Cruces en la Legislatura por Iron Mountain
El PRO no dio lugar a un debate con discursos. Sin embargo, aprobaron iniciativas que exigen una respuesta del ejecutivo en un plazo máximo de 30 días.
Ayer, en la sesión legislativa se aprobaron iniciativas que exigen al Gobierno de la Ciudad brindar más información sobre controles gubernamentales en el incendio de Iron Mountain en Barracas, en un plazo límite de 30 días.
La mayor parte de los proyectos fueron de autoría del legislador Gabriel Fuks (FPV) y tratados en la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo después de varios meses de presión, ya que el PRO se negaba: esperaban informes del ejecutivo, que tardaron más de un año en llegar a la Legislatura.
Los cruces en el recinto fueron cuando se solicitó un debate con discursos. El vicepresidente I, Cristian Ritondo, negó la expresión y se escudó en el reglamento interno, y argumentó que fue acordado el tratamiento sin discusión. La jefa del bloque kirchnerista Gabriela Alegre exigió que se dé lugar a la palabra. También denunció amenazas en la reunión previa de labor parlamentaria para prohibir la discusión pública.
Asimismo, Carmen Polledo la jefa de la bancada PRO, solicitó “utilizar correctamente los términos y no pongan palabras que no dije”. El resultado: se perdió más tiempo en discusiones de la normativa legislativa, que de la tragedia en sí.
Así, Fuks solicitó abrir la discusión del tema. El diputado que sólo quería cinco minutos para fundamentar su proyecto señaló: «Lamento profundamente la falta de compromiso de las autoridades de la Legislatura ante esta investigación, necesitábamos el debate que se merece o por lo menos la mención correspondiente a esta terrible tragedia».
Más allá de la polémica, el gobierno porteño debe responder por Iron Mountain, 55 legisladores votaron en forma unánime seis nuevos pedidos de informes con énfasis en la respuesta del Ejecutivo porteño a la Legislatura, confirmando que hubo 15 alertas omitidas.
El PRO se escudó en un tecnicismo del reglamento legislativo para impedir un debate que lo perjudica en plena campaña electoral. La justicia ya comprobó el incendio intencional y queda aún la investigación legislativa para acompañar el esclarecimiento sobre los responsables de la fatal tragedia.