La Convención que planea aprobar Diputados y genera roces con las entidades religiosas
El 10 de junio de 2013, en la Asamblea General de Guatemala, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Americana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Esta Convención es el primer instrumento jurídicamente vinculante que condena la discriminación basada en una multiplicidad de motivos, entre ellos la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. De esta manera, la OEA se posiciona como una de las primeras organizaciones en luchar contra toda forma de discriminación e intolerancia.
Entre sus artículos establece, por ejemplo, que “Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada” además del “derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo”.
Posteriormente, la Convención enumera en los artículos restantes los deberes de los Estados y los mecanismos de seguimiento e implementación de la Convención. Con esos fines establece una legitimidad activa muy amplia para que aquellas personas o grupos que hubieran sido víctimas de discriminación puedan efectuar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, establece un mecanismo que permite a los Estados firmantes optar por el reconocimiento de la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos contemplados en la Convención.
Lo cierto es que pese a que fueron 35 los países signatarios de la Convención, sólo unos pocos la ratificaron en sus respecticos parlamentos (entre ellos Brasil, México y Uruguay).
La Argentina pretende ser uno más de la lista, puesto que está previsto su debate en la próxima Sesión de Diputados.
Discriminación por orientación sexual
La Convención señala que la discriminación se da cuando existe distinción, exclusión, restricción o alguna preferencia con base en la raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico de un individuo «con el propósito o efecto de anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes».
El texto también tipifica la discriminación por orientación sexual, identidad de género y por condición infecto-contagiosa estigmatizada.
La postura de las instituciones religiosas
No es complejo entender la contraposición de intereses que implica esta Convención para las entidades religiosas de la región.
Ya cuando la OEA adoptó la misma, el fallecido Monseñor Juan Claudio Sanahuja, consideraba que “Como consecuencia de la llamada ‘discriminación por orientación sexual e identidad de género’ y de la ‘homofobia y transfobia’, califican de homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo de vida homosexual. Atentan contra la libertad religiosa, por ejemplo, oponiéndose a la predicación de la doctrina cristiana. Como consecuencia, se arremete contra la libertad de los padres a educar a sus hijos y se desconoce la libertad de las instituciones de enseñanza, por sólo dar dos ejemplos”.
“¿Serán pasibles de ser juzgados por tribunales internacionales los padres de familia que se opongan a que sus hijos sean educados en la ‘normalidad’ de la homosexualidad o las autoridades religiosas que prediquen la intrínseca maldad moral de la sodomía?” se preguntaba entonces el líder católico regional.
En la misma línea esta semana NCN recopiló la mirada del Dr. Gabriel Flores Ciani, quien entiende que todo se trata de una jugada política regional que “utilizan a la comunidad LGTB para sus fines de imponer una cortina de hierro sobre nuestros pueblos”.
“América Latina hoy en día es el último bastión de la iglesia” resalta y advierte que la medida busca “excusas para perseguir a los libres de América, por eso insisten con la legalización del aborto y la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia etc. Los que se atrevan a levantar su voz serán duramente reprimidos por violar la ley”.