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Acuerdo por la deuda: una victoria del Gobierno para relanzar la economía. Por Juan Pablo Costa

Luego de muchos meses de arduas negociaciones, el Gobierno logró un acuerdo con la casi totalidad de los acreedores externos privados para la reestructuración de la deuda contraída por la gestión neoliberal de Cambiemos. ¿Cuáles son los impactos del acuerdo y qué perspectivas abre para el país?

Apenas asumido el Gobierno encabezado por Alberto Fernández se encontró ante el desafío de encauzar una negociación para reestructurar un pasivo con acreedores privados de nada menos que 67 mil millones de dólares heredado, en su gran mayoría, del gobierno de Mauricio Macri. En el comienzo de las negociaciones encabezada por Martín Guzmán, los bonistas pretendían una quita no superior a 8 dólares de cada 100, medidos en Valor Presente Neto. Es decir que exigían el pago de 92 dólares cada 100, propuesta que luego fue reducida durante febrero a 75 dólares. Más tarde, en abril, las puntas negociadoras se acercaron aunque aún se mantenían lejos del acuerdo, cuando el Gobierno ofreció 40 dólares y los bonistas reclamaron 65. Ya en la última etapa la Argentina ofreció 53 dólares con la intención de acercar posiciones y, tras las últimas negociaciones, se cerró el acuerdo en casi 55 dólares de cada 100.

De aquí se derivan varias conclusiones. Primero que lógicamente ambas parten cedieron en sus pretensiones originales, lo cual es la base de cualquier proceso negociador. Pero la dinámica expuesta muestra las diferencias entre las propuestas originales y el acuerdo finalmente alcanzado. Mientras los acreedores redujeron sus pretensiones en un 37 dólares, la Argentina subió su oferta en 15 dólares. Es decir que el número final del acuerdo está más cerca de la propuesta original que realizó el Gobierno que de las primeras exigencias de los acreedores.

Además, este acuerdo trae alivio a una economía que transita por un período de fuerte paralización por la pandemia mundial. Así, permite descomprimir la demanda de dólares, llevando alivio tanto a las reservas del Banco Central, como a la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos. También induce a una desaceleración de la inflación y a una baja de las tasas de interés, factores clave a la hora de pensar en una recuperación económica postpandemia.

Uno de los grandes aciertos del Gobierno en la negociación fue la negativa a la demanda de los acreedores de incorporar a la mesa de negociación un “programa de gobierno”. Sintéticamente, la pretensión de los fondos acreedores era que la Argentina se sentara a acordar los principales puntos de política económica para garantizar los pagos de los servicios de deuda, lo que equivale en la práctica a una cesión de soberanía. De esta forma, la Argentina evitó someterse a las condicionalidades tan recurrentes en estas negociaciones, cuando se subordinan los acuerdos a la aceptación de la parte deudora de políticas de ajuste (“reducción de déficit”) y diversas reformas que, en realidad, no hacen más que deteriorar la actividad interna, complicando incluso las posibilidades futuras de repago de esa deuda.

Otro de los puntos salientes del acuerdo firmado es que el Gobierno Nacional logra despejar el calendario de pago de servicios de deuda para los próximos años. Si originalmente la Argentina tenía, entre 2020 y 2024, compromisos por más de 63 mil millones de dólares, con la reestructuración lograda, esos compromisos se reducen a poco más de 7 mil millones. Esto es muy importante porque le da aire a un presupuesto agobiado por la carga de los servicios de deuda, que durante 2019 explicaron más del 20% del gasto total.

Por eso, este aspecto es clave ya que libera enormes recursos fiscales para ponerlos al servicio de programas de recuperación productiva, de generación de empleo y desarrollo regional. También para fortalecer el sistema previsional y los programas de transferencias directas a los sectores más vulnerables como el IFE, AUH y Alimentar, lo cual, además, dinamiza el consumo y el mercado interno. Esto implica nada menos que una mejora en los grados de libertad del Gobierno a la hora de planificar sus políticas públicas y sus estrategias de desarrollo, que no es poco.

Sin embargo, este acuerdo que indudablemente es una victoria política del Gobierno Nacional, no elimina per sé el problema de la deuda, sino que es el primer round de una batalla de más largo aliento. El siguiente desafío es la negociación con el Fondo Monetario por la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo el país para financiar la fallida campaña presidencial de Mauricio Macri. El Fondo accedió a otorgar una línea de financiación récord (el préstamo más importante de toda su historia) violando su propia normativa interna que le impide realizar desembolsos a aquellos países que destinan sus reservas para financiar la fuga de capitales, como fue el caso de la Argentina. También aceptó adelantar todos los desembolsos al año 2019, jugando abiertamente en la campaña electoral sin siquiera hacer el intento de mantener las apariencias de imparcialidad e institucionalidad.

En la negociación con los acreedores privados, el Fondo respaldó la postura argentina. Pero no se trató de una súbita empatía por el país. Tampoco fue producto del recambio de su directorio con la salida de Lagarde y la entrada de Georgieva. El Fondo cuidó sus intereses al apostar por un acuerdo beneficioso para la Argentina, que le permita tener la holgura necesaria en sus flujos financieros para hacer frente a la deuda con el organismo. El Fondo Monetario internacional es un duro negociador, vaya si lo sabremos los argentinos y las argentinas. Luego de una importante victoria, el Gobierno Nacional se apresta a dar una nueva batalla.

Investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
7 agosto, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

La movilidad previsional: una mirada larga para un problema inmediato. Por Claudia Danani

La movilidad previsional -sintéticamente, la actualización de los haberes- es un aspecto fundamental de todo régimen jubilatorio, pues de ella depende la conservación (o no) del poder de atención de las necesidades de la población adulta mayor (denominada «seguridad de ingresos»).

La inflación literalmente tritura toda garantía para los grupos de ingresos fijos (asalariados activos, receptores de transferencias estatales, principalmente), y por esa razón en la Argentina la movilidad es fuente de conflictos de todo  tipo. Desde diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo suspendió la fórmula vigente y dispuso su revisión por el Congreso. Se espera que una nueva ley, con una nueva fórmula, «defienda» los ingresos previsionales, especialmente los de los sectores de menores ingresos. La solución debe ser sostenible para el Estado Nacional, que aplica a este destino alrededor de un tercio del gasto social total.

A nuestro juicio, para cumplir con el mandato de garantizar ingresos de manera sostenible, deben atenderse dos tipos de condiciones:

* empezando por los aspectos económicos y financieros, es razonable suponer que 1) deba haber tanto un componente salarial como de recursos fiscales. Creemos que son válidas las propuestas de que en ambos casos se asuman índices amplios en cuanto a los universos abarcados; por ejemplo, variación de salario medio y evolución de la recaudación total, respectivamente, con el propósito de acercar la movilidad a grandes promedios. Ello daría mayor previsibilidad y evitaría que cambios en un aspecto puntual produjera variaciones demasiado bruscas por el lado de los ingresos para lo/as adulto/as mayores o del gasto; 2) en cualquier caso, se necesitan pisos y techos que den garantías «a dos bandas»: a lo/as beneficiario/as (protegiéndolos de caídas marcadas) y a los fondos públicos, como condición de sostenibilidad.

* un segundo orden de aspectos incluye un debate social y político de mediano plazo, a fin de considerar un papel progresivo de la intervención estatal. Con un mercado de trabajo cada vez más restrictivo y segmentado para la población en edades activas, se requiere una institucionalidad estatal progresista (amplia y positiva, no residual y pobremente compensatoria), que alimente mayor paridad entre lo/as adulto/as mayores. Ello tendrá que expresarse en reglas generales que podrían revisarse en el futuro, pero la movilidad podría favorecer, siquiera mínimamente, una cierta progresividad. Por ejemplo, el haber mínimo es el elemento potencialmente más redistributivo, por lo que podría establecerse una escala (corta) que, con esos objetivos, empiece reforzando ese mínimo e incluya alguna diferenciación progresiva en la actualización.

Medidas con este contenido no provienen sólo de una fórmula más o menos correcta o técnicamente cuidada sino de un cierto acuerdo social y político sobre el papel de la intervención estatal. No es la única tarea en este tema, pero sí la que requiere mayor esfuerzo y vocación estratégica.

Por Claudia Danani, Dra. en Ciencias Sociales, especialista en políticas sociales. Instituto del Conurbano/Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto Gino Germani-FCS/UBA
6 agosto, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Mujeres y Lgbtttiq+: estrategias contra la violencia política por razón de género en los medios. Por Miriam Lewin

Si decide participar en política, está naturalizado que una mujer o persona LGBTTTI+ tenga que pagar un precio alto, no en trabajo, sino en insultos.

Es probable también que se considere que «no está preparada», que sus ideas sean menospreciadas. Que su vida privada, sus aptitudes para maternar, su cuerpo, su vestimenta, sus hábitos, sean sometidos a escrutinio y juicio en los ámbitos en los que se desempeña, en medios y redes sociales.

Eso constituye violencia política por motivos de género. La paridad no es efectiva, porque las mujeres y LGBTTTI+ tenemos que afrontar un costo diferencial. Si una política se decide a visibilizar esta violencia, que a veces alcanza la virulencia de un linchamiento, a romper el silencio, es probable que incluso en su propio espacio político se la revictimice, discrimine o que se relativice el daño y su sufrimiento diciéndole: «Vos sabías a lo que te exponías cuando te metiste en esto».

La violencia política hacia mujeres y LGBTTTI+ puede ser simbólica, psicológica, económica, pero también sexual. Una de cada diez mujeres asegura haber sido chantajeada sexualmente cuando intentaba ocupar un lugar en una lista, dice un estudio del Observatorio Julieta Lanteri. Dentro de las agrupaciones, esas denuncias fueron desalentadas y las acusaciones de oportunismo electoral, fabulación o traición al ideario partidario cayeron sobre las que se atrevieron a revelar el acoso, abuso u hostigamiento por parte de un dirigente o compañero.

Se descree a priori de la capacidad de las mujeres que actúan en política. «Tenemos que argumentar tres veces más que los varones. Cuando hablamos, somos interrumpidas más que ellos», se oyó en el Encuentro de Violencia Política organizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Defensoría del Público.

No rehuimos el debate, aunque sea apasionado, pero no toleramos que nos agredan.

«Queremos hacer nuestro trabajo y nos lo hacen difícil. Quienes ejercen la violencia no pagan ningún costo. Por el contrario, son aplaudidos y prestigiados por animársele a una mujer que se anima», dijo la periodista Romina Manguel.

«La violencia se ejerce con una intención clara, que nos callemos. No tenemos que quedarnos calladas, no importa la división partidaria, importa la unidad hacia ese ataque», propuso Silvia Lospennato.

En el mismo sentido, Ofelia Fernández agregó: «No importa dónde te posicionás porque en definitiva lo que importa es sacarte de ese lugar».

Las propuestas esbozadas para resolver este fenómeno tóxico para la democracia, que tiene el propósito y el efecto de disciplinar y excluir a la mitad de la población y recluirla en las cuatro paredes de su casa, en los roles tradicionales, no van por el camino punitivista ni de límites a la libertad de expresión.

Se propuso en cambio, en el encuentro, fortalecer las redes de mujeres y LGBTTTI+ lograr bajar el costo de la participación política para las mujeres y aumentarlo para los perpetradores de violencia. Este lunes, otro grupo de comunicadoras, políticas y académicas seguirán buscando soluciones efectivas en una nueva edición del Encuentro.

La exrefugiada y luego secretaria de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright señaló alguna vez: «Cuando una mujer participa en política, debería estar poniendo en juego sus esperanzas y sueños de futuro, no su dignidad ni su vida …» Así sea.

Por Miriam Lewin, defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
5 agosto, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

El carácter universal del trotskismo. Por Gabriel Solano

El próximo 20 de agosto se cumplirá el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky por el estalinismo. Con seguridad, la conmemoración dará lugar a debates y polémicas ya que se trata de una de las personalidades más atrayentes e influyentes de la historia reciente. Junto con Lenin, compartió el liderazgo de la primera revolución socialista triunfante que cambió el curso del siglo XX. Su propia suerte personal estuvo atada directamente al desarrollo de la lucha de clases y la política mundial. Desde su expulsión de la URSS por la burocracia stalinista, en enero de 1929, su confinamiento en la isla turca de Prinkipo, pasando por sus peripecias por distintos países europeos que rechazaban albergarlo, hasta su refugio final en México, donde fue asesinado, la vida personal de Trotsky refleja los ascensos y retrocesos de la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Cuando el fascismo se extendía por el viejo continente, el estalinismo aplicaba en la URSS una política de terror, que tenía como principal objetivo la eliminación física de los bolcheviques y cuando la II Guerra Mundial ya estaba en marcha, el mundo se había convertido para él en “un planeta sin visado”. En estas condiciones personales adversas, que incluyó la muerte de sus cuatro hijos a manos del estalinismo, Trotsky elaboró parte de su gran obra política y mantuvo su acción revolucionaria. Su mayor legado para las futuras generaciones fue la fundación de la IV Internacional y el “Programa de Transición”. El tiempo transcurrido permite realizar un análisis retrospectivo y resaltar la actualidad de su obra política.

La lucha por el socialismo

El punto fundamental del “Programa de Transición” está en su capítulo final. Al definir los objetivos de la IV Internacional señala: “Su misión consiste en aniquilar la dominación del capital, su objetivo es el socialismo. Su método, la revolución proletaria”. Aunque la definición sea escueta, sintetiza a la perfección al carácter universal de la IV Internacional y de su programa. Desmintiendo a quienes quieren presentar al trotskismo como una capilla más en el amplio abanico de la izquierda, Trotsky define a la IV Internacional como el partido mundial de los explotados para luchar por el socialismo. La delimitación con las otras corrientes de la izquierda, en especial con la  socialdemocracia de la II Internacional y el estalinismo, no tiene que ver con reyertas puntuales o controversias tácticas ni con divergencias sobre cuál es el mejor camino para alcanzar un objetivo final común, sino con una cuestión por completo estratégica: su asimilación al capitalismo, su traición al socialismo y su abandono de la lucha por la revolución proletaria. De no ser así, la formación misma de la IV Internacional no tendría un contenido histórico estratégico, sino que hubiera sido un acto sectario. Fue justamente por eso que Trotsky rechazó, durante la década del ’20 y los primeros dos años de la década del ’30, formar un nuevo partido, tanto en la URSS como a nivel mundial. Esto, a pesar de la política criminal que la dirección del Comintern había seguido ante el alzamiento del proletariado chino, comenzado en Cantón en 1927, donde fue a la rastra de la burguesía nacional del Koumintang, en nombre de la llamada “revolución por etapas”. Para Trotsky, esa política condenaba para siempre a la dirección estalinista, pero no así a los partidos de la III Internacional, que podían ser recuperados mediante una lucha política en su interior. Fue recién cuando el estalinismo entregó sin lucha al proletariado alemán ante Hitler en 1933 que caracterizó que se había producido un salto en calidad. La pasividad de todos los partidos de la Internacional Comunista ante esta tragedia histórica no dejaba lugar a dudas: ya era la propia Internacional Comunista la que debía ser sepultada. “El proletariado alemán se levantará, el estalinismo nunca”, sentenció. Para continuar la lucha por el socialismo debía fundarse un nuevo partido mundial de la revolución, la IV Internacional. Aunque el planteo fue realizado en 1933, finalmente su fundación se realizará cinco años más tarde, en 1938. Nótese aquí que Trotsky elaboró el “Programa de Transición” como un programa de partido -lo mismo habían realizado Marx y Engels con el Manifiesto Comunista en 1848. La creación de un partido de la clase obrera es parte constitutiva e inseparable del propio programa -quizá su punto más importante. El partido es el programa y el programa es el partido, aquí la síntesis del pensamiento de Trotsky. Un partido sin programa no pasa de ser un aparato y un programa sin partido es una abstracción literaria. Esta cuestión decisiva debe tenerse en cuenta para quienes, aún reclamándose trotskistas, plantean “partidos amplios”, sin un programa revolucionario o también quienes subestiman la formación del propio partido en nombre de “que tienen el programa”, como si esto además fuese posible, ya que el programa es un proceso sistemático de elaboración y acción.

En el “Programa de Transición”, Trotsky plantea que la lucha por el socialismo requiere luchar por un “gobierno obrero y campesino”, como ha sido corroborado por la experiencia de la Revolución Rusa de 1917. En el capítulo especial referido al tema, define al gobierno obrero y campesino “como la denominación popular de la dictadura del proletariado” y cuestiona la distorsión estaliniana de la consigna, de querer presentarla “con un contenido completamente diferente, puramente democrático -es decir, burgués”. Otra vez, la delimitación de Trotsky es de principios: denuncia que esta política constituye “un apoyo al capital”. A los partidos que se reclaman de la clase obrera los llama a “romper con la burguesía y a tomar el poder”; es decir, a defender una política de clase independiente. La afirmación de Marx de que los comunistas no perseguían objetivos propios sino que representaban los intereses generales de la clase obrera, aplica por completo para el trotskismo.

