La presidenta de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Roxana Reyes (UCR), pidió al Poder Judicial de Chubut que avance en la investigación y proceso de remoción del fiscal Fernando Rivarola, por haber calificado de «desahogo sexual» a un caso de «abuso sexual agravado» de un grupo de hombres contra una adolescente de 16 años.
La solicitud está plasmada en un proyecto que declaración redactado por Reyes y que acompañan con su firma sus pares Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Karina Banfi, Carla Carrizo, Brenda Austin, José Cano, Sebastián Salvador, Ricardo Buryaile, Luis Petri y Graciela Ocaña.
En la iniciativa, los diputados expresan su «enérgico repudio a las manifestaciones del fiscal Fernando Rivarola de la Provincia de Chubut, quien justificó como ‘un accionar doloso de desahogo sexual’ lo que se caratulara como abuso sexual agravado por tratarse de un hecho de violación en manada, en el que están involucrados seis jóvenes y cuya víctima fue una adolescentes de 16 años».
La violación denunciada ocurrió en el balneario de Playa Unión, en la ciudad de Rawson, en el año 2012 y el fiscal aceptó, con acuerdo de las partes, un juicio abreviado, trámite que es analizado por el juez para su aprobación o rechazo.
- También pidieron al Poder Judicial de la Provincia de Chubut que «se articulen los mecanismos necesarios para el proceso de remoción del fiscal Fernando Rivarola fundado en su desconocimiento supino del derecho y por la falta de perspectiva de género en su accionar».
Reyes manifestó que «es inadmisible que un funcionario público califique de esta manera un hecho de semejante salvajismo» y dijo que es necesario poner «en acción las leyes porque esto evidencia la falta absoluta de perspectiva de género y el desconocimiento absoluto de los derechos humanos de quienes ejercen funciones importantísimas en nuestro estado»
«La minimización de estos hechos y el accionar del fiscal refuerzan patrones culturales que intentamos a diario desterrar sobre la cosificación de las mujeres y la cultura de la violación».
Subrayó que con esos dichos «estamos ante una doble violencia físico-sexual. Una por parte de los violadores que llevaron a cabo el hecho, y otro tipo de violencia institucional por parte del fiscal que minimiza los hechos y dice cosas aberrantes»
- Ademas, en la iniciativa se pidió al Poder Judicial de Chubut que disponga urgentemente la capacitación en la Ley Micaela a todos los funcionarios judiciales.