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El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto para restablecer por ley el reintegro del 15% del IVA en compras con tarjeta de débito para jubilaciones y pensiones de haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo y del Plan Progresar, y trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico.

La iniciativa del chubutense eleva, además, el beneficio de la devolución a 900 pesos, en lugar de los 300 que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre y que el gobierno no prorrogó.

“Nuestros abuelos y los beneficiarios de las asignaciones necesitan de un Estado presente que los acompañe y les aporte soluciones ante la difícil situación que están atravesando. Por este motivo, es que a partir de esta iniciativa que estamos presentando en el Congreso, estamos gestionando que las jubilaciones y asignaciones recuperen la devolución del 15% del IVA y que ese tope se eleve a 900 pesos”, comentó Luenzo al respecto.

Asimismo, explicó que es la devolución del IVA para el sector pasivo y beneficiarios de las asignaciones es “una medida justa en términos sociales y conveniente en términos de política económica”.

“Este tipo de medidas van en la dirección correcta. Por un lado subraya el carácter redistributivo y de equidad que debe orientar a las políticas públicas. Y por el otro estamos contribuyendo con un sector que vuelca cada peso que recibe al circuito económico. En otras palabras, estamos dejando recursos directamente en el circuito local que luego van al consumo interno. Queremos que los recursos se queden en el sector de la economía de cada pueblo y municipio en lugar de irse con un criterio centralista a la Nación”, completó.

Por otro lado, Luenzo afirmó que “la política de restricción al poder adquisitivo está agravando la situación económica” y estimó “necesario volcar recursos a los trabajadores, a nuestros jubilados y a los beneficiarios de las asignaciones”.

“Desde la oposición creemos que es imperioso trabajar en políticas orientadas al consumo interno y el gobierno nacional lo debería entender como prioridad para ellos también. Son este tipo de políticas las que pueden contribuir a apuntalar una recaudación que hoy producto de estas políticas restrictivas está en franco retroceso. Y sin recaudación no hay fondos luego para educación, salud o hacer las obras de infraestructura que estamos necesitando”, finalizó.

El reintegro del IVA estaba estipulado en la Ley N°27.253 del “Régimen de Reintegro por Compras en Comercios de Venta Minorista” que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre con un tope de 300 pesos y que el gobierno decidió no prorrogar.

La Cámara Federal rechazó el pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que le sean devueltos los bienes secuestrados en los allanamientos a sus domicilios en Recoleta y El Calafate. Son 29 esculturas y 33 cuadros.

En el fallo se hace alusión a que la expresidenta tiene un procesamiento confirmado como jefa de asociación ilícita y por cohecho pasivo, así como también un embargo de $1.500.000.000. En ese marco, la justicia rechazó el pedido de la defensa.

A criterio de la ex presidenta, hubo un “registro de domiciliario nulo” para secuestrar esas obras de arte y la retención judicial, a través de un depositario, generaba “costos innecesarios y perjuicios ilegítimo”. “Es para que vos creas que en mi casa había un museo y te indignes por eso y no por los nuevos tarifazos de la luz, del gas y del transporte. De manual”, escribió a fines de diciiembre en las redes sociales junto a imágenes de agentes de la Policía retirando cuadros.

Lo que sí aceptó la Cámara fue anular la decisión de Bonadio de secuestrar los elementos que estaban en la calle Uruguay y tenían como depositario judicial a Mariano Cabral. Frente a eso, la defensa de la ex presidenta se presentó en el juzgado: reclamó “la inmediata restitución al domicilio de Uruguay de los elementos que fueron sustraídos por el juez sin fundamento alguno”.

La Senadora Silvina García Larraburu, autora del proyecto de Ley de Alquileres que por unanimidad obtuvo media sanción en la Cámara Alta, remarcó la importancia de sancionar la tan esperada ley que cambiará la vida a miles de familias inquilinas. Recordó que la norma obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados pero por falta de tratamiento en el recinto, perdió estado parlamentario en diciembre pasado.

La autora y propulsora de la reforma desde el 2016, señaló: “Desde hace tres años, junto a mi equipo de trabajo y el Frente Nacional de Inquilinos, venimos trabajando para que este proyecto sea ley. No vamos a bajar los brazos y este año insistiremos con su representación, incluyendo los aportes y actualizaciones consensuadas en ambas Cámaras”.

“La iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. Se pretende dar respuesta a la inflación que afecta de forma ascendente a todos los inquilinos que hay en la Argentina. La reforma propuesta transparenta el mercado y protege a los actores que participan de estos contratos”, destacó la parlamentaria.

Añadió que “más de 7 millones de inquilinos en todo el país esperan esta ley. mientras deben adaptarse a las crecientes exigencias del mercado inmobiliario sin poder de negociación ni resguardo de sus derechos”.

“Las familias argentinas viven en constantes mudanzas, por eso se viene planteando un plazo de contrato mínimo de tres años siguiendo la tendencia mundial, y un índice de actualización anual que sea ecuánime y brinde estabilidad y certidumbre a las contrataciones”, subrayó.

Recordó que el descenso de los salarios, los aumentos tarifarios y el desempleo, hacen casi inaccesible para la mayor parte de la población el sostenimiento de un derecho esencial como es el de la vivienda.

Finalizó: “Este proyecto cuenta con el apoyo y militancia de las agrupaciones de inquilinos de todo el país, que desde el Frente Nacional de Inquilinos, hace más de 7 años vienen reclamando por una solución a la evidente desigualdad en los contratos locativos. No podemos dilatar más la sanción de esta norma”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo se reunió con el ministro Rogelio Frigerio, sus pares Miguel Pichetto, Carlos “Camau” Espínola y Rodolfo Urtubey, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con quienes consensuaron una agenda parlamentaria a partir del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.