Llegado a este punto debemos concluir que la fundación de la IV Internacional, provista de su “Programa de Transición”, rescató para la izquierda y para la clase obrera la estrategia política socialista que las viejas organizaciones traicionaban miserablemente. Se trató, por lo tanto, de un acto político de importancia colosal, porque estaba en juego la continuidad de un programa histórico. Si Trotsky y sus compañeros, agrupados primero en la Oposición de Izquierda y luego en la fundación de un nuevo partido, pudieron asumir este papel histórico se debió a que desde el inicio enfrentaron la degeneración de la propia Revolución Rusa, la teoría reaccionaria del “socialismo en un solo país”, la entrega ya citada del proletariado chino al Kuomintang y la capitulación final ante el nazismo. En todos los casos, Trotsky y sus compañeros defendieron el interés general de la clase obrera. A quienes pretenden presentar al trotskismo como una corriente divisionista, hay que recordarles que fue Trotsky quien defendió la unidad de la clase obrera para enfrentar a Hitler, denunciado, una y mil veces, el desvarío estalinista del llamado “tercer período” y su doctrina del “socialfascismo”, que afirmaba que la socialdemocracia era lo mismo que el nazismo. Por eso, cuando alguien se interroga “qué quiere y por qué lucha el trotskismo”, la respuesta es simple: por la unidad de la clase obrera, por el gobierno de los trabajadores y por el socialismo internacional.

Esta sentencia fundamental se ha visto corroborada por la historia y mantiene hoy toda su vigencia. ¿O no lo vemos ahora en América Latina, donde las distintas corrientes que provienen del estalinismo, del castrismo y del maoísmo se han pasado con armas y bagajes a la defensa del régimen burgués y se han integrado al funcionariado de los gobiernos capitalistas? ¿O acaso, en nuestro país, estos grupos no apoyan e integran al gobierno de Alberto Fernández, que pacta con los fondos de inversión y el FMI? El odio que destila el nacionalismo burgués en general y el peronismo en particular contra el trotskismo tiene que ver con que son conscientes de que existe una divergencia estratégica irreconciliable.

Agonía del capitalismo y restauración

Si el trotskismo y la IV Internacional representan en la actualidad la continuidad de la lucha por el socialismo, lo hacen en condiciones históricas concretas que lo distingue de las internacionales anteriores. No casualmente el “Programa de Transición” parte de la premisa de la “agonía mortal del capitalismo”, afirmando que están dadas las “premisas objetivas de la revolución socialista”. Estamos ante una tesis de fondo, que delimita campos en la izquierda y en la clase obrera. En su famoso prólogo de la Crítica a la Economía Política, Marx afirmó que “ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella”. Dicho de otro modo, esto significa que si el capitalismo aún es capaz de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, la lucha por el socialismo sería una utopía o al menos un objetivo justo, pero apresurado. En una situación así, la estrategia de la clase obrera debería ser la lucha por la obtención de reformas sociales, para obtener una mayor parte de la riqueza social producida.

Esta tesis basal de Trotsky fue criticada, incluso por muchos trotskistas, claro que como paso previo a abandonar ellos mismos la lucha por la dictadura del proletariado y el socialismo. Bien visto, actuaron a su modo, consecuentemente. Otros, que no llegaron a tanto, vieron esta afirmación como justa, pero limitando su validez histórica al momento en que fuera formulada -1938, en momentos previos a la II Guerra Mundial. Superada esa conflagración, afirmaron que el capitalismo volvió a retomar un camino de crecimiento. Citaron en favor de ello las estadísticas de crecimiento del PBI de varios países, que habrían alumbrado los llamados “treinta gloriosos años de crecimiento” del capitalismo de la posguerra, sin tener en cuenta que dicho crecimiento se asentó sobre las bases de la monumental destrucción de vidas y capitales durante la II Guerra. De ser cierta esta tesis, el “Programa de Transición”, en el mejor de los casos, hubiera tenido validez para que la clase obrera enfrentara la II Guerra Mundial, pero habría dejado de tenerla en los años posteriores a su finalización. Muchos de estos extrotskistas se pasaron luego, con armas y bagajes, a la defensa del capital.

Pero, ¿no estaba planteada entonces la lucha por la revolución obrera y socialista en la posguerra -es decir, la estrategia definida en el “Programa de Transición”? La propia historia se ha encargado de responder esa pregunta. El triunfo de la revolución china y yugoslava en la década del ’40, en ambos casos enfrentando los dictados de la burocracia soviética que exigía una sumisión del proletariado a la burguesía nacional y a los pactos sellados con los Estados imperialistas, la guerra de Corea, el triunfo de la revolución cubana a fines de la década del ’50, la derrota del imperialismo francés y yanqui en Vietnam, el Mayo Francés, el Cordobazo, las coordinadoras obreras chilenas, la revolución sandinista, etc., mostraron la validez de la estrategia definida por León Trotsky en el “Programa de Transición”. Solo una izquierda que se haya pasado al capitalismo puede darle mayor relieve histórico al crecimiento transitorio del PBI que a la revolución triunfante en países tan decisivos como China o, en el caso cubano, en las mismas barbas del imperialismo yanqui. Contradice también la vitalidad del capitalismo, la ocupación de una parte considerable del continente europeo por el Ejército Rojo, quedando los países al este de Berlín bajo el control de la URSS.

La restauración capitalista posterior en estos Estados que expropiaron al capital no desmiente la caracterización histórica de la agonía del capitalismo. De hecho, es una variante analizada por el propio Trotsky en el “Programa de Transición” y en otros escritos. Anticipándose brillantemente a los hechos señala que “el pronóstico político tiene un carácter alternativo: la burocracia se transforma cada vez más en órgano de la burguesía mundial dentro del Estado Obrero, derriba las nuevas formas de propiedad y vuelve el país al capitalismo o la clase obrera aplasta a la burocracia y abre el camino al socialismo”. A partir de esta caracterización, Trotsky plantea la consigna de “abajo la camarilla bonapartista de Stalin”, propiciando una revolución política en la URSS -“política”, porque debe derribar a la burocracia pero no modificar las relaciones de propiedad. Fue una política que luego se plasmó en las grandes rebeliones antiburocráticas, como las que comenzaron en Berlín y Hungría en la década del ’50 y la Primavera de Praga en los ’60. La suerte de la revolución se jugaba en la posibilidad de derribar a la burocracia, que buscaría restaurar el capital para transformar sus privilegios de hecho en derechos de propiedad. Llegado a este punto, Trotsky distingue la mecánica de la revolución proletaria de la revolución burguesa y también de la contrarrevolución en ambas. Afirma que las contrarrevoluciones operadas luego de las revoluciones burguesas no tuvieron el propósito de restablecer las relaciones de propiedad feudales, sino de transferir el poder a fracciones más moderadas dentro de la propia burguesía. Así, por ejemplo, la vuelta de la monarquía a Francia en 1815 no restableció el feudalismo. Las relaciones burguesas de propiedad y el capitalismo se desarrollan autónomamente, más allá de las modificaciones del régimen político. En cambio, no ocurre lo mismo con los primeros pasos de la construcción del socialismo, que tiene su apoyatura fundamental en el propio Estado obrero. Un cambio del régimen de este, pasando a manos de una burocracia restauracionista, abre la puerta a la vuelta del capitalismo. Mientras el capitalismo se edifica automáticamente, el socialismo lo hace conscientemente. Solo puede considerarse irreversible cuando ha llegado a un nivel de desarrollo superior. No era el caso de la URSS y -agregamos nosotros- de los otros Estados donde se produjeron revoluciones proletarias, ya que en todos los casos se trataron de países con niveles de desarrollo inferiores a las potencias capitalistas de la época.

Este análisis brillante de Trotsky, que une la agonía del capitalismo con la posibilidad de una restauración capitalista, fue la base para que el Partido Obrero pudiera analizar contradictoriamente la restauración capitalista operada a partir de la disolución de la URSS y del resto de los Estados obreros, incluido China. Mientras la derecha auguraba el “fin de la historia” -o sea, la victoria final del capitalismo- y una parte muy considerable de la izquierda se pasaba abiertamente a la defensa del régimen burgués, el PO anticipó que la oportunidad que le abría al capital la restauración en los Estados obreros estaba condicionada por la agonía del propio capital. La incorporación a la órbita de la explotación capitalista de millones de obreros y de zonas geográficas enteras tenía como contraparte la aparición de nuevos competidores en un régimen social signado ya por una sobreproducción de capitales y mercancías. Todas las crisis capitalistas posteriores que hemos vivido desde los ’80 hasta la fecha, cada una más aguda que la anterior y separadas entre sí por períodos cada vez más breves de crecimiento, confirman esta caracterización sobre la agonía del capitalismo, que se manifiesta también en las hambrunas que alcanzan a una parte considerable de la población mundial; en los choques entre los monopolios y los Estados asociados a ellos como consecuencia de la sobreproducción mundial; en la tendencia a las guerras y en la hipertrofia especulativa, que es la contracara de la huelga de inversiones que alcanza a todas las economías capitalistas, empezando por la de Estados Unidos.

Método político

El “Programa de Transición” parte de la agonía del capitalismo como la condición objetiva de la política revolucionaria del proletariado. Pero este es el punto de partida y no de llegada. Su propósito va más allá: es superar la contradicción entre las condiciones objetivas de la revolución y el atraso subjetivo para ello. Por eso afirma que “la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de dirección del proletariado”. Al momento de realizar esta afirmación, el proletariado venía de sufrir derrotas políticas significativas, como el triunfo de Hitler en Alemania, el afianzamiento de Mussolini en Italia, la derrota que ya se avizoraba como irreversible de la revolución española, el fracaso de la huelga con ocupación de fábricas de Francia de 1936 y, desde ya, la burocratización de la URSS y el exterminio físico de los bolcheviques mediante los oprobiosos Juicios de Moscú. La crisis de dirección se presentaba de modo palpable, contrastando las batallas dadas por el proletariado con la orientación criminal y traidora de sus organizaciones tradicionales, enroladas en la II y la III Internacional.

La fundación de la IV Internacional, asentada en estas derrotas históricas de los trabajadores, tuvo como misión histórica superar esta crisis de dirección del proletariado. El método político para ello fue elaborar un programa de reivindicaciones transitorias, que sirve como puente entre la conciencia política del momento de la clase obrera y la toma del poder por ella misma. En oposición al programa mínimo de la socialdemocracia, limitado a reformas dentro del cuadro capitalista, y su programa máximo socialista reservado solo para “los días de fiesta”, Trotsky elaboró un programa de transición que supera esa dicotomía y presenta una estrategia unificada, cuyo eje es la lucha por el poder de la clase obrera a partir de la lucha por sus propias aspiraciones y reivindicaciones. La caracterización histórica de la agonía del capitalismo se expresa aquí bajo la compresión de que la satisfacción integral de las reivindicaciones más sentidas por la población laboriosa es incompatible con la sobrevivencia del régimen capitalista. En un cuadro de catástrofe social, Trotsky elabora un programa que contiene reivindicaciones fundamentales: la escala móvil de salarios, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, la apertura de los libros de las empresas, el control de precios, la abolición del secreto comercial y el control obrero sobre la industria, estableciendo las condiciones para la expropiación de los grandes grupos capitalistas, la expropiación de la banca y la estatización del sistema de créditos, unido a los métodos políticos para ello, empezando por la formación de comités de fábrica, el armamento del proletariado, los soviets y la lucha por el gobierno obrero y campesino. Como ya lo había señalado en la tesis de la “revolución permanente”, se trata de un programa absolutamente válido para los países semicoloniales, cuyas condiciones para la revolución proletaria están dadas por el desarrollo del mercado mundial capitalista y la emergencia del imperialismo, que supera el debate ocioso entre países maduros e inmaduros para la lucha por el gobierno de los trabajadores.

Es claro que la crisis de dirección del proletariado en la actualidad se presenta de modo distinto a lo que sucedía en 1938, cuando Trotsky elaboró el “Programa de Transición”. El proletariado no revista en las filas de las organizaciones de la II y la III Internacional, que aún, a pesar de su traición, tenían su origen y su trayectoria ligada a la causa socialista. El hundimiento de la socialdemocracia y del estalinismo no fue ocupado por las organizaciones que se reclaman de la IV Internacional, sino por variantes diversas, que van desde planteos movimientistas, indigenistas, etc. El propio trotskismo, especialmente, no pudo mantener las posiciones establecidas en su programa fundacional y se quebró como resultado de la presión política del estalinismo, primero, por la dificultad para afrontar las condiciones políticas de lucha en el relativo reflujo en la posguerra en Europa occidental, luego, finalmente, bajo la presión del seguidismo a direcciones de la pequeña burguesía o del nacionalismo. El llamado “secretariado unificado” (SU) terminó integrando gobiernos de la burguesía, como el de Lula. Pero, en este caso, no deja de ser revelador que para pasarse abiertamente al campo de la democracia burguesa, el SU convocó un congreso para eliminar de su programa la defensa de la dictadura del proletariado, que es el eje central del “Programa de Transición”.

Incluso en los casos donde los partidos comunistas y socialistas siguen dirigiendo las centrales obreras, ya no puede identificarse con la situación de 1938, pues no actúan teniendo como referencia a la URSS y a los dictados del estalinismo, sino que se han reconvertido a partidos democráticos-burgueses de sus propios países. Esto no desmiente la crisis de dirección del proletariado sino que la hace más candente, así como también el método de reivindicaciones transitorias elaborado por Trotsky, para hacer frente a una situación de catástrofe social. La lucha contra la miseria, la desocupación masiva, el saqueo de los monopolios, la opresión imperialista y el militarismo encuentra una respuesta actual en las consignas y reivindicaciones desarrolladas en el “Programa de Transición”. Esta cuestión también delimita campos de modo categórico, tanto con el nacionalismo burgués como con la izquierda asimilada al régimen. ¿O no es claro que la lucha contra la reforma laboral y previsional, por citar solo dos ejemplos vitales muy en boga, hoy es patrimonio exclusivo en términos de corrientes políticas de las fuerzas que se reclaman de la IV Internacional? En Argentina, la izquierda estalinista, castrista y maoísta integra un gobierno que ha congelado las jubilaciones y avanza de hecho en la flexibilidad laboral, mientras prepara un nuevo acuerdo colonial con el FMI. Otra vez, ante la pregunta de por qué luchan los trotskistas, podemos responder simplemente: somos la única corriente política que rechaza la reforma laboral y previsional. Lo hacen, desde ya, millones de obreros, pero como corriente política, solo los que se referencian en la IV Internacional.

La lucha por la superación de la crisis de dirección entraña una lucha política de fondo, que reclama intervenir en todas las fases de las crisis y de las luchas que den los trabajadores, partiendo siempre de su propia experiencia. El planteo catastrofista sobre el capitalismo, que considera que los límites del capital están en su propia reproducción, generando crisis cada vez más agudas, no elimina esa lucha política sino que, al contrario, la hace más candente, porque solo a través de ella se puede superar la brecha que existe entre la madurez de las condiciones objetivas para la revolución y la inmadurez de las condiciones subjetivas. El abordaje unilateral de esta situación puede derivar en un objetivismo, que niega la importancia central de la lucha de clases como motor de la sociedad. Contra ellos, Trotsky advirtió que la caducidad histórica del régimen burgués no debe confundirse con la pérdida de reflejos políticos de la propia burguesía. Al revés, señaló que, contradictoriamente, la burguesía aborda la crisis final de su régimen social habiendo adquirido una experiencia histórica única en su política de dominación.

Este carácter universal del trotskismo, que tiene por finalidad excluyente poner fin a toda forma de opresión y explotación, está presente en la posición de nuestro partido sobre el contenido y el método que debe seguir la refundación de la IV Internacional. En oposición, por un lado, a las colaterales del “partido madre”, que “exporta” partidos a otros países y, por otro, a establecer inventarios de divergencias que sean la excusa para reyertas interminables, el PO propuso la refundación inmediata de la IV Internacional sobre una base de principios políticos definidos –la defensa de la dictadura del proletariado, el rechazo al frente popular y a la colaboración de clases, la acción sobre la base de un programa de reivindicaciones transitorias y el carácter contrarrevolucionario del SU por su rechazo a la estrategia del gobierno obrero. Este método político retoma el carácter universal del trotskismo y su lucha por la refundación de una internacional obrera (IV Internacional).

Para la clase obrera, que tiene en su favor la evolución del proceso histórico, que también tiene una gran experiencia acumulada, asentada en grandes triunfos y también penosas derrotas, para aprender de unas y otras, nada mejor que estudiar a fondo la lucha de León Trotsky, uno de los más grandes revolucionarios de la historia.

