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Sí a un régimen de alquileres para estudiantes por Josefina Mendoza

¿Por qué un régimen de alquileres para estudiantes?

Cuando terminé la secundaria, a mis 17 años, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles: ¿qué quiero estudiar y dónde? No era una opción no hacerlo y al haber nacido en un pequeño pueblo de la Provincia de Buenos Aires, necesariamente tenía que trasladarme a una ciudad universitaria, situación que viven miles y miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país.

Trasladarte a una ciudad universitaria, más cerca o más lejos, de por sí tiene las complicaciones propias de una mudanza y un cambio de vida pero mucho más cuando venís de una familia de clase media, media baja, y sabés que tenés «el mango contado».

Si vas a una universidad pública sabés que la matrícula no la pagas, pero: transporte, comida, apuntes, servicios, alquiler…vivir. En fin, no cualquiera puede hacerlo.

A raíz de mi experiencia como estudiante y el haber conocido tantas otras en mi paso por la Federación Universitaria Argentina, pude detectar que para la mayoría era (es) un gran problema el hecho de alquilar un departamento (casa, residencia) ya que el requisito de la garantía inmobiliaria siempre resulta un impedimento. Si vas de Chubut a estudiar a la UBA, quizás no tengas un pariente con propiedad en CABA que te preste la garantía. Ahí empiezan tus problemas.

Teniendo en cuenta esto, presenté un proyecto que tiene como objeto establecer un régimen de alquileres especial para estudiantes universitarios y terciarios. La idea es que quienes quieren y tienen las herramientas para estudiar una carrera de grado no encuentren un impedimento en el mercado inmobiliario.

Sencillamente, el proyecto busca ampliar las opciones del sistema de garantías, estableciendo que el locador debe aceptar cualquiera de las que se mencionan a continuación: garantía inmobiliaria de bien situado dentro del territorio de la Nación; seguro de caución; garantía de fianza; garantía personal del locatario o del fiador, que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

En caso de ser más de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno de ellos a los efectos de este inciso. Además, «se considera abusivo el requerimiento del locador que exija de forma excluyente una garantía sobre bien inmueble situado en lugar determinado».

Por otro lado, se propone la creación de un sistema de Fianza Estudiantil a través del Banco de la Nación Argentina.

Para tener una idea del universo que abarcaría esta ley y a modo de ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires (Censo de Estudiantes 2011), un 13,5% de los/as estudiantes de grado señalaron haber realizado un cambio de residencia por motivo de estudio, es decir unos 30.977 estudiantes de grado que se radicaron en la CABA, provenientes del Gran Buenos Aires y, principalmente, del resto de la provincia de Buenos Aires (14.422 estudiantes) y de otras provincias (12.255 estudiantes).

Por su parte, el Anuario Estadístico 2017 de la Universidad de Córdoba detalla que, de un total de 122.140 estudiantes matriculados en dicho período, 40.412 proceden de localidades del interior de Córdoba y 30.229 de otras regiones del país, los cuales en conjunto representan al 57% de estudiantes.

En síntesis, cuando se trata de ampliar posibilidades y facilitar el acceso a la educación, creo que es importante que todos hagamos un parate e intentemos llegar a consensos que nos permitan crecer y progresar como país.

Sin dudas, apostar a la educación es uno de nuestros grandes desafíos. Este proyecto busca, humildemente, aportar a ese objetivo y estoy dispuesta, junto a otros diputados y diputadas, a trabajar para que sea ley.

 

(*) Diputada nacional por el radicalismo bonaerense. Ex presidente de la Federación Universitaria Argentina nacida el 16 de mayo de 1992, es ex dirigente estudiantil y actual diputada nacional por la Unión Cívica Radical provincia de Buenos Aires. En 2016 fue elegida la primera presidente de la Federación Universitaria Argentina.

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14 enero, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Consenso Fiscal Parte III: la deuda, el compromiso y la caja (otra vez) – Por Leonel Zanotto

Podríamos hacer un revisionismo histórico de los vaivenes que ha tenido nuestro sistema tributario a lo largo del tiempo pero no nos alcanzarían los pocos caracteres que tengo permitidos para esta nota.

Tal vez se pueda resumir con tres palabras: la deuda, el compromiso y la caja. Veamos:

¿A qué llamo «la deuda»? No señor lector, no me refiero al FMI o los holdouts. Me refiero a un gran pendiente que tenemos como país y consiste básicamente en ponernos de acuerdo como repartir los recursos públicos. Una nueva ley de coparticipación federal, con reglas claras y que defina cuáles son los parámetros para la distribución del ingreso.

¿El «compromiso»? Bueno, hubo varios… No es por meter el dedo en la llaga, pero por mencionar uno: la reforma constitucional del 94 comprometía a sancionar una nueva ley de coparticipación antes de la finalización de 1996… Se nos venció un poquito el plazo. Pero vamos a ahondar en el acuerdo firmado por los gobernadores provinciales, el jefe de gobierno de la CABA y el presidente de la Nación en el año 2017, llamémosle Consenso Fiscal Parte I. En dicho acuerdo se comprometía entre otras cosas consensuar una nueva ley de coparticipación federal en algún horizonte no tan lejano (permítanme por ahora la inocencia).

Con esta iniciativa también se buscaba re-adecuar cómo las provincias generan recursos públicos y cómo los gastan. En lo que hace al principal y más distorsivo impuesto provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, este compromiso buscaba, entre otras tantas cosas: Eximir inmediatamente a las exportaciones de bienes (hasta ese momento solo la provincia de Misiones las gravaba). Eximir antes del 31-12-2019 a las exportaciones de servicios, esto es servicios prestados en Argentina con utilización económica en el exterior. Y, progresivamente bajar la carga tributaria en varias actividades pero fundamentalmente en la industria manufacturera hasta llegar a eximirla en 2022.

Asimismo, en materia de impuesto de sellos y de impuesto inmobiliario algunos de los compromisos fueron: No incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios; Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de impuesto a los sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,5% a partir del 1 de enero de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022; Fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal.

La Nación también comprometió varios cambios respecto a compensaciones a provincias y también algunos que hoy nos podrían llamar un poquito la atención, como por ejemplo: No crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales.

¿Qué pasó luego? La «caja»… otra vez no cierra. ¿Mucho gasto público para los ingresos que tenemos o poco ingreso público para afrontar los gastos? El paradigma del ajuste.

La historia continúa con la firma de un «consenso fiscal parte II» en 2018 que modifica el primer acuerdo y entre otras cosas suspende el compromiso de no incrementar Bienes Personales.

Y ahora, tenemos un nuevo acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2019, el Consenso Fiscal parte III. Esta nueva modificación vino a suspender todos los compromisos arriba citados (entre tantos otros no mencionados en este artículo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Claramente, esta ¿última? modificación viene a permitir el incremento de impuestos provinciales o suspensión de reducciones de alícuotas que elevarán la carga tributaria provincial para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario, entre otros. Esto se suma a la creación de nuevos impuestos y elevación de alícuotas en el orden nacional, que nos siguen posicionando como uno de los países con la mayor presión tributaria de la región.

Comenzó el 2020, y nuestro sistema tributario sigue reflejando esa deuda que tenemos hace más de 20 años: no nos podemos poner de acuerdo. Continuamos con compromisos pospuestos u olvidados que terminan siendo rehenes de las políticas de corto plazo. Y otra vez esa caja que no cierra…

(*) Contador Público (UADE). Licenciado en Administración de Empresas (UADE). Asociado por el Dpto de Asesoramiento Fiscal de SMS–San Martin Suarez y Asociados.

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9 enero, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

«…quiero un Sistema Judicial que no nos avergüence» – Por Marcelo Mango

Hablamos de corrupción de menores. Hablamos de un delito de corrupción de una niña mujer, efectuado por un Juez del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro; con sentencia y condena a prisión.

Hablamos a la sociedad, a las mujeres víctimas de violencia sexual, a las niñas vulneradas y corrompidas por un juez. Hablamos en contra de una resolución y comunicación corporativa, contraria a las demandas de la sociedad. Hablamos de negarnos y oponernos a indultar a un violador.

Como dijo el ex presidente Néstor Kirchner, “a la Constitución hay que leerla completa”. En el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, parece que hace rato que no la leen completa y ni hablar de la forma en que la aplican. El apriete hacia el Legislador provincial José Luis Berros (y por elevación a toda la sociedad), quién manifestó lo que cientos de rionegrinos y rionegrinas de a pié piensan del Poder Judicial, no hace más que ratificar los dichos de Berro; operan como una “casta”.

Cuándo el STJ decidió “evaluar” la destitución del ex-juez Bernardi (quien fue condenado por corrupción de menores), ¿no se les ocurrió defender la Constitución o “exaltar” su “espíritu”?. Y cuando los funcionarios responsables de darle comida podrida a nuestros estudiantes en los comedores escolares (caso Flavors) fueron absueltos, ¿no les preocupó la “consolidación de las instituciones republicanas y la ética solidaria”?.

¿Se imaginan lo que le pasaría a un/a ciudadano/a cualquiera, que no cuenta con ningún tipo de inmunidad (Art. 182 de la Constitución Provincial) o protección, que osare decir algo cercano a lo que dijo el Legislador José Luis Berros?. Como dice el dicho popular, “hay que pegarle al chancho, pa’ que salte el dueño”, aunque en este caso no se pueda distinguir bien quién es quién en “la banda de los viejos».

El jefe del Estado Argentino, Alberto Fernández, anunció que impulsará «una reforma integral del sistema de Justicia» (…) » Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales y linchamientos mediáticos» (…) “Quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de ser usado para perseguir a los opositores.”

En Río Negro, también quiero un Sistema Judicial que no nos avergüence.

Legislador Provincial

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6 enero, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Deudas pendientes de Derechos Humanos – Por Alejandro Collia

Existes dos mecanismos de protección de derechos reconocidos internacionalmente que son vitales en la defensa de los derechos humanos: el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. En el primer caso es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y en el segundo el Comité y Subcomité contra la Tortura los organismos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realizan el monitoreo y recomendaciones a los Estados. Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos se rigen por los Principios de París, y los Mecanismos por la Convención y Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En el marco del Federalismo en Derechos Humanos, que es aplicable a nuestro país, y atento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y que tienen rango Constitucional, las Provincias deben adecuar su normativa a los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos.

En el caso de la Provincia de Entre Ríos, la designación del Defensor del Pueblo Provincial aún está pendiente desde el año 2008 año en el que fue incorporado a la Constitución durante la reforma. Posteriormente, mediante Ley N° 9931 fue reglamentado el funcionamiento y mecanismo de designación a través de una Comisión Bicameral Permanente. Preocupa esta situación, ya que los entrerrianos están desprotegidos e imposibilitados de apelar y hacer presentaciones ante el Defensor del Pueblo Provincial para solicitar medidas de protección ante vulneraciones de derechos. Reiteradamente la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ha realizado peticiones respecto a la necesidad de la designación.

En relación al Mecanismo Provincial de Prevención contra la Tortura, la Legislatura de la Provincia sancionó en diciembre de 2017 por Ley N° 10.563 la creación de un Comité Provincial como ente autárquico y autónomo en el ejercicio de sus funciones, siendo la Provincia de Entre Ríos la 9na en tener un Mecanismo Provincial, adecuando los alcances del Protocolo Facultativo. Sin embargo, a la fecha, continua pendiente su conformación. La Comisión Bicameral de Derechos Humanos aún no ha definido los dos representantes de la sociedad civil de los nueve que se han postulado, y tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no han designado a sus representantes. Esta situación genera condiciones de desprotección de las personas privadas de libertad y de aquellos que se encuentran en contextos de encierro.

Otro punto de preocupación es la ausencia de consenso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo en la Ciudad de Paraná. Se habían cumplido los procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 9.389, pero una maniobra de bloqueo político dilata la designación. La Defensoría del Pueblo de Paraná es una institución reconocida y de prestigio que ha intervenido en múltiples conflictos y casos de violación y vulneración de derechos a lo largo de los 17 años de funcionamiento. Tengo la experiencia de haber trabajado en conjunto con la Defensoría durante el mandato de Martha Benedetto que como Defensora Adjunta ejercía las competencias y de Irina Chausovsky como Coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría.