En ese marco, acordaron el tratamiento de la ley “anti barras” que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y avanzar en la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Dentro de ese contexto, Luenzo expresó la necesidad de una ley que “regule las fake news y la responsabilidad extendida de los intermediarios de internet en la administración de contenidos, así como la de las redes sociales, que van a ser protagonistas en la próxima campaña electoral”.

Por otra parte, Luenzo manifestó que hablaron con el ministro sobre el proyecto de ley presentado por Alternativa Federal que declara “la emergencia fiscal de las pymes por 180 días corridos a partir de su sanción. La iniciativa- aclaró – deja sin efecto la Resolución 50/19 con la que se incrementaron las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios en un 50%”.

“Las Pymes están en un escenario muy crítico y se está poniendo en riesgo la sustentabilidad de muchas de ellas. Necesitamos políticas que estimulen empleo, la producción, el mercado interno, porque la situación es cada día peor”, aseguró.

En la reunión, que se extendió durante dos horas, también se abordaron distintos temas de actualidad política institucional que formarán parte de la próxima agenda parlamentaria.

La Oficina Anticorrupción (OA), presentó un escrito para que se rechace la postergación del inicio del juicio oral solicitada por la defensa de Cristina Kirchner en la causa “Obra Pública”.

La OA, querellante en la causa, en su presentación ante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) resaltó que “no se ha demostrado o acreditado un gravamen actual al derecho de defensa de la imputada o al ejercicio de sus funciones durante esta etapa del juicio”. Los abogados de la imputada habían pedido la suspensión del juicio argumentando que todavía no está concluido un informe pericial. Sin embargo, para la OA “no se indicó de qué manera se fulminarían las garantías que dice afectadas si se comienza el debate sin que, por ejemplo, se haya finalizado el peritaje”.

Para la Oficina las medidas de prueba pendientes pueden concluirse durante el transcurso del juicio oral sin que esto cause un perjuicio a los procesados. “Entendemos que resulta necesario armonizar la garantía de defensa en juicio con los compromisos asumidos por nuestro país en diversas convenciones internacionales contra la corrupción, de sancionar actos de este tipo cometidos en el ejercicio de la función pública”, se sostiene en el escrito que cita a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En la causa se investigan irregularidades en la concesión de obra pública vial al “Grupo Austral”. También serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas, José López y otros ex funcionarios.

Cuando la Oficina Anticorrupción presentó su requerimiento de elevación a juicio en esta causa, resaltó que la ex presidenta de la Nación “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”. Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”. De esta forma, la ex mandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.

Para la OA, Cristina Fernández de Kirchner es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos.

El senador de la Nación Guillermo Pereyra recibió en el Aeropuerto “Juan Domingo Perón” de la ciudad de Neuquén a su par rionegrino Miguel Pichetto con quien estuvo recorriendo el Área Fortín de Piedra donde tiene emplazado su desarrollo Tecpetrol en la formación Vaca Muerta.

“Lo que está ocurriendo en Fortín de Piedra es que la producción se ha elevado de tal manera que están en un cuello de botella. Ahora se acusan mutuamente el Gobierno Nacional y Tecpetrol por el cambio en las reglas de juego”, indicó.

En rueda de prensa, el dirigente petrolero habló sobre el conflicto en Vaca Muerta por los cambios en la aplicación de la Resolución N°46 y dijo que “esto es un enfrentamiento entre dos titanes, Paolo Rocca y Mauricio Macri, que quieren tomar a los compañeros trabajadores como rehenes”.

En este sentido destacó que a diferencia de Tecpetrol el resto de las operadoras están trabajando normalmente “y en ningún momento hablaron de bajar las inversiones o suspender trabajadores, por eso es llamativo que el conflicto se centre en un solo lugar”. El dirigente señaló además que “siguen amenazando con que la próxima semana va a haber despidos en Fortín de Piedra”.

“Nosotros no nos vamos a meter en esta pelea entre Tecpetrol con el Gobierno Nacional porque nuestra misión es la de defender a los compañeros trabajadores”, indicó Pereyra pero precisó que en caso de haber suspensiones “vamos a responder de la manera que sabemos, porque hemos firmado distintos convenios pero mantenerlos es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de las empresas no hacer ninguna provocación porque nosotros vamos a actuar para defender los puestos de trabajo y la dignidad de los compañeros”.

Guillermo Pereyra mantuvo ayer una reunión en YPF donde le transmitieron que la empresa “no iba a bajar gente. Que YPF va a seguir creciendo y va a reconvertir lo que tiene en gas a petróleo pero sin tocar a los trabajadores”. “Hemos pedido también al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, la pronta constitución de la Mesa de Vaca Muerta con las operadoras y con el gobernador de la provincia Omar Gutiérrez, quien es nuestro principal aliado; y por eso es que vemos cómo fundamental la continuidad de nuestro gobierno del Movimiento Popular Neuquino en los comicios del próximo 10 de marzo” finalizó.

El senador Miguel Ángel Pichetto visitó la provincia para acompañar a Pereyra “en una coyuntura que pone a prueba la defensa del interés de los trabajadores petroleros”. Además explicitó la necesidad “de que se mantengan las inversiones en este gran complejo que es Vaca Muerta, que es el futuro de la Argentina. Porque la posibilidad del autoabastecimiento de gas y petróleo es la llave maestra para sacar al país definitivamente de la crisis”.