Gabriel Solano, legislador porteño del Frente De Izquierda
4 agosto, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

“Un enemigo que ataca sin rostro, debe ser visibilizado” por Jorge Rachid

Un gobierno democrático, votado por el pueblo, que llegó a vencer, en primera vuelta,  a una coalición armada desde el odio, el saqueo, la exclusión social, la persecución y cárcel de la oposición, represión, entrega patrimonial nacional, endeudamiento externo, con el apoyo explícito de EEUU y su Embajada, fue puesto bajo ataque, desde el mismo momento que asumió.

A la semana de recibir un país devastado por dos crisis de deudas, la interna del hambre y del dolor social inmenso y la de deuda externa que somete la soberanía del país. A esas circunstancias hay que sumarle, la sanitaria de las dos epidemias, la de dengue que tuvo más de 3000 muertos en los últimos cuatro años y la del sarampión, cuando el país había sido declarado por la OMS, país libre de esa enfermedad y que en los años macristas, golpeó y mató nuevamente, niños argentinos por falta de vacunas, debido al ajuste económico y la incapacidad de gestión.

Pero a los 90 días de gestión, en medio de la batalla contra esos dramas heredados, la Pandemia mundial, llegó al país, con contagios importados, con nexo epidemiológico que permitió tomar medidas urgentes de pesquisa y declarar la Cuarentena temprana, que permitió salvar 16 mil vidas en los primeros cuatro meses de gestión. Esas medidas se tomaron en el despliegue de una Sala Situacional que sigue la Pandemia a nivel mundial, regional y local, discutida por epidemiólogos, infectólogos, matemáticos, sanitaristas, virólogos que en conjunto con otras especialidades, le dan al gobierno los perfiles necesarios para la toma de decisiones políticas.

En ese sentido el gobierno despliega una serie de herramientas económicas, para asistir a todos los sectores sociales y empresariales, a los fines de sostener la Cuarentena, una verdadera guerra, a un enemigo invisible, una molécula que ha puesto en vilo al mundo.

Esta situación que ha superado en sus medidas sanitarias y económicas, a otras experiencias, que han sufrido el dolor de miles de muertos y caídas de los empleos, que a nivel internacional ha puesto a la Argentina en la más alta consideración mundial. Ese reconocimiento ha sido apuntalado también por la enorme capacidad de nuestros científicos que en pocos meses lograron identificar las moléculas virales, crear los kits diagnósticos tanto serológicos como moleculares, siendo el 9° país del mundo en lograrlo, nuestros bioingenieros duplicar los respiradores y además poner en marcha tres fábricas de estos instrumentos vitales en el país, al reconvertir empresas.

Un país en guerra pandémica, pero en marcha, con algunos bolsones de necesidades a resolver, pero con el objetivo fijado de defender la vida, habilitando la economía necesaria para su sostenimiento, que a medida que se vaya venciendo, se irá recuperando lentamente, como en cualquier guerra. Once millones de bolsones de alimentos, 9 millones de ingresos familiares de emergencia IFE, más de dos millones de ATP, salarios para evitar despidos, congelamiento de tarifas de servicios públicos, decretos evitando despidos y desalojos, créditos a tasa cero para monotributistas y de bajo interés para empresarios, son algunas de las medidas desplegadas por un gobierno incipiente, que está sometido al ataque perpetuo.

Uno se pregunta si estas descripciones están llegando al conjunto de los argentinos y la respuesta es no. Esa respuesta está dada por la presencia hegemónica de medios, que alguna vez fueron de comunicación y ahora son factores de poder que operan en la direccionalidad de las políticas, son promotores del odio, siembran miedos e inquietudes en la población, llaman a confrontar a un gobierno cuya única preocupación es la de equilibrar la balanza entre la salud y la economía. Eso son Clarín y La Nación que responden por sí y por terceros golpistas y destituyentes, empujados por intereses cruzados de fondos de inversión, el círculo rojo y la Embajada de EEUU, que intentan impedir en la región, el asentamiento de políticas soberanas, independientes de los dictados imperiales, extorsivos y manipuladores, que utilizan sus rampas misilísticas mediáticas y políticos lacayos, que no dudan en atacar, sin medir consecuencias sociales y económicas, que se traducen en pérdidas de vidas y hambre generalizado.

Estos mismos medios, esconden la información internacional, no muestran las fosas comunes en Central Park de Nueva York, ni las de Manaos, tampoco las de Bergamo, Italia, ni los camiones refrigerados llenos de cadáveres de España, ni las calles con muertos de Ecuador o Perú y los colapsos sanitarios de Chile y cientos de países del mundo.

En esa situación, vivimos un estado de excitación confrontativa, en donde todas las noticias son leídas en términos binarios, que hacen de nuestro pueblo una diáspora de fácil manipulación, antes que un pueblo de sueños comunes. No surge sólo del odio estimulado y provocado, ni siquiera de construcciones de pensamiento diferentes, tampoco del rol del Estado, cuando el reconocimiento del mismo, en el marco de la Pandemia, en todo el mundo ha sido reivindicado como ordenador social y ejecutor estratégico y financiero de políticas públicas, desplazando al Mercado todopoderoso, instalado por el neoliberalismo dominante en los últimos 50 años.

Pero el enemigo sin rostro, oculto detrás de actores menores, repetidores de guiones y sin capacidad de réplica, excepto el insulto o la victimización, pero amplificados por esos medios, que hacen de minorías oligárquicas, voces dominantes que construyen sentido en la sociedad. Se esconden detrás de excusas para no sesionar democráticamente, gritan en vez de discutir, no aceptan modificar aquellos instrumentos que son percibidos por el pueblo, como corruptos, por ejemplo la Justicia o las políticas Tributarias.

Pero el enemigo está ahí, detrás de las cortinas de humo fumigadas por los medios, las explicaciones racionales del gobierno, tapados por gritos destemplados y además convocando a linchamientos públicos, rompiendo la Cuarentena y poniendo en riesgo al conjunto de los argentinos.

Si esta situación se mantiene, la Argentina se encamina hacia una confrontación civil de consecuencias imprevisibles. El enemigo no siente piedad por esa posibilidad, ya que en el pasado bombardearon, fusilaron desaparecieron miles de jóvenes, persiguieron, encarcelaron sin pruebas, sólo con agitar las aguas del odio y la venganza, contra los gobiernos populares que intentaron defender los intereses populares. Por eso el peronismo es el objeto del deseo del poder hegemónico, desde hace 70 años, que opera desde las usinas de los intereses norteamericanos y europeos, multinacionales, y fondos de inversión, que ven en el Estado Justicialista un enemigo a vencer.

El pueblo peronista, consustanciado de Patria no cederá a esa ofensiva, como lo hicimos desde los albores de la historia, ese pueblo, nuestro pueblo que es la categoría superior de la Patria, siempre vencerá.

 

(*) Jorge Rachid es médico sanitarista, pensador nacional y Asesor del Gobernador de Buenos Aires

3 agosto, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Una nueva moratoria de la impunidad. Por Jorge Enriquez

Desde el inicio de la pandemia, los legisladores de Juntos por el Cambio hemos presentado muchos proyectos de ley tendientes a paliar la grave situación económica que las cuarentenas están provocando en las familias y en las empresas. Además de esas iniciativas, advertimos que la paralización general de la actividad nos llevaba al abismo y que era necesario conciliar las necesidades sanitarias con las económicas.

No se trataba, sostuvimos, de caer en un frío economicismo, sino de atender a la realidad. Aunque a gran parte de los funcionarios kirchneristas esto les parezca increíble, no todos los argentinos viven del Estado. Hay un sector de la población que vive de los ingresos que genera todos los días con su trabajo privado.

En la realidad, quienes están padeciendo severamente los efectos de esta situación son sobre todo personas de clase media y clase media baja, que desempeñan oficios o prestan servicios. También, los esforzados dueños de las Pymes, que no poseen las espaldas financieras para sostener una estructura empresaria sin producir ingresos por varios meses.

De ahí que sean bienvenidas todas las medidas que puedan amortiguar las consecuencias de ese desastre y que brinden un adecuado estímulo para volver al trabajo. Entre ellas, sin dudas las moratorias tributarias son imprescindibles, toda vez que resulta imposible pagar tributos cuando no existen ingresos.

Pero el kirchnerismo, que no cambia las mañas, aprovechó esa necesidad para meter de contrabando un proyecto cuya principal finalidad es beneficiar a delincuentes amigos. Lo hizo en coincidencia con iniciativas tendientes a subordinar la justicia al poder político, con lo que cumplió acabadamente con el apotegma que está en su ADN: al amigo, todo; al enemigo, ni justicia.

En efecto, escondido entre cláusulas cuyo objetivo de tutela a sectores, hoy desamparados, compartimos, se halla el verdadero propósito: amnistiar al Grupo Indalo y a sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Souza, quienes están afrontando un proceso penal por haberse apropiado durante varios años del impuesto a los combustibles que pagaban los consumidores. No fue una simple evasión, sino algo que técnicamente tiene otro nombre pero que cualquier persona no especializada llamaría con toda propiedad un robo, ya que el dinero que se quedaban para sí no era de ellos, que oficiaban solo de intermediarios entre quienes pagaban el impuesto y el Estado. De esa forma se apropiaron de por lo menos 900 millones de dólares.

Los principales activos de Oil Combustibles S.A. (OCSA) han sido subastados en el marco de la quiebra de esa empresa. Lo que desde el punto de vista judicial ya no podría hacerse, el kirchnerismo está consiguiendo que lo haga el Congreso, permitiendo que al incorporar el impuesto a las facilidades que otorga la moratoria se pueda extinguir la acción penal tributaria y la acción penal aduanera contra los empresarios militantes Cristóbal López y Fabián De Sousa, con lo que Cristina Kirchner podrá decirles a esos benefactores, como en el tango «Mano a mano»: «los favores recibidos creo habértelos pagado». Y las deudas, que no serán chicas sino fabulosas, las cargarán «en la cuenta de otario», que es siempre el sufrido pueblo argentino.

Por tal razón, fue un imperativo moral el rechazo de la norma inserta en el proyecto de moratoria tributaria, tal como lo hizo en la Cámara de Diputados el bloque de Juntos por el Cambio, la única fuerza opositora que se opuso a esa tropelía, respetando, una vez más, nuestro compromiso de que «Nunca Más haya impunidad en La Argentina».

No caímos en la trampa que se nos colocó. Somos los primeros en explorar todos los medios posibles para ayudar en esta grave emergencia a los que trabajan y producen, pero no nos prestamos a maniobras cuya finalidad es clara: dejar limpia la oscura foja de dos personajes que incrementaron sus fortunas ilegalmente a expensas de los argentinos y que al hacerlo cometieron delitos de los cuales ni sus jueces amigos los podrían absolver.

Ha sido un capítulo más del Operativo Impunidad que es parte esencial del pacto fundacional de la candidatura a presidente de Alberto Fernández. Tuvieron los números, se quedaron con la ley y con la vergüenza. Nosotros seguiremos fieles al mandato popular que recibimos de impedir, en cuanto dependa de nuestra voluntad, la perpetuación del latrocinio que es la marca identitaria de quienes han vuelto por todo.

Diputado nacional por CABA (Juntos por el Cambio-Pro)
3 agosto, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Estado, pandemia y el desafío de los municipios. Por Alicia Aparicio

La llegada de la pandemia del coronavirus ha puesto en jaque a los gobiernos de todo el mundo. Cada uno ha ido definiendo políticas públicas que apuntaron, en mayor o menor medida, a costear los efectos de la crisis sanitaria. Claramente las decisiones fueron diversas. Están aquellos que consideraron que lo más efectivo era intentar achatar la curva de contagio restringiendo la circulación masiva mientras se avanzaba en acondicionar el sistema de salud, tal es el caso de nuestro país, y aquellos que dejaron que “el mercado ordene”, es decir, que se contagie quien se tenga que contagiar, llegando incluso a descargar la responsabilidad en los médicos a la hora de elegir a quién prestar atención médica porque no se podía atender a todos.

En este contexto, queda clara la importancia de tener un Estado presente que regule y administre recursos, que ponga el foco en acondicionar el sistema sanitario, que le devuelva el rango (que nunca debió perder) de Ministerio a la salud, en donde la prioridad sea evitar y contener a los contagios y en donde se puedan garantizar, con medidas económicas, que ningún argentino pase hambre. La pandemia permitió que muchos ojos pudieran ver a esos esos hombres y mujeres que diariamente están al servicio del otro: los trabajadores de la salud que están al frente de la batalla pero también a aquellos que permiten que “la vida siga” brindando servicios esenciales como el que barre la calle, el que junta nuestros residuos, el que arma bolsones de comida o el que distribuye alimentos en la escuela para que esas familias tengan el plato de comida, por nombrar a algunos. Allí está el Estado, en cada uno de ellos y ellas.

Los municipios, por ser el gobierno de más proximidad al vecino, se convierten en la primera puerta a golpear. En un escenario de pandemia, la regla se ha sostenido. Fueron y son los gobiernos locales quienes debieron administrar recursos, afectados por la recaudación, y la cuarentena. Desplegaron trabajadores en la calle para garantizar las medidas de aislamiento, otorgaron beneficios fiscales a aquellos comercios que debieron cerrar sus puertas, realizaron operativos barriales para detectar casos de Covid-19, acondicionaron instalaciones para recibir pacientes, entre otras cuestiones. Todo ello articulado con el gobierno provincial y nacional. Sin duda, al igual que durante la pandemia, la denominada nueva normalidad tendrá una vez más a los municipios como protagonistas centrales para el bienestar de las personas.

Diputada nacional por el Frente de Todos.
31 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Post-pandemia y escenario global: reflexiones para pensar la reconstrucción del país. Por Clara Vega

El COVID-19 marcará un momento histórico de transformación del capitalismo: aceleradamente estamos pasando del modelo Detroit al modelo Silicon Valley, tal como los denominó el politólogo español Carles Boix. El año 2020 quedará en la historia como el final de la transición hacia la intangibilidad de los datos, la inteligencia artificial y la volatilidad de la economía mundial.

Si bien aún estamos atravesando el torbellino, pareciera quedar claro que son las primeras potencias las que seguirán liderando el escenario global. Sin embargo, asistiremos a un mundo en el que se repensarán las alianzas estratégicas; en el que los que poseen más tecnología pilotearán mejor sus crisis; y en el que las grandes empresas se concentrarán cada vez más en detrimento de las pequeñas.

Frente a ello, nuestro país queda nuevamente al descubierto en muchísimos problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace algunas décadas, los cuales se ven profundizados de forma extrema por la emergencia actual.

Será indispensable redefinir con quiénes realizaremos nuestras estrategias bilaterales, entendiendo que no es tan malo aliarse con las multinacionales para llevar una mejor gobernanza y apuntalar el desarrollo y el crecimiento del país.

Pero no solo eso: también debemos repensar el perfil de país que queremos, para lo cual resulta de suma importancia que el Estado establezca prioridades en el ámbito educativo.

En estos días, hemos discutido esta cuestión en el Senado con respecto al proyecto de becas de promoción para carreras estratégicas. Estoy convencida de que la problemática en torno a la oferta educativa debe acompañar toda la trayectoria escolar de nuestros jóvenes, desde el nivel inicial hasta el terciario o universitario. Y las becas deben ser el último eslabón en este acompañamiento, nunca el primero, para que no se transformen en un sistema de incentivos netamente monetarios.

¿A qué me refiero con acompañar todo el recorrido educativo? No vamos a tener un adulto emprendedor o cooperativista -salvo raras excepciones-, si no lo hemos formado desde pequeño. Por ejemplo, en mi provincia, La Rioja, habiendo dos universidades nacionales y dos universidades privadas, la mayoría de los jóvenes ingresan a la Policía o a los profesorados. Y no porque todos tengan esa vocación, sino porque desde el Estado no se fortalece la inserción laboral en áreas que impulsen el desarrollo regional.

Creo que los proyectos de ley que tratamos deben contemplar la realidad de las personas a las que van dirigidos, sobre todo en momentos tan complejos como los que estamos atravesando. Por eso, insisto en que las carreras estratégicas deben ser pensadas por los Ministerios de Educación y Ciencia, con el apoyo de las universidades, las entidades intermedias y también el sector privado, que son quienes conocen la demanda de mano de obra necesaria para el desarrollo nacional.

De lo contrario, en la era digital, del Big Data, el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, el networking y demás innovaciones, seguiremos fallándoles a las nuevas generaciones en la proyección de un país pujante plenamente incorporado a la realidad global.

30 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Pensamientos para la pospandemia: La reconstrucción del derecho a la privacidad. Por Beatriz Busaniche

El derecho a la intimidad de las personas como derecho fundamental es una reivindicación que diversas organizaciones y activistas de todo el mundo venimos sosteniendo desde hace décadas. No se trata de un derecho nuevo en el contexto de Internet, sino de un derecho consagrado como Derecho Humano y reconocido en las Constituciones Nacionales de muchos de nuestros países en América Latina. Sin embargo, en las últimas décadas, y en particular en el siglo XXI, la protección de datos y el derecho a la intimidad ha cobrado notoria relevancia a partir de la reconfiguración de los modelos de negocios de la Internet tal como la conocemos en este período histórico. Es, en palabras de la académica Shoshana Zuboff (2019), la era del capitalismo de vigilancia, donde los datos recogidos en forma permanente de todas y cada una de nuestras interacciones sociales mediadas por tecnologías de información y comunicación constituye el insumo fundamental de una industria que desarrolla sistemas que de formas más o menos precisas permiten no sólo prever nuestras conductas, sino y fundamentalmente amoldarlas a los intereses económicos que las sustentan.