Es de suma importancia que durante 2020 los Legisladores Provinciales y los Concejales de la Ciudad de Paraná arbitren los medios para que estas instituciones fundamentales de protección de derechos humanos estén en pleno funcionamiento

*Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos

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2 enero, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

El año en que se impuso la política – Por Carlos Fara

Este fue un año donde en la discusión entre el marketing y la política, ganó la política. Lo cual es muy significativo para enmarcar lo que vendrá en el futuro. Pero ¿por qué ganó la política y no el big data, la micro segmentación, la adicción a las plataformas digitales?.

Acá se debe partir de una cuestión conceptual básica: la comunicación es una herramienta, lo central es la política. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Poner el marketing por delante de la política es como poner el carro delante del caballo: lo más probable es tarde o temprano se tropiece, y no avance a la velocidad esperada.

Seguramente muchos pensarán que existe una asociación lineal en este debate, donde Alberto y Cristina serían sinónimos de política, y Macri de marketing. Sin embargo, se debe ir más allá. Por empezar, las dos principales fórmulas presidenciales se resolvieron con criterio político, más que electoral, ya que ni Alberto, ni Pichetto arrastraban votos por sí mismos. Ni siquiera estaban en los papeles. Recuérdese que el candidato a vicepresidente de Macri fue por unos días «el hombre de los 5.000 millones de dólares», ya que eso se capitalizaron las empresas argentinas en la bolsa de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el líder de Cambiemos tomó una decisión política más que electoral.

Esa decisión de Cristina llevó a que el resto del espectro político también tomara decisiones políticas y no tanto de estrategia electoral (aunque en la realidad ambas cosas son inseparables). La tercera vía -con 5 personajes en la cancha- terminó tan tironeada que tuvieron 4 comportamientos distintos: dos se quedaron en el mismo lugar, uno se sumó a Alberto, otro se fue con Macri, y el quinto se resguardó en su provincia. Al mismo tiempo, los 12 gobernadores que en diciembre de 2018 habían plantado bandera, confluyeron en su gran mayoría en el Frente de Todos.

Este debate entre política y marketing, se reflejó en otra discusión central dentro de Cambiemos: ¿quién define? ¿la oferta o la demanda? Desde la mesa chica del ex presidente se pensaba que lo importante era lo que la gente deseaba (la demanda), ya que como no le prestaba atención a la política, entonces no le importa lo que haga la dirigencia (la oferta). «La rosca», protagonizada por el ala política de Cambiemos -Monzó, Frigerio- abogaba por acuerdos políticos con un sector del peronismo, temiendo que «el peronismo unido jamás será vencido». Conclusión: el peronismo se unió a partir de la jugada de Cristina, y ese factor sumado a la crisis económica desembocó en el 48 a 40 del 27 de octubre.

Esto significa que «a la gente no le interesa la política» tiene una letra chica que se debe leer con mucha atención. Quizá en una situación de normalidad económica eso cobrase más contundencia. Pero en una época de ajuste económico sin precedentes, la mayoría social se estufó, ergo se politizó. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Por eso, qué conclusiones se sacan de los estudios de opinión pública respecto al ánimo ciudadano es una materia ultra delicada.

Dicho esto, todo el año político se estructuró a partir de estas cuestiones conceptuales. Luego, la salida de Dujovne, la desvalorización de Peña o el viraje profundo que tuvo la campaña de Macri de cara a la elección general, se explican porque primó la política, no el marketing. Así volvieron los actos masivos, la arenga emotiva, la movilización de las bases, y hasta hubo que tener un relato entusiasmante. Por un momento, «lo viejo» volvió a tener vigencia.

Si a todo esto se observan las convulsiones políticas y sociales que están ocurriendo en la región, rescataría el slogan de una marca de agua mineral: «la naturaleza contesta».

(*) Consultor político. Presidente de Consultora Carlos Fara y Asociados. Ex presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos.

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30 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Movilidad jubilatoria: se suspende la fórmula, no los aumentos. Por Juan Pablo Chiesa

 

Es necesario contar con una clara política publica en materia de seguridad social en la que se revalorice el rol de las prestaciones no contributivas en las coberturas de las contingencias sociales, y por otro lado definir instrumentos de tipo universal que mejoren las deficiencias de los sistemas contributivos para una cobertura universal.

La movilidad jubilatoria (mecanismo de aumento) es un derecho consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Perpetuemos que los cambios no pueden perjudicar a los jubilados.

La movilidad jubilatoria es una previsión con pleno contenido social cuya cuantía puede fijarse de diferentes modos según la época determinada del año con total razonabilidad con los ingresos de los trabajadores del sector activo.

Su finalidad, basada en la garantía constitucional, es acompañar las prestaciones en el transcurso del tiempo reforzándolas en la medida que decaiga su valor con estricta relación con los salarios en actividad.

Me quiero detener en los arts. 55 y 56, referente a los haberes previsionales, y dejar claro el marco constitucional y plena validez de la letra de dichos artículos en lo que hace a terminar con una movilidad de las prestaciones jubilatorias que destruyò no solo el sistema jubilatorio sino que casi termina con la Seguridad Social en nuestro país.

Recordemos que la fórmula que se votó en diciembre de 2017, suspendida temporariamente, combina la suma de dos vectores que menos crecieron los últimos 24 meses (70% inflación y salarios 30%).

Denotaba a todas luces, la batería de acciones judiciales y reclamos, y así ocurrió, pero con claro que los argumentos contra esta reforma merecían consideraciones que, hasta ahora, no fueron tomadas en cuenta.

En tan solo días de la puesta en vigencia de la reforma previsional de 2017, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, «Fernandez Pastor c/ Anses», declaró la inconstitucionalidad del aumento que recibieron los jubilados en marzo de 2018 (5.71%) con la nueva modalidad y ordenó de inmediato se aplique la formula anterior que estaba estimada en 14.5%.

A fines de 2018, la CSJN falló en la famosa causa «Blanco» (que todos analizan, pero pocos la entienden), con un guiño a favor de los jubilados, el fin de la movilidad de 2017, al declarar inconstitucional la resolución de ANSES 56/2018 por arrogarse facultades legislativas sin autorización del Congreso de la Nación y ordenar a este que, en un plazo perentorio, modifique y/o suspenda la fórmula.

La ANSES, en claro exceso reglamentario, se abusó de facultades legislativas que no posee y la Corte así lo visualizo y llegó a la conclusión que la ANSES no tiene facultades legislativas ni de determinar que índice de actualización debe aplicarse a los jubilados, sino que es el Poder Legislativo quien tiene dicha potestad, no solo por la ley 24241 sino también de rango constitucional. Exceso este que no tuvo vista al Congreso de la Nación, como si lo tuvo la ley de Solidaridad actual, delegando de manera constitucional y dentro del pleno marco de un estado de derecho, facultades legislativas al actual Presidente de la Nación.

Muchos han hablado las últimas semanas sobre una nueva oleada de litigiosidad por la ley de solidaridad, en virtud del artículo 55, donde queda facultado el Presidente de la Nación, terminar con una fórmula que saca del sistema a los jubilados y otorgará no solo aumentos a más de 3.5 millones de jubilados en plena situación de desigualdad económica y social sino también beneficios sociales, sanitarios y crediticios a un sector que los últimos dos años han sido excluidos de la sociedad.

El estado social de derecho que sostiene nuestra carta magna y cuyo interprete final es la CSJN, una vez más no permitió y nunca permitirá el exceso de facultades sin permiso del Poder Legislativo, esta frase hace alusión a las «suposiciones» y/o «imaginaciones ficcionarias» o malas interpretaciones, que solo hacen la confusión de los jubilados, sobre controles de la Corte Suprema que aun no sucedieron y que a la fecha, no se ve afectado, de manera actual e inminente, ningún derecho de los jubilados.

Toda ficción o quimera de instar al sector pasivo a desmembrar una norma emanada del Honorable Congreso de la Nación, en plenas facultades constitucionales, para que en un marco de plena Emergencia social el Poder Ejecutivo atienda en forma prioritaria y de corto plazo los sectores de mas bajos ingresos será desechada in limine por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No habrá congelamientos de aumentos a las jubilaciones. Todos los beneficiarios recibirán aumentos cada tres meses y, durante los próximos 180 días, se definirá un proyecto de ley con la nueva fórmula de movilidad, convocando a una Comisión a sus efectos, situación que, en el caso de no llevarse a cabo, la actual suspendida recuperar su vigencia.

El objetivo es contar con un régimen previsional realmente solidario, redistributivo y mejorar la equidad para los 6.7 millones de beneficiarios.

(*) Abogado (UBA). Doctrinario Laboralista. Presidente de la Asociación de Profesionales Representantes de Emprendedores y Empresarios Afines (APREEA).

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26 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

¿Qué hay detrás de la moderación? Por Alberto Asseff

 

Por comparación, el presidente parece moderado. Contrasta con su compañera en el binomio, aunque se integran y articulan, cada uno ejerciendo un rol y así satisfaciendo a su arco de seguidores. Calculadamente, pareciera que mientras uno genera expectativas favorables en los petroleros la otra suscita lo mismo en los fanatizados que cantan al son de la venganza.

Empero, ¿se diferencian en sectarismo? A la luz del gabinete nacional el poder se ejerce desde y con el 48%. Ni un atisbo de apertura, salvo la captación – ¿por qué el eufemismo de cooptación si tenemos un verbo tan claro?- en la que se  labora con vocación de tejedor en el Poder Legislativo. Pero esa modalidad de tejer no implica abrirse sino absorber.

¿Son distintos en esa adicción al poder que está en el ADN del justicialismo? Teniendo a la vista el texto de la pomposamente autodenominada “ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”, la búsqueda de los superpoderes, del mando concentrado, los iguala. Durante doce años y medio los presidentes Kirchner gobernaron con esas facultades delegadas y con una declarada emergencia pública, no obstante que en tres años largos de ese extenso lapso se “creció a tasas chinas”,  conforme lo proclamaba desde el atril y por cadena nacional la actual vicepresidente.

¿Son dispares en su tendencia al relato? Esta ‘especialidad de la casa’ que caracteriza al justicialismo también la comparten. “Tierra arrasada” es la voz de mando para que esa falacia se instale en la Argentina. Es la forma de justificar desde los excesos en el ejercicio del poder hasta ciertas restricciones que deberán establecer por imperio de las circunstancias fiscales y de la nula decisión de racionalizar las cuentas.

¿Son disímiles en demagogia? Están igualados. Por caso, haciéndoles creer a los más necesitados con dos bonos de $5.000 – eso sí, con billetes nuevos, sin la fauna autóctona – serán ‘beneficiados’, mientras todos los estamentos que trabajan, pagan impuestos, producen serán aún más literalmente expoliados. El 52% que no votó al actual oficialismo y especialmente el casi 41 que votó por Mauricio Macri deberá pagar la continuidad del sistema de sobregasto público. Esto está transparentado – mal neologismo hablando de una gestión de raíz justicialista – con la elevación de once Secretarías de Estado a Ministerios o con los $400.000 que costará el custodio de la vicepresidente en Cuba, en los primeros días de 2020.

¿Son diversos en evitar la impunidad, madre de la corrupción? Acuñando el llamado “lawfare”, denostando a las prisiones preventivas en simultáneo con el rechazo de la existencia de delitos – “todo está armado por los medios”; “se la instaló para no discutir la evasión”, dijo osadamente en nuevo titular de la UIF -, ambos se identifican con la nefasta convalidación del saqueo. Aspiran a archivar las causas con un fulminante ‘despacho judicial’: acá no ha pasado nada. Obviamente, colaboran en este plano los señores jueces que antes que en Códigos son expertos tiempistas de la atmósfera política.

En estos días que lleva el nuevo gobierno ‘nihill novum sub sole’. Se apuesta al pleno de las ‘políticas públicas’ financiadas por el exprimido sector productivo y las clases medias. El Banco Mundial lo ha dicho: la Argentina está al tope de la presión tributaria, sólo superada por las islas Camoras.

Los actuales gobernantes quieren ratificar una patente fracasada: crecer sin inversiones genuinas o, peor, espantando a los capitales de riesgo provenientes del ahorro interno. Ni hablar del ahorro externo.

La oposición a la que pertenecemos tiene un doble mandato: ser constructiva, pero firme. Y mantenerse unida, pero ampliándose. Nuestra postura naturalmente se gratifica al ver los abrazos del 8 de diciembre en la misa de Luján el 10 en la Asamblea, pues aspira a derrumbar los muros del odio. Pero se alarma con los superpoderes y la asfixia impositiva mientras ni siquiera se mencionan ni la corrupción ni el despilfarro ni el descomunal gasto público ni la inflación.

