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Menem y los 90: ocho claves de la herencia neoliberal peronista. Por Lucía Ortega

Falleció este domingo el expresidente Carlos Saúl Menem, quien gobernó entre el 8 de julio de 1989 al 10 de diciembre de 1999. Una década de transformaciones estructurales profundas de la economía y de las relaciones entre el capital y el trabajo, de la mano de una auditoría permanente por el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo norteamericano.

Su «herencia neoliberal» no fue modificada en lo fundamental por ningún gobierno. Repasemos algunas de las principales medidas económicas e hitos más importantes durante la presidencia de Menem [1]:

1- Plan de Convertibilidad: Junto con el economista ultra liberal Domingo Cavallo, Menem aplicó en 1991 un «plan» para estabilizar la moneda nacional: la convertibilidad, que estableció una paridad del tipo de cambio fijada por ley. Así se inauguró el famoso $ 1 = U$S 1, que terminó con un desenlace catastrófico en la crisis de 2001 y la megadevaluación de Duhalde en 2002.

El plan limitaba al Banco Central a la emisión de pesos solamente con un respaldo equivalente en dólares, es decir que se necesitaba permanentemente una entrada de dólares en la economía, por ingreso de capitales extranjeros o más endeudamiento. Se acompañaba de una profunda apertura económica, la desregulación financiera y una reestructuración de la economía iniciada en la dictadura.

Todo el plan de Menem y Cavallo fue sostenido por el régimen político, expresado claramente entre el acuerdo del radicalismo y el peronismo con el Pacto de Olivos en 1994.

2- Deuda externa, Plan Brady y FMI: Durante los gobiernos de Menem la deuda subió un 123 %. Al mismo tiempo, Menem pagó U$S 116.000 millones de deuda entre capital e intereses. En el año 1992 el Plan Brady (llamado así por su ideólogo, el secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady) consistió en una conversión de la deuda pública en manos de los bancos a bonos, un gran negocio para los primeros.

Con este plan prometían dar una «solución» al problema de la deuda, pero fue la vía para un nuevo ciclo de endeudamiento, aprovechando la oferta internacional de capitales. Argentina era considerado el «mejor alumno» de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional.

Menem y el director del FMI Michel Camdessus, en 1997. (Foto: La Voz)

3- Privatizaciones y Reforma del Estado: Se inició un plan de privatizaciones y ventas de activos públicos con el objetivo de «reducir el gasto» y ampliar el ingreso de capitales. Se calculan más de 60 empresas estratégicas como YPF, Aerolíneas Argentinas​, Gas del Estado, Entel, Segba, los ferrocarriles, Obras Sanitarias, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Somisa. Las empresas públicas fueron adquiridas por los empresarios a precio de remate, aceptando títulos de deuda a valores nominales, es decir, reconociendo un valor muy por encima del valor real a causa del quebranto del Estado.

La clase obrera enfrentó y resistió las privatizaciones, el gobierno de Menem debió quebrarla para poder avanzar con despidos masivos y el desmantelamiento de servicios como el ferrocarril. El empleo en empresas del estado se redujo en 100 mil puestos hasta 1992. También se achicó un 70 % la planta del empleo público nacional, junto con recortes en provincias y municipios.

4-Flexibilización laboral: impulsada por Menem y Cavallo, mediante distintas atacaron condiciones de trabajo e impusieron todo tipo de modalidad «flexibles», muchas de las cuales vemos aplicarse como cláusulas en distintos convenios colectivos de trabajo: contratos a término, tercerización, horarios rotativos bajo distintas modalidades, pérdida de pagos por horas extra, polivalencia y multifuncionalidad, junto con el ya conocido «empleo no registrado» o informal, que condena especialmente a la juventud a mantenerse en la inseguridad laboral y la precariedad.

El reflejo contrario lo muestra la enorme rentabilidad alcanzada por las patronales en los primeros años de la convertibilidad, con un fuerte incremento de la productividad por la vía de mayor intensidad del trabajo, incorporación de maquinaria (especialmente en los sectores concentrados del capital por el abaratamiento de importaciones), y una reducción lisa y llana del costo laboral y los salarios reales.

Rodolfo Daer, Secretario General de la CGT entre 1996 y 2000, impulsor de la candidatura de Menem.

5- Reforma impositiva y previsional: En 1994 Cavallo incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), primero del 13 % al 18 % en 1992 para luego definirlo en 21 % en marzo del año 1995, tasa general que se mantuvo hasta la actualidad. Se trata de un impuesto regresivo porque se aplica por igual a todos los bienes de consumo y afecta con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

En 1993 y 1994 se llevó adelante la reforma del sistema previsional, establecida por Ley 24.241 que implicó la introducción de un sistema de capitalización, privatizando las jubilaciones y desfinanciando al sistema, incluyendo una rebaja de la alícuota de contribuciones patronales que estaba en el orden del 33 % y nunca fue restituido.

El colapso de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) es bien conocido. La reestatización de las AFJP en el año 2008 no fue otra cosa que un rescate a sus negocios, que eran al mismo tiempo negocios de los bancos, mientras el estado se hizo cargo de las jubilaciones.

