Diputados del Frente de Todos y de los bloques opositores firmaron la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto que allanará el camino para la firma del dictamen sobre el proyecto de impuesto a las Ganancias, que el oficialismo aspira sancionar la semana próxima.
En ese sentido, en las últimas horas el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, acordó con los jefes de los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento de las comisiones y sesiones que regirá hasta el 30 de abril y ayer por la tarde lo terminarán de firmar todas las autoridades de las bancadas.
El protocolo mantendrá las comisiones y sesiones presenciales, pero se permitirá la participación remota de los diputados que se encuentren enfermos o que integran grupos de riesgo, y la votación se hará por el sistema VPN.
Se trata del protocolo que habilita el funcionamiento mixto -presencial y virtual- que la Cámara de Diputados baja suscripto por los bloques parlamentarios en medio de la pandemia del coronavirus, que venció el pasado 12 de febrero.
Además se estableció que las reuniones de comisión podrán realizarse en forma remota y emitir los respectivos despachos si así lo acuerdan el presidente y vicepresidente de cada comisión.
- La nueva prórroga regiría por 30 días hábiles y le permitirá a la Cámara de Diputados avanzar en el dictamen del proyecto de Ganancias en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo y debatirlo en el recinto el próximo martes 23 de o jueves 25 de marzo en una sesión especial.
En esa sesión, el oficialismo buscar a debatir el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
El proyecto, que obtendría dictamen el jueves en en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación de de Diputados, modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.
Esta medida -según los cálculos del Gobierno- beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.