De la misma manera, expresó su solidaridad para con los trabajadores y reflexionó que es importante mantener los acuerdos “porque Vaca Muerta tiene que ver con el futuro de la Argentina, y esperemos que en la mesa se pueda llegar a acuerdos para mantener el trabajo y el nivel de producción”.

También acompañaron la llegada del senador rionegrino el secretario general de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, y el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Sergio Rodríguez, y el secretario adjunto de Petroleros Privados, Ricardo Astrada.

El líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, pidió que la ex presidenta Cristina Kirchner abandone el silencio y “salga a conducir” a partir de una convocatoria “generosa” al conjunto de la oposición, en tanto que le sugirió que defina su eventual candidatura presidencial.

“El pueblo se siente solo, desamparado, y ante la falta de conducción, el Gobierno es una máquina de impunidad”, analizó el funcionario en una entrevista radial.

Solanas remarcó que “hay que trabajar por una propuesta de gran unidad nacional, con grandeza”, y agregó: “Esta elección no se va a ganar sin un frente amplísimo, generoso, de brazos abiertos”. En este sentido, opinó que “la existencia de un tercer espacio beneficia a Macri”. “La política de Macri ha sido dividir, sin división está liquidado Macri”.

“Súbase al caballo en serio señora. Y llame generosamente a todos los argentinos a unirnos. Es la mejor manera de que usted y su familia estén seguros”, sugirió Solanas a la ex presidenta.

Por otro lado, elogió a Roberto Lavagna ante la posibilidad de una candidatura: “Fue el mejor ministro de economía que tuvo el kirchnerismo”.

El senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, rechazó la decisión del gobierno nacional de fijar “a espaldas del consenso legislativo” la normativa para la compartición de infraestructura pasiva mediante una “simple resolución administrativa” de la Secretaría de Tecnologías de la Información que depende de la Jefatura de Gabinete.

“No respetan la propuesta superadora que debatió este Senado y que ahora está en Diputados. Esta resolución es un ‘copio y pego’ del proyecto que envió el Ejecutivo y que fue modificado con amplia participación de los cableros del interior, la televisión abierta y los que prestan servicios de TICs y las organizaciones intermedias del sector”, afirmó Luenzo.

El chubutense, que preside la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, aseguró que la iniciativa aprobada en julio por la cámara alta aporta “una cuota de federalismo muy alta” y que ratifica el concepto de que “la copartición de infraestructura tiene que ser simétrica, con carácter democrático y equilibrado, transparente”.

“Genera preocupación esta resolución 3/19 tal como fue publicada en el Boletín Oficial ya que no vemos ninguno de los principios y conceptos que hemos consensuado por el Senado”, añadió.

Luenzo ratificó la necesidad de cuidar “los puestos de trabajo, las pymes del interior y a las cooperativas” y subrayó que “la posición dominante de los grandes jugadores de la comunicación están muy lejos de lo que puedan ofrecer los cableros pequeños, las cooperativas, que con mucho esfuerzo nos dan televisión e internet”.

“Por eso era fundamental protegerlos, tal como lo hemos dejado asentado en la propuesta que aprobamos”, continuó.

Asimismo, el legislador cuestionó las amplias facultades que le otorgan a la ENACOM para intervenir en las negociaciones entre las partes vinculadas a la infraestructura pasiva, incluso fijando precios en forma unilateral.

“Este reglamento vulnera el derecho de propiedad y cuestiones básicas en materia comercial y civil que puede afectar gravemente a las empresas del interior”, dijo al respecto.

Luenzo sostuvo que la resolución del Poder Ejecutivo devela, además “una fuerte visión centralista”.

“De la forma cómo lo están fijando, tendremos muchos casos en donde una pyme del interior o una cooperativa que hizo el esfuerzo para invertir y llegar a un pueblo de su provincia, que llevó el cableado y los postes a una zona de difícil acceso, se vea obligado a cederle todo ese esfuerzo a uno de los grandes jugadores de las telecomunicaciones sin que este otro tenga que invertir un solo peso en la provincia”, manifestó al respecto.

“Tampoco le dan tiempo al sector a adaptarse al nuevo marco normativo en un período de tiempo razonable y que proteja a las unidades económicas que generan puestos de trabajo locales. En el Senado fijamos 2 a 4 años según la población. En este reglamento les dan 30 días para presentar sus cuestionamientos pero no son vinculantes”, lamentó.

Por otro lado, el senador sostuvo que “esta situación puede derivar posteriormente en vulneraciones a los derechos de los consumidores y afectar en materia de contenidos al universalizar la difusión de contenidos de las grandes urbes en detrimento de las industrias culturales locales”.

En ese marco, Luenzo insistió al Poder Ejecutivo a retomar el debate del proyecto que tiene media sanción de la cámara alta.

“Esto nos demuestra también la necesidad imperiosa de avanzar ya mismo con la ley corta de contenidos. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de contenido. Estamos todos de acuerdo que queremos un país conectado, porque significa más soberanía, pero hay que discutir contenido que es una de las grandes tareas pendientes”, concluyó.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado y el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Indonesia de Diputados, recibieron a una delegación de ese país con quienes intercambiaron experiencias legislativas en materia de gestión de desastres.

El senador Julio Cobos y el diputado Álvaro González pusieron a disposición de Totok Daryanto, jefe de la delegación indonesa, toda la información acerca de la ley 27.287 que creó en 2016 el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil en Argentina.

“La principal preocupación de nuestro país es conocer cómo desarrollan la gestión de riesgos”, indicó Totok.

Indonesia sufre 5 mil desastres naturales anuales, a los que se suman los tsunamis y las inundaciones. “Todas estas catástrofes nos insumen 22 trillones de rupias por año”, detalló el representante del gobierno indonés.

