La interrupción del embarazo es, quizás, el último tabú que queda en pie para nuestra agenda legislativa.

Se trata de un tema que los países más desarrollados han resuelto hace años, pero que los argentinos nunca pudimos tratar con la profundidad que requiere.

De por sí es un avance que podamos discutirlo a fondo, sin fanatismos, escuchando todas las voces en este ámbito de decisiones que es el Congreso de la Nación. Se trata de un tema complejo, con aristas científicas, legales, éticas, sanitarias y sociales. Estas múltiples facetas nos exigen seriedad y un respeto a ultranza por los mecanismos institucionales de la labor parlamentaria, sin apresuramientos ni efectismo.

En lo personal estoy a favor de despenalizar la interrupción del embarazo. Esta convicción surge de mi experiencia como médico de hospital público, donde me tocó ver las consecuencias de los abortos clandestinos.

Muchas mujeres –la mayoría de condición social vulnerable- llegan a los centros de salud con complicaciones derivadas de prácticas que se realizan sin el más mínimo conocimiento ni condiciones sanitarias. Unas cuantas mujeres mueren a causa de ello.

Estas muertes serían evitables si –como sucede en otros países- hubiésemos resuelto el debate dentro de una política integral. Desde una perspectiva sanitarista, la prioridad siempre es la prevención, pero cuando no se puede prevenir hay que remediar y cuando esto tampoco es posible hay que apuntar a la reparación.

Esta política sanitaria comienza con la educación para una sexualidad responsable, sigue por el acceso garantizado a métodos anticonceptivos y recién termina en la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo estrictos protocolos de atención médica, psicológica y social de la mujer que llega a una situación de por sí angustiante.

Es importante señalar que la Argentina contempla la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado cuando existe riesgo físico, psicológico o social para la mujer. En función de ello creo que la discusión debe girar en torno a los parámetros que definen ese riesgo. Considero muy importante hacerlo de una manera que respete la evolución normativa del tema, para no colisionar con la jurisprudencia, los tratados internacionales y hasta las normativas institucionales que ya existen en varios distritos.

Pero sé que mi opinión no es la única. En nuestro propio espacio político oficialista conviven diferentes posturas contrapuestas, todas ellas fundamentadas y atendibles. Esto muestra a las claras que tenemos una vocación por la diversidad y la búsqueda del consenso, algo que va más allá de este tema puntual y que es un sano augurio de tiempos más pluralistas y democráticos para los argentinos.

Por eso, sea cual sea el resultado final, este debate va a ser un triunfo para todos. De la discusión va a surgir un país más maduro y con menos hipocresía.

Sergio Wisky (diputado nacional, Cambiemos-PRO Río Negro, médico)

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