La discusión por el aparato de inteligencia volvió a meterse en la agenda legislativa. Al respecto, el diputado nacional Manuel Garrido (UCR – CABA) presentó un proyecto de ley para modificarlo con el objetivo de garantizar el control político y judicial de las actividades de inteligencia. Manifestó su interés para desmontar el actual servicio, al que consideró un «oscuro y corrupto sistema de connivencia entre política, justicia y servicios de inteligencia”.
La propuesta que elevó el referente radical promueve diferenciar las actividades de inteligencia de la de investigación criminal. A partir de esa diferenciación, el aparato de inteligencia centrará su fajina en actos de terrorismo o que afecten la defensa nacional y a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, dejando al margen otras actividades que actualmente están contemplados en la Ley 27.126: como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas, los ciberdelitos y los delitos atentatorios contra el orden económico y financiero.
Asimismo, en la iniciativa se fijan parámetros de transparencia en el funcionamiento de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional, concediendo acceso irrestricto a la información, sin mediar autorización alguna, a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y se prohíbe la restricción del acceso a la información invocándose razones de seguridad nacional, salvo que se demuestre que la información está contemplada entre la que debe ser clasificada, su publicación ponga en riesgo la seguridad nacional y este riesgo sea mayor al daño de no publicarla y que se revise esta restricción por parte de la justicia; entre otras modificaciones.
Garrido concluyó que la 27.126 «se quedó a mitad de camino en el cambio de una entidad pública que históricamente se ha manejado al margen de cualquier control político y ciudadano».