más serio, apuntó Luenzo, es que el 91% de los proyectos que se vinculan con los ODS ni siquiera fueron dictaminados y solo el 2% es Ley, lo que equivale a la necesidad de trabajar muy fuerte en este sentido porque estoy seguro que el objetivo principal es la educación equitativa y de calidad, única posibilidad para terminar con la desigualdad y lograr el desarrollo”.

La Senadora Silvina García Larraburu solicitó al Gobierno Nacional la derogación de la reciente resolución 268/2018, en la que el Poder Ejecutivo ordena dar de baja a los beneficiarios de pensiones por invalidez que presenten alguna “incompatibilidad” conforme a los criterios que allí se mencionan.

De este modo el Gobierno Nacional obliga a que los pensionados deban concurrir a la Anses para realizar el reclamo correspondiente y así evitar la suspensión del cobro.

“Es inconcebible este mecanismo, las personas con discapacidad tienen el exiguo plazo de 10 días para regularizar sus expedientes administrativos, bajo pena de perder el beneficio y la posibilidad de defender sus derechos” explicó la rionegrina.

A su vez, indicó que “no podemos olvidarnos del carácter tuitivo de las pensiones por invalidez y la obligación del Estado que debe procurar acercarse y facilitar los trámites a quienes, por su condición, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

“El proceso de esta Resolución resulta perverso, porque no está destinado a mejorar la calidad de vida de los pensionados, sino a generar un nuevo filtro para profundizar el ajuste, y el abandono de las personas”, concluyó.

El senador nacional y ex gobernador de la Provincia de Salta, Juan Carlos Romero dialogó con el periodista Carlos Pagni y opinó sobre la actualidad del Senado y sus principales debates, como es el presupuesto 2019 y el desafuero de Cristina Kirchner.

“Fuimos víctimas y parte de la ruptura los partidos”, afirmó. Y agregó: “Puedo decir que no tengo un día de kirchnerista. Pero no hay que hacer caza de brujas. Yo pensaba que Néstor nos iba a llevar al abismo suavemente”.

El senador opinó que la economía argentina, después de más de una década K, quedó como si el país hubiese atravesado una guerra. “Hay que tratar de recuperar una conducta argentina de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, sin vivir de prestado o a lo grande”, enfatizó.

Romero, quien preside el Interbloque Parlamentario Federal en el Senado nacional, analizó el escenario en miras a las elecciones del 2019. Subrayó: ‘Hoy está Macri y está Cristina‘. Y que luego hay un sector peronista, no kirchnerista, donde ‘están (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel) Pichetto y (Sergio) Massa, quienes para tener éxito deben recrear un espacio y establecer reglas entre ellos‘.

La pareja del senador nacional Julio Cobos, Natalia Abon había sido designada el 11 de septiembre como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones en la Justicia Federal de Mendoza, lo que generó fuertes críticas debido a que se recibió de abogado hace menos de un año.

Ello desató un escándalo que obligó a la mujer a resignar el importante cargo en el Poder Judicial. Ahora, Cobos pidió que la reincorporen como su asesora en el Senado, de donde se había ido ante la expectativa del nuevo trabajo.

Ahora, tras un pedido formal, Cobos solicitó a Recursos Humanos del Senado que la reintegren a su sitio de asesora. Desde diciembre del 2015 comenzó a trabajar a la par de su pareja como asesora.  “Hace años que trabaja en el equipo del senador. Lo hace con responsabilidad y pasión como cualquiera de los demás asesores. Interviene en forma activa en todo el trabajo cotidiano y si hay dudas pueden consultar la productividad legislativa del senador y equipo, pueden ver los cientos de pedidos diarios de diversa índole que recibimos y canalizamos. Claramente y a esta altura de los acontecimientos, la intencionalidad es otra”, señalaron desde el entorno del exgobernador mendocino.

Tras la fuerte polémica que despertó en las últimas horas su designación, Natalia Obon, la novia del senador radical Julio Cobos, renunció a su cargo como secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

“Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo”, sostuvo la abogada a través de una carta.

El puesto al que se iba incorporar Obón a partir del viernes fue creado en octubre de 2017, siendo la secretaría de un juzgado el cargo más alto que puede ocupar un abogado antes de ser juez. En general, son puestos a los que se llega luego de una larga carrera judicial.

Sin embargo, otra polémica se derivó de este nombramiento. Previo a su renuncia como Secretaria, y con motivo del nombramiento en cuestión, Obon fue dada de baja en su cargo como asesora del Senado. Este lunes, el mendocino solicitó dejar sin efecto la cesantía de su equipo parlamentario.