Detrás de la moderación existen muchas incertezas. O, peor, algunas certezas llenas de perspectivas oscuras. Nos empeñaremos en ayudar. Pero tenemos límites.

*Diputado nacional de Juntos por el Cambio

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26 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

«Les presento al ajuste más severo de la democracia…» Por Jonatan Viale

Una vez más nos han vendido gato por liebre. ¿Cuántas veces te sentiste estafado en tu vida? ¿Cuántas veces paseó un taxista? ¿Cuántas veces pagaste una fortuna por un vino cualquiera? ¿Cuántas veces pagaste un hotel más caro de lo que valía? ¿Cuántas veces tu equipo gastó millones en un jugador normalito?

En la Edad Media los viajeros frecuentaban posadas y hosterías… muchas veces los dueños de estos establecimientos engañaban a sus clientes aprovechando que estaban en la ciudad por un tiempo corto. El engaño estaba en darles carne de menos calidad a la que ofrecían a los residentes.»Tengo para usted, distinguido turista, la mejor carne de liebre que habrá probado en su vida. Eso, sí, deberá abonar por única vez la suma de 25 monedas de oro». Cuando llegaba el momento de la verdad… en el plata había un pedazo fibroso de carne de gato. Incomible. Se había consumado la estafa: le habían vendido gato por liebre.

Nos vendieron solidaridad económica. Nos vendieron reactivación productiva. Nos vendieron un esfuerzo para terminar con el hambre en la Argentina. Nos vendieron un Papa Noel peronista que regala bonos para pobres y jubilados. Nos vendieron un buzón. Lo que tenemos, en realidad, es al Santo Patrono del FMI ajustando 2 puntos del PBI en 10 días de gestión. El famoso lobo con piel de cordero.

Pensaba con bastante ingenuidad: ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Macri ajustaba con una ley
$660.000 millones de pesos?
 Opción 1: le prendían fuego la Casa Rosada. Opción 2: Saqueaban Olivos. Opción 3: secuestraban a Juliana y Antonia. Opción 4: Todas las anteriores son correctas.

Les propongo que entendamos juntos entonces la magnitud del ajuste que se votó en 48 horas entre el jueves y el viernes en la Argentina. ¿A qué equivale hoy 2 puntos del PBI, según Chequeado.Com? 34.000 nuevos jardines de infantes, 363 millones de AUH, 71 millones de jubilaciones mínimas, 66.000 kilómetros de ruta repavimentadas. Hay que reconocerlo, el peronismo es el único partido de la Argentina capaz de conseguir semejante ajustes sin generar un caos colectivo. Por mucho menos, hace dos años el gordo Bazooka y sus amigos del Polo Obrero tiraron 260 toneladas de piedras y casi invaden al Congreso al mejor estilo Walking Dead.

¿De que se trata entonces este paquete solidario que congela las jubilaciones que aumenta las retenciones al campo y que equipara a la clase media con ricos pagando bienes personales? A una hermosa carta de presentación para el Fondo Monetario y para los tenedores de bonos argentinos: ‘Hola, chicos, soy Alberto. Les quería decir que no soy el monstruo populista que ustedes imaginaban. Miren cómo les meto las manos en el bolsillo a los argentinos en nombre de terminar con el hambre’.

Eso sí,  hay algunas excepciones. Congelo las jubilaciones salvo para Menem, Boudou, Cristina, Chacho Álvarez, Cavallo y Ruckauff. Subo las retenciones salvo para el petróleo y la minería.

AH! Se solicita con suma urgencia información sobre el paradero del senador Pino Solanas. Ah, perdón, me informan que está en París como Embajador ante la Unseco. Mil disculpas, Pino, lo dejamos que siga trabajando contra el fracking.

Lo divertido también fue ver los increíbles versos y piruetas discursivas que tuvieron que hacer algunos legisladores kirchneristas para justificar hoy lo que repudiaban ayer. ‘Con los abuelos no’, pero como dice Alberto Fernández, estas ducles y ovejitas son los mismos lobos feroces que hace dos años provocaron los desmanes en el recinto y en las calles de Buenos Aires.

También luce increíble que gran parte del periodismo argentino no haya sufrido un ataque de amnesia. Pocos recuerdan que hace muy pocos meses el entonces candidato a presidente Alberto Fernández prometía subir las jubilaciones un 20% apenas asumiera.

Con lo cual, lo que debemos hacer es no enojarnos tanto con esta gente sensible que tiene una clara superioridad moral y bajo la bandera de la solidaridad vuelve a empomar a los mismos de siempre: Los jubilados, la clase media y el campo. Para que ganen los mismos de siempre: el FMI, los acreedores de deuda y la corporación política. Burocrátas 18 – argentinos 0.

Por Jonatan Viale para Radio La Red

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24 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

La antropología se recibe de ministra… Por Fernando Pepe

 

Tremendo desafío para la antropóloga Sabina Frederic. Tremendo desafío para la antropología toda. Conducir el Ministerio de Seguridad, patriarcal si los hay, y los hay. Paradojas, o no tanto, lo creó una mujer, la actual vicepresidenta Cristina Fernández, el 10 de diciembre del 2010, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y prácticamente fue presidido por mujeres. Nilda Garré la primera; un muy breve paso de Puricelli, el único hombre; María Cecilia Rodríguez y Patricia Bullrich.

Ahora se suma la ministra Sabina Frederic, quien seguramente tendrá un gran desafío, entre otros inimaginables para este columnista, reconstruir la línea histórica trazada en su creación, quebrada en los últimos cuatro años, para volver a poner el paradigma de seguridad en manos de la justicia social y ampliación de derechos haciendo honor al día de su creación, día que en nuestro país está asociado directamente con la democracia desde Raúl Alfonsín hasta hoy, que festejamos un nuevo gobierno elegido por nuestro pueblo.

Sabemos que cuando la ciencia trabaja orientada por un proyecto nacional integrado con profesionales formados en la sensibilidad, que diagraman políticas públicas de igualdad, equidad y respeto, una ciencia comprometida y estratégica para el desarrollo nacional cobra vital relevancia y justifica así su propia existencia.

Quien haya estudiado antropología recordará a nuestro antropólogo ministro. El querido Darcy Ribeiro que revolucionó la teoría antropológica hasta nuestros días. Ribeiro fue Ministro de Educación y de la Casa de Gobierno de Brasil hasta que el gobierno del presidente João Goulart sufrió un Golpe de Estado Militar -1964 a 1985- que lo obligó a exiliarse. Desde ese momento se convirtió en un referente latinoamericano y trabajó con los presidentes Juan Velasco Alvarado en Perú y Salvador Allende en Chile. Darcy refrendó en acciones lo que la antropología está capacitada a aportar cuando se pone al servicio de un proyecto nacional emancipador y de ampliación de derechos.

Hoy en Argentina la antropología enfrenta un reto mucho mayor en condiciones adversas. En una Latinoamérica convulsionada, en donde en nuestra hermana república de Brasil se hace apología de la mano dura, recrudece la atroz represión en Chile, Ecuador, Perú, Haití y sumado el golpe racista en Bolivia, en la Argentina apostamos, con el voto, a la paz social, a la justicia social y también, está demostrado ahora, a una ciencia comprometida y la altura.

En este caso nuestra ciencia, la hermosa antropología, que nos enseña que en la diversidad entramos todos, todas y todes, lo cual incluye a todas las fuerzas, si, a las de seguridad también.

Será tarea de la primer ministra antropóloga enfrentar el cambio histórico que necesitamos, no solo para la formación de nuestras fuerzas de seguridad, sino para que la ciencia irrumpa con sus conocimientos en la esfera de la gestión pública, devolviendo al pueblo todo lo que la universidad pública nos brindó.

(*) Antropólogo. Presidente del colectivo GUIAS (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social).

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23 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

«Hoy Jujuy es paz, y diálogo, que será el que tendremos con el Gobierno Nacional» por Diego Rotela

Pretender poner al Gobernador de todos los Jujeños en una posición de desesperación y desconocer las cualidades democráticas y republicanas del mandatario es desconocer a Gerardo Morales. Es el mismo que en 2002 y 2003 acompañó y generó consensos en la Cámara Alta para acompañar el gobierno de transición de Eduardo Duhalde y es el mismo que marcaba cada una de sus disidencias con el Ex presidente Macri y algunos de sus funcionarios durante la gestión anterior. Mismos errores que callaban los twitteros críticos de hoy.

Plantear la utilización de medios públicos para convocar a una marcha el día su asunción es desconocer Jujuy, la Provincia no cuenta con medios públicos, más aún si pretenden mentir en el mensaje de “resistencia al nuevo gobierno”, mensaje falaz por donde se lo observe. Pero lo más preocupante es creer que es capaz de negociar la Libertad de Milagro Sala, pretendiendo atribuir una injerencia de Morales sobre la Justicia. Además sería desconocer las causas que posee la misma, que fueron en parte condenatorias y en parte absueltas y la postura del Ejecutivo Provincial fue el respeto a las mismas, aún en la disidencia.

Sólo quienes no conocen al gobernador Morales pueden plantear que corrió a la presidenta del Superior Tribunal, cuando la constitución establece el procedimiento y su ex presidenta, no sólo que acompañó la elección del nuevo titular sino que fue quien comandó, desde ese poder del Estado, la reforma que modernizó y democratizó el Poder Judicial en Jujuy, selección de jueces por concurso, juzgados ambientales, juzgados de violencia de género, creación de la cámara de casación penal y los Ministerios Públicos de la Acusación y la Defensa, todas propuestas del Gobernador remitidas a la Legislatura.

Capitulo aparte y no menos vulgar, resultan las acusaciones de no poder pagar sueldos a causa de los proyectos que encaró este gobernador que permitirán cambiar la matriz energética y productiva de la Provincia con el Parque Solar Cauchari, el más grande de América Latina, las zonas francas obtenidas, el crecimiento sostenido del turismo, una ley de promoción de inversiones y por sobre todas las cosas el respeto por la ley y las personas que hoy es cotidiano en nuestra provincia.

Resulta necesario, en estos tiempos más institucionalidad, más diálogo y sobre todas las cosas más verdad. Hoy Jujuy es Paz y esa misma paz y ese mismo diálogo que pregonamos en nuestra tierra, es el mismo que tendremos en Gobierno Nacional, a pesar de que haya sectores del propio oficialismo, a quien este diálogo, le moleste, quien quiera oír que oiga.

*Secretario de Gobierno de la Provincia de Jujuy, Diego Rotela

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19 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Que la excepción no sea lo permanente, por Luis Mario Pastori

Por Luis Mario Pastori*

La Cámara de Diputados buscará sancionar esta semana el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que incluye la Emergencia Económica, un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, para reasignar partidas y modicar eventualmente impuestos. Al respecto opinó para Télam el diputado nacional por el radicalismo misionero Luis Pastori.
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En la próximas horas el Congreso Nacional estará ocupado en el debate de un proyecto de ley, el primero enviado por el nuevo gobierno, del cual ha trascendido hasta ahora solamente su rimbombante nombre: «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia económica», y que esconde bajo tan llamativa y ostentosa denominación lo que en la jerga se conoce como «superpoderes» que se delegan del Legislativo al Ejecutivo.

Es una verdadera lástima que el proyecto liminar de la nueva administración persiga el otorgamiento de facultades extraordinarias que no condicen con el momento que vivimos, pero que además se enmarca en un contexto en el que el oficialismo cuenta con mayoría en el Senado y es primera minoría en Diputados con el apoyo de otros bloques con los que lograría también la mayoría requerida para aprobar leyes.
Quiero referirme en particular a la llamada «emergencia económica» cuyo inmediato antecedente es la ley 25.561 del 2002 (Duhalde) que iba a regir por dos años, pero que fuera sucesivamente prorrogada por los gobiernos kirchneristas y habiendo nalmente vencido el 31/12/2017 no fue continuada por la administración Macri.

Es decir que esta «emergencia» duró nada menos que dieciséis años, convirtiendo la excepción en una regla, atravesando épocas de crecimiento de la actividad económica a «tasas chinas» con superávits scal y comercial. Cabe entonces hacerse la pregunta obligada: ¿estamos hoy realmente en una situación de emergencia, parecida a la que vivimos en Argentina en el año 2001, y que por lo tanto exigiría una nueva medida de excepción como la que se dejó sin efecto hace menos de dos años?