Es en este contexto que llega la pandemia de Covid19.

La pandemia global desencadenada por la diseminación en cuestión de semanas del nuevo coronavirus impacta de lleno en un mundo con características propias nunca antes conocidas en la historia de la humanidad: conectividad real con medios de transporte que permiten atravesar el planeta en poco tiempo, un sistema interconectado de comercio mundial donde prácticamente no hay país en los márgenes y un nivel de penetración de tecnologías de información y comunicación que implican el acceso y utilización permanente de dispositivos móviles y computadoras en buena parte del planeta. El alcance global de estas tecnologías se suma a la alta concentración en unas pocas empresas de los grandes negocios de la red, y con ellos, los grandes negocios basados en la producción, gestión y manejo de grandes volúmenes de datos. Vivimos en sociedades ya fuertemente vigiladas y monitoreadas, en algunos casos por parte de iniciativas estatales (China) y en otros donde la presencia de la vida virtual está atravesada por empresas del sector privado (con Google a la cabeza, pero no exclusivamente: Apple, Facebook, Amazon, AliBaba, entre otras, forman el ecosistema de los grandes jugadores de Internet). 

Este escenario ya derivó en innumerables debates e intentos regulatorios por parte de los Estados, con presiones de todo tipo para avanzar hacia sistemas que promuevan el interés privado en la materia, como la agenda de comercio electrónico en los debates que tienen lugar en la Organización Mundial de Comercio así como otros debates tendientes a velar por el interés público, como los relativos a la implementación del nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales en la Unión Europea.  Los países latinoamericanos nos debatimos todavía sobre hacia qué modelo inclinar nuestra balanza regulatoria y mientras estos debates suceden, los avances sobre la privacidad de las personas siguen sucediendo y la cosecha regular y sistemática de datos sigue en marcha.

En este contexto debemos lidiar con la pandemia.

Como cualquier epidemiólogo sabe, a la hora de lidiar con enfermedades altamente contagiosas como la Covid19, la vigilancia epidemiológica es una herramienta central. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos lidiado con epidemias de todo tipo y el mapeo y traza de contactos de las personas infectadas ha sido una de las estrategias que permitieron contener los avances de enfermedades de este tipo. Las pandemias, ya aprendimos gracias a la Covid19, no sólo tienen componentes médicos, tienen y muy especialmente componentes sociales.

Quizás por esa razón, ni bien se tomó real dimensión de la situación, apareció naturalizada en el escenario de estrategias la idea de utilizar las tecnologías disponibles para el seguimiento de contactos, la detección y diagnóstico de casos y la regulación de la circulación por el espacio público a través de permisos de circulación disponibles en los teléfonos móviles de las personas.

Los países asiáticos, en particular aquellos más avanzados tecnológicamente como Corea del Sur, Singapur y muy especialmente China, echaron mano de esos recursos tecnológicos para lidiar con la pandemia, controlar la circulación y dar seguimiento a los casos.

En muchos países del mundo, incluyendo a Argentina, se desarrollaron aplicaciones para diferentes objetivos, incluso para objetivos difusos para los cuales no estaba claro si una ‘app’ era efectivamente la mejor solución. Sin embargo, las advertencias de quienes bregamos por la defensa del derecho a la intimidad chocaban con las justificaciones basadas en las necesidades urgentes en materia de salud pública. En muchos casos, la implementación de diversas aplicaciones supone un problema más que una solución si no hay detrás un diseño de privacidad desde el origen, de custodia férrea de los datos que recopila – especialmente si se trata de datos médicos – y una política de control de accesos y protección de los datos personales ajustada a derecho.

Es entendible, y debemos reconocer que algunos derechos individuales ceden ante una coyuntura como esta. Sin embargo, es indispensable entender que en primer lugar, la privacidad no es sólo un derecho individual sino y fundamentalmente un derecho social y colectivo. Helen Nissenbaum (2011) nos explica que la privacidad es fundamental para el desarrollo de la personalidad y la autonomía de las personas, pero que a la vez es un componente elemental de toda relación social e implica gradaciones diversas de acceso a nuestra vida privada para personas de diferentes círculos de socialización. Más aún, Nissenbaum expresa de manera contundente que la privacidad es un elemento fundamental para la construcción de una democracia sólida, resiliente y participativa, en la cual las personas puedan establecer consensos, dirimir conflictos y construir acuerdos.

Vigilancia epidemiológica no es, ni debe ser, sinónimo de vigilancia policial. Cualquier avance sobre la vida privada de las personas, aún en contexto de pandemia y con una justificación de salud pública que la respalde, debe ser necesaria en función del objetivo que se persigue, proporcional en términos de esos mismos objetivos y basada en protocolos estrictos de retención y acceso a esos datos que se recopilen y administren de la ciudadanía.

La situación sanitaria puede habilitar un estado de excepción, pero ni bien esas medidas dejen de ser estrictamente necesarias, se debe desmantelar el aparato de vigilancia montado para atender la coyuntura.

Lamentablemente, esta pandemia llega en un momento en que la defensa de la privacidad parece una causa perdida y sirve para legitimar avances que de otro modo no aceptaríamos mansamente. Delinear las estrategias de salida de esta coyuntura y de desmantelamiento de estos estados de vigilancia que paulatinamente se están montando debería ser la tarea esencial de quienes bregamos y trabajamos por el derecho humano a ser dejados en paz.

 

Beatriz Busaniche es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en Flacso. Dirige la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a defender derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.  @beabusaniche
28 julio, 2020|Columnas de Opinion|Comentarios desactivados en Pensamientos para la pospandemia: La reconstrucción del derecho a la privacidad. Por Beatriz Busaniche

El Futuro de los Argentinos está en el Mar por Bárbara Solernou

A partir del año 2000 las nuevas legislaciones internacionales favorecieron a nuestro país, que con largo trabajo de cancillería mediante obtuvo el reconocimiento de la CONVEMAR -Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar- de la extensión de nuestra plataforma continental. La Argentina se convierte así en un país marítimo cuyas dimensiones son: 1 millón de km2 de Continente Antártico (10% de la superficie total del país) 2,8 millones de km2 en el Continente Americano (27% de la superficie total del país) y 6,5 millones de km2 de Espacio Marítimo (63% de la superficie total del país). He ahí la nueva Argentina del siglo XXI que no para de crecer, bicontinental, bioceánica y estrictamente marítima.

Si observamos la verdadera escala de nuestro territorio que va desde La Quiaca-Jujuy hasta el Polo Sur -el punto más austral de la Tierra de San Martín- la provincia del centro y la más grande del país es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su ubicación es estratégica dada su cercanía con: el Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, Pasaje de Drake, Mar del Scotia, Mar de Weddell, resto del Espacio Marítimo Argentino y las Islas Malvinas. Siendo la mayor isla de la Nación de posición geoestratégica, y considerando la transformación cualitativa de nuestro territorio con preponderancia en el Atlántico Sur, resulta extraño que ningún gobierno haya implementado ni una sola política naval.

Un preanuncio es la ley de Integración Territorial -la 26.776 del año 2012- que establece la realización de un Cruce por Aguas Argentinas entre la ya mencionada provincia insular y el continente a través de los puntos de menor distancia posible y en buques portarodantes. Pero la retórica parlamentaria no alcanza, hace falta el poder del que ejecuta. Social 21-La Tendencia consiguió la cotización oficial de 2 buques roll-on roll-off, por parte del Ingeniero Daniel Romano, Gerente General del Astillero Río Santiago, para fabricar los barcos del cruce en dicha Empresa del Estado. Estas obras generarían más de 3.000 puestos de trabajo en Ensenada -donde se sitúa el A.R.S- entre trabajo directo, indirecto y reflejo social. Con la construcción de los puertos, uno en Cabo Vírgenes-Santa Cruz y otro en Cabo Espíritu Santo-Tierra del Fuego, se estipula además la creación de otros 7.000 puestos de trabajo en el sur patagónico. Siendo la naval una actividad estratégica -contemplada por el gobierno como tarea esencial- que no paró un solo día de esta cuarentena en astilleros privados, no se explica cómo el único astillero estatal esté paralizado. ¡Hacen falta las órdenes de compra para reactivar nuestro Astillero ya! Hace 8 años que existe la ley sancionada por unanimidad y promulgada por Cristina Kirchner, el fideicomiso de U$ 100 millones para las obras presentado por el entonces Ministro de Economía Axel Kicillof y la cotización oficial del Astillero Río Santiago, lo único que falta es decisión política. No es un servicio comercial lo que está en juego, es la geopolítica. La soberanía no se declama, se ejerce. 

El entero mundo mira al Atlántico Sur como la fuente de alimentos del futuro. Los kelpers, ocupas marítimos que se dicen ingleses pero nacen y mueren en suelo argentino, emiten licencias ilegales de pesca para que buques europeos, asiáticos y norteamericanos -habiendo ya depredado sus caladeros de origen- roben nuestros recursos pesqueros violando las vedas y rompiendo el ciclo biológico de reproducción de las especies. Proteger la Pachamama, nuestra Madre Tierra, no interesa a colonos piratas que viven sin trabajar de la renta pesquera furtiva. Más bien, es un imperativo categórico nacional para restablecer el Pachakuti, el equilibrio de nuestra biomasa marina que con tantas riquezas nos bendice. La destrucción, tan lucrativa para los intereses capitalistas ingleses, no cesará sin una fuerte acción política del Estado argentino. Más que a petróleo, las Malvinas huelen a pescado.

El Cruce por Aguas Argentinas va mucho más allá de la integración territorial. Una fuerte presencia del Estado en el centro del escenario naval, significa una respuesta geopolítica al Foreign Office Inglés y al Pentágono nortemaericano que dominan el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y el Estrecho de Magallanes, zona liberada por la que cruzan al Pacífico los mega buques mercantes de las multinacionales y los de guerra también -recordar el cruce en 2004 del portaviones anglosajón Ronald Reagan de 332 m de eslora, más de 40 m de manga y más de 75 m de ancho de pista de aterrizaje-. Por lo tanto, junto con el cruce es sumamente necesario mudar el principal apostadero de la Armada, actualmente ubicado en Punta Alta-Bahía Blanca a más de 1.300 km del conflicto, a la Isla de Tierra del Fuego o la Isla de los Estados -a solo 350 km de Malvinas- como base aeronaval y desde ahí controlar todo el Espacio Marítimo Argentino. Nuestra diplomacia, que tan bien desnuda la voluntad imperialista de Inglaterra y sus socios del ’82 (EEUU, Europa, la OTAN, Pinochet), ¿no se vería fortalecida por una mayor presencia nacional (2 puertos + 2 cruces diarios) en el mismísimo escenario de los acontecimientos?, ¿no necesita un poco de respaldo físico nuestra vanguardia diplomática? Más aún, el Papa Francisco, ese jesuita de armas tomar, ¿no bendeciría este avance hacia Malvinas? Semejante futuro marítimo merece ideas y proyectos que estén a la altura del espíritu antiimperialista que caracteriza a los argentinos. Basta ya de medias tintas y balbuceos. Es hora de definiciones.  

La Argentina debe volver a navegar con buques de guerra, pesqueros y mercantes. Con un comercio exterior de 160 millones de toneladas de cargas que entran y salen del país en fletes marítimos, es insólito que ninguno de ellos sea nacional. La Argentina paga la totalidad del servicio de flete a las multinacionales, abaratando sus exportaciones y encareciendo sus importaciones. Un absurdo que solo perjudica a la Patria y beneficia a Cofco, Cargill, Monsanto, ADM, Maersk Sealand, Evergreen, Mediterranean Shipping Company, entre otras. El Plan Naval Argentino, que Social 21-La Tendencia impulsa hace años, establece la fabricación de 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas y 840 pesqueros en una noria de producción de 35 años, recreando la Marina Mercante Nacional, la Flota Pesquera del Estado y generando para el país más de 140.000 puestos de trabajo genuinos y para siempre. El mismo se monta sobre tres proyectos de ley que fueron presentados recientemente a nivel nacional por Magdalena Sierra, Hugo Yasky, Adrián Grana, Walter Correa, y demás diputados del Frente de Todos; y a nivel provincial cuentan con el apoyo, entre otros, de la diputada María Laura Ramírez. A saber: Transporte por Agua con Reserva de Cargas (expte. N° 2965-D-2020) genera un mercado cautivo de fletes de ultramar para buques de bandera nacional, Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional -FODINN- (expte. N° 2966-D-2020) crea un financiamiento genuino para la fabricación de barcos en el país y Empresa de Líneas Multimodales Argentina Siglo XXI -ELMA XXI- (expte. N° 4813-D-2019) constituye una corporación estatal que integra los cuatro modos de transporte -carretero, aeronáutico, ferroviario y naval- para realizar el traslado de pasajeros y cargas en un sistema logístico federal. No ser soberanos en el comercio exterior habilita el peor de los flagelos: la Argentina produce y exporta alimentos capaz de abastecer a más de 470 millones de personas y sin embargo, siendo apenas 44 millones de habitantes, nuestro Pueblo sufre de hambre. Dichos proyectos recuperan el control logístico sobre nuestra producción en manos del Estado y permiten definir una política interna de justicia social garantizado primero la provisión nacional.

La pampa húmeda, las verdes praderas de Kansas y todas las superficies cultivables del planeta, en el futuro serán insuficientes para proveer de alimentos a la humanidad. Las proteínas vegetales que la tierra puede darnos son inferiores a las de origen animal -de máxima calidad y cantidad- que nuestro Atlántico Sur, el océano más rico del mundo en plancton, krill y oxígeno, nos da ahora mismo, generosamente. La primacía latifundista que históricamente benefició a intereses foráneos-imperialistas y caracterizó a nuestro país como el «granero del mundo» debe ser interpelada de hecho por una política soberana que favorezca al Pueblo Trabajador y a la Patria Argentina. En nuestro mar, «el caladero del mundo», está puesta la esperanza y el corazón de los humildes que anhelan profundamente un giro de timón en la historia de este país. El futuro ya llegó.

 

 

27 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

El engañoso dilema Defensa vs. Seguridad. Por Alberto Asseff

El Preámbulo de nuestra Constitución es la síntesis del programa de la nación. En doce breves renglones nos dice y le comunica al mundo para qué nos unimos y formamos un Estado-Nación. “Proveer la defensa común” reza uno de los objetivos, que como todos los otros, son de ejecución continuada y nos obliga a su cumplimiento sin plazos. Siempre nos faltará hacer mucho más para alcanzar metas tan trascendentes.
Como resultado de la decadencia del país – que arrastramos por décadas y que cada día se agudiza más – la defensa, como ‘afianzar la justicia’, ‘la unión nacional’, ‘promover el bienestar general’ y demás proclamas se nos presentan más lejanas. En la materia de la defensa nacional a la declinación se le aduna una decisión política de debilitarla como concepto y tornarla crecientemente adolescente en orden a sus capacidades. Y como si algo faltara, le trazaron por ley un deslinde arbitrario para disociarla de la seguridad interior y para maniatarla en caso de ataque exterior pues las fuerzas armadas sólo pueden defendernos en caso de que el agresor sea una ‘Estado extranjero’, ignorando la realidad variopintas amenazas como las bandas transnacionales no estatales o paraestatales organizadas para cometer los más graves y complejos delitos.
Es indudable que este menosprecio por la defensa nacional responde a una motivación ideológica – cuando no a comportamientos inspirados en la venganza- , fogoneados por el fracaso político, social, económico y sobre todo cultural de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder político en los setenta. Y, obviamente, todo coronado por la derrota militar en las Malvinas.
A cuarenta años de esas frustraciones, parece llegada la hora de poner un cese al hostigamiento, reubicando a la Defensa nacional en su sitio.
Las tareas de colaboración que realizan las fuerzas armadas con motivo del Covid-19 las han rehabilitado sin necesidad de reformas legales. El alborozo y el respeto que inspira su presencia en las zonas más vulnerables de los conglomerados urbanos es la mejor reivindicación institucional. Sin embargo, en ese marco el gobierno dio un gran paso atrás al derogar la reforma que había impulsado el presidente Macri en 2018 mediante los decretos 683 y 703 de ese año. La abrogación del actual presidente se formalizó a través del decreto 571/2020 que retrotrae la normativa al DNU de Kirchner 727/2006.
La cuestión no es menor. El decreto de 2006 y su restauración por el de 2020 acotan la respuesta militar a un ataque o amenaza de una fuerza armada de un Estado extranjero. El decreto de 2018, en cambio, autorizaba la respuesta militar ‘ante cualquier forma de ataque extranjero’, extendiendo el eventual despliegue al apoyo en la lucha contra el narcotráfico con base fuera de nuestras fronteras.
La doctrina militar moderna recoge la experiencia de que las agresiones foráneas son más sofisticadas que la que corresponde a las fuerzas regulares de un Estado extranjero. Hoy una banda organizada para cualquier tráfico ilegal posee un poder letal que hasta supera a las capacidades de nuestras FFAA.
Este retroceso se suma al artificioso límite entre defensa nacional y seguridad interior. Es cierto que los militares no se preparan para perseguir malhechores u homicidas, pero existen ciertas zonas grises en las cuales el delito interior requiere por su gravedad, entidad o peligro social de la logística en inteligencia militar como un auxiliar indispensable. Una calamidad – provocada o natural – también reclama del apoyo militar. Esto es lo que la doctrina llama ‘seguridad ampliada’
La pesca ilegal se lleva 1.500 millones de dólares ante nuestra flagrante indefensión. En momentos de famélicas finanzas públicas, la pasividad con la que se contempló el paso por el estrecho de Magallanes de 30 pesqueros de altura chinos hiere nuestra sensibilidad ciudadana. Este es solo uno de los ejemplos del daño que causa la ideología a nuestros intereses. Paradojalmente, el presidente se propone demarcar el límite exterior de nuestra plataforma marítima, extendiéndolo acordemente a la Convención del Mar auspiciada por la ONU ¿Será otra ley para la tribuna?
Recientemente Brasil aprobó su Nueva Política de Defensa, dándole el relieve que corresponde. Llamativamente – una lección para los ideólogos vernáculos – en esa política firmada por Bolsonaro sobresale la continuidad de lineamientos que hace una década estableció el presidente Lula. También en estos días, los británicos hicieron un ejercicio de simulación de la invasión de la isla Weddell perteneciente al archipiélago malvinense. La realidad extramuros nos obliga a repensar integralmente la defensa nacional y la seguridad interior. Las amenazas están. No son fantasmas.
Defensa con la vocación pacífica que es mandato constitucional y decisión estratégica de nuestro país. Pero, la paz exige asegurarla. No es un don que se recibe, sino una situación que se construye.