“Nos honra que puedan tomar como referencia la legislación nacional en materia de desastres que sancionamos en 2016”, destacó Cobos al tiempo que expresó que “compartimos su preocupación y estamos a disposición”.

Por su parte, el diputado González describió en qué consiste la legislación, cómo se implementa y cómo se financia la prevención en materia de riesgos en el país. “Se llevan un gran aporte, que se sancionó por amplia mayoría en ambas cámaras y que incorpora las sugerencias y conocimientos de expertos en ese tema”, puntualizó el diputado.

De la reunión participaron los diputados Astrid Hummel (PRO) y Carlos Selva (FUNA); los senadores Norma Durango (FpV) y Néstor Braillard Poccard; y los directores de Diplomacia Parlamentaria de ambas Cámaras, Juan de Dios Cincunegui y Simón Bestani; y Carlos Cherniak, director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería.

El gobernador Gerardo Morales se refirió en relación al tratamiento de un proyecto de ley remitido por el presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional del vecino país, denominado “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”.

“Nuestro reclamo sobre la reciprocidad, generó que, por primera vez, en Bolivia se dé un debate de magnitud”, sostuvo.

No obstante ello, advirtió que la iniciativa, que refleja el pensamiento de Evo Morales, “sigue reproduciendo la actual política excluyente de atención sanitaria” y renovó el reclamo para que la atención a los extranjeros en Bolivia “sea sin restricciones y gratuita, como en nuestro país”.

Precisó que el proyecto, en su artículo 5, prevé quiénes serán los beneficiarios de la atención integral en salud de carácter gratuito, esto es bolivianas y bolivianos que no están protegidos por la Seguridad Social de Corto Plazo y las personas extranjeras residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia que no están protegidas por la Seguridad Social de Corto Plazo, en el marco de instrumentos internacionales de reciprocidad en salud.

“Quedan excluidos los extranjeros residentes que poseen obra social”, indicó y resaltó que “propone además que solo sean atendidos gratuitamente los extranjeros de los países que hayan firmado convenio de reciprocidad”.

Para el mandatario jujeño, “esto profundiza el trato inequitativo y desnuda la verdadera realidad de la falta de atención gratuita de la salud en Bolivia a los extranjeros en tránsito, ya que excluye expresamente la gratuidad de ese derecho” y apuntó que “por eso Manuel Vilca tuvo que pagar hasta el papel higiénico”.

Acentuó sus objeciones, señalando que el proyecto de referencia “sigue excluyendo de atención sanitaria a los extranjeros, mientras en Argentina atentemos gratuitamente a todos, argentinos, extranjeros residentes y extranjeros en tránsito”.

Ante este escenario, Morales consideró imperioso que el gobierno boliviano, a través de Cancillería, aclare el alcance del concepto de personas extranjeras residentes que establece el artículo 5 inciso B. “¿Son residentes quienes están en tránsito? ¿Se incluyen a turistas argentinos?”, consignó.

También estima necesario modificar el inciso B del artículo 5, “eliminando todo tipo de condicionamiento en cuanto a los convenios de reciprocidad en la salud, con el objetivo de que los argentinos residentes en ese país tengan igual tratamiento al que les damos en Argentina a los residentes bolivianos”.

Asimismo, abogó por la incorporación de un inciso C al artículo 5 en cuestión, “para que se incluyan como beneficiarios del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito a los extranjeros en tránsito, sin ningún tipo de excepción”.

“Si no se hacen estas modificaciones que estoy solicitando, se reafirma el criterio del Estado Plurinacional Boliviano de no prestar atención en salud a los ciudadanos argentinos”, aseveró.

En otro orden y tras citar que “Argentina tiene 2 millones de residentes bolivianos, mientras que Bolivia posee 30 mil residentes argentinos”, el gobernador subrayó que “frente a esta desproporción, lo menos que pido es que se aclare y se modifique el inciso B y se incorpore el C, para que se los trate de igual manera y de forma gratuita a los 30 mil argentinos que residen en Bolivia”.

“Queremos un trato recíproco en salud”, ratificó finalmente.

“Nos declaramos en estado de alerta y movilización ante cualquier intento de despido, porque los trabajadores no rompimos ningún acuerdo” aseguró el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra; frente a unos 20.000 trabajadores petroleros que se desplazaron de todos los yacimientos a la localidad de Añelo para participar de una multitudinaria asamblea convocada por la comisión directiva del gremio. Allí, el dirigente sindical reafirmó que “no vamos a permitir ningún tipo de despido porque 20 mil trabajadores defienden Vaca Muerta”. Asimismo señaló que le va a solicitar al presidente Mauricio Macri una audiencia “para manifestarle cual es la expresión y posicionamiento de los trabajadores”

La asamblea fue convocada por Pereyra en respuesta a la decisión del Gobierno Nacional de modificar la aplicación de la Resolución N°46 del Ministerio de Energía -hoy Secretaría- poniendo tope al subsidio. “Acá no hay seguridad jurídica”, dijo y recordó que esto forma parte de los acuerdos con el FMI. El también senador de la Nación por el Movimiento Popular Neuquino pidió, ante más de 20.000 trabajadores, mantener la tranquilidad pero afirmó que “no me va a temblar el pulso si hay que romper todos los acuerdos que se hicieron en Vaca Muerta”.

Esta asamblea surgió ante la necesidad de informar a las bases obreras qué significaba el recorte del denominado ‘Plan Gas’, y en este sentido sostuvo Pereyra que “desde Neuquén y los miles de trabajadores de la cuenca Neuquina pusimos mucho esfuerzo para lograr los resultados obtenidos en el camino del ansiado autoabastecimiento energético, por eso no vamos a permitir que ahora nos vengan a cambiar las reglas”.