Para dilucidar ello recordemos cuales son las «sombras» que oscurecen el panorama actual. Básicamente: a) la caída de la actividad económica en promedio los últimos cuatro años del 1,2% (en el período 1984/2019 cayó en 15 de los 36 años); b) La pobreza aumentó en los últimos cuatro años del 30 al 36%, con un promedio de 36% anual desde 1984, c) la inación aumento del 28 al 55% pero el promedio 1984/2019 es del 68%, d) el desempleo al segundo trimestre 2019 es del 10,6% siendo el promedio de los últimos 36 años del 11% y e) una deuda pública con problemas de liquidez y no de solvencia y que debe ser reestructurada.

Sin embargo, podemos contrastar estos datos claramente negativos de situaciones que la anterior gestión no pudo solucionar con las «luces» que signican importantes logros que no pueden ser minimizados. Veamos: a) baja del décit fiscal primario del 5,8% del PIB en 2015 a menos del 1% este año; b) baja del gasto público primario del 5,5% del PIB (especialmente en subsidios a la energía y el transporte); c) baja del décit scal total del 5.1% en recaudación de impuestos nacionales del 40,5% en 2015 al 49,5% en 2019; e) equilibrio energético; f) baja de la presión impositiva del 31 al 28% del PIB (baja en las alícuotas de ganancias para sociedades y suba del mínimo no imponible para personas humanas; baja en las alícuotas de Bienes Personales y suba del mínimo no imponible; baja de las retenciones a las exportaciones -soja del 35 al 24% y el resto del 22 al 6%-; mínimo no imponible para las cargas patronales; impuesto al cheque a cuenta de Ganancias); g) balanza comercial superavitaria y el décit de la cuenta corriente cercano ya al equilibrio; h) tipo de cambio competitivo; i) nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y el EFTA.

Las políticas públicas se pueden discutir, pero los números no tanto. Volvemos entonces a la pregunta clave: ¿estamos realmente en una situación de emergencia tal que amerite delegar poderes al Ejecutivo como los que pretende la administración Fernández?. Entendemos que no. Que lo excepcional no puede ser permanente. Que estamos en una coyuntura difícil, compleja y delicada: SI. Pero en emergencia: NO. Por ello, se equivoca el nuevo gobierno en su primer apuesta grande. Equivocación que, nuevamente, la terminaremos pagando todos los argentinos.

*Diputado nacional UCR/Juntos por el Cambio (Misiones).

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18 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

El Teorema del «Chinwewencha» Por Marcelo Mango

Por Marcelo Mango*

El gobierno del presidente Alberto Fernández está cumpliendo con lo que prometió en la campaña. Ir al rescate de los que tienen hambre, de los que se quedaron sin trabajo, de los excluidos.

Llama la atención que el Bloque oficialista de la provincia de Río Negro, salga a alarmar -o criticar solapadamente- la decisión del gobierno nacional de reactualizar los valores de las Retenciones; medida de estricta justicia y tan necesaria para comenzar a recuperar esta Argentina arrasada que nos dejó Macri y sus socios.

El Decreto 3.719, emitido por el presidente Fernández, sólo afecta al campo sojero, dado que lo que se establece es la modificación los valores de las alícuotas fijas a porcentuales; de modo de que el Estado recupere el valor real de lo que se dispuso ya en 2018 por parte del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, esta resolución dispone que -para una lista de productos- el derecho de exportación sea del 9%. Es decir, tres puntos menos que el fijado por Macri 15 meses atrás.

El Bloque de JSRN está más preocupado por defender los intereses de la pampa húmeda que a las y los rionegrinos empujados a la pobreza, el hambre y el desempleo, por la política neoliberal del “macrismo”. Ahora se acuerdan de levantar la voz ante el Gobierno recién asumido, cuando estuvieron 4 (cuatro) años arrodillados y disciplinados avalando la pérdida de Derechos y de Recursos provinciales.

El Gobierno nacional del Frente de Todos va a defender la Producción y el Trabajo nacional. Las Economías Regionales, tan duramente atacadas por el gobierno de Macri, se recuperan promoviendo el consumo de las grandes mayorías populares, levantando las persianas de la pequeña y mediana industria, protegiendo la Producción nacional de las importaciones indiscriminadas; exigiendo que paguen más quienes más ganan. Para esto, el Pueblo argentino votó al presidente Alberto Fernández, y ésto es lo que vamos a hacer desde el Frente de Todos.

Exigirle al Gobierno que recién asume, lo que ni siquiera se le solicitó al gobierno que dejó una Argentina arrasada; es lo que llamo simpáticamente: El Teorema del «Chinwewencha».

*Legislador provincial (FrenteGrande-TodesRN)

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16 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

La prórroga del Presupuesto 2020 por Alejandro Cacace

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había adelantado que el primer proyecto a discutir en el Congreso sería el Presupuesto 2020, en sesiones extraordinarias en Diciembre, en las cuales desde Juntos por el Cambio estamos dispuestos a participar y debatir. Más aún, el presidente saliente puso a disposición a sus funcionarios y toda la información que fuere necesaria desde el día siguiente a las elecciones. Sin embargo, Alberto Fernández anunció ahora que no presentará modificaciones al proyecto de presupuesto 2020 presentado por Mauricio Macri, sino que prorrogará la ley de 2019. El mandatario nacional se basa para su decisión en el Artículo 27° de la Ley de Administración Financiera, que prevé esta posibilidad en caso de no aprobarse un nuevo presupuesto al inicio del ejercicio financiero (2020).

Esta es claramente una excepción a la regla introducida por el legislador a la facultad de índole constitucional que tiene el Congreso (Art. 75° inc. 8 de la Constitución Nacional) de debatir y aprobar la llamada ley de leyes. Al ser una solución excepcional prevista por la ley, esto implica que el hecho de no contar con un presupuesto para el próximo ejercicio no sea menor. En este sentido, debe resaltarse que es una facultad propia del Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto (Artículo 37° Ley de Administración Financiera) y que el presupuesto a prorrogar (2019) es muy inferior en los gastos al proyecto de Presupuesto 2020: 4,17 frente a 6,24 billones de pesos. El Artículo 27° -que establece la prórroga- enumera con precisión qué ajustes deberá realizar al presupuesto vigente el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto.

De ello surge que el Poder Ejecutivo no debiera poder incrementar por decreto las partidas presupuestarias, ni tampoco reestructurarlas más allá del margen permitido (5%) según la misma ley regla en su artículo 37°, que rige desde el año 2018. Hay un antecedente cercano: en el año 2010, ante la falta de aprobación del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, la presidente Cristina Fernández prorrogó el presupuesto 2010 para el año 2011 y facultó al Jefe de Gabinete a readecuar las partidas. En este caso, también se hizo hasta contar con una Ley de Presupuesto y al final la prórroga duró todo el ejercicio. Si bien es, como advertí, una solución jurídica válida, la falta de predisposición para llevar el debate por la Ley que fija los recursos y el gasto para el próximo ejercicio del Estado al Congreso nos lleva hacia un plano de discrecionalidad innecesario. Cuando todavía faltan 20 días para finalizar el año, y contando con un proyecto de presupuesto sólido, que si bien es entendible que el nuevo presidente quiera modificar, no se justifica la prórroga.

Más aún teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio ha manifestado su voluntad de debatir y consensuar las modificaciones que desee hacer el Poder Ejecutivo al presupuesto para el año 2020. Espero que el Presidente no acuda a viejas prácticas que hacen recordar a los superpoderes presupuestarios y los innumerables decretos de necesidad y urgencia utilizados para modificar al presupuesto -recurso que, es necesario resaltar, en este siglo XXI el ahora presidente Alberto Fernández fue uno de los Jefes de Gabinete que más lo utilizó-. La prórroga del presupuesto, en definitiva, en un contexto de continuidad y diálogo democrático como hace mucho que no vive nuestro país, no hace más que desequilibrar nuestro sistema republicano y habilitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al impedir la utilización de las facultades reservadas al Congreso para aprobar y controlar la ejecución del presupuesto.

Diputado Nacional de la UCR por San Luis, Alejando Cacace.

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13 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

El deber del nuevo presidente; por Luis Pastori

Después de 91 años, un gobierno no peronista elegido democraticamente culminó su mandato en tiempo y forma. Los cuatro años del gobierno de Cambiemos liderado por Mauricio Macri, representaron todo un desafío para propios y ajenos, ya que en primer lugar, se gobernó con minorías parlamentarias en ambas cámaras, y en segundo, el logro de los consensos requirió no solo de acuerdos con la oposición peronista que siempre tuvo mayoría, sino también con las tres grandes fuerzas que confluyeron en el frente: UCR, PRO y Coalición Cívica.

Como todo gobierno, el que terminó esta semana tuvo sus aciertos y sus errores. En el presente artículo me quiero detener principalmente en algunos de los aciertos que consideramos importantes, es decir, en los avances que permitieron notables mejoras para los argentinos, y que creemos, el Presidente electo tiene el deber y la oportunidad de mantenerlas y mejorarlas, y no de paralizarlas o destruirlas. La consolidación de estas políticas que paso a enumerar a continuación, deben ser las bases para la consolidación de verdaderas políticas de Estado que perduren en el tiempo, sin importar el color político de quién gobierne.

MÁS COPARTICIPACIÓN A LAS PROVINCIAS: en estos cuatro años se construyó un verdadero federalismo en el país, donde las Provincias pasaron a depender menos de los arbitrios del Presidente de turno. Si en 2015 las transferencias automáticas llegaban al 40,5% de la recaudación federal, en 2019 estas transferencias representan el 49,5%. Este mayor envío de recursos permitió a las Provincias atender mayores demandas sociales y mejorar sus cuentas, ya que en 2015 el resultado financiero de todas las Provincias fue deficitario en un 0,7% del PBI, mientras que en 2019 terminan con un superávit global del 0,2%.

POLÍTICA AEROCOMERCIAL EFICIENTE Y FEDERAL: hubo una estupenda revolución en los vuelos de cabotaje, a partir de una mayor inversión y reordenamiento de Aerolíneas Argentinas, como así también, de la convocatoria a volar a nuevas empresas, que permitieron el aumento de las rutas áreas entre 2015 y 2019, pasando de 162 a 269, y el aumento de pasajeros en vuelos de cabotaje, que pasaron de 10,4 a 16,4 millones. Este aumento en la cantidad de pasajeros de cabotaje, se hizo con una visión más federal, ya que en 2015 solamente 0,6 millones de pasajeros no pasaron por CABA en sus vuelos, y finalizando el 2019 la cantidad asciende a 1,5 millones.

INTEGRACIÓN CON EL MUNDO Y AUMENTO DEL INGRESO DE DÓLARES. Una de las debilidades de nuestro país, es la falta de dólares. Al finalizar el 2015, el déficit en la balanza comercial llegó a los 3.420 millones de dólares, el déficit en la cuenta corriente a 2,7% del PBI, y las reservas brutas en el Banco Central llegaron a 25 mil millones de dólares. Este 2019 Cambiemos deja el país, con un superávit en la balanza comercial de 16.100 millones de dólares, un menor déficit en la cuenta corriente del 0,9% del PBI, y mayores reservas en el Banco Central con 43 mil millones de dólares. Gran parte de este saneamiento se llevó adelante con una política inteligente de integración con el mundo, que se reflejó en más acuerdos comerciales que en 2015. En cuatro años, pasamos de tener alianzas comerciales con un 10% de la economía global, a tenerlas con un 33%. Se deja de esta manera, una excelente base para la expansión de nuestras exportaciones en los próximos años, y el correspondiente ingreso de dólares a nuestra economía.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA INSEGURIDAD: a partir de una mayor inversión, una revalorización y un mejor trato a nuestras fuerzas federales, hubo grandes avances en la lucha contra el delito organizado. Esto se puede ver por ejemplo, en el aumento de las incautaciones de droga que hubo entre el 2015 y el 2019, pasando de 11.175 a 28.108, y en la recuperación de autopartes robadas a partir de allanamientos en desarmaderos, que pasaron de 3 en 2015 a 75 en 2019. También se observan avances en la política de seguridad; si comparamos los datos anuales de secuestros, estos bajaron de 294 en 2015 a 32 en 2019; si lo hacemos con la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes, estos bajaron de 6,6 a 5,0 en cuatro años; si lo hacemos con las muertes por hechos de violencia en espectáculos deportivos, estos bajaron de 27 a 4 en cuatro años; y si vemos los civiles muertos por fuerzas de seguridad cada 100 mil efectivos, estos también tuvieron una baja de 8,6 en 2015 a 3,7 en 2019.

