La Cámara de Diputados aprobó el proyecto consensuado entre las agrupaciones sociales y el gobierno con 227 votos afirmativos y 4 abstenciones provenientes del Frente de Izquierda. La iniciativa declara la emergencia hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30.000 millones de pesos y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.
El proyecto tiene como objeto «promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional».
Además dispone la creación del «Consejo de la Economía Popular y el Salario Social», que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.