Diputado nacional-Vicepresidente de la Comisión de Defensa
27 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

¿Qué «miramos» cuando «vemos» el video del Intendente de José C. Paz? por Juan Jose Postararo

El pasado fín de semana, en las redes, se hizo viral un video del intendente de Jose C. Paz, Mario Ishii, mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector de la salud y pedían por mejores condiciones laborales. Ante este reclamo, el intendente del PJ cerró la discusión admitiendo que los tiene que «cubrir cuando están vendiendo falopa en las ambulancias».

«Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. Si se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias», se lo escucha decir en el video.

Acaso una de las frases más fuertes. Contundente. De esas que impactan  al punto de disputarle “mano a mano”, y casi treinta años después, el podio de “Sincericidios políticos”, con la que soltó el dirigente sindical gastronómico, Luis Barrionuevo, en la mesa de Mirtha Legrand allá por los ’90: «Hay que dejar de robar por dos años». Son esas “verdades encubiertas” que parecen descubrir el velo de una realidad tácita, esas que todos dicen “conocer” pero ningún actor directo “aceptar”.

Entonces aquí quedan dos opciones: O quedarse con la foto o analizar la película en su totalidad. Si optamos por la opción uno el destino de las acciones parece acotarse a pedir la renuncia (para no caer en la “ejecución en Plaza de Mayo” de los extremistas de siempre) del Intendente.

Pero si optamos por la segunda opción, la tarea es compleja y amerita algo  más que la mera sanción.  Implica entrar en el “barro”, ensuciarse las manos en el lodo y erradicar la “podredumbre” desde el fondo, desde los cimientos y la raíz.  Implica el “mea culpa” ciudadano, el dejar en la mesa de luz la hipocresía y chocar de frente con esa realidad que azota, que existe, que convive con nosotros y que, a diario, preferimos muchas veces ignorar y vivir como si no existiera.

Porque el primer concepto que afrontamos es despojar el hecho de toda bandera política. Porque Ishii no es un hombre nuevo en las esferas del poder, incluso fue uno de los pocos que peronistas que gobernó durante el Macrismo: «Soy el único barón del conurbano que la gente eligió una vez más» sentenció en 2015. En el mejor de los casos, entonces, la línea de conducta se pierde en la línea temporal, atraviesa gestiones partidarias.  El entramado en el conurbado con los “punteros” políticos es tan viejo como la política misma. Es una daga que hiere de manera trasversal desde siempre.

Los “Barones” del Conurbano

Desde la vuelta a la democracia, los intendentes fueron ganando poder, y pasaron de meros administradores de las tasas comunales a factores clave para entender la realidad del país. Pese a las derrotas —algunas insólitas—los barones existen, aunque su alcance parece más limitado. Si algo demostró María Eugenia Vidal (En 2015) fue que se puede ganar una elección sin sus apoyos. Lo cierto es que tampoco demostró intenciones de desbaratar aquel entramado que hace complejo al conurbano.

Si bien el gobierno radical de Alejandro Armendáriz intentó una política de acercamiento, recién con la vuelta del justicialismo a la gobernación provincial se empezó a forjar el poder de los intendentes del conurbano. Ya en 1989, el entonces gobernador Antonio Cafiero preparó un informe sobre la realidad de los distritos del primer cordón, donde se hablaba de tres problemas fundamentales: la alta concentración de población, los índices en aumento de necesidades básicas insatisfechas y el virtual colapso de servicios. Todo esto, afirmaba el trabajo, daba como resultado una “creciente confrontación social”.

Ya en la gobernación de Eduardo Duhalde, se comenzó a darle forma al que sería el primer gran instrumento de poder que tuvieron los intendentes: el denominado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense (FRHCB). Aprobado por una ley nacional en 1992, fue un instrumento fundamental para sostener muchas de las gestiones que se volvieron emblemáticas en la región, a partir de cuantiosos recursos que eran manejados de manera discrecional por los jefes comunales y el gobierno bonaerense. Así, en sus primeros pasos se transfirieron 44 millones pesos para obras en 1992, 300 millones en 1993, 406 millones en 1994 y 508 millones en 1995.

Con este paso, crecieron gestiones históricas, y se fueron conformando los liderazgos que darías paso a los famosos barones. La relación horizontal con el gobernador —y sus fondos—hizo que muchas situaciones se definieran de manera casi informal entre las partes.

Los “Punteros”

Otro de los actores que no son nuevos y conforman el “Círculo Vicioso” del Gran Buenos Aires. Se trata de aquellos partidarios barriales que hacen de intermediarios entre sus jefes –políticos que buscan el apoyo de los electores– y la gente pobre. Cumplen funciones múltiples en las barriadas y así maximizan ese apoyo. Son la mano de obra que en los barrios pobres los intendentes y candidatos a intendente utilizan para ganar elecciones y gobernar. El poder del puntero depende en igual medida del acceso que tenga a políticos capaces de garantizarle recursos como de sus vínculos personales con los votantes.

¿Es uno de los tantos inventos Peronista? A juzgar por la historia no. Podemos remontarnos al Partido Autonomista Nacional (PAN) era una liga de gobernadores y caudillos que se apoyaba territorialmente en sus punteros. La Unión Cívica Radical (UCR) tuvo los propios y aún los tiene en determinadas zonas del país. En las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el PRO no deja de tener sus referentes barriales, sobre todo a través de los delegados y las cooperativas.

Independientemente de las banderas, los punteros o referentes barriales son un modo de estar presente y hacer política en las zonas pobres del país. Podemos sentenciar que el punterismo y las intendencias son así como el “hambre” y las “ganas de comer”. Quién se beneficia de quien es complejo de desentrañar.

La Realidad.

Ver la película completa, como se detallaba líneas arribas, implica entonces hacer tangible esta realidad que parece ser “mitología”. Es hacerse cargo de que los intendentes no llegan por arte de magia a sus puestos.  Y acaso tampoco la existencia de otros actores que conforman la “red” política del conurbano.  La pregunta es ¿Qué hacer al respecto? ¿Asombrarse por los dichos de Ishii? ¿Escandalizarse por “la foto” aunque esta sea despreciable, desagradable y repudiable? O es hora entonces de poner cada uno desde el rol que le toca (Política, Periodismo, Ciudadano) la cuota parte necesaria para ir erradicando estos menesteres de nuestra sociedad de una vez para y para todas.

Desde la Municipalidad de José C. Paz, explicaron a este medio, que el intendente no hablaba de “Drogas duras” cuando utilizó la frase “falopa” sino de “medicamentos que se roban de las ambulancias, tales como clonazepam y otros fármacos que luego son revendidos”. Poco importa a estas alturas el concepto en sí.  Lo que no hay que dejar pasar por alto es la construcción de esa realidad que azota a diario los barrios más vulnerables. La convivencia que parece indispensable entre el “puntero” y la “política”.  La doble vara del discurso político que esconden “bajo la alfombra” las menudees de un accionar que muchas (por no decir todas) les sirve.

En conclusión el mirar la “foto” entonces implicará agitar el brazo en alto con el dedo acusador hacia el cielo. Golpear la mesa de café y ensayar un enojo breve. Gritarles algunas que otras groserías al noticioso.  Observar toda la película, por el contrario, necesitará de una mirada desde lo individual a lo colectivo. Desde el ser al conjunto de la sociedad. Ameritará un proceso intelectual y de acción que no bastará con la rabia momentánea y conllevará un trabajo que, indefectiblemente, se prolongará en el tiempo.  Tardará meses, años, generaciones el resultado final, que sin dudas tendrá un efecto eterno. Será cuestión de preguntarnos que es lo que queremos y cuál es el sacrificio que estamos dispuesto a hacer, para luego si comenzar a discutir lo que implica realmente el video viral de Ishii.

 

 

Para #CincoDias por Juan José Postararo

27 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

«Pandemia, Vulnerabilidades, Finitud» por Jorge Rachid

La humanidad desde siempre ha tenido con la muerte una relación disímil, compleja, contradictoria, refugiada en las religiones y el concepto de la vida después de la muerte, ha hecho de ella un elemento inconsciente, de la única certeza que se tiene biológicamente.

Nadie puede predecir de qué se va a enfermar, ni tampoco como se va a manejar en esas circunstancias. En general las personas piensan, que todas las noticias terribles que transmiten los medios, les pasan a los demás, que nunca les llegará el infortunio, o en todo caso se preparan para afrontarlo, como la inseguridad. En otros casos aun conociendo la realidad, la ignoran en lo que los psicólogos llaman la desmentida, saben que están en peligro pero lo desprecian. En ese hecho por ejemplo, alentando la irresponsabilidad social, se basan los medios para atacar la Cuarentena

Los eventos más difíciles de manejar por los individuos son los hechos traumáticos, aquellos como los accidentes de tránsito graves y siniestros laborales, que ocurren de manera inesperada y cambian las vidas de las personas. Esos dejan huellas indelebles que son mecanismos psicológicos denominados stress postraumático, que pueden llevarse por años, como pesada y agobiante mochila psicológica. Lo mismo ocurre con las guerras, en donde los individuos deben transcurrir episodios, que en su vida normal, serían imposibles de sólo pensarlos, como lastimar o matar a alguien, tener su casa bombardeada, huir sin destino por caminos desconocidos, convivir con extraños en campamentos de refugiados infinitos. Ese tipo de acontecimientos dejan huellas para toda la vida.

La Pandemia, hecho inesperado, global, dramático, nos pone como Humanidad, frente a dos situaciones difíciles de llevar por parte de las comunidades y de los individuos, originando comportamientos disímiles, contradictorios que expresan como toda situación límite, las personalidades de los individuos. Así algunos reaccionan ignorando los peligros de una situación que los tiene, otros con miedos profundos que paralizan, muchos venciendo los mismos, trabajan para la comunidad abnegadamente, no siendo siempre reconocidos, otros simplemente hacen lo que pueden dejando transcurrir la tragedia en el tiempo.

Sin intentar ser especialista en el tema, creo que como en las enfermedades graves, cuando los pacientes o las comunidades, comienzan a sentirse vulnerables, comienzan a ser diferentes, ni mejores ni peores, simplemente recorren otros comportamientos individuales y sociales, recuperan los afectos, priorizan sus necesidades de modo diferente, se humanizan en un mundo, frío, mecánico y calculador del objeto como fin de la vida, (casa, auto, viajes, ropa, etc), pasando a segundo plano esas antiguas urgencias, avanzando hacia la humanización y la solidaridad en la vida diaria.

 

 

(*) Jorge Rachid es médico sanitarista, pensador nacional y Asesor del Gobernador de Buenos Aires

25 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Es humanitario y urgente asistir a las personas con discapacidad. Por Luis Contigiani

El proyecto de resolución que presentamos junto a Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido, intenta dar respuesta a una situación muy difícil, angustiante, que están viviendo las personas con discapacidad en nuestro país.

En toda la pandemia, desde marzo hasta aquí, no formaron parte de ningún tipo de beneficio y la realidad los golpea duramente. Tienen las pensiones graciables desactualizadas, cobrando $12.500 por mes los que tienen la Pensión Nacional no contributiva y mucho menos los que cobran de las provincias, con montos irrisorios, que en algún caso llega a $300 por mes. Son montos testimoniales. Además, se suma la complicación para sostener compra de medicamentos y la atención clínica. El Programa Incluir Salud, que es federal, no está pagando a las prestadoras y estas han suprimido servicios a las personas discapacidad, como los tratamientos ambulatorios.

Las personas con discapacidad no están en la agenda, no han sido prioridad en esta pandemia. Por eso, lo primero es visibilizar el problema para después tomar medidas concretas. Para eso estamos proponiendo; Que se incorpore a las personas con discapacidad en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Que se incorpore las personas con discapacidad en el programa de la Tarjeta Alimentar, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Que se actualice el monto de las pensiones nacionales no contributivas. Que se regularice de manera urgente el pago a prestadoras del programa Incluir Salud. Hemos hablado del tema con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y también hemos remitido una nota al ministro Daniel Arroyo; desde su cartera se han comprometido a dar respuesta la próxima semana a alguno de los pedidos que hemos hecho a nombre de las personas con discapacidad. En esta línea se puede pensar también de incluirlos en el ingreso ciudadano universal que se está pensando. Puede ser una alternativa más para resolver la inclusión de las personas con discapacidad.

No nos interesa la politiquería, sino que haya medidas concretas para un sector de la población que está muy golpeado por la falta de medidas. Debemos como sociedad reparar una situación de injusticia, garantizar un ingreso que permita la dignidad de las personas con discapacidad, poder hacer sus tratamientos y tener los medicamentos que necesitan.

Diputado nacional.
23 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

La Pandemia destruyó los pilares culturales neoliberales, por Jorge Rachid

La dominación y el coloniaje neoliberal a nivel mundial se asienta, en ejes económicos como los fondos de inversión supranacionales, geopolíticos sobre países, a los que deciden disciplinar en cuestiones de respeto al Mercado y culturales a los fines de diluir identidades nacionales y consolidar su sujeción al mercantilismo.

Pero una molécula, menos que un ser, para decirlo con lenguaje popular, menos que un bicho, ha provocado una crisis sanitaria mundial, que ha desnudado la fragilidad del sistema brutal e inhumano, que ya estaba en crisis civilizatoria, por con causalidades concurrentes a la destrucción del planeta y de la vida humana, con el calentamiento global, la desertización de las tierras, la concentración de las riquezas, naturalizando las muertes y destrucciones de ciudades, desplazamientos de millones de personas huyendo, el hambre y las epidemias lejanas, que poco importan “al occidente civilizado”.

Pero la molécula parásita, menos que un bicho, hizo caer Mercados, Bolsas de Valores, destruyó empresas y lo más lamentable provocó muertes, dolor y miedo en todos los pueblos del mundo. Esa fragilidad de lo que aparecía prepotente, como “la armada invencible”, paseando por el planeta su nivel de amenazas, bloqueos, guerras localizadas, asesinatos por drones a miles de kilómetros de distancia, fue dañado por una crisis sanitaria ante la cual debió rendir armas y bagajes, demostrando su impotencia ante los hechos de una naturaleza que resiste su propia destrucción y se defiende atacando.

Pero ese neoliberalismo, cultura dominante durante más de 50 años, se asentaba en algunas premisas, casi definiciones doctrinarias de los nuevos tiempos, reconstruyendo hasta cuestiones filosóficas como la adoración de los objetos por sobre el cuidado de la naturaleza. Ese neoliberalismo había borrado el Estado de Bienestar, los había sometido al mercantilismo emergente de la financiarización de la economía a escala global, privilegiando los índices macroeconómicos por sobre la vida de los seres humanos, produciendo una concentración de las riquezas en el mundo, que sólo trajo dolor social inmenso, intentando hacer del miedo al futuro, cundir la resignación a los pueblos. Una nueva esclavitud, una nueva colonización, un nuevo mundo injusto que estábamos viviendo, notable por lo brutal e inhumano.