Pereyra recordó que junto al Sindicato de Petroleros Jerárquicos tuvieron una fuerte participación en la creación de la Resolución N°46 para poner en valor Vaca Muerta y crear fuentes de trabajo. “Habíamos perdido 1.700 puestos de trabajo y había que recuperarlos. Las negociaciones que realizamos con el Gobierno Nacional desembocaron en esta resolución. Pusimos todos muchísimo esfuerzo por eso hasta aquí llegamos, no permitiremos ningún despido ahora”, precisó.

Advirtió también el líder petrolero que “el gremio no sale a defender a ninguna empresa, sale a defender los puestos de trabajo obtenidos” aseguró y en este sentido recordó que “hemos firmado acuerdos como la adenda o el llamado ‘blindaje’ a Vaca Muerta para que no haya conflictos. El Sindicato cumplió con todo, por eso ahora que no pretendan dar marcha atrás”.

Finalmente, como vicepresidente del MPN, Pereyra también defendió la continuidad del gobernador Omar Gutiérrez al frente del Gobierno de la provincia “para garantizar la continuidad del desarrollo de Vaca Muerta”. A la vez, agradeció el acompañamiento del titular de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo.

De la asamblea participaron el secretario adjunto, Ricardo Astrada, el secretario administrativo, Marcelo Rucci, y demás miembros de la Comisión Directiva del Sindicato.

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que se suspenda el inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz hasta tanto se concluyan las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria.

Las fuentes estimaron que de finalizar las pericias en lo inmediato la fecha del juicio se mantendrá vigente, o sea el 26 de febrero, en tanto que si el estudio de los peritos de la Corte finalizaría a largo plazo es probable que se corra la fecha del debate: es algo que resta definir.

La medida sobre las pericias fue solicitada por Cristina en el período de presentación de pruebas. Requirió que el Tribunal acceda a realizar un peritaje, pero su idea inicial era una pericia sobre toda la obra pública adjudicada durante su Gobierno, incluyendo así a todos los contratistas del Estado que en la actualidad están siendo investigados por el juez Claudio Bonadio por haber pagado sobornos a la anterior gestión.

En el juicio por fraude a la obra pública también serán juzgados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el empresario Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y otros exfuncionarios.

La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, solicitó que la Cámara de Casación Penal rechace los recursos presentados por los abogados defensores de los condenados en la causa Ciccone. Si la Cámara de Casación rechaza los planteos la condena estará más cerca de quedar firme.

En el escrito, la OA recordó que “el tribunal tuvo por debidamente probado, con plena certeza y más allá de toda duda razonable, que Nicolás Tadeo Ciccone por una parte, y Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, César Guido Forcieri y Rafael Resnick Brenner, por otra y conformando un grupo delictivo, convergieron -cada uno desde un rol determinado- en un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado en derredor de la firma Ciccone Calcográfica S.A. Y que el objetivo fue “rescatar ilícitamente a la empresa Ciccone Calcográfica S.A de su quiebra declarada judicialmente; y rehabilitarla para que pueda retomar sus vínculos contractuales con el Estado Nacional, uno de sus más importantes y recurrentes demandantes de los productos y servicios que prestaba aquella”.

Para la OA “la sentencia constituye un bloque decisorio inexpugnable desde el plano probatorio y jurídico. Una auténtica derivación racional de los hechos y las pruebas del debate, y por supuesto del derecho vigente”.

En el escrito de la OA se destaca que la sentencia del Tribunal Oral no sólo retoma lo sustancial de los argumentos de la propia OA, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el fiscal sino que también hace un análisis detallado de los hechos, dando argumentos sólidos a todos los cuestionamientos presentados por los abogados defensores.

La Oficina rechazó que se cuestione a la participación de la UIF como querellante. “Nada nuevo a lo dicho en el debate, que tuvo debido tratamiento y respuesta por el Tribunal, agregó la defensa de Boudou en el recurso. Ni una sola palabra. Otra mera expresión de disconformidad con la decisión”.

Finalmente, las defensas de los condenados cuestionaron la constitucionalidad de la condena a inhabilitación perpetua. “No hay margen para solicitar la inconstitucionalidad de esta pena, y es el propio ordenamiento penal quien no da los fundamentos”. Y agrega que “incluso desconoce la jurisprudencia del Tribunal de Casación, de esta propia Sala IVª”.

Con esta presentación la OA promueve que se dicte un fallo definitivo en el caso sin nuevas demoras.

El Gobierno analiza seriamente suspender el llamado a sesiones extraordinarias en febrero. El temor es que la convocatoria deje en evidencia la falta de acuerdo en el Parlamento y esto incida en campañas.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que “no están cerrados aún los temas que se tratarían en el Congreso” en sesiones extraordinarias, aunque apuntó que uno de ellos podría ser el proyecto de financiamiento político, al tiempo que expresó que tampoco está definido quién será el juez propuesto por el Gobierno para cubrir la vacante abierta en la Cámara Electoral Nacional (CNE).

Por su parte, Marcos Peña propuso analizar con tranquilidad los pasos a seguir y dilatar cualquier definición. De ahí que, en los últimos días, el Gobierno esquivó dar mayores precisiones sobre la convocatoria a extraordinarias.

Así las cosas, el periodo legislativo se avecinaría tranquilo y habría que esperar si los proyectos que quedaron en agenda para febrero avanzan una vez iniciadas las sesiones ordinarias, a saber, financiamiento político, ley de barrabravas y pliegos de magistrados.

