¿Qué encierra la “reforma” laboral griega?
por Mariano Yakimavicius.
Trás del concepto de “reforma” se esconden distintas variantes de precarización del trabajo y la criminalización de las protestas.
Días atrás el parlamento griego aprobó una ley impulsada por el gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. La norma impone un conjunto de cambios que afectan sensiblemente los derechos y las condiciones laborales. Una vez más y, deliberadamente, se vacía de contenido el concepto de “reforma” para usarlo como un eufemismo que no hace más que tapar o esconder una precarización del trabajo.
El gobierno de Grecia celebró la sanción de la nueva normativa laboral como un logro histórico, pero en las calles miles de personas se manifestaron en contra bajo la consigna “no nos convertiremos en esclavos modernos”. La oposición y los sindicatos anunciaron que lucharán para derogarla. Lo cierto, es que la reforma griega no es más que una nueva expresión de la puja constante entre la búsqueda de beneficio económico versus derechos sociales y tiene el impacto de abrir el debate sobre el futuro del trabajo primero en Europa, con el significado de tratarse de la región que mejor representó el “Estado de Bienestar”, y luego en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. A continuación, las variantes de la precarización laboral griega.
Ampliación de la jornada a 13 horas y 6 días laborales
Pese a que oficialmente la jornada laboral en Grecia continúa siendo de 8 horas y 5 días a la semana, entre los cambios que incorpora la nueva norma se encuentra la posibilidad de que las personas puedan acceder a un segundo empleo en blanco con un máximo de 5 horas al día, algo que no estaba permitido hasta ahora. La única excepción es que haya un conflicto de interés entre ambos trabajos.
También se estableció que las empresas de algunos sectores sujetos a estacionalidad (como el turismo, que es muy importante para la economía griega) podrán imponer un sexto día laboral por el cual trabajadores y trabajadoras recibirán un 40 por ciento adicional sobre el salario diario.
Detrás de estas medidas que aparentemente le darían mayores posibilidades de progreso a las personas que trabajan se esconden dos problemas. El primero, es que si se tienen en cuenta los mínimos controles del Estado sobre el trabajo en Grecia, en la práctica los seis días laborales por semana acabarán por convertirse en la regla. El segundo problema es saber realmente cuál es la motivación que sustenta la búsqueda de un segundo empleo: ¿es el progreso personal o acaso un solo trabajo no es suficiente para llevar adelante una vida digna? A juzgar por lo que sucede en Argentina, la respuesta parece inclinarse por la segunda opción.
En guardia
Otro cambio controvertido que implementa la nueva ley se refiere a los contratos para empleados y empleadas que estarán “de guardia”, quienes prácticamente no tendrán un horario fijo sino que trabajarán cuando el empleador lo requiera, siempre y cuando la notificación se produzca al menos 24 horas antes.
Sólo se cobrarán las horas trabajadas y si la persona empleada se niega a presentarse, será responsable del incumplimiento del contrato.
Los sindicatos reclaman que la única protección legal para empleados y empleadas es que en el contrato debe estipularse un determinado número de horas semanales que se deben cumplir, pero el horario podrá modificarse a discreción de la empresa, con lo cual, trabajadores y trabajadoras no podrán planificar ni su descanso ni su tiempo libre y, mucho menos, tomar un segundo empleo, contradiciendo de esa manera el argumento del “progreso personal” sobre el que se supuestamente funda la ampliación horaria y los 6 días laborales.
Criminalización de la protesta
Sin dudas la medida que crispó los nervios en los gremios y los sindicatos fue la que castiga las acciones sindicales y prevé multas de 5 mil euros y hasta la pena de 6 meses de prisión para quien decida “impedir o bloquear la llegada o salida de personas que quieran ir a trabajar”.
La legislación griega ya prohibía el uso de violencia en los llamados “piquetes informativos”. Durante las huelgas los piquetes informativos tienen como principal función efectuar publicidad de la medida de fuerza. Su objetivo es intentar convencer a otros trabajadores y trabajadoras de que se sumen al paro sin mediar ninguna forma de coacción, aunque a veces se genera tensión.
Con ese antecedente respecto de los piquetes informativos y con la incorporación de las multas y la amenaza de prisión, desde el sindicalismo asumen que se trata de una sumatoria de formas de amedrentamiento de la protesta trabajadora y el cercenamiento del derecho de huelga.
Despidos “express” y contratos de aprendizaje “forever”
Si con lo anterior no era suficiente, la nueva norma habilita a las empresas a efectuar despidos sin aviso previo o sin indemnización durante el primer año de contrato. También extiende el período de prueba a seis meses. Por otra parte, establece multas de hasta 10 mil quinientos euros si los empleadores no declaran las horas extras de los trabajadores o los cambios de turno.
Con relación a los contratos de aprendizaje, la nueva ley anula el derecho de indemnización. Con una validez de 6 meses, quien suscriba estos contratos no alcanzará nunca los 12 meses necesarios para acceder a cobrar una indemnización por despido. Se esconde detrás otra forma de precarización laboral que consiste en el enlace de contratos de aprendizaje sin que la persona trabajadora pueda acceder a los derechos laborales elementales.
Reacciones
El gobierno conservador aduce que la ley es necesaria para impulsar la recuperación económica del país tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y por los años de “austeridad” impuestos por los acreedores y los organismos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional.
Para el sindicalismo y distintos sectores sociales y políticos que se oponen a la reforma, se trata de un retroceso histórico respecto de los derechos laborales. Mientras se realizaba la votación en el parlamento, una huelga general de 24 horas y movilizaciones en todo el país fueron convocadas por los principales sindicatos griegos. Reunieron el apoyo de decenas de miles de personas, y se desarrollaron mayoritariamente de forma pacífica, aunque se registraron también algunos enfrentamientos.
Fuera de Grecia también hubo reacciones. El principal impacto es sobre la Europa, donde los sectores políticos progresistas advierten que esta reforma va en contra del modelo social europeo y del Pacto Verde Europeo, que promueve una transición ecológica justa y respetuosa con los derechos laborales.
En sentido contrario a lo que sucede en Grecia, en el Reino Unido se avanza en un proyecto de reducción de 5 a 4 días laborables y variantes de trabajo en casa que, hasta el momento, han dado buenos resultados. Las empresas que ensayan con el proyecto por etapas lo han renovado porque encuentran que el rendimiento de las personas trabajadoras es mayor.
En Argentina, que enfrenta un futuro político aún incierto, debe prestarse especial atención a lo que sucede en Grecia, para evitar que una eventual “reforma” laboral no sea otra cosa que un “caballo de Troya” que precarice las condiciones laborales y reduzca los derechos alcanzados por trabajadores y trabajadoras.