Para poder concentrar esos elementos en el conjunto social, era necesario fortalecer los aspectos culturales que le diesen solidez en el tiempo, a sus herramientas de dominación a través de las generaciones. Ese eje es provocar  la diáspora social, a partir de inculcar a través de los medios hegemónicos, aliados y socios indispensables de la construcción del modelo socio económico neoliberal, el individualismo, caracterizado por el egoísmo social, la indiferencia común, el fortalecimiento de la meritocracia como elevamiento social, reemplazando la movilidad social de una sociedad más justa y solidaria, que era el eje cultural identitario del pueblo argentino.

Entonces en el mundo, ante la irrupción de la Pandemia, los gobiernos recuperaron la memoria del rol de Estado, en las sociedades modernas del Estado de Bienestar, en los cuales las políticas públicas, los diseños estratégicos en Seguridad Social y Salud no pueden estar en manos de empresas dedicadas al lucro, sometidas al Mercado. O sea el Estado recuperando su papel de ordenador social, desplazando al Mercado, es una de las derrotas más significativas del neoliberalismo, a partir de la Pandemia, destruyendo su pilar principal de sometimiento cultural.

Pero no menos severa fue la derrota neoliberal, al convocar la Pandemia a la solidaridad social activa, a la defensa común de la salud de los pueblos, a una causa justa por la cual luchar frente al infortunio pandémico trágico, convocando al bien común como destino que elimina el individualismo como eje social, reconstruyendo afectos sociales y previsiones de vida a futuro. Esas derrotas, sin dudas se ven fortalecidas en cuanto hubo gobiernos como en el de Alberto y Cristina, que fueron capaces, desde una concepción nacional y popular, de convocar al conjunto social argentino a una épica que comenzó a escribirse en el mismo momento de decretarse la Cuarentena, lo cual le dio una fortaleza impensada, a pocos días de asumir, ante graves circunstancias previas, privilegiando la vida como prioritaria de la política, humanizándola.

Vemos entonces compatriotas, cuales son las diferencias sustanciales entre modelos políticos sociales, No todo es igual, nadie es indiferente ante la vida o la muerte, la política también decide esos temas cuando fortalece la salud como eje de construcción de la vida cotidiana, frente a quienes sólo ven los negocios y la macro economía, despreciando a las necesidades del pueblo.

Por esa razón la Cuarentena fue y es una de las políticas más atacadas, por los enemigos del peronismo y del pueblo, porque desnudaba lo insensible e impracticable del sistema que habían impuesto a sangre y fuego, bajo órdenes del coloniaje imperial, que el virus, menos que un bicho, desnudó y destruyó.

 

 

(*) Jorge Rachid es médico sanitarista, pensador nacional y Asesor del Gobernador de Buenos Aires

22 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Derecho a desconexión: recuperar la soberanía sobre nuestro tiempo libre. Por Lic. Sofía Scasserra

El derecho a desconexión se suele relacionar con el teletrabajo, pero no está solamente vinculado a éste. Llamados que no paran, mails que ingresan incesantemente, mensajes y un teléfono que no se detiene ¿cómo frenar esta locura y recuperar la soberanía sobre nuestro tiempo libre? En el año 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció al síndrome del Burn Out, o síndrome de agotamiento crónico como enfermedad vinculada al trabajo. El derecho a la desconexión había sido regulado de manera pionera en Francia en el 2017, y le siguieron países como Alemania, España, Italia, Filipinas, Canadá, Bélgica y EEUU, entre otros.

La verdad es que este derecho no es solamente la potestad que tiene un trabajador a cerrar sus dispositivos electrónicos al concluir la jornada. Eso es bien difícil en un mundo donde la mayoría de los trabajadores utilizan sus dispositivos personales para comunicarse con sus empleadores. El derecho a desconexión es el derecho que tiene todo trabajador a no recibir mensajes, mails o llamadas laborales fuera del horario de trabajo y durante licencias, días de descanso y vacaciones. Es que aun cuando podamos «clavarle el visto al jefe», es muy difícil no quedarse pensando en la interminable lista de tareas que quedan pendientes para ser resueltas, y no nos permiten disfrutar de nuestro tiempo libre. Esto no solo incluye las notificaciones oficiales, sino también a mails automáticos y mensajes.

Pero, ¿Es solo eso? No, es también igualdad de género. Si la respuesta rápida fuera del horario de laboral es una habilidad adicional del trabajador, es probable que sea el hombre quien tenga esa competencia laboral. Entonces, se interpreta que está más comprometido con su trabajo, y de esta manera tiene más posibilidades de ascenso. Si nadie recibe llamados ni mensajes, estamos en igualdad de condiciones. No solo eso, sino que aquella persona que no es molestada fuera de su horario laboral ya no tiene excusas y presiones para colaborar con los quehaceres domésticos, como bañar a los niños, por mencionar alguna actividad.

Si vamos a igualar las oportunidades para todos, definitivamente tenemos que eliminar estas comunicaciones para que no sean más una habilidad laboral y sean interpretadas como lo que son: una falta de respeto y un atropello sobre la vida privada de las personas.

Para resolver este dilema, paradójicamente, la tecnología puede ser nuestra mejor aliada. Enviar mails programando el servidor para que lleguen al otro día en el horario correspondiente, utilizar sistemas de alertas instantáneos, o mecanismos tan simples como poner una advertencia antes de enviar un mail de que se está enviando fuera de horario, son algunos ejemplos.

Tener una relación más sana con la comunicación es necesario no solo por la salud de todos en todos los escalafones de responsabilidad, sino también para separar la vida familiar de la laboral, dándole a cada una su espacio y tiempo. Es salud y es igualdad de género. Recorramos el camino del aprendizaje juntos.

Por Lic. Sofía Scasserra, economista del Instituto del Mundo del Trabajo «Julio Godio», de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).
22 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Víctimas, Victimarios y Muerte. ¿Quien es quien? por Juan José Postararo

En los últimos días fue noticia el caso de Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de 71 años que mató a un ladrón en medio de un asalto en su casa de Quilmes, en Buenos Aires, el hecho abrió en la sociedad el debate que pone en el tapete varias cuestiones: la portación de armas en civiles, la defensa propia, incluso cuestiones que rozan los Derechos Humanos.

¿Debe cumplir una pena alguien que mató a otro en defensa de su propia vida? ¿Tiene menos valor la vida de una persona porque ésta se dedique a robar? ¿Es justo el reclamo de justicia por parte de la familia del malhechor ultimado siendo que éste encontró su muerte delinquiendo? ¿La portación de armas por partes de civiles disminuye la delincuencia? Éstas son algunas de las tantas preguntas que revoletean por el aire de la actualidad.

Sin dudas el tema es complejo y amerita analizarlo desde varios puntos de vista. En principio vamos a establecer tres cuestiones básicas para entender a que refiere la figura de “Legítima Defensa”. Según el Código Penal se le está, bajo ciertas circunstancias, permitido a una persona el defender sus derechos a través de la afectación de un tercero que pone en peligro aquellos.

En primer lugar la Ley establece que debe existir efectivamente riesgo de vida de la persona. No aplica entonces en los casos en los que, por ejemplo, el atacante este huyendo o desarmado. Aquí pues el único que tiene potestad para reprimir una conducta delictiva es el Estado, con el auxilio de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

Otro punto a tener en cuenta es que la defensa tiene que ser proporcional a la agresión sufrida. Por ejemplo, si yo desde el patio de mi casa veo que están robándome gallinas no puedo dispararle al ladrón argumentando “legítima defensa”. Un exceso desmedido en el uso de mi defensa puede ser luego abordada legalmente en mi contra como un delito culposo.

Y por último es imprescindible entender que la agresión tiene que ser actual. Este detalle es interesante porque es donde recae la diferencia entre “Legítima Defensa” y “Justicia por Mano Propia”. La Ley no contempla el riesgo de amenaza que haya sufrido la victima antes. La respuesta de mi defensa debe ser en el momento en que la amenaza está siendo producida. Una vez que mis derechos ya dejaron de verse afectados (porque el ladrón huyó, está corriendo o el acto amenazante dejo de serlo por otros motivos ajenos a la voluntad del atacante) la reacción de uno deja de ser “defensa” y puede dar lugar a homicidio. Hay que entender que la Ley sólo permite tanto la recuperación de los bienes sustraídos o las sanciones, al Estado y no al particular.

Hasta aquí entonces podemos dar un marco para entender que tanto le puede caber una sanción a Jorge Adolfo Ríos y que tanto de culpabilidad puede tener el ladrón muerto. Serán fundamentales peritajes y el análisis de las pruebas que arroje la autopsia al osciso, para entonces dilucidar si se cumplieron estas premisas y actuar conforme a lo que establece la Ley.

Otro de los puntos del debate es el que pone en juego la posibilidad de “merecimiento”. Es decir que grado de culpabilidad moral puede caber en el caso de que el muerto sea o no un delincuente.

Responder este inciso implica, a su vez, analizarlo desde diversos vectores. Lo primero que se debe concebir es que todo argumento debe realizarse desde la racionalidad. Es imposible pretender que un familiar o amigo de una víctima, pongamos por caso de violación, no exija la captura y la inmediata ejecución del delincuente. Sucede que se actúa desde el corazón, el sentimiento, la emoción. Y así no es como debe entenderse la aplicación de la justicia.

Desde esta óptica podemos entender dos conceptos interesantes: no existe (o no debiera existir) un ente o una ser con el derecho a quitarle la vida a otro ser humano, incluso a aquellos que hayan cometido una atrocidad. Segundo, quien imparte justicia debe tener un comportamiento humana y moralmente superior al de los criminales juzgados. Si aplicamos el método “ojo por ojo, diente por diente” y ubicamos la ley en el mismo escalón de los criminales ¿Cómo entonces podrá decirse digna de juzgar? .

Alejándonos de estas perspectivas que acarician los límites de lo moral y lo dogmático, existe el asunto lógico, pragmático. Sin entrar en detalle de estadísticas que demuestran que la implementación de la pena capital (por caso) en otros países no ha resuelto los problemas de criminalidad, aplicaremos el sentido común: cuando se plantea la pena de muerte para resolver el problema de la justicia ¿Qué se pretende? ¿Añoramos que disminuya la delincuencia o queremos que todos los ladrones mueran? Son dos cosas diferentes.

Aparece entonces la figura del Estado. Un Estado fortificado es el primer eslabón para enajenar una serie de soluciones a ésta continuidad de conflictos. La Educación debe ser el eje principal. Erradicar la marginalidad, mediante el trabajo, evitar que los niños, que ahora delinquen y viven merced a la droga, tengan otro futuro, es tarea primordial. Se debe procurar que los padres tengan los medios para darles una vivienda digna, alimentación diaria, asistencia social.

No se trata de leyes más duras, de bajar la edad de imputabilidad. Sino más bien de aplicar las leyes existentes, de mejorar la educación (respecto al nivel edilicio, salarial, etc.). Que la cárcel no sea un inferno en la propia tierra, sino el lugar para que, quien haya cometido un error (cualquier que fuera), tenga la posibilidad de redimirse, de reformarse para una futura inserción en la sociedad.

En definitiva, ya sea la ejecución a mano de civiles mediante la portación de armas o la punición judicial mediante la ejecución de un criminal que ha cometido un crimen de gran seriedad, poco influye a la hora de disminuir esos crímenes, menos aún sirve para infundir miedo en los potenciales infractores. Este método aplica apenas para evitar abordar, con seriedad, los conflictos de fondo; a su vez propensa la involución de las sociedades y hace arcaico su pensar. En otras palabras la pena de muerte no soluciona los problemas, los esconde bajo la alfombra.

Porque indudablemente un árbol que tiene putrefacta sus raíces no sanará cortándole algunas ramas.

 

Para NCN por Juan José Postararo

21 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

El plan es la ambigüedad. Por Alberto Asseff

Lamentablemente para el país, la coalición gobernante accedió al poder sin un plan. Apenas estaban en claro en desmontar el sistema de controles republicanos o encapsularlos con miras al pacto de impunidad que celebró el binomio triunfante. Mal podían tener un programa si en el seno del frente político ganador coexisten declarados enemigos del capitalismo – aún del moderno y con responsabilidad social – con sectores que tienen la creencia que sólo con la vigencia de algunas leyes básica de mercado se podrá retomar el rumbo de crecimiento.
Una divergencia tan honda ineluctablemente apareja la parálisis de la gestión. Tironeada por esas discrepancias, la administración sólo atina a mantenerse en la línea de flotación, sin derrotero. Cualquier insinuación de adoptar un camino suscita la furibunda reacción del sector disidente.

El presidente – cuyo perfil y trayectoria lo ubica como un buen táctico, armador político, pero carente de visión estratégica- utiliza su arte predilecto, la ambigüedad. O, para mejor decir, una de cal y otra de arena. Un día, su embajador ante el organismo de la ONU en Ginebra señala sin ambages la violación gravísima de los derechos humanos en la ‘bolivariana’ y chavista Venezuela, reclamando elecciones democráticas libres. Al día siguiente el propio presidente declara que “en Venezuela hay un gobierno legítimo”. En el patrio día 9 de de Julio Olivos invita a seis empresarios y a un dirigente sindical para sentarlos a al lado del atril presidencial en la lectura de un mensaje de circunstancias. Acto mucho más gestual que con contenido, pero un pequeño aliento para una sociedad sedienta de que le den siquiera un indicio de que alguien del gobierno está pensando con un poco de alcance, más allá de la coyuntura. Fogosaos, vehementes, irascibles rechazos fueron las respuestas a raíz de la presencia “de las corporaciones concentradas” en el escenario de la quinta presidencial ¿Qué contesta el presidente? “Quizás omití invitar a un dirigente gremial más”, aludiendo a un antiguo sindicalista docente quien, a la luz de la decadencia irrefutable de nuestra educación pública en estas últimas décadas – que coinciden con su protagonismo gremial –, no puede exhibir que su tarea haya sido exitosa ni merecedora de la distinción que le asigna el primer magistrado. Otra vez, un paso para adelante, otro para atrás. O dos.
En estas semanas se ha memorado algo que con flagrante cinismo le dijese el entonces presidente, en 2004, a los empresarios españoles que lo escuchaban:”miren lo que hago, no lo que digo”. Cuando la desilusión se despliega en la Argentina cual onda transversal – no hay estamento social que no tenga legiones de desencantados -, no existe duda que la causa es el grado de devaluación – literal degradación – de la palabra, sobre todo en boca de los sucesivos gobernantes, siempre con la salvedad de las excepciones a la regla. Si la mentira y el descaro imperan, no puede existir confianza. Y sin este fenomenal factor psicosocial todo resulta precario y frustrante. La confianza es el autocontrol necesario para cuidarnos en la pandemia, para acatar instrucciones, para creer que la moneda podrá rehabilitarse, para que un programa tenga éxito, para que un ahorro se transforme en inversión. La confianza está omnipresente en todo lo virtuoso y su total ausencia hace naufragar hasta las buenas intenciones.
La ambigüedad es elocuente. Habla de la doble cara. No se puede gobernar si el pueblo pierde el respeto por sus mandatarios. La crisis profunda de nuestro país exige restaurar paradigmas ejemplares, restablecer los valores. Si el presidente dice públicamente que el gremialista mayor del los camioneros es un modelo a imitar o que el gobernador eterno de una de las provincias más a atrasadas es un ejemplo de gobernante, no se lo puede dejar pasar cual una anécdota. Es un mensaje. Un malísimo mensaje. Habla de la maleabilidad del titular del Ejecutivo nacional, pero también de su labilidad. Es una palabra camaleónica que patentiza que porque está débil requiere apelar a estas ‘alianzas indeseables’.
Es compleja la situación. La solución se vincula con la dilucidación de las dos cuestiones principales que embargan al gobierno: ¿es capitalista moderno o es estatista arcaico? y ¿rige el pacto de impunidad o tendremos justicia? De las dos respuestas que perentoriamente debe brindar la Casa Rosada depende que el país transite hacia una salida normalizadora o se interne en senderos sombríos.
Por el lado opositor, la responsabilidad es sepultar el teorema de Baglini, es decir prometer trabajo, esfuerzo y mérito, sin concesiones demagógicas, preservando su unidad y ampliando su sustentación. En la medida que seamos sensatos, con los pies en la tierra, convoquemos a más sectores y actores, configurando una sólida alternativa de poder, la ambigüedad tendrá remplazo a la vista. Así sobrellevaremos con esperanza esta ‘noche’ argentina.