6- Soja transgénica y extractivismo: En 1996, el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá (hoy ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto bajo el gobierno de Alberto Fernández), firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, junto con el uso de glifosato.

Este hecho terminó de impulsar el «paquete tecnológico» de la soja en el país, acelerando un modelo de producción de agricultura intensiva, basado en el monocultivo de soja para su exportación a China, y la concentración de la producción en el agro, expandiendo la frontera agropecuaria junto con la expulsión y persecución de campesinos y pueblos originarios. Al mismo tiempo, el entramado del agropower se fortaleció con la privatización de puertos que manejan un puñado de exportadoras como Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, y otras.

7- Concentración y extranjerización económica: En su libro «Restricción eterna», Gaggero, Schorr y Wainer retratan de qué manera las reformas estructurales como las privatizaciones y la apertura económica «condujeron a un intenso proceso de centralización del capital durante la vigencia de la convertibilidad».

Entre 1993 y 2001 la concentración económica se incrementó de forma sistemática y luego con el salto en 2002 el valor agregado de la cúpula empresaria alcanzaba a casi un quinto del PBI total de la economía. Estas grandes firmas también son quienes controlan las exportaciones del país y en su mayoría son de capitales extranjeros. En el año 2001 de las 200 corporaciones más grandes 92 de ellas eran extranjeras y daban cuenta del 55 % de las ventas totales de la cúpula (Gaggero, Schorr y Wainer). Tendencias que se consolidaron en los años posteriores a la convertibilidad.

8- Desempleo, pobreza y crisis: El esquema económico de la convertibilidad, la reconversión productiva, las privatizaciones y el cierre de empresas derivó en un salto importante de la desocupación y atacó profundamente las condiciones de vida de la clase obrera, con la complicidad de las burocracias de las centrales sindicales.

Tanto la reestructuración de empresas (reducción de personal y mayores ritmos de trabajo) como los cierres de empresas «derivaron en una fuerte reconfiguración de las relaciones de clase: se fortaleció la clase capitalista frente a los trabajadores por el aumento de la desocupación y la flexibilización laboral», como constata Mercatante en «Salir del Fondo«.

Pero, como decíamos, esta ofensiva no se realizó sin resistencia y luchas de la clase obrera: surgieron así los primeros movimientos de desocupados surgieron al calor de la resistencia a la privatización de YPF y Gas del Estado y los despidos masivos en Tartagal-Mosconi (Salta) y Cutral Có-Plaza Huincul (Neuquén) en 1996 y 1997. También las luchas docentes contra la reforma educativa y el deterioro de los salarios, las luchas de docentes y estudiantes contra la Ley de Educación Superior, entre otras.

Desde 1998 la economía se embarcó en una profunda recesión que duraría cuatro años, con una caída del 20 % del PBI que dejó a más de la mitad de la población en la pobreza, con la catastrófica salida de la convertibilidad y el hundimiento de los salarios.

Menem no «lo hizo» solo: hay que poner fin a la herencia neoliberal

La «herencia neoliberal» iniciada en la dictadura y profundizada en los años `90 no fue revertida en lo esencial en los gobiernos posteriores, ni tampoco durante el ciclo de crecimiento «a tasas chinas» durante el kirchnerismo.

Muchos de sus pilares básicos se mantienen hasta hoy, como las privatizaciones de servicios públicos, la legislación laboral que sostiene la precarización, la cesión de soberanía por las prórrogas de jurisdicción extranjera, la reducción de impuestos y contribuciones patronales que desfinancian las jubilaciones, el modelo extractivista de producción y de saqueo a los recursos naturales, por nombrar algunos ejemplos.

Sus consecuencias las seguimos padeciendo en este largo letargo de crisis viciosas y decadencia nacional. Por ejemplo, vemos cómo continuó el gran negociado de los servicios públicos con los tarifazos durante el macrismo, empresas privatizadas que hoy siguen lucrando sin ningún control ni realizando las inversiones necesarias. O la precarización laboral que afecta a más del 70 % de los jóvenes.

También vemos las enormes ataduras al capital financiero y el FMI, cuya deuda fue renegociada con los bonistas privados por Alberto Fernández sin siquiera una investigación de sus fraudes. El próximo paso es un nuevo programa económico con el Fondo Monetario que propone seguir bajo su monitoreo durante al menos 10 años.

Hay que tirar abajo el legado menemista de neoliberalismo y decadencia estructural del país. Para ello es necesario pelear por una ruptura con el FMI, el desconocimiento soberano y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta. Ello debe ir unido a un plan integral de defensa de la soberanía nacional con el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de la banca en un banco estatal único bajo control de los trabajadores, así como la nacionalización de los servicios públicos sin pago y terminar con el saqueo a los jubilados.

 

[1Recomendamos leer el libro de Esteban Mercatante (2019), «Salir del Fondo», Ediciones IPS, que sirvió como base al presente artículo

Lucía Ortega es columnista para Izquierda Diario
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