Eduardo Duhalde volvió a hablar de la situación del peronismo y le tiró un guiño a Cristina Fernández de Kirchner.

“Es una mujer muy inteligente, todos la conocemos como eso. Yo no he estado de acuerdo en muchas cosas” fueron algunas de las declaraciones salientes del ex gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde quien no escatimó elogios hacia CFK, aunque también dejó en claro que no coincide con su forma de gobernar y sostuvo que “he sido objeto de cosas muy feas”.

“A veces el ejercicio de la presidencia hace que se tomen decisiones que no corresponden. Gente al lado de ella me atacó y yo jamás abrí la boca porque no hablo mal de los presidentes”, sostuvo el ex presidente. Y agregó: “Pobre del país que sus ex presidentes no pueden hablar entre sí, a veces el ejercicio de la presidencia hace tomar decisiones equivocadas y fui atacado por gente de su entorno”. Y sentenció: “Si tuve problemas con Cristina ya me los olvidé”

Días atrás, el ex presidente había afirmado sobre una eventual tercer mandato de CFK que “el tiempo pasado no va a volver y en la situación actual donde la corriente va para otro lado” y añadió que “un gobierno de esas características no solo que no va a ser ayudado, sino que sería atacado de forma internacional”.

El presidente del Bloque de Senadores del PJ, Miguel Pichetto, informó que está preparando un pedido de juicio político a la jueza Patricia Susana Guichandut, que había permitido liberar al ladrón colombiano y que ahora será expulsado, y también solicitará informes “al Procurador General de la Nación sobre el fiscal interviniente debido a que este es parte del problema si consintió la medida de la jueza”.

Se trata de la magistrada que ordenó la liberación de un joven motochorro colombiano que había robado un celular en el barrio porteño de Caballito y sólo le había impuesto la pena de pagarle 700 pesos a la víctima.

El senador afirmó que -en el caso de los migrantes provenientes de Colombia- el canciller Jorge Faurie “se tiene ocupar de garantizar que ese país brinde los antecedentes penales de sus ciudadanos que quieran ingresar a nuestro territorio. Esto lo tenemos que instrumentar con todos los países. Cancillería debe establecer convenios de intercambio de información con todas las naciones de la región de las que suelen venir sus ciudadanos a nuestro país para que sepamos si tienen antecedentes penales; de lo contrario habría que evaluar ir a una medida más extrema como es la de la visa”.

“Vengo exigiendo que Argentina avance con todos los países de la región en convenios de reciprocidad para que nuestros ciudadanos tengan el mismo trato en las otras naciones que el que les ofrece el Estado Argentino a los extranjeros, por ejemplo en materia de educación y salud gratuitas”, concluyó Pichetto.

La comisión directiva de la asociación judía aceptó la licencia “indeclinable” y “por tiempo indefinido” presentada por el presidente de la institución y solicitó a la DAIA el retiro de la carta que había enviado días atrás, con el fin de “dejar sin efecto el requerimiento efectuado” para que abandonara la querella judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados por la firma del memorando con Irán.

“La DAIA debe desistir de impulsar la causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por el memorando de entendimiento con Irán. La revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes”, decía, entre otras cosas, el texto remitido por la AMIA.
Esa petición había cosechado el enfático rechazo de la DAIA, como así también de distintas personalidades públicas y dirigentes políticos.

En ese marco, Zbar envió una nota a la comisión directiva de la AMIA en la que solicitaba una licencia “indeclinable” y “por tiempo indefinido” a su cargo de presidente, y pedía disculpas por lo sucedido.

En un comunicado de prensa difundido, la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) informó que la comisión directiva de la entidad aceptó el pedido de licencia planteado por Zbar, a través de una carta en la que también había pedido “disculpas por los hechos y declaraciones efectuadas en relación con el pedido realizado a la Daia”.

La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley modificando las condiciones de acceso a los administradores de los entes reguladores. Los sucesivos conflictos que se han suscitado con las tarifas que remuneran la prestación de servicios públicos y la calidad de éstos, han concentrado la atención en el desempeño y en las funciones de los mismos.

En la actualidad, los servicios públicos esenciales están sujetos al control y fiscalización de Entes Reguladores (del gas, de la electricidad, del agua, de las comunicaciones), quienes entre otras funciones, deben tutelar los derechos e intereses de los usuarios.

“Sin embargo, la proveniencia de quienes integran sus directorios de las propias empresas fiscalizadas, donde previamente se desempeñaron o estuvieron vinculados contractualmente, afecta de parcialidad su actuación y en lugar de prevenir los conflictos, los agrava”, advirtió.

Entre otros puntos, la iniciativa prevé la selección de los integrantes de los directorios por concurso público y establece que no podrán acceder quienes en los últimos tres años hayan sido accionistas o socios, o dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado o prestado servicios a las personas sujetas al control del respectivo Ente. Asimismo fija auditorias semestrales sobre la legalidad, la gestión y la tutela de los intereses de los usuarios.

Finalizó: “Esta propuesta pretende alcanzar la imparcialidad necesaria en la fiscalización de los Entes reguladores y, con ello, la prevención de situaciones críticas como las habitualmente suscitadas con el régimen tarifario”.

Durante la jornada de ayer se desarrolló la consulta popular en La Rioja para conocer el resultado que habilitará o no la enmienda a la Constitución provincial, ya aprobada por la mayoría oficialista de la Legislatura, para que el peronista Sergio Casas pueda postularse para una nueva reelección como gobernador. La votación fue por el sí.