Diputado nacional (UNIR- Juntos por el Cambio)
21 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

«El Ministro desmemoriado» Por Marcelo Mango

El Ministro de Gobierno y Comunidad  de Río Negro, Rodrigo Buteler, se refirió al crédito de 2.900 millones de pesos que el gobierno del Presidente Alberto Fernández le otorgó a la Provincia, pero solo para referirse a la decisión de la Gobernadora Arabela Carreras de coparticipar el 10% a los municipios y comisiones de fomento, en lo que, para el Ministro, es una “clara voluntad de equidad de la gobernadora Arabela Carreras”.
SE OLVIDA EL MINISTRO que el 10% de coparticipación a municipios y comisiones de fomento no figuraba en el proyecto original de la del gobierno, y que fue introducido por iniciativa de quien suscribe del bloque Frente del Frente de Todos y acordado democráticamente en la legislatura con el presidente del bloque oficialista y el Ministro de Economia Luis Vaisberg, en un valorable gesto político de la Gobernadora
SE OLVIDA EL MINISTRO que el crédito de 2.900 millones de pesos son fondos que destina el Gobierno Nacional para ayudar a las provincias a través de la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial por un monto total de ciento veinte mil millones de pesos ($ 120.000.000.000).
SE OLVIDA EL MINISTRO que además a Río Negro le fueron asignados desde la Nación 1.500 millones de pesos de aportes no reintegrables (ATN).
SE OLVIDA EL MINISTRO que los ATN también deberán ser coparticipados  con los municipios y las comisiones de fomentos gracias a la férrea insistencia del bloque del Frente de Todos para que así sea.
SE OLVIDA EL MINISTRO que Alberto Fernández es el Presidente de todas y todas, incluso de los que nos decían “votá el presidente que quieras”.
SE OLVIDA EL MINISTRO que no es lo mismo el federalismo a la neoliberal que un federalismo  nacional, popular y democrático.
SE OLVIDA EL MINISTRO que para nosotros y nosotras, parafraseando a Gloria Fuertes, “lo mejor del olvido es la MEMORIA”.
21 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Garantizar derechos para dar vida. Por Julio Cobos

La gestación por sustitución es un procedimiento de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a través del cual una persona denominada gestante lleva adelante un embarazo para otra persona o una pareja denominada padres procreacionales, con el fin de que el niño o niña que nazca tenga únicamente vínculos de filiación con estos últimos. Es una práctica cada vez más importante en nuestra sociedad, como una alternativa de acceso a la condición de ser padre o madre, para aquellas personas que quieren formar una familia y no pueden hacerlo.

Este procedimiento se realiza en distintas partes del mundo, incluso en Argentina, pero existe un vacío legal que atenta contra la seguridad jurídica y los derechos de las partes intervinientes y resulta discriminatorio para casos que, ya sea por alguna patología preexistente o porque se trate de parejas de igual sexo, no pueden llevar adelante el embarazo. Para estas personas, la gestación por sustitución representa la única opción de tener un hijo genéticamente propio.

Esta falta de legislación ha provocado diversos fallos judiciales sujetos a la discrecionalidad de los magistrados, por lo que es necesario contar con una ley que brinde las garantías, despeje la incertidumbre y no dé margen a especulaciones o abusos.

El deseo de procrear mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida es un derecho fundamental implícito y que emerge de la Constitución Nacional; además de un derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La gestación por sustitución es una figura compleja, por lo que es conveniente e imperioso establecer reglas claras que determinen con precisión el vínculo de filiación a favor de los padres procreacionales, de modo que cuando nazca el niño o niña sea inmediatamente inscripto como hijo de quienes han querido ser sus padres y/o madres.  Hoy, por ejemplo, existen casos de nacidos bajo esta técnica que en su DNI figuran el nombre y apellido de la gestante y de uno de los padres; algo que claramente es incorrecto. Las personas nacidas por gestación por sustitución deben ser inscriptos como hijos de los padres procreacionales y el acta de nacimiento consignar ese vínculo, sin dejar constancia de la gestante.

Una ley es la mejor forma de garantizar el interés superior de niño nacido mediante esta técnica, y otorgar seguridad jurídica tanto al procedimiento en si, como a todas las personas intervinientes. Proponemos un marco jurídico que permita un procedimiento ágil y que evite dilaciones judiciales; pero también seguro, con las garantías necesarias para las partes al exigir requisitos de cumplimiento ineludible y el control inexcusable del Estado sobre los centros médicos que llevan a cabo el procedimiento.

Con esta ley garantizamos el pleno acceso a la gestación por sustitución como derecho y orden simbólico, donde el amor filial reposa en el deseo de ser padre y/o madre más allá de la relación sexual y de la mera naturaleza. Esperamos contar con el acompañamiento y la aprobación de los demás legisladores y hacer realidad esta ampliación de derechos para muchos ciudadanos que buscan construir una familia.

20 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

En la cárcel de la corrección política. Por Adriana Lorusso

Ya lo decía el filósofo del lenguaje John Austin en su famoso ensayo “Cómo hacer cosas con palabras”: lo que decimos crea la realidad. El lenguaje no sólo señala desde otra materialidad al mundo, sino que es acción que genera cosas y situaciones concretas.

Por lo tanto, lejos está de nuestra intención negar que a través de la lengua se pueden ejercer acciones tan condenables como discriminar, hacer bullying, acusar falsamente, desaparramar noticias falsas, acosar a los debiles y otras canalladas por el estilo.

Pero cuando la sanción de estas acciones verbales recriminables adquiere una importancia desmedida en función del acto que la provocó, estamos en problemas. Aquí va un ejemplo sucedido en estos días:

Jorge Lanata, en su programa de televisión del domingo, hizo un chiste a propósito del aspecto de Carla Vizzotti, la funcionaria que todos los días da el parte de contagiados por Covid-19. La broma no fue feliz y no le cayó bien a nadie. Sobre todo porque la funcionaria ha hecho un trabajo eficaz y serio que se ganó el respeto de la mayoría. Hasta puede admitirse cierto eco misógino en las frases que usó el periodista (aunque también se burló del pelo largo del ministro de salud porteño, Fernán Quirós). Pero de ahí a transformar esta mínima cuestión en un tema nacional, a escribir páginas y páginas sobre una broma de un minuto y a magnificar una pavada al infinito hay un largo y preocupante trecho.

¿Vale la pena dedicar tanta energía a una broma de mal gusto? Porque, mientras Vizzotti se transformaba en víctima nacional, el femicidio de cada día era apenas mencionado por muchos voceros de la corrección política.

¿A quién le hacemos el juego cuando en lugar de reclamar el atraso en el pago del ATP o la prohibición de abrir un comercio que alimenta a una familia, nos dedicamos a destrozar a Lanata (que además ha hecho cosas mucho peores que esta?

Más allá de la respuesta que le demos a estas preguntas, lo real es que el campo de la palabra pública se está transformando en un prisión agobiante, y el club de amigos de las redes sociales ha asumido la forma de un tribunal inquisitorio, donde cualquiera resulta condenado por cualquier cosa que diga y por jueces que nadie eligió.

El respeto y la no violencia son valores supremos. Pero la libertad también. Aunque nos pese cuando la ejercen los que no están de acuerdo con nosotros.

Adriana Lorusso, Editora y columnista de Radio Perfil
17 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Nuestro Floyd de cada día. Por Mariano Busilachi

8 minutos y 46 segundos. Ese tiempo duró la agonía de George Floyd hasta que finalmente perdió el conocimiento. En realidad, según testigos y los informes judiciales posteriores, a los seis minutos ya no reaccionaba. Uno de los policías implicados, de apellido Kueng, le tomó el pulso. Aun sin encontrarlo, la situación siguió igual por – al menos – 2 minutos más. La presión que ejerció Derek Chauvin (oficial de la policía de Minneapolis) entre la cabeza y el cuello de Floyd fue letal. Tan solo una hora después del hecho, el Centro Médico del Condado de Hennepin lo declaró oficialmente como fallecido. La indignación posterior sacudió al mundo. No solo por el aberrante abuso policial, sino por una nueva muestra brutal del racismo en los Estados Unidos. Investigaciones posteriores, revelaron que George Floyd les dijo a los policías involucrados más de 20 veces que no podía respirar. Chauvin se limitó a responderle: “deja de hablar, deja de gritar. Se necesita mucho oxígeno para hablar”. Incomprensible y cruel. En tan solo 30 minutos, Floyd pasó de ser detenido por un supuesto billete falso de U$S 20, a ser asesinado en manos de un agente policial, con la complicidad de otros tres oficiales.

Un crimen que ocurrió a 9 mil kilómetros de distancia de nuestro país, tuvo – paralelamente – casos similares aquí, en Argentina. Como en el caso de Floyd, hubo abuso policial, hubo muerte, pero no hubo ninguna reacción social acorde. Al parecer, dentro de nuestro país hay muertes que son menos interesantes. ¿Será porque aquí tenemos nuestro propio racismo? Los crímenes en el interior del país, ¿tienen menos “status” que las que ocurren en los barrios de elite de Capital Federal o Gran Buenos Aires? Por otra parte, cabe preguntarse, ¿es posible recuperar el prestigio de las fuerzas de seguridad en Argentina y el respeto por estas instituciones?

El crimen de Floyd encendió nuevamente la discusión sobre la cuestión racial en Estados Unidos. A raíz de ello, es interesante detenerse un momento en la realidad de la comunidad negra o afrodescendiente de nuestro país. Argentina no estuvo eximida de las crueldades de la esclavitud y la discriminación. A fines del siglo XVI y durante el siglo XVII llegaron los primeros africanos a Buenos Aires. Como explica la historiadora Marissa Pineau, la presencia de africanos en Buenos Aires era mucho más importante que la se supone hoy en día. Desconocido para muchos, a esta comunidad le debemos variados elementos distintivos de nuestra cultura, como la influencia en los orígenes del tango, modismos del lenguaje, el dulce de leche, las famosas achuras de los asados e inclusive las payadas. El Censo de 1778 mostró que el 46% de la población argentina era de origen africano. Se estima que hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ingresaron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos, con 72 mil esclavos africanos. Hacia 1810, la ciudad porteña tenía alrededor de 40 mil habitantes y se calcula que un tercio eran de origen africano. No fue hasta la Constitución Nacional de 1853 en que se abolió oficialmente la esclavitud (la práctica prosiguió clandestinamente en menor medida hasta extinguirse). Aun así, historiadores como Felipe Pigna afirman que las causas que terminaron con los negros en Argentina hay que buscarlas en la utilización de la población masculina en las guerras de Independencia, las guerras civiles posteriores y la cuestionable Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Sumado a una baja natalidad entre la comunidad, las epidemias de cólera y de fiebre amarilla entre mediados y fines de siglo XIX les dieron el golpe mortal. Esto derivó, finalmente, es la unión entre personas de origen africano y europeo, generando un mestizaje cada vez más mayor. Hoy, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Cultura de nuestro país, “las organizaciones que nuclean a los africanos y afrodescendientes, estiman que en la República Argentina viven alrededor de 2 millones de personas de ese origen, a pesar de las últimas cifras oficiales -provenientes del Censo de 2010-, que indicaron que apenas 149.493 se reconocen afrodescendientes”.

Aunque la comunidad afroamericana no suele ser señalada con intenciones racistas, la discriminación étnica en Argentina existe. No se define por excluir a los afrodescendientes, sino que ocurre entre los migrantes de países como Bolivia y Paraguay, con términos despectivos como “bolitas” o “paraguas”. Incluso, se da entre los propios argentinos: la triste incorporación de términos como “negro cabeza” o el uso despectivo de “villero” para discriminar a los pobres. El “negro” argentino es el que vive en los barrios marginales, el que roba, el que estafa. Incluso, se lo usa para diferenciarse de aquellos que tienen raíces aborígenes u originarias, como sucede fuertemente en el norte de nuestro país. Son ciudadanos de segunda. Para empeorar las cosas, son el principal blanco de la violencia institucional.

El mismo mes en que un oficial le quitaba la vida a George Floyd en Estados Unidos, una familia tucumana sufría una tragedia en manos de la policía provincial. En el marco de un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, el trabajado rural Luis Espinoza fue detenido y desaparecido. Su cadáver apareció una semana después en Catamarca. Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción del Centro Judicial de Monteros en Tucumán, elevó un pedido de prisión preventiva para 10 de los 11 acusados del crimen, todos ellos agentes policiales, al considerar que hay pruebas suficientes para confirmar su participación en el hecho. Se trata provisoriamente de una “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona” Otra vez, desaparición forzada en Argentina. Un subcomisario, un oficial, siete efectivos y un vigía deberán rendir cuentas con la Justicia. De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, Luis Espinoza salió en defensa de su hermano, quien era golpeado brutalmente por efectivos policiales. El oficial de apellido Morales apuntó directamente y gatilló contra el cuerpo de Luis. Su cuerpo fue arrastrado hasta un monte ubicado a unos 15 metros del camino donde fue el ataque. Se cree que todavía estaba vivo. El cuerpo de Espinoza fue colocado en una VW Fox de Montenegro hasta la comisaría de Monteagudo. Lo desnudaron, lo ataron y los trasladaron hasta la provincia de Catamarca. Luego, arrojaron el cuerpo en un barranco. Estremecedor, inconcebible e indignante. Entre las pericias del hecho, se comprobó que la bala que mató a Espinoza salió del arma reglamentaria de uno de los policías.

Hay casos emblemáticos de violencia policíaca en Argentina, como el del joven de 17 años Walter Bulacio. El 19 de abril de 1991, Walter y 72 personas fueron víctimas de una “razia” policial en el marco de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio de Obras Sanitarias, en Capital Federal. A cargo del Comisario Espósito, la Seccional 35 realizó el operativo que golpeó y dejó seriamente lastimado a Bulacio, hasta encontrar la muerte en el Hospital Pirovano. O, mencionar el caso de Miguel Bru, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Desaparecido desde el 17 de agosto de 1993, se comprobó que fue detenido y torturado en la comisaría 9a. de La Plata. Tal vez, el caso más significativo por su implicancia en el ataque hacia la libertad de expresión fuese el del reportero gráfico José Luis Cabezas. Víctima del poder del empresario Alfredo Yabrán, Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado en enero de 1997, en la localidad de Pinamar. Incluso, se llegó a decir que, el por entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, comentó a sus allegados “me tiraron un muerto”, en alusión a un posible mensaje mafioso en el marco de una interna de la policía bonaerense. Los fantasmas de la represión policial volvieron a posarse sobre Duhalde cuando, siendo este Presidente, la represión se llevó las vidas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el convulsionado junio de 2002. Unos meses antes, en los trágicos días de fines del 2001, “Pocho” Lepratti, un auxiliar de cocina del comedor de la escuela número 756 del barrio Las Flores de Arroyo Seco, murió instantáneamente tras recibir un impacto de bala del agente Esteban Velásquez, en un operativo represivo sin sentido. En 2007, Carlos Fuentealba, docente y delegado sindical, fue asesinado por un policía de la provincia del Neuquén. En febrero del 2000, un informe mundial del Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó sobre algo que nadie quiso ver. Dedicó 26 páginas de su escrito a citar la violencia policial en Argentina, criticando además las condiciones carcelarias y el sistema judicial. Poco ha cambiado desde entonces.

Retomando el crimen de Espinoza, este sí tuvo implicancias a nivel nacional. Pero, otra vez entró la “grieta” a nuestras vidas y se armó un aparente “River-Boca”, entre la muerte del artesano Santiago Maldonado y la de Espinoza. Los defensores del gobierno actual sacaron nuevamente a luz la hipótesis del asesinato de Maldonado en manos de Gendarmería, durante el gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad; los opositores, en contrapartida, argumentaron que quienes difamaron a las fuerzas de seguridad de Macri con una muerte accidental, se mostraron indiferentes al accionar de la policía de la provincia que gobierna José Luis Manzur, del Frente de Todos. En el medio de estas acusaciones insólitas, el miércoles 24 de junio, en San Miguel de Tucumán, la Policía detuvo a un presunto delincuente: Walter Ceferino Nadal. Mientras lo trasladaban a la Seccional 1°, Nadal indicó que no se sentía bien. Murió a los pocos minutos de llegar hospital Padilla, al sufrir un infarto. Horas antes, dos bicipolicías lo redujeron tras un robo. Según un testigo, uno de los efectivos puso su rodilla en la nuca de Nadal. Este le dijo varias veces que le faltaba el aire. El agente, le habría respondido que “no fuera cagón”. Días ulteriores, la fiscal Adriana Giannoni recibió el informe de la autopsia: su deceso se habría producido por asfixia. Su similitud con el caso de George Floyd es impactante. Curiosamente, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, aseguró que «la intervención fue correcta y oportuna». Que la víctima pudiera sea un delincuente, o que el arresto haya sido luego de un robo o hurto, no implica quitarle la vida mediante una técnica de estrangulamiento. Como el caso de Espinoza, Tucumán vio nuevamente el abuso policial llegar a un extremo irreversible de violencia.

