Un grupo de más de veinte diputados del Frente de Todos propuso la expropiación del laboratorio Roux Ocefa, administrado desde el año 2018 por la cooperativa Farmacoop. La iniciativa establece que el Estado se quede con todos los bienes del laboratorio, actualmente en proceso de quiebra, y luego los ceda en comodato a la cooperativa. Mientras tanto, los ex trabajadores del laboratorio, que aún esperan cobrar sus indemnizaciones, sostienen que nunca fueron consultados por los autores del proyecto y denuncian que serán los principales perjudicados.
El proyecto propone expropiar cuatro inmuebles y aquellos bienes que quedan en poder del laboratorio. Incluye más de 100 certificados para poder fabricar medicamentos. El resto de los bienes ya se subastaron, pero el dinero está retenido en una cuenta bancaria por decisión del juez de la quiebra. Se trata de unos campos en Luján, valuados en USD 800 mil, un edificio en Bahía Blanca, y otro inmueble en la calle Montevideo valuado en USD 1,5 millón.
La iniciativa plantea que los bienes, tras expropiar, queden en manos de la cooperativa Farmacoop, siempre y cuando mencionada organización “dirija parte de su capacidad productiva a cuestiones estratégicas en salud pública en articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” y “dé continuidad a las actividades sociales, educativas y de investigación que en estos inmuebles se desarrollan”.
Entre los fundamentos se reconoce que hasta el momento la cooperativa no pudo transformarse en un proyecto exitoso y que la empresa va camino a la quiebra. Cabe mencionar que, pese a que casi no produce, Farmacoop sigue recibiendo ayuda estatal mediante el plan Potenciar Trabajo.
A esto hay que sumarle dos subsidios puntuales otorgados por funcionarios del Movimiento Evita. El primero, de $5.672.962, fue aprobado en 2020 por Emilio Pérsico, en su calidad de secretario de Economía Social. Luego se sumó el titular del INAES, Alexander Roig, con otros $10 millones para “la realización de obras y adquisición de maquinarias para aumentar la producción del primer test rápido de detección de COVID de producción nacional”. Farmacoop también administró $50 millones entregados por Desarrollo Social. Ese dinero era para otras 16 cooperativas que no tenían relación con el laboratorio.
En tanto, el proyecto de expropiación se presentó a fines de año y fue girado a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, y de Presupuesto y Hacienda. Entre las firmas, figuran las de Tomás Ledesma, María Rosa Martínez, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Vanesa Siley, Daniel Gollán, Juan Carlos Alderete, y Daniel Arroyo.
Asimismo, el proyecto indica que, según los diputados, la expropiación está justificada porque se trata de una empresa estratégica. Además, durante la pandemia de coronavirus, Farmacoop fabricó barbijos, alcohol en gel, y un test rápido para detectar COVID-19 que fue ampliamente promocionado por medios oficialistas, pero no tuvo éxito comercial. Ahora, fabrica una crema hidratante y apuesta todo su futuro a un convenio con otro laboratorio.
Por otra parte, unos 170 ex empleados aseguran que el proceso de quiebra viene muy lento y que aún no pudieron cobrar sus indemnizaciones. Respecto al proyecto, se quejan que no fueron consultados y aseguran que beneficia solo a la cooperativa.
Cabe mencionar que Farmacoop recién trascendió públicamente hace dos semanas por una iniciativa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para comprar 1 millón de potes de gel lubricante íntimo, a un valor de $500 millones.