Legisladores se manifestaron en las redes sociales luego de los resultados:

Hubo muy poca participación en toda la provincia (aprox 40%), la gente claramente le dio la espalda a la Enmienda y le dijo NO. Esta maniobra para la re-reelección quedó deslegitimada #Dibujalacomoquieras #Perdiste

— JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) January 27, 2019

Lo de La Rioja ya es patético. No votó casi el 70 % del electorado, la gente no quiere la reelección. Un grotesco de quienes solo quieren perpetuarse en el poder de cualquier manera #NoALaEnmienda

— Ricardo Gil Lavedra (@rgillavedra) January 27, 2019

Con menos del 40% de participación del padrón en La Rioja, casi 8 de cada 10 Riojanos le han dicho que #NOalaEnmienda
La CSJN ahora deberá expedirse sobre las múltiples y flamantes irregularidades en cuanto a tiempos y formas.

— WW (@WolffWaldo) January 27, 2019

Todo mi acompañamiento a los ciudadanos de La Rioja, quienes con valentia y coraje se plantan ante los atropellos y la impunidad del poder.#NoAlaEnmienda

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) January 27, 2019

Mientras, el protagonista agradeció via twitter:

¡Gracias La Rioja! pic.twitter.com/rFWPN2VPwD

— Sergio Casas (@SergioGCasas) January 28, 2019

El oficialismo riojano celebró anoche el resultado del plebiscito que habilitaría la re-reelección del gobernador peronista Sergio Casas, al no haberse logrado el piso de rechazo del 35 por ciento del padrón, necesario para voltear la pretensión del mandatario, según lo estipulado en el artículo 84 de la Constitución provincial.

El Fiscal de Estado de La Rioja, Héctor Durán Sabas, afirmó, antes de que se difundieran cifras oficiales, que la Consulta Popular Obligatoria que se votó en la provincia fue “legítima” y anticipó el triunfo del “Sí”, lo cual habilita la reforma de la constitución provincial que le permite al peronista Casas postularse para un nuevo mandato.

La Enmienda a la Constitución riojana ya había sido aprobada en la Legislatura provincial por una mayoría oficialista de diputados y senadores, por lo que restaba esta instancia para determinar si se permitía o no la re-reelección de Casas.

La Carta magna de La Rioja impide al gobernador y al vicegobernador presentarse en un tercer período consecutivo en cualquiera de esos dos cargos y no permite el intercambio de mando entre ellos, por lo que se dispuso esta Enmienda.

La tensión por el resultado es, en síntesis, un problema de interpretación. Mientras que para el Gobierno el porcentaje obtenido no sólo no alcanza para torcer la pretensión de Casas sino que muestra un amplio respaldo de los riojanos a la propuesta, para la oposición la ecuación es exactamente opuesta.

Esa diferencia es, en rigor, la argumentación con la que los dirigentes de Cambiemos y parte del PJ anti-Casas volverán a la Corte Suprema en los próximos días.

El senador puntano, que busca ser mandatario por sexta vez en San Luis, le solicitó al Gobierno provincial que los comicios primarios no se realicen el 21 de abril porque coinciden con la celebración de la Pascua cristiana.

En un nuevo video difundido en su cuenta de Facebook, el legislador, que busca ser mandatario provincial por sexta vez, señaló: “Estoy muy preocupado. Se ha convocado a elecciones para el día 21 de abril, es el domingo de Pascuas. Le pido al Gobierno que modifique la fecha, que ponga una fecha donde todos los hombres y mujeres de San Luis podamos votar en paz”.

El error de cálculo ya había sido criticado por el precandidato de Cambiemos, el exgobernador Claudio Poggi. “Hace meses que pedíamos que definieran el cronograma electoral en San Luis, lo definieron la semana pasada y lo hicieron mal. Otra muestra más del desastre administrativo y del desprecio por la institucionalidad del Gobierno de los Rodríguez Saá”, había manifestado el actual senador Poggi en su cuenta de Twitter.

La pelea entre los hermanos siempre está cruzada por el misterio: si es una pelea ficticia, de luchadores de catch, o si esta vez están efectivamente enfrentados.

De esa manera se expresaron el Vicegobernador, Néstor Bosetti (PJ); el Intendente Alberto Paredes Urquiza (PJ); los senadores Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria (Cambiemos) y demás referentes de la Multipartidaria en Defensa de la Constitución Provincial, integrado por distintos sectores políticos, encabezados por referentes de Cambiemos, Encuentro por La Rioja, sectores del peronismo y gremiales.

Durante el encuentro con los medios de prensa, se mostraron confiados en que la voluntad popular se pronunciará el domingo y que los riojanos se expresarán de manera rotunda en contra de la enmienda.

Sobre el cierre de la campaña, los sectores que militan por el No, evaluaron los aspectos fraudulentos de este proceso electoral, que busca reformar la Constitución para garantizar la continuidad de Sergio Casas. Sobre eso se manifestó el senador Nacional Julio Martínez, señalando que: “están embarrado la cancha para que no se exprese la voluntad popular. Hay acciones que ponen en juego las garantías, una de ellas es la imposibilidad de que nuestros fiscales puedan reponer los votos, es una clara evidencia de un manoseo institucional; y como saben que pierden, no quieren contar las boletas del Si porque no quieren contabilizar la derrota. Son dos hechos aberrantes de una larga cadena de fraudes”.

Asimismo informaron que este jueves se denunciaron estás graves irregularidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El vicegobernador Néstor Bosetti afirmó hoy que “estamos convencidos de que éste es un proceso nulo desde el inicio, para lo cual se efectuaron las denuncias que había que hacer, esta no es una cuestión partidaria, hoy estamos diferentes partidos presentes, porque ésta es una cuestión de la democracia, de defender los procesos, y la institucionalidad que manda el camino a seguir”.