El comunicado completo

Me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones debido a situaciones comunicadas con alguna intención determinada, prejuzgando mis condiciones, capacidades y experiencias tanto laborales como académicas.

No es la primera vez que algo así sucede. Ya en otra oportunidad –al comienzo de mi actual relación de pareja- difamaron, dieron por cierto rumores, invadieron la privacidad, mencionaron asuntos absolutamente personales delicados y me descalificaron con información falsa; e incluso inventaron un embarazo y como si esto no fuera suficiente, hasta se habló de un aborto. Temas muy graves, tristes y lesivos. No importó el profundo daño familiar y personal que ocasionaron y por supuesto luego nadie se preocupó por desmentirlo ni rectificarlo.

De esa misma manera aunque con distinto tenor, hoy también manchan y desprestigian mi persona, la de mi pareja, la de mi familia y de miembros del Poder Judicial. Entiendo que determinadas situaciones se aprovechan para terciar en pujas de poder, intereses particulares y operaciones.

Existió, existe y existirá una mujer con identidad propia por sobre él “es pareja de”. Soy y existo y me forjé más allá del hombre con el que comparto y transito el camino cotidiano.

Egresé del secundario como Perito Administrativo Contable con medalla de primer promedio. Estudié carreras universitarias: la primera en Mendoza en la Universidad Maza dónde obtuve el título de Nutricionista. Posteriormente, en la Universidad Católica de San Juan egresé como Licenciada en Nutrición con promedio 9,40. Ya siendo mamá de mis tres hijas y divorciada, decidí iniciar mis estudios de abogacía en la Universidad Siglo 21 y con mucho esfuerzo logré recibirme en tiempo y forma con promedio 8,70.

Trabajo desde los 16 años porque siempre entendí que debemos forjar nuestro propio destino y lograr la independencia económica. Una vez recibida, trabajé en consultorios como profesional y durante diez años en una asociación con niños con síndrome de Down. Ingresé al Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, donde empecé mi segunda carrera universitaria a fin de enriquecen mi labor. Me desempeñé en la oficina jurídica y luego como secretaria de la Presidencia. Luego asumí como asesora en el Honorable Congreso de la Nación, gran y hermoso desafío no solo por lo que implica sino por la exigencia que requiere el área legislativa con diversos alcances, lo que me exige permanente actualización, estudio y capacitación.

Ha sido un verdadero honor que me considerasen para tan prestigioso cargo en la recientemente conformada Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza. Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo.

El senador de la Nación, Guillermo Pereyra, habló sobre el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional e indicó que “no se puede votar un presupuesto con estos condicionamientos”, respecto a los cambios presentados sobre el Impuesto a las Ganancias. A la vez, ratificó la adhesión de Petroleros Privados al paro organizado por la CGT para el próximo martes 25 de septiembre.

El neuquino criticó el proyecto de Presupuesto presentado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y principalmente la intención de derogar toda disposición mediante la que se establezca la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del Impuesto a las Ganancias, excepto las establecidas en la Ley del Impuesto a las Ganancias. “Esto nos da muchos más motivos para adherir al paro, porque nos afecta fuertemente”, indicó.

“En 2005 reclamamos por el pago de las horas de viaje, que no forman parte de la jornada del trabajador, y las viandas, que ya tributan IVA, y esto fue escuchado en su momento por el presidente Néstor Kirchner”, recordó el senador y agregó que a ese efecto se votó la Ley 26.176 con unanimidad de las dos cámaras. Además, advirtió que con estas modificaciones “va a tributar también lo del acuerdo por Vaca Muerta, en el que intervino directamente el presidente Mauricio Macri”.

Los cambios también afectan a las jubilaciones del sector. “Alcanza a todo lo que ha costado tanta lucha y sacrificio a través de los años”, añadió. En este sentido, se convocaron todos los secretarios generales de los gremios petroleros a una reunión para llevar el reclamo a los senadores y diputados.

Respecto al paro, afirmó que ya fueron informadas las empresas que no se dejarán guardias mínimas, pero no habrá afectación a la producción.

También se refirió a la situación de la PIAP, que no fue incluida en el Presupuesto Nacional, y YCRT. Por ese motivo, como presidente de la Comisión de Energía del Senado decidió junto al senador Daniel Lovera -presidente de la Comisión de Trabajo- convocar la próxima semana a los secretarios de Estado de ambas carteras, Jorge Triaca y Javier Iguacel, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner “a una reunión para exigir una solución para estos trabajadores”.