FRENO A LA CORRUPCIÓN: si hubo un tema donde se produjeron cambios radicales fue en la lucha contra la corrupción. Para generar menos incentivos hacia la comisión de este delito, se atacó a una de sus principales causas: el sobreprecio en la obra pública, y su correspondiente retorno a la clase política. Fue así que a partir del 2016, las obras públicas nacionales bajaron sus costos con la puesta en marcha de licitaciones abiertas, digitales y con pliegos gratuitos, que evitaron la colusión de empresas y permitieron una competencia real entre las mismas para ofrecer el mejor precio al Estado. El siguiente dato nos refleja el gran avance que hubo en la disminución de las prácticas de corrupción, que se reflejaron en el ahorro de millones de recursos, que pudieron destinarse a otras áreas: en 2015 el precio promedio pagado por cada kilómetro de ruta fue de 4,6 millones de dólares, mientras que en 2019 fue de 2,3 millones.

ESTADÍSTICAS CREÍBLES Y TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DE GOBIERNO. Finalmente me quiero referir a un simple pero fundamental avance del gobierno liderado por Mauricio Macri: la re construcción de un INDEC con estadísticas creíbles para toda la población. Este hecho fue la clave para todas las políticas públicas que se implementaron en los últimos cuatro años, y que tendieron hacia una mayor transparencia en los actos de gobierno: la Digitalización de trámites en la Administración Pública, la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, el aumento de la designación de cargos en el Estado realizados a través de concursos, entre otras medidas.

Los avances están a la vista, y cuentan con un gran apoyo de la población. Creemos que el nuevo presidente Alberto Fernández tiene el deber, pero sobre todo la oportunidad de continuar con las mismas, y construir así verdaderas políticas de Estado.

 Diputado Nacional  UCR-Juntos por el Cambio ( Misiones – Mandato hasta el 9 de diciembre de 2021)
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12 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

El país de Alberto por Raúl Aragón

UN PACTO ÉTICO ANTES QUE UN PACTO POLÍTICO.

Más allá de las medidas concretas anunciadas hoy por el Presidente Alberto Fernández, muchas de ellas de altísimo impacto político, vale la pena revisar el marco conceptual, sugerido pero presente en el texto presidencial, donde estas se encuadran.

“Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo contrato de ciudadanía social”.
La noción de contrato social desde Rousseau en adelante se refiere en general al acuerdo entre ciudadanos respecto de los derechos y deberes del estado y de los ciudadanos.
Pero el Presidente redefine drásticamente este concepto y el concepto de ciudadano. Y lo hace agregando una sola palabra: “social”.

El concepto clásico de ciudadano refiere a un miembro activo de un estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.
No es que Alberto Fernandez suprime el significado clásico pero lo modifica radicalmente agregando una dimensión extra. La dimensión social; dice “un contrato social que sea Fraterno y Solidario… ha llegado la hora de abrazar diferente…”.

O sea pone lo HUMANO en el centro de gravedad de ese contrato y en esto el Peronismo vuelve a ser un humanismo como lo fue en su origen y en su carta fundacional: aquel discurso del General Perón en el congreso internacional de filosofía del 49.
“Solidario”, o sea igualado con el otro, el desposeído, el otro que es un igual desposeído. Pero que no es distinto, es uno mismo en otra situación.

El contrato social así propuesto por el Presidente nada dice de derechos, de obligaciones o de la relación del estado con los ciudadanos; dice de la relación de los ciudadanos entre si… e incluye a todos, ricos y pobres.
Aun cuando propone un rumbo de desarrollo, lo hace pidiendo que sea con “justicia social”. En última instancia la razón de ser del Peronismo original.
Dice: “Las heridas que hoy padecemos necesitan, para comenzar a curarse, de tiempo, sosiego, y, sobre todo, de humanidad”!
¿A que “humanidad” se refiere?
Dice (debemos)…Crear una Ética de las prioridades y las emergencias…”. A esa humanidad se refiere, a la capacidad humana de verse en el otro y ser solidario con su necesidad… más allá de diferencias sociales, políticas, ideológicas…
“Lo que nos divide no es la diferencia de nuestras ideas sino el muro del odio… no necesitamos de unanimidad ni mucho menos de uniformidad… toda verdad es relativa… quizás con la suma o la confrontación de esas verdades podamos alcanzar una verdad superadora…”.
Y pide que estas emergencias sean atendidas, no con “un pedazo de pan al pie de nuestra mesa sino que “(todos sean) parte y comensales de nuestra misma mesa. De la mesa grande de una Nación que tiene que ser nuestra mesa común”.
O sea, de nuevo, un llamado a la solidaridad, que es quizás uno de los atributos que con más intensidad define lo humano.
Alberto Fernández no es ingenuo. Conoce muy bien la eterna (y muchas veces despiadada) puja por la distribución de la riqueza y lo dice explícitamente. Pero aun sabiéndolo apuesta, con su llamado a un pacto de ciudadanía social, a lo mejor de los humanos. Quiere despertar eso en nosotros y lo dice. Pide “… un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia…”
La duda, la mía y quizás la de muchos, es si ya somos, como sociedad, capaces de eso.
Y también es la de él, por eso termina su discurso con esas preguntas: “Seremos capaces como Argentina unida de atrevernos a construir esta serena y bella utopía a la cual nos llama hoy la historia…seremos capaces como sociedad…como dirigentes.
“Yo quiero ser el Presidente que escucha”.

¿Seremos nosotros la sociedad que entiende?

Mag. Raúl G. Aragón.

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11 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

La influencia de Francisco en el discurso de Fernandez por Damian Descalzo

La experiencia histórica enseña que el pueblo argentino vive mejor durante los gobiernos peronistas; ello explica que vastos sectores de la población reciban con esperanza la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. Y su discurso de asunción del mando alimenta esas expectativas.

Fue un llamado a la Unidad Nacional, y a dejar atrás grietas, desencuentros y fracturas. Se instó a promover una «Argentina Unida», sin odios ni rencores. Aquí y en buena parte del discurso, se notó la influencia del pensamiento del Papa Francisco que siempre postula que «la unidad es superior al conflicto».

Puso especial énfasis en los temas urgentes del hambre y de la pobreza, pero sin olvidar los asuntos estratégicos: integración latinoamericana basada en la alianza con Brasil y reivindicación de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas (donde propuso un interesante Consejo) y el territorio Antártico (del cual reivindicó que nuestro país sea el que tenga la mayor presencia ininterrumpida y la mayor cantidad de bases).

Para la coyuntura, remarcó que priorizará los problemas internos, antes que los pagos de la deuda externa, en una tradición que lo une íntimamente con Néstor Kirchner, pero que también tiene el ilustre antecedente de Don Juan Manuel de Rosas en su negociación con los «bonoleros» de la Baring Brothers. La Justicia Social ocupó un lugar central y señaló que «nadie sobra en nuestra Nación»; Nación a la que llamó nuestra «Casa Común», en otra cita implícita del Papa Francisco. En forma explícita el primer mandatario citó la Enciclica Laudato SI, al hacer referencia a la cuestión medio ambiental.

Párrafo aparte merece su anhelo de desarrollar una política de Defensa (abandonando ese antimilitarismo ingenuo e infantil de la progresía) seria y entendida como factor fundamental del Desarrollo Nacional. Celebramos que haya intención de tener, de una vez por todas, una política para las FF.AA. Todo en el marco del gran objetivo de poner a la «Argentina de pié». Sabemos que los discursos no hacen la realidad y que no hacen magia, pero sirven como impulso a la acción. Saludamos con sincera esperanza estos ejes programáticos enunciados hoy. Que Dios, la Patria y los Santos Evangelios sobre los que hoy ha jurado, le den fuerza y sabiduría para llevarlos a la práctica.

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11 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Un gran abrazo argentino por Leonardo Grosso

 

Un gran abrazo argentino

 

Asume nuestro gobierno. Después de casi dos meses del triunfo electoral y de mucha ansiedad, llegó el día de hacernos cargo del presente y el futuro de la Argentina. Es momento de dejar atrás las diferencias profundas para ponernos a trabajar en un destino de bien común para todos y todas los argentinos y las argentinas.

El daño que se hizo fue muy profundo. El gobierno de Cambiemos nos deja un país con un 40 % de pobreza, o sea, más de 5 millones de nuevos pobres y una inflación de 60% anual. Nos deja una deuda externa de casi el 100% del Producto Bruto Interno, y nos deja sumergido en una profunda grieta social que dijeron que venían a resolver y que no hicieron más que profundizarla.

También quiero resaltar, porque vivo en San Martín, primer cordón industrial del conurbano bonaerense, que las políticas económicas de los gobiernos de Vidal y Macri produjeron el cierre de casi 3500 Pymes en la provincia de Buenos Aires y muchas de las que no cerraron bajaron su capacidad productiva un 50%. Por lo tanto, también nos queda una provincia y un país con menor potencial industrial y con un alto desempleo, suspensiones y reducción de horas de trabajo.

Con estos índices, a partir de hoy nuestro espacio político asume los destinos de un país plagado de dificultades, que tendrán que ser abordadas con una responsabilidad política y social que no tuvo Cambiemos en estos últimos 4 años. Y va a ser un desafío para todos y todas nosotras.

La principal de esas responsabilidades es un gran acuerdo político y social, una mesa plural con espíritu convocante amplio, donde confluyan todos los sectores de la sociedad y se tracen objetivos responsables para poner a la Argentina de pie, pensando en el bienestar de todas nuestras familias.

Durante 4 años las y los argentinos fuimos engañados, traicionados, por un Gobierno que prometió un país maravilloso y no cumplió con ninguna de esas promesas. Que además de gobernar mal, no convocó a ningún tipo de diálogo. Nos llevó a una crisis que tuvimos que afrontar con el esfuerzo de compañeras y compañeros que trabajaron incansablemente en comedores, merenderos, instituciones intermedias y barrios para que nuestro pueblo pueda comer.

Tenemos la esperanza, el deseo y la capacidad de crear un futuro distinto en el cual los pibes y las pibas vayan a la escuela a estudiar y no a comer. Una Argentina sin hambre es urgente. Es la primera deuda que tenemos que pagar.

La Argentina que viene va a ser una Argentina sin divisiones, una Argentina que deje atrás el dolor constante, que genere certidumbre y que nos permita de una vez por todas poder unirnos en un gran abrazo de todos los argentinos.

(*) Diputado nacional por el Frente de Todos.

Fotos de portada Telám autor Ferrari Raúl
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10 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Argentina y las sucesiones presidenciales en Democracia. Por Julio Cobos

Cuestiones de forma y fondo hacen del traspaso de atributos presidenciales y la jura, algo más importante y profundo que una simple ceremonia. La Constitución, en su artículo 93, establece que “…el juramento ante las Cámaras del Congreso reunidas en Asamblea Legislativa es un requisito de validez ineludible para el ejercicio de la Presidencia de la Nación”. Además del valor legal tiene un componente ineludible de reivindicación histórica; más aún en nuestro país dónde la estabilidad democrática en el siglo XX fue precaria e interrumpida por golpes de Estado.

El acto de traspaso de los atributos está previsto en el reglamento de protocolo de la Casa de Gobierno pero no hay –aún- una ley que lo reglamente. Por eso, en ocasiones se ha realizado en Casa Rosada y en otras directamente en el Congreso. Si bien fue el presidente Domingo F. Sarmiento el primero en asumir en ceremonia protocolar con la banda presidencial  y el bastón como símbolo de poder, se utilizó en 1814 con el Director Supremo, luego de la aprobación de la Asamblea del año XIII.

Treinta y seis años atrás, el 10 de diciembre de 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín recibió en Casa Rosada los atributos presidenciales de parte del presidente de facto Reynaldo Bignone. A mediados de 1989, con una profunda crisis económica y un nuevo presidente electo, se acordó el adelantamiento de la entrega de mando. El 30 de junio, Alfonsín renunció ante el Congreso y el 08 de julio, Carlos Menem recibió los atributos presidenciales en Casa Rosada, asumiendo como nuevo presidente. Luego de una década en el poder, (en 1995 no hubo traspaso de atributos porque ya los poseía) Carlos Menem, en Casa Rosada, colocó la banda y entregó el bastón de mando a Fernando De la Rúa. Previamente, la fórmula electa había jurado en el Congreso ante la Asamblea Legislativa.