El gobierno de Alberto Fernández vio con gran preocupación estos hechos. No es para menos. No solo debiera preocupar por una cuestión ética y humana. Además, perjudica claramente al oficialismo en la percepción de la opinión pública. Lo que inquieta, es estar al tanto de que las prácticas policiales abusivas no han ocurrido únicamente en Tucumán. El domingo 31 de mayo, según lo que consigna la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, “efectivos policiales de la comisaría tercera irrumpieron en una vivienda del Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana. Sin orden de allanamiento y mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas – dos mujeres y dos varones – y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda, tirando balazos con posta de goma y de plomo”. Todos los detenidos fueron lastimados por personal policial. También informaron que las detenidas habían sufrido violencia sexual por parte del personal policial. Pertenecen a la comunidad Qom, pueblos originarios de los más golpeados por los gobiernos feudales del norte argentino, como viene ocurriendo hace largos años en Catamarca y que ha sido denunciado por Félix Díaz. En Chubut, provincia de Buenos Aires y CABA también hubo denuncias por abuso policial en plena cuarentena. El último caso que ha despertado numerosos informes periodísticos es el de Facundo Astudillo Castro. El pasado 30 de abril, Astudillo Castro salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Según denuncia el CELS, la policía de Buenos Aires lo detuvo en un retén. Desde aquel día no ha aparecido. Su familia presentó una denuncia penal por desaparición forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una serie de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta desaparición. En las últimas horas, la causa pasó al fuero federal.

Lo que es más grave aún son las escasas o nulas repercusiones que todas estas acciones tienen en las jerarquías de las fuerzas provinciales y el poder político. Tampoco hay un rechazo firme en la población. El uso político de los crímenes de Espinoza o Maldonado, demuestran una preocupante falta de empatía por parte de los ciudadanos respecto a ciertos homicidios. La justificación de la muerte de Nadal en Chaco, solo por el hecho de haber delinquido, es temeraria. ¿No es común escuchar el “hay que matarlos a todos”? Si dejamos la hipocresía de lado, esta idea elitista de justicia alcanza también a quienes cobran planes sociales, los cuales son señalados en una parte importante de la sociedad como “los vagos” de nuestro país. La solución de atacar a los que menos tienen carece de sentido. Ellos son víctimas de un sistema político que los ha cautivado, para mantener el statu quo de necesidad paternalista y clientelista en pos de eternizarse en el poder. Los pobres no lo son porque lo quieran, sino porque los mantienen allí.

Para una parte considerable de la sociedad, es más fácil atacar la consecuencia que las causas. Pasa con los pobres, pasa con la violencia. El Institute for Economics and Peace (IEP) y la International Police Science Association (IPSA) realizaron en 2016 el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI, en inglés). La región de América Latina y el Caribe registró la tasa más baja de confianza en la policía. Solo el 44% de los encuestados afirmó confiar en las fuerzas de seguridad. En Argentina, la última dictadura militar y los casos mencionados en la década del 90 y principios del 2000 desprestigiaron notoriamente el rol de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en la sociedad. El “rati”, el “cobani”, el “cana” o el “milico” son sinónimos de dos conceptos estrechamente vinculados en los últimos 40 años: la represión y el gatillo fácil. Pero, es injusto que miles de policías y agentes de seguridad caigan en la misma bolsa. La corrupción de los comisarios o los abusos de los efectivos no pueden englobar a toda la fuerza. La policía es necesaria. No obstante, se ha perdido el respeto por la autoridad. Cuando surgió la policía local aquí en General Pueyrredón, se publicaban videos de cómo algunos se burlaban de sus uniformes y los dejaban en ridículo. En definitiva, son quienes cumplen con el orden en la sociedad. Hay policías muy buenos, como así también los hay entre los militares que apelan a la democracia. ¿Acaso no son militares y gendarmes los que hoy están colaborando en todo el país para llevar alimentos a los más vulnerables? ¿Acaso no agradecemos a los policías que arrestan a los que delinquen y nos trasmiten seguridad? Es injusto caerle a veces a la policía respecto a la inseguridad, cuando ven que a las pocas horas de hacer una detención, el victimario es beneficiado por una justicia garantista.

Si bien las instituciones se conforman de las personas que las integran, sus acciones individuales no son directamente proporcionales con las acciones colectivas. Con ese criterio, la política es corrupta, la religión es pederasta o la medicina es sinónimo de mala praxis. Si en un cajón de manzanas hay una manzana podrida, es claro que la totalidad de las frutas se pudrirá más rápido. Hasta uno miraría con desconfianza al cajón. Pero, ¿por qué dejar que todo se eche a perder? ¿No hay manzanas “buenas” también? Las fuerzas de seguridad merecen ese acto de justicia. Hay policías de vocación que ofrecen su capacidad física e intelectual para servir al prójimo. Y, muchas veces, por decisiones políticas han quedado a la buena de Dios, como ocurrió en 2017 frente al Congreso de la Nación, cuando un grupo de oficiales terminó rodeado por 300 personas que se desquitaron arrojándoles de todo. Los ataques provinieron principalmente de agrupaciones de Izquierda. Ellos también deberán replantearse si su lucha justifica atacar cobardemente a otros trabajadores. Ser policía no es un delito, es un trabajo. Que haya malos policías, es otra discusión.

El sistema policial en Argentina necesita una gran reforma. Requiere determinar qué pasa cuando se retira a policías corruptos, a dónde va esa gente, cómo es que siguen clandestinamente haciendo lo que no deben hacer. Interpela a entender cómo formar valores ciudadanos en los policías jóvenes, vocación de servicio que combata internamente a los que acepten coimas o estén por fuera de ley. ¿Hay voluntad política para erradicar a la “mala” policía? Incluso en los Estados Unidos, en donde ocurren atrocidades como la de George Floyd, el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía comprobó que más de un 80% de su población confía en los agentes de seguridad.

El caso de George Floyd, que ha conmovido al mundo, invita a reflexionar sobre lo ocurre en Argentina con la policía y nuestras minorías. Aunque la comunidad negra en Argentina sea minoritaria, aquí también tenemos discriminación racial. “El negro” es despectivo, es el que vive en la villa, el pobre, el desempleado, el indígena o el que camina por un barrio de clase media y es mirado con desconfianza.

Paralelamente, la policía en Argentina continúa atravesando una profunda crisis de identidad, marcada por la corrupción y el abuso de autoridad, el cual ha llegado a límites inaceptables. Son dos cuestiones que, aunque parezcan distintas, cada tanto se cruzan formando un combo explosivo. Mejorar la calidad institucional de nuestro país es pensar, ya no solamente es tener instituciones sólidas, criteriosas y más humanas, sino en una política de seguridad ciudadana que debe ser equitativa y justa con todos sus habitantes. Incluyendo a las minorías y a los sectores más postergados. Pero, también, implica entender que el desprestigio se revierte demostrando honestidad, transparencia y acciones reales que modifiquen las conductas de quienes guían los destinos de las instituciones argentinas.

Mariano Busilachi, Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.
16 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

¿Flexibilización en el peor momento?. Por Sergio Berensztein

Antes de «abrir», hay que tener en cuenta la contradicción en términos discursivos y el eventual impacto que puede tener un incremento en el número de víctimas.

Muchos funcionarios del gobierno nacional han venido sugiriendo los últimos días que a partir del próximo 17 de julio habría una paulatina flexibilización de la estricta cuarentena dispuesta a finales del mes pasado para el AMBA, Chaco y otras localidades del interior del país. Lo mismo han sugerido desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta el propio ministro de salud de Provincia, Daniel Gollán, acaba de hacer declaraciones en las que, aunque con prudencia, apunta también a un eventual relajamiento de las medidas de confinamiento.

Es ciertamente entendible que esto ocurra, habida cuenta del durísimo impacto sobre todo en términos económicos y emocionales que, luego de casi cuatro meses de cuarentenas de distinta rigidez, experimenta casi toda la sociedad argentina. Esto aparece claramente reflejado en el último monitor de humor social que todos los meses elaboramos junto a D’Alessio IROL. Como puede observarse en los siguientes cuadros, predomina en la opinión pública una nítida preocupación por las consecuencias económicas de la pandemia, que impacta en las perspectivas respecto del futuro: el clima de pesimismo se ha instalado y es por eso que el gobierno está considerando un conjunto de medidas económicas con el objetivo de modificar este contexto tan adverso.

Entre los temas que más preocupan a los argentinos, el impacto por las consecuencias económicas del coronavirus vuelve a ocupar el primer lugar, desplazando a la inflación, la cual queda relegada a la tercera posición, por detrás de la incertidumbre económica. A su vez, el temor al contagio se ubica en quinto lugar y se ve superado por la alarma ante la inseguridad.

Al mismo tiempo, existe una percepción mayoritariamente negativa sobre la actual situación económica en comparación al año pasado (el 77% de los encuestados cree que la situación es peor respecto a 2019). Este es un dato sin duda esperable debido a la crisis por Covid-19 que azota a nivel global y particularmente a la Argentina, generando una profunda caída del nivel de actividad y, por lo tanto, del empleo. Sin embargo, sorprende que las perspectivas sean también mayoritariamente negativas hacia el futuro, cuando en teoría ya se encontrará superada la pandemia y la cuarentena (el 55% de los encuestados cree que la situación será peor dentro de un año).

Ahora bien, puede argumentarse que, si se confirman esas versiones y a partir del próximo 18 entramos en efecto en una transición hacia una “nueva normalidad” caracterizada por un retorno paulatino a la lógica que imperaba antes de la pandemia, habría una suerte de paradoja: los estaríamos haciendo en el peor momento de la pandemia en términos de víctimas y número de contagios. A su vez, seguimos haciendo un número muy bajo de testeos.

Es probable que las autoridades se hayan resignado a que la sociedad ya no estaba en condiciones de tolerar mayores sacrificios tanto en términos económicos como en su vida cotidiana. Y, en efecto, hay evidencia en el sentido de que el acatamiento a las medidas de confinamiento se ha ido relajando independientemente de las medidas restrictivas. Los informes de Movilidad Local elaborados por Google así lo sugieren. Este informe resalta el porcentaje del cambio que se registró en las visitas a distintos lugares, como tiendas de alimentos, parques o residencias, dentro de un área geográfica determinada. El valor de referencia está dado por un valor “normal” previo a la cuarentena.

Los aquí presentados son los datos de movilidad recopilados por Google para provincia y ciudad de Buenos Aires entre el 26 de mayo y el 7 de julio. Sin duda alguna, gracias a la cuarentena, se ha evidenciado un profundo descenso de la movilidad en comparación a los valores de referencia (excepto en zonas residenciales, debido a que, por obvias razones, las familias pasan más tiempo en sus casas). Sin embargo, los vaivenes y picos de cada categoría que muestran los gráficos no necesariamente coinciden con los momentos de mayor restricción, esto demostraría que la dinámica de la movilidad es relativamente independiente a las decisiones políticas.

Ante la eventualidad de que esta tendencia se profundice y se generalicen las conductas sociales cuasi anómicas que en la práctica ignoraban las medidas restrictivas impuestas por las autoridades (a menudo en connivencia o incluso alentadas por muchos intendentes), es probable que sea prudente y hasta lógico avanzar hacia una gradual “nueva normalidad”.

En definitiva, estamos resignados a convivir con el virus hasta que finalmente los científicos logren encontrar una vacuna y/o una terapia efectiva. Pero hay dos cuestiones políticas a tener en cuenta: por un lado, la contradicción en términos discursivos; por otro, el eventual impacto que puede tener un incremento en el número de víctimas. En efecto, hasta ahora el gobierno ha logrado convertir a la cuestión sanitaria en un bastión de legitimidad de ejercicio, que compensa, al menos parcialmente, la debacle económica que vive Argentina y desplaza del centro de la escena otros aspectos potencialmente aún más conflictivos y polémicos como el crimen de Fabián Gutiérrez y otras decisiones controversiales de la justicia que involucran a exfuncionarios o miembros del entorno de Cristina Kirchner. ¿Cuál sería, sin embargo, el impacto de un empeoramiento significativo de las víctimas, en un contexto de agotamiento de la paciencia de la sociedad y con una situación económica en muchos casos terminal?

Entramos en una zona de mucho riesgo: las próximas semanas serán determinantes. Ojalá seamos capaces de evitar los peores escenarios.

Sergio Berensztein es analista político
15 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

Trabajadores y planeros. Por Alberto Asseff

El país necesita moderación. Nada que ver con tibieza. Sí, con el equilibrio que debe poseer un dirigente. Todos los dirigentes. Por eso el título consigna ‘planeros’ y no vagos. En rigor, lo más perverso del creciente asistencialismo es su efecto venenoso contra la cultura del trabajo y consecuentemente su resultado devastador de la dignidad personal de millones de argentinos.
Eso del equilibrio amerita una nota. Existen interpretaciones en el sentido de que la crisis fenomenal que sufriremos en la pospandemia inducirá a que los pueblos aúpen posturas extremistas, desde antiglobalistas hasta autoritarismos de variada laya. Las referencias que brindan algunos datos del estado de ánimo de las gentes de diversos lugares del mundo indican, afortunadamente, que la tendencia es hacia la mesura. Gana la templanza. Es lo que indican encuestas de dos países principales, Francia y Alemania. Los partidos ultristas como ‘Reunión Nacional’ de Marine Le Pen o sus cofrades alemanes no crecen en el desbarajuste. Podría inferirse que los pueblos razonan que no hay que agregar más tormentas a las tempestades. Empero, eso no significa que se acepte seguir haciendo lo mismo o afrontar lo que viene pasivamente o con meras ‘fotos’ carentes de sustancia. Entre nosotros el añejo ‘que parezca un cambio para que nada cambie’ es un mecanismo del que se ha abusado. Así nos va. Es un inservible trasto. Por ello, actitudes conciliadoras no pueden confundirse con connivencia con el estado ruinoso de las cosas de nuestro país.
Recientemente el ministerio de la Producción – gran nombre para una penosa realidad en la materia – editó una publicidad en la que subraya como ‘logro’ que el Estado ‘asiste a 21 millones de argentinos’. Con pronóstico alcista, apunto. Eso no es un éxito, sino una colosal derrota de aquel emprendedurismo argentino – esa pujanza privada – que nos hizo el país-promesa planetario a fines del siglo XIX. Por ese camino asistencialista vamos directo al país pobre, paradojalmente en una de las comarcas político-geográficas mejor dotadas del orbe.
En 2004 teníamos 1.900.000 empleados públicos. Hoy son 4 millones. En 2007 el gasto público era el 24,5% del PBI. Hoy es el 45%, en alza. En 1984 se distribuía la caja del plan alimentario nacional a 300 mil personas. Hoy, entre planes, cooperativas y un variopinto sistema de ayudas, son casi 9 millones los argentinos que reciben una asignación sin obligación de contraprestación laboral.
Quien conoce las entretelas del sistema sabe que las ‘cooperativas’ son mayoritariamente artificios para percibir un ingreso proveniente de las arcas fiscales. Es innegable que la política del pobrismo ha sido ‘eficaz’, pues ha dado como resultado una creciente pobreza -¿45%? Pero si se persiste en continuarla, la perspectiva es literal y desgraciadamente sombría. ‘Igualitaria’, pero en pobreza para todos.
No se saldrá con ‘cooperativas’ ni con el ‘sistema de economía popular’, sino con inversiones de capital. A lo sumo, esas cooperativas podrán funcionar como complementos, sobre todo para quienes han quedado marginados por falta de entrenamiento para el trabajo o por un sistema educativo que permitió que queden afuera.
El capitalismo moderno, inversor, el que asume riesgos, el que no se ampara en las prebendas ni en el amiguismo – mucho menos en las redes mafiosas -, es el único capaz de promover un rumbo de prosperidad general. El partido de gobierno debería dar una señal al país: eliminar de su marcha el párrafo “combatiendo al capital”. Sería algo casi tan trascendente como cuando en Europa los partidos Socialistas suprimieron de sus programas las tesis de Carlos Marx de lucha de clases y de que los capitales son siempre de naturaleza explotadora de los obreros.
El presupuesto para recursos asistenciales es descomunal. Es momento para producir una transformación histórica: asignar ese dinero a las pymes nuevas o a las que se amplíen. No para capital de trabajo, sino para pagar salarios. Los mismos fondos que hoy se dedican a ‘ayuda’ deben aplicarse a abonar remuneraciones laborales. ¿De quiénes? De los asistidos de hoy que pasarán a ser los dignos trabajadores de mañana.
Este será un mayúsculo cambio. Trocará el eje decadente en derredor del cual nos vamos descomponiendo por uno de progreso en serio.
El país no se resignó a no cambiar cuando votó en octubre pasado. Entendió que había una reforma distinta para poner a ‘la Argentina de pie’. No puede errarse en esto. No se sufragó para volver, sino para ir. Por eso, quienes se empecinan en atrasar están incurriendo un inmenso error.
Esta crisis da una oportunidad como pocas para poner fin al cáncer de los planes asistenciales y en su lugar abrirle gran cauce al regreso a la cultura del trabajo. Se puede hacer sin gastar un peso más que el que hoy se eroga. Sólo es necesaria una elevación de la mirada y una decisión genuinamente patriótica.

Diputado nacional (UNIR-Juntos por el Cambio)
14 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments
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