Al respecto indicó que “los que estamos peleando por la institucionalidad y por la Constitución, no nos llama la atención lo que está sucediendo hoy, desgraciadamente esto ya viene pasando en nuestra provincia, y que La Rioja aparezca a nivel nacional por baja calidad democrática, es algo lamentable, porque eso es lo que no queremos, porque no todos los riojanos pensamos de esa manera”.Finalmente, realizó un pedido expreso hacia el gobernador Sergio Casas, “todavía está en condiciones de volver atrás esta compulsa, todavía está en condiciones de dejar bien parada a La Rioja a nivel nacional, garantizando la institucionalidad y la constitucionalidad de nuestra provincia”.

Por su parte, el intendente Alberto Paredes Urquiza, sostuvo que: “lo que está pasando en la rioja, además de ser una vergüenza, causa mucha tristeza, tener un gobernador que por la sola voluntad de quedarse en el poder, no solamente mandó a modificar la CP, manda a hacer una elección donde el TE y los jueces son militantes del gobierno, cambian presidentes de mesa y llegan al extremo de no permitir a los fiscales que pongan los votos en las mesas, quedará en historia.

Todos los ciudadanos sabemos que la esencia del acto democrático está en el control de la misma y que se le debe permitir a todos los sectores a través de los fiscales. Los fiscales son los que le aseguran a los ciudadanos que se expresará su decisión. Es un delito todo lo que viene pasando, se manejan en un marco de impunidad tan grande.

En tanto que la senadora Inés Brizuela y Doria cuestionó duramente la actuación del tribunal electoral “es una muestra evidente de la parcialidad del tribunal electoral que funciona como colectora de Sergio Casas. Están preocupados porque la boleta pese dos gramos más o menos, pero no les hace mella que el servicio de hemoterapia no tenga insumos y dice que como el voto pesa dos gramos más, no resguarda la voluntad de los electores”. Continuó asegurando que: “estamos haciendo todo lo que hay que hacer, este es un proceso viciado desde su origen, supera nuestra capacidad de asombro, todo lo que creímos que iba a pasar, pasó y más. El mejor resguardo que tenemos es el riojano diciendo que NO”.

Finalmente todos los sectores instaron a la población a votar el domingo, “hay que ir a votar, nosotros vamos a defender el derecho del ciudadano a decidir. Hace rato que este gobierno viene demostrando que no acepta la decisión popular. Queremos que la gente le diga NO a este sistema tan lamentable que se vienen viviendo y la única forma de frenarlo es con el voto, a pesar de todas estas chicanas e intentos de fraude, la gente va a cambiar la historia de provincia a partir del próximo domingo”.

Durante la ronda de prensa, acompañaron el diputado nacional Héctor Olivares, la ex senadora Tere Luna, el diputado provincial (no asumido) Felipe Álvarez, los dirigentes Ismael Bordagaray, Cacho Luna, Yuti Aguilera y referentes de los 11 partidos políticos que integran la “Multipartidaria en Defensa de la Constitución Provincial”.

El senador nacional de Cambiemos Federico Pinedo ratificó la postura del Gobierno argentino sobre la ilegitimidad del régimen que encabeza Nicolás Maduro, a quien acusó de haber llevado a cabo comicios “fraudulentos” para asegurarse continuidad en el poder.

“La situación de un presidente que terminó su mandato y que continúa apoyado por un sector de los militares puede significar un baño de sangre con un montón de personas en la calle”, sostuvo el dirigente del PRO. “En tiempos de (Hugo) Chávez e incluso de (Nicolás) Maduro se hicieron elecciones libres. Así fueron los comicios en los cuales se eligió a la Asamblea Nacional –cuerpo que designó a Guaidó como presidente encargado-, pero después eligió una Constituyente a dedo y llamó a elecciones fraudulentas. Por eso el gobierno de Venezuela es ilegítimo”, sostuvo Pinedo.

“Dicen que hay que dejarlo a Maduro porque es la soberanía de Venezuela. Pero la soberanía de Venezuela es el pueblo venezolano, que no se ha podido expresar democráticamente por Maduro, que no reconoció la soberanía del pueblo”, se quejó dejando en claro nuevamente su apoyo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

En cuanto a la postura del papa Francisco en relación al conflicto que existe en la sociedad venezolana, el dirigente del PRO aventuró que el sumo pontífice “debe querer mantener un canal de diálogo abierto” entre el gobierno de Maduro y la oposición política. “Sé que la Conferencia Episcopal venezolana es muy crítica con Maduro. No puedo hablar por el Papa, pero creo que debe creer que lo mejor es que la Iglesia se mantenga como un canal de diálogo para poder evitar que haya más sangre en las calles de Caracas”.

La Senadora Silvina García Larraburu se comunicó con el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal, a fin de transmitirle la situación que atraviesa el Hogar y Centro de Día Aluminé, que atiende personas con discapacidad en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

“Desde el mes de junio pasado no reciben los pagos de Incluir Salud, un Programa Federal que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales”, señaló.

Agregó que “esta situación les ha imposibilitado abonar los últimos salarios del personal y los insumos de sus proveedores, motivo que afecta a los trabajadores y principalmente atenta contra las 98 personas con discapacidad que asisten al Centro Aluminé”.

Dada la importancia de la institución y el riesgo que todo lo expresado implica para su funcionamiento, la parlamentaria rionegrina solicitó al funcionario el inicio de gestiones para regularizar la situación.