Cinco presidentes en menos de dos semanas fue el saldo de la crisis del 2001 y la renuncia del presidente De la Rúa; a pesar de esto, funcionaron los mecanismos constitucionales y legales para casos de acefalía. Ante la renuncia del presidente y al no contar con el Vice por haber renunciado previamente, se hizo cargo del Ejecutivo Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, quien convocó a la Asamblea para elegir al nuevo presidente: Adolfo R. Saá quien gobernó una semana. Luego se hizo cargo el presidente de Diputados, Eduardo Camaño, que convocó a la Asamblea Legislativa y ésta designó a Eduardo Duhalde, quien juró en el mismo Congreso.

El 25 de Mayo de 2003 en el Congreso de la Nación, Néstor Kirchner recibió de Eduardo Duhalde los atributos de mando. Al hacerlo allí, se modificó el protocolo utilizado hasta ese momento. Cuatro años después, juramos con la presidenta Cristina Fernández en el Congreso y ella recibió los atributos en el mismo recinto. En el 2011 también se realizó la ceremonia en el Congreso de la Nación.

En el 2015, el presidente Mauricio Macri quiso volver a la fórmula anterior y recibirlos en la Casa Rosada. Al no lograr un acuerdo sucedió algo particular: por medio día Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, estuvo a cargo de la Presidencia hasta que Macri juró en el Parlamento y recibió los atributos en Casa Rosada. Así lo había dispuesto la justicia, ya que como establece la Constitución (Art. 91) el mandato de un presidente dura cuatro años exactos por lo que concluye a la medianoche del 9 de diciembre y el del presidente entrante se inicia a las 00:00 horas del 10 de Diciembre.

En el artículo 93 antes citado, la Constitución establece que “Al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente prestarán juramento, en manos del Presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea…”. Respecto de la ceremonia de la jura, la o el presidenta/e del Senado invita a la Vicepresidenta Electa a jurar quien lee su propio juramento porque lo hace ante la Asamblea.  Una vez jurada, la Vicepresidenta invita al Presidente Electo a prestar juramento y éste lee su propio juramento.

En esta ocasión y luego de la reunión que mantuvieran la titular del Senado y la Vicepresidenta electa, se ha acordado transferir los atributos del mando en el Congreso, después de la jura y ante la Asamblea Legislativa; propiciando de esta manera el escenario adecuado para una ceremonia de tanta importancia.

Más allá de lo protocolar y respetando estrictamente las exigencias constitucionales, lo trascendente es que se lleve a cabo una ceremonia donde el Presidente saliente le transfiere de manera civilizada, institucional y respetuosa los atributos del mando al nuevo Presidente. Es un acto importante para la vida democrática de nuestro país, por cuanto involucra la imagen del  mismo como Estado de Derecho frente al pueblo de la Nación y  a los representantes de los Estados extranjeros. Esa transición es el puente que une gestiones, sin importar el origen político de los integrantes de las fórmulas y da fe de la continuidad democrática, esa que tanto nos costó conseguir.

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10 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Una transición transparente por la Senadora Laura Rodriguez Machado

Cuatro años atrás y una semana antes de la asunción del presidente Mauricio Macri comenzaron los rumores que anunciaban un final escandaloso de la presidencia de Cristina Kirchner. El diario La Nación mencionaba respecto de los acontecimientos: «El fiscal Di Lello llamado a dictaminar sobre el momento en que concluía el mandato de la presidenta rechazó hoy que su resolución implique un ‘golpe de Estado’, se reivindicó peronista y reconoció que le resultó ‘insólito’ tener que manifestar matemáticamente cuándo termina la gestión de un jefe de Estado».

Los diarios del mundo reflejaron el escándalo cuando la presidenta saliente y sus colaboradores insistieron que su mandato concluía el 10 de diciembre a las 24 y la negativa a participar en la asunción del nuevo mandatario. El diario El País de España, por ejemplo, resaltó que «la Presidenta rompió las negociaciones con Macri y señaló que los funcionarios kirchneristas compararon con un golpe de Estado la presentación judicial del macrismo para definir el fin del mandato». En tanto, La Tercera, de Chile indicó que «la polémica por la ceremonia de traspaso se ha convertido en un escándalo que ha puesto en evidencia la debilidad de las instituciones en Argentina».

Finalmente la justicia tuvo que intervenir y la jueza María Romilda Servini de Cubría, puso fin a las discusiones resolviendo: «I-Declarar que el mandato de la señora presidente saliente Dra. Cristina Fernández de Kirchner culmina a la medianoche del 9 de diciembre de 2015 y el mandato del señor presidente entrante Ing. Mauricio Macri, se inicia a las 0.00 horas del 10 de diciembre de 2015. II-Declarar que si bien el mandato de Mauricio Macri y de Gabriela Michetti como presidente y vicepresidente de la Nación, respectivamente, comienza a las 0.00 horas del 10 de diciembre de 2015, es sólo a partir de que presten juramento ante la Asamblea Legislativa que tomarán posesión de sus cargos. III- Declarar que desde el inicio del mandato presidencial (a la medianoche del día 10 de diciembre de 2015) y hasta tanto Mauricio Macri y Marta Gabriela Michetti juren como presidente y vicepresidente de la Nación respectivamente, quien estará a cargo de la presidencia de la Nación, será el presidente provisional del Senado».

Finalmente, el juramento fue tomado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, una situación que cambió la tradición argentina de asunción pacífica de presidencias democráticas.

La crónica es necesaria para entender la diferencia de lo que ocurrirá este martes 10 de diciembre. Mauricio Macri no sólo logró ser el primer presidente no peronista que termina su mandato desde 1928 sino que también concreta una transición en paz, ordenada y conforme a Derecho.

Las transiciones de Gobierno en América han sido de todo tipo, pero lamentablemente son más los casos que han obedecido a cambios drásticos en los procesos institucionales. América es un reflejo de ello a partir de la década del ’80, con la culminación de gobiernos militares en la región. Esos fueron verdaderos procesos de transición, que se forjaron muchas veces sobre acuerdos de pacificación como en Uruguay (Acuerdo del Club Naval). En estos casos la existencia de gobiernos salientes, de facto, con centralización absoluta de poder, hacía necesario regular la entrega de información vital para el nuevo Gobierno.

En este sentido, el de brindar información a las nuevas autoridades, afirmo que el gobierno del presidente Macri también da garantías de brindar datos ciertos. Ha puesto en funcionamiento el INDEC, garantizando la transparencia y certeza de las estadísticas, y ha implementado políticas y directivas de modernización de los procesos dentro del Poder Ejecutivo. También el Jefe de Gabinete ha acudido al Congreso a cumplir con su obligación de informar, con la periodicidad establecida. La ley de Acceso a la Información Pública se encuentra vigente y no se han registrado casos de negativa a ponerla a disposición. Lo mismo sucede respecto al funcionamiento de instituciones de control, como la Auditoría General de la Nación.

Esta modalidad de traspaso nos produce alivio frente al próximo cambio de Gobierno y también nos genera un deseo. Esperamos que, en un futuro muy cercano, nadie recuerde el conflicto de las transiciones sino más bien sea moneda corriente la cooperación entre gobiernos salientes y entrantes, sin importar sus posturas políticas. Anhelamos transiciones transparentes para siempre en Argentina como la que ocurrirá este 10 de diciembre y que las mismas sean una demostración de convivencia y de comportamiento democrático y generoso.

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9 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Una nueva Política de Defensa Nacional por Pablo Anzaldi

Buenos Aires, Diciembre de 2019

El Centro de Enlace y Planeamiento “Tte. Cnel. Jorge Obón” reafirma la imperiosa necesidad de planificar y desarrollar una Política de Defensa Nacional en el marco del objetivo nacional de “poner en pie a la Argentina” anunciado por el presidente electo Alberto Fernández.

Conceptualmente, la política de defensa nacional debe determinar los parámetros de las acciones encaminadas a preservar los objetivos e intereses vitales de la Nación contra la posible agresión, anticipando las hipótesis de conflicto.

En ese sentido, caracterizamos la situación iberoamericana actual como la de una fuerte ofensiva de los intereses norteamericanos sobre los dispositivos de poder y los recursos estratégicos y energéticos del continente, en el marco de una convulsión social generalizada en la que está en cuestión la legitimidad de ejercicio de la clase dirigente- en todo el espectro ideológico- en la mayoría de nuestros países.

En este contexto, las nuevas amenazas se agregan a las amenazas históricas que se desprenden de la usurpación colonialista británica de las Islas Malvinas, la cuestión antártica y el constante atropello a la soberanía nacional en el Mar Argentino.

Considerando esta situación, creemos oportuno trabajar incorporando como hipótesis de conflicto y objetivos de defensa:

– Las grandes reservas de minerales fósiles como “Vaca muerta”,

– Las reservas de litio en la frontera caliente del norte argentino,

– La calidad ecológica del suelo patrio afectado por la voracidad de los actores impulsados por la renta sojera.

– La eventualidad de una cesación de pagos de la deuda externa que nos lleve a soportar agresiones indirectas.

Como corolario de lo antedicho, para la puesta en marcha de una Política de Defensa Nacional resulta prioritario potenciar la relación entre las Fuerzas Armadas y el desarrollo tecnológico e industrial nacional, incentivar la incorporación masiva de personal de tropa, restablecer un nuevo marco de

justicia militar y consolidar la plenaria reconciliación entre los distintos sectores de la vida nacional comprometidos con los verdaderos intereses nacionales e iberoamericanos.

Centro de Enlace y Planeamiento “Tte. Cnel. Jorge Obón”. Firmas:

Pablo Anzaldi- Aritz Recalde-Juan Godoy- Federico Addisi- Gastón Franzer

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6 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

¿Por qué en los países vecinos convulsionados hay estabilidad económica y en Argentina no?. Por Santiago Colantonio

Varios países sudamericanos están convulsionados: hay revueltas ciudadanas en Bolivia y Chile, y en Brasil la situación también es delicada. En definitiva, si bien en estos países se están viviendo frecuentes disturbios políticos y civiles, y nadie puede negar la inestabilidad que reina en estas naciones por distintos motivos, lo interesante es que en todos los casos el impacto de esos hitos en el valor del dólar ha sido mínimo, algo que de ninguna manera ocurre en Argentina.

En Bolivia, por ejemplo, el tipo de cambio de un dólar estadounidense a 6,96 bolivianos se mantiene invariable desde hace siete años, mientras que en Chile la devaluación en lo que va del año ronda el 9%. Brasil, que está en un periodo de tensión por la personalidad del presidente Jair Bolsonaro y la liberación del ex presidente Lula Da Silva, tuvo por estos días la máxima caída de su moneda en los últimos 25 años. De todos modos, en los niveles que maneja la economía brasileña la paridad entre la divisa norteamericana y el real acumula un alza de 8%. Mientras tanto, en Argentina, estamos con un dólar «encorsetado», que de todos modos podría derivar en una devaluación que oscilará del 20% a 50% en 2020. En lo que va de 2019, el dólar se apreció un 62%.

Esta comparación entre Bolivia, Brasil, Chile y Argentina nos demuestra claramente que la fragilidad del peso argentino depende exclusivamente de nosotros mismos. De hecho, la experiencia de los países vecinos nos indica que la inestabilidad política no es suficiente para alterar el valor de la moneda local siempre y cuando haya una macroeconomía que se mantiene estable a través del paso de los años, con una moneda local que funciona y es confiable, y en donde existen cuentas públicas equilibradas.

Todo este panorama sudamericano nos deja como enseñanza que los argentinos ante las fluctuaciones en la variación del dólar solemos buscar excusas vinculadas a temas políticos, cuestiones internacionales o relacionadas con variaciones en términos de intercambio. Sin embargo, es hora de darnos cuenta que el impacto en el valor de la moneda podría verse reducido en la medida en que el país se mueva en un entorno de estabilidad (algo que nosotros no tenemos desde hace 70 años), previsibilidad macroeconómica, confianza en la moneda, inflación controlada, política continuada de gobierno en gobierno, cuentas equilibradas y equilibrio fiscal.

Sin dudas, la gran volatilidad del peso argentino es un 99% auto infringido por varias décadas en las cuales bastardeamos nuestra moneda mediante el financiamiento con deuda, el financiamiento con emisión y la falta de responsabilidad de llevar al país de forma ordenada desde lo económico.

Tomar conciencia de este fenómeno es interesante, porque podríamos estar ante el primer paso para tomar medidas que tiendan a lograr una moneda estable y cada vez más fuerte.

(*) Cofundador & CEO de CambioAR.

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5 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

¿Por qué votan como votan los argentinos? Por Damián Descalzo

Clivaje político: peronismo-antiperonismo

Si hay algo que se va probando en nuestro país, elección tras elección, es que los factores económicos pesan mucho menos de lo que se suele indicar a la hora de sufragar. En la Argentina el voto tiene un fuerte componente político. Más que determinado por la situación económica, está fuertemente relacionado con las identidades políticas. (¿Las identidades políticas están condicionadas o determinadas por cuestiones económicas? Interesante pregunta que no contestaremos aquí). Existe volatilidad, pero mucho menor que la que se sucede en otros países del mundo. En el caso argentino, se pueden rastrear fuertes continuidades.

 

Voto peronista

Desde las elecciones de 1946, el gran clivaje político es peronismo-antiperonismo. Históricamente el “voto peronista” ha sido cercano al 60% y el antiperonista la mitad, aproximadamente. Esto no es una referencia histórica exclusiva a las victorias de Perón en 1951 (63% contra 32% de la fórmula radical integrada por Balbín y Frondizi) y en 1973 (62% contra 25% obtenido por la fórmula Ricardo Balbín-Fernando De la Rúa), sino que esos porcentajes se verifican aún en elecciones recientes. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2003, la suma de las tres candidaturas peronistas (Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá) alcanzó un porcentaje del 60%. En 2007, entre CFK y Alberto Rodríguez Saá lograron más del 50% de los votos; en esa misma elección, Roberto Lavagna –candidato de sectores peronistas ligados al ex presidente Duhalde y de la UCR– seguramente también se llevó algunos puntos de simpatizantes peronistas. También se repite el 60% si se suma lo obtenido por las candidaturas de Scioli, Massa y Adolfo Rodríguez Saá en las elecciones generales de 2015, e incluso lo supera si sumamos lo obtenido por CFK, Duhalde y Alberto Rodríguez Saá en las elecciones generales de 2011.

 

Voto antiperonista

La persistencia del “voto peronista” tiene su correlato en la constancia de un voto antiperonista, en general canalizado en opciones radicales: se verifica hasta en elecciones donde la UCR realiza una pésima performance, como la del 2003 con Leopoldo Moreau como candidato; en esa oportunidad otros dirigentes de raigambre radical, Ricardo López Murphy y Elisa Carrió, sumados, obtuvieron un 30% de los sufragios. En 2007, Elisa Carrió obtuvo un 23% votos de los votos; como ya mencionamos, Lavagna recogió votos, tanto de peronistas como de radicales, y al ser candidato oficial de la UCR se llevó algunos puntos de ese electorado. En 2011, el antiperonismo –que fue dividido, con dos opciones de origen radical, Ricardo Alfonsín y Elisa Carrió, y una socialista, Hermes Binner– obtuvo, también, un 30% de los votos. En 2015, Macri conformó un fuerte espacio antiperonista y logró un 34% en las elecciones generales.

 

Clivaje cristinismo-anticristinismo

Tal como venimos exponiendo, creemos que ha habido –y hay– una continuidad tanto en el voto a favor del peronismo como en el voto en contra. Estas identidades aparecen como las más fuertes y sostenidas –hay otras tradiciones, como la socialista, la liberal o la trotskista, pero son muy débiles– y por eso consideramos que sigue siendo el clivaje principal en la Argentina el de “peronismo-antiperonismo”. Sin perjuicio de ello, consideramos que en el nuevo siglo ha aparecido –y ha empezado a ganar espacio– un nuevo clivaje en torno a las figuras predominantes de la escena política nacional: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esta tendencia se ha ido fortaleciendo en los últimos procesos electorales en relación con la figura de la ex presidenta de la Nación y, ahora, vicepresidenta electa. En las últimas elecciones han coexistido ambos clivajes políticos. La explicación de la derrota de 2015, en nuestra interpretación, estuvo dada por el predominio del clivaje CFK-AntiCFK. Después retomaremos este tema.

 

Elecciones generales 2019: algunas consideraciones

De acuerdo a los resultados, estos son algunos apuntes de los últimos comicios:

a) Alta polarización: es otra característica de la Argentina. Se verificó, por primera vez, en 1928 –en las elecciones de 1916 y 1922 radicales y conservadores sumados no superaron el 75% de los sufragios– y ha sido una constante luego de la aparición del peronismo en la escena política nacional. En las tres oportunidades en que Perón fue electo presidente de la Nación Argentina hubo una polarización superior al 85%, y en las dos primeras (1946 y 1951) se llegó a superar el 90%. Con el regreso de la democracia se mantuvo muy alta la polarización. En 1983 las dos principales fuerzas políticas (UCR y PJ) sumadas obtuvieron casi el 92% de los sufragios. En 1989 casi 85% (PJ y UCR) y casi 80% (PJ y FREPASO) en 1995. En 1999, la Alianza y el Peronismo cosecharon casi el 87% de las adhesiones. Solo las divisiones internas, tanto del peronismo como del radicalismo, la hicieron disminuir luego del 2001, llegando al extremo en las presidenciales de 2003, donde ni siquiera alcanzaron el 50% de los votos las dos fórmulas más votadas (Menem y Kirchner). También hubo bajos niveles de polarización –en torno al 70%– en las elecciones de 2007, 2011 y 2015. Las elecciones presidenciales de 2019 han sido de las más polarizadas desde el retorno al sistema democrático, solo superadas por la de 1983. En la reciente contienda electoral, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) se quedaron con el 88,5% de los votos.

b) Récords: Mauricio Macri podría convertirse el próximo 10 de diciembre en el primer presidente antiperonista en terminar su mandato, pero también se ha convertido en el primer presidente de la historia argentina en presentarse a la reelección y no conseguirla. CFK se convertirá a partir del 10 de diciembre de 2019 en la primera persona de la historia argentina que habiendo ocupado la presidencia también fue elegida para ocupar la vicepresidencia.

c) Bastiones peronistas: las mejores elecciones del Frente de Todos se produjeron en lugares tan disímiles como el Norte –en el NOA y en el NEA obtuvo casi el 60% de los votos– y la Patagonia (54%). La fórmula peronista obtuvo, en porcentaje, sus triunfos más resonantes en las provincias de Santiago del Estero (75%), Formosa (65%), Santa Cruz (60%) y Tucumán, Misiones, Río Negro, Tierra del Fuego y Catamarca (57%, aproximadamente). Estas regiones, sumadas, representan poco más que un cuarto del padrón nacional (11,5% el NOA; 9,0% el NEA; y 5,5% la Patagonia): el mayor número de votos, independientemente de los porcentajes, lo obtuvo en la Provincia de Buenos Aires –que por sí sola representa el 37,2% del padrón electoral– donde el FdT consiguió más del 50% de los votos. De los más de 12 millones de votos del FdT, más de 5 millones fueron hechos por habitantes bonaerenses. En Santa Fe cosechó casi un millón de votos la fórmula de Alberto Fernández con CFK. El más bajo nivel de votos del FdT se produjo en la zona centro del país, principalmente en Córdoba (29%) y en la Ciudad de Buenos Aires (35%).

d) La suma de los votos cosechados por las fórmulas lideradas por Alberto Fernández y Roberto Lavagna rondó los 55 puntos. Eso nos lleva a pensar –de acuerdo a lo que indicamos con anterioridad en relación al voto peronista– que algunos puntos porcentuales de votos peronistas han elegido a Mauricio Macri. Esto último solamente sería entendible dentro del clivaje CFK-Anti CFK.

e) El peronismo se consolida como la fuerza política con más victorias –llegó a la décima– en elecciones presidenciales de la historia argentina. Luego lo siguen el PAN (Partido Autonomista Nacional) y la UCR (Unión Cívica Radical), con 7 triunfos cada uno.

 

La diferencia entre los resultados de agosto y octubre de 2019

Antes de continuar el análisis, se debe hacer un alto para señalar que, pese a que se pueden encontrar muchas continuidades entre las fuerzas políticas que disputaron la Segunda Vuelta de 2015 y las principales fuerzas políticas de la reciente elección, también hay que marcar unas ligeras modificaciones, a saber: el Frente de Todos sumó a su armado, con respecto a lo que había sido el FpV (Frente para la Victoria), a quien fuera líder de la coalición UNA (Unidos por una Nueva Argentina), Sergio Massa y a otros muchos dirigentes de ese mismo espacio. Por la contraparte, Cambiemos, integrado en 2015 por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, ya convertido en 2019 en Juntos por el Cambio sumó a algunos dirigentes peronistas a su armado, siendo el más visible el compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

Hechas estas salvedades, pasaremos a hacer unas breves acotaciones acerca de las principales modificaciones, con respecto a las PASO 2019, que se verificaron en los seis distritos en los que fue derrotado el FdT en la categoría a presidente y vicepresidente de la Nación. Tres de ellos están gobernados desde hace bastante tiempo por el peronismo –en San Luis desde 1983, en Córdoba desde 1999 y en Entre Ríos desde 2003– y en uno de ellos (Santa Fe) el peronismo ha recuperado la gobernación este mismo año. En estos seis distritos los resultados de las elecciones generales de 2019 se parecen más a los del ballotage de 2015 que a los de las PASO 2019. En octubre de 2019, Macri amplió las victorias en Córdoba –ganó por más de 30 puntos– y en la Ciudad de Buenos Aires, y dio vuelta los resultados en Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis. En los seis distritos había vencido en el ballotage de 2015, pero solo en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires –y por mucha menor diferencia, en ambos casos– había ganado en las PASO 2019.

a) CABA: en el ballotage 2015 el FpV perdió por casi 30 puntos. En cambio, en las PASO 2019 la diferencia se acortó a 12 puntos (46% a 34%) y volvió a ampliarse, hasta llegar a los 17 puntos (52% a 35%) en las generales 2019.

b) Córdoba: en el ballotage 2015, el FpV había perdido por más de 40 puntos; en las PASO 2019 la distancia se acortó a menos de 20, y en las generales la diferencia fue de más de 30 puntos.

c) Mendoza: en el ballotage 2015 el FpV perdió por 15 puntos; en las PASO 2019 el FdT ganó por 4 puntos, y en las generales 2019 perdió por 12 puntos. ¡Casi la misma diferencia que en la segunda vuelta de 2015!

d) Santa Fe y Entre Ríos: en ambas provincias litoraleñas y centrales se produjeron situaciones similares. En comparación a las derrotas sufridas por el FpV en los distritos antes citados, en el ballotage 2015 las diferencias fueron menores: en Santa Fe el FpV perdió por unos 10 puntos, y en Entre Ríos por 7. En ambas provincias, el FdT pudo revertir esos resultados negativos de 2015 y triunfó por 10 puntos en los dos distritos. Pero en las generales de 2019 volvió a triunfar la coalición antiperonista, por ajustadísimo margen (por 0,7% en Santa Fe y por 0,12% en Entre Ríos), pero revirtió ambas derrotas de las PASO 2019.

e) San Luis: es un distrito especial, en la medida que para las presidenciales de 2015 presentó lista propia, diferenciada de las otras opciones peronistas (como también lo había hecho en 2003, 2007 y 2011); pero, aun así, se verificó un fenómeno parecido al ocurrido en los otros distritos antes analizados. En San Luis, el FpV había perdido con holgura en el ballotage 2015 (por casi 30 puntos); se produce un fuerte repunte del FdT –con el apoyo del gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, pero con su hermano, Adolfo Rodríguez Saá, apoyando a Macri– en las PASO 2019, donde el FdT llegó a ganar por más de 10 puntos; pero en las generales 2019, JxC revirtió el resultado y ganó por unos 4 puntos.

¿Cuáles podrían ser las causas de estos cambios en los resultados? ¿Hubo corrimiento de clivajes? ¿La presencia de CFK fue mayor en la parte final de la campaña? ¿Se empezaron a disolver las diferencias que una parte de la población percibía que había entre Alberto Fernández y CFK? ¿Fue más efectiva la campaña de Juntos por el Cambio, al hacer manifestaciones públicas y actos típicamente políticos en detrimento de una campaña exclusivamente basada en el marketing? ¿Tuvieron algún efecto los debates presidenciales? Quedan muchas cuestiones por resolver. Podemos señalar que el predominio del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo –o cristinismo-anticristinismo, para ser más precisos– en detrimento del clivaje peronismo-antiperonismo favoreció y posibilitó las victorias de Cambiemos en 2015 y en 2017. Eso fue claramente atenuado con la designación de Alberto Fernández a la candidatura presidencial y con el acuerdo político con Sergio Massa: ambos hechos debilitaron al espacio peronista llamado “Alternativa Federal” –que terminó teniendo una pobre actuación electoral, bajo la denominación “Consenso Federal”– y generaron un bloque de poder muy sólido en torno al naciente Frente de Todos.

 

Legitimidad

Párrafo aparte merece el triunfo del Frente de Todos. A pesar de lo desastrosa que ha sido la gestión de Macri, el candidato oficialista contó con el fuerte apoyo de la administración de Estados Unidos, de los principales gobiernos de la Unión Europea –quienes hasta salieron a promocionar un “acuerdo” que estaba muy lejos de ser cierto– y del FMI. Los sectores conservadores y liberales del continente también mostraron fuerte apoyo al presidente argentino, en búsqueda de su reelección. Así lo hicieron el presidente de Colombia, Iván Duque, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, este último con una vehemencia totalmente impertinente para el cargo que ocupa. Por todo lo indicado, el triunfo del peronismo ha sido notable y ha generado gran repercusión en diversas partes del mundo. Luego de años muy duros, una buena porción del pueblo argentino tiene esperanza en la etapa que se avecina. La legitimidad –lo íntimamente concordante con la Justicia, como enseñaba Sampay– del próximo gobierno la dará la gestión que lleve adelante y no la diferencia de puntos porcentuales en la victoria electoral del pasado 27 de octubre –que, asimismo, ha sido amplia–, como han querido instalar ciertos grupos económicos desde sus medios de comunicación.

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3 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

El nuevo gobierno está frente a la oportunidad histórica de terminar con el VIH. Por Leandro Cahn

El 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Diez días más tarde asumirá sus funciones el nuevo gobierno, quien tiene en su manos la posibilidad de terminar con el VIH en Argentina, una meta posible y realizable. En Argentina, se estima que 139 mil personas viven con VIH y 2 de cada 10 no lo saben. Cada año se notifican 5800 casos nuevos y 1500 personas mueren por causas relacionadas al Sida.

Nuestro país cuenta con herramientas para la prevención, el testeo, el tratamiento y la retención de las personas con VIH dentro del sistema de salud. Sin embargo, los números en relación al VIH en Argentina no cambian significativamente.

Hoy sabemos que si logramos que el 90% de las personas con VIH conozca su diagnóstico, el 90% de ellas acceda al tratamiento y el 90% mantenga su carga viral indetectable, será posible controlar la epidemia. ¿Podemos lograrlo? Sí, si se implementan las medidas necesarias.

Desde Fundación Huésped entendemos que el punto de partida es garantizar el presupuesto necesario y mejorar la planificación y ejecución de las compras de antivirales, vacunas y reactivos para todas las personas con VIH. Algo que, desde los años ’90, está garantizado por la Ley Nacional de Sida. A pesar de esto, en los últimos años se ha repetido el faltante ocasional de medicamentos para el VIH, así como también de vacunas y de reactivos para la carga viral. En nuestro país la epidemia de VIH es estable, lo que permite anticipar la compra de tratamientos con tiempo suficiente para evitar faltantes.

También resulta urgente promover el acceso al testeo de VIH: descentralizar, promover estrategias innovadoras como el auto-testeo y derribar las barreras tanto administrativas como aquellas que profundizan el estigma y la discriminación, de manera de disminuir la cantidad de diagnósticos tardíos. Para eso es necesario llevar adelante campañas de comunicación masivas para informar, prevenir y contribuir a eliminar el estigma y la discriminación del VIH, hepatitis virales y otras ITS.

Pero las política públicas no pueden ser llevadas a cabo ni será posible avanzar en la respuesta integral a la epidemia sin fortalecer a los equipos de salud como actores clave en el abordaje del VIH, otras infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales, ni sin trabajar junto a organizaciones de personas con VIH y otras organizaciones de la sociedad civil incorporando la estrategia de navegadores pares. También será necesario poner en marcha estrategias de prevención combinada que incluyan la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) para las poblaciones en mayor riesgo de infección, además de estimular el uso de preservativo y la Educación Sexual Integral.

Se ha demostrado que una persona con VIH que tiene su carga viral indetectable por más de 6 meses y continúa con su tratamiento no transmite el VIH por vía sexual. Por eso, es necesario desarrollar estrategias de difusión entre los equipos de salud y la población general acerca del concepto Indetectable = Intransmisible para contribuir a la disminución del estigma.

De lo que se trata, una vez más, es de que cada persona pueda acceder a aquello que le es inherente: sus derechos. En especial los de aquellas poblaciones más vulnerables (como la población trans, los hombres que tienen sexo con hombres y las juventudes). El nuevo gobierno está frente a la oportunidad histórica de ponerse la cinta y terminar con el VIH en Argentina.

(*) Director Ejecutivo de Fundación Huésped.

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2 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments

Cuando pase el temblor. Por Jorge Elías

Un fuerte temblor sacudió el 19 de enero la costa central de Chile. Estuvo a punto de convertirse en un tsunami. Otro, en Perú, el 26 de mayo, resultó ser tan intenso que se hizo sentir en Ecuador y Colombia. En los países andinos, maltratados por los incendios y la deforestación de la Amazonía en Brasil y Bolivia, no sólo ruge la tierra últimamente. También rugen las calles y tambalean los gobiernos y los congresos, asediados por un denominador común: la insatisfacción popular. Los terremotos deparan réplicas, pero ninguno es igual al otro. La convulsión, como los sismos, no perdona ni respeta límites.

La sacudida acecha desde el 18 de octubre al presidente de Chile, Sebastián Piñera, así como al de Colombia, Iván Duque, desde la huelga nacional del 21 de noviembre. Uno, Piñera, vive en vilo por un temblor con alerta de tsunami. No logró atenuarlo con mejoras económicas ni con la promesa de modificar la letra constitucional. El otro, Duque, subestimó el reclamo contra la reforma tributaria, la laboral y la de pensiones, el paquetazo, al cual se sumaron el incumplimiento de los acuerdos de paz, la corrupción y la violencia. La muerte de Dilan Cruz, de 18 años, ejecutado por un policía antidisturbios, enardeció a los colombianos.

En las movilizaciones de ambos países convergen plegarias no atendidas. Un popurrí del cual no sólo participan las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y los estudiantes, sino también los ciudadanos de a pie. En especial, la clase media. Aquello que Cecilia Morel, la primera dama chilena, interpretó como una «invasión alienígena» terminó siendo una suerte de guerra, como Piñera creyó al comienzo, por los excesos de los carabineros, más allá de la magnitud de los disturbios. Lejos estuvo de aquietar los ánimos el anuncio del plebiscito para la reforma de la Constitución. La heredada en 1990 de Pinochet, funcional a todos los gobiernos democráticos desde el de Patricio Aylwin.

Idas y venidas, marchas y contramarchas, pedradas y molotov contra gases y perdigones, frente a la disyuntiva de insistir en el toque de queda, como en Bogotá después de la huelga nacional. Su aplicación por unos días en Chile no aplacó la furia, traducida en muertos, heridos, detenidos, violaciones de los derechos humanos, saqueos y quema de hospitales, iglesias, museos y estaciones de metro. Fracasaron todos los llamados de Piñera contra la violencia, como si se tratara del retorno a los años de plomo. Una sorpresa para todos, excepto para los chilenos.

El oasis del continente, como describía Piñera a su país, se vio zarandeado con la fuerza de un seísmo por el aumento de 30 pesos o cuatro centavos de dólar en la tarifa de metro de Santiago. Una suba irrisoria, en apariencia, que acentuó la crisis de gobernabilidad de Chile, al igual que la de Colombia por el paquetazo y otras razones. «No son 30 pesos, sino 30 años», reza una de las consignas de los chilenos. El pedido de perdón de Piñera pudo ser el de Aylwin o el de sus sucesores, Eduardo Frei, Ricardo Lagos o Michelle Bachelet, sin distinción de ideologías ni de banderías.

En Chile y Colombia, con sus monedas devaluadas por los temblores, el tsunami dejó de ser una amenaza. En Santiago, los estudiantes insisten desde 2006 en la revolución de los pingüinos, llamada así por los uniformes escolares, contra la ley de enseñanza promulgada por Pinochet el día en que asumió Aylwin. Sin éxito. En Bogotá, Duque, enfrentado con el ala dura de su partido, el Centro Democrático, de Álvaro Uribe, quiso mitigar el terremoto con ofrendas económicas, como la eximición del IVA por tres días y descuentos para jubilados. Obtuvo casi la misma respuesta que Piñera. La novedad: los colombianos estrenaron el cacerolazo.

(*) Periodista, dirige el portal de actualidad y análisis internacional El Ínterin, es conductor en Radio Continental y en la Televisión Pública Argentina.

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2 diciembre, 2019|Columnas de Opinion|Comentarios desactivados en Cuando pase el temblor. Por Jorge Elías

Entre los bancos y la gente, el nuevo gobierno debe elegir a la gente

Por COLECTIVO NACIONAL HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS

El gobierno electo planea llevar adelante la convocatoria a un Pacto Económico y Social. Así mismo impulsa la sanción de una LEY DE EMERGENCIA PUBLICA, que brinde al Ejecutivo amplios poderes para enfrentar la grave crisis económica y social. Desde el COLECTIVO NACIONAL HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS, venimos bregando desde Julio de 2018 por una salida de la lógica bajo la cual fueron instrumentados los créditos hipotecarios en UVA, que indexan tanto la cuota como el capital por inflación.

Al comienzo de su gestión, el gobierno del presidente Macri estableció metas de inflación las cuales llevarían a una sostenida caída en los niveles de precios, que llegarían al 5 % anual en el transcurso de este año.

Bajo esa lógica, desde el Estado, se impulsaron y promocionaron créditos indexados por inflación con el acompañamiento entusiasta del sistema financiero.

La publicidad del B.C.R.A., aseguraba que la cuota iba a significar una porción estable en relación a los ingresos del tomador del crédito y ser similar al monto de un alquiler. Claramente se trató de publicidad engañosa.

La administración Macri fracasó en el combate a la inflación. Hacia fines de año, la inflación interanual se ubicará en el orden del 55 %.

Quienes obtuvieron un crédito a comienzos de 2018 hoy pagan más del doble en concepto de cuota y el capital adeudado también se duplicó.

A fines de 2019, los cerca de 80.000 hipotecados que fueron alcanzados durante cuatro meses por el congelamiento temporario, deberán afrontar el pago de las cuotas con un incremento del 25 %.

Frente a este panorama que describimos, resulta necesario salir de la indexación en los créditos hipotecarios. Para ello reclamamos un INMEDIATO CONGELAMIENTO TANTO DE LA CUOTA COMO DEL CAPITAL ADEUDADO que alcance a todo el universo de hipotecados e impulsamos una salida definitiva del sistema, que transforme a los créditos hipotecarios en instrumentos viables para materializar el derecho constitucional de acceso a la vivienda.

El costo de este pasaje a créditos tradicionales debe ser absorbido por el sistema financiero, que ha obtenido ganancias extraordinarias en éstos últimos cuatro años.

En el 2003 El Presidente Néstor Kirchner, junto al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lograron solucionar el problema de más de 250.000 hipotecados. Confiamos en que El Presidente electo, Alberto Fernández, incluya en el articulado de la Ley de Emergencia una salida definitiva de un sistema qué, a cuatro años vista, ha resultado ser un rotundo fracaso en términos de política pública de vivienda.

La pesificación fue el mecanismo elegido para salir de la convertibilidad. Hoy hace falta desindexar, SALIR DE LA UVA, para lograr que miles de familias materialicen el sueño de convertirse en propietarios, a través de créditos hipotecarios con cuotas accesibles que brinden certeza sobre el capital adeudado.

Sólo hace falta voluntad política para sepultar definitivamente un instrumento cuyo único fin ha sido el de facilitar enormes ganancias a la industria financiera.

Entre los bancos y la gente, ha llegado la hora de gobernar para la gente.

 

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29 noviembre, 2019|Columnas de Opinion|